El diputado nacional por Nuevo Encuentro Carlos Raimundi afirmó hoy que el Grupo Clarín "debería indemnizar al pueblo argentino" por "haber hecho negocios que consolidaron su posición dominante" durante los cuatro años que la Justicia demoró en resolver el litigio planteado por el holding contra el Estado para no cumplir con la ley de medios.

"En cuatro años existieron muchos avances tecnológicos como la digitalización, en los que el Grupo (Clarín) invirtió haciendo negocios que, en lugar de debilitarlo, consolidaron su posición dominante que ahora es mucho más difícil de revertir", afirmó el legislador en diálogo con Télam-radio, al tiempo que instó a "recuperar el tiempo perdido con la aplicación rápida de la ley".

En ese marco, confió en que "las empresas, organizaciones sociales y medios públicos podrán suplir con creces la aplicación integral de la ley en todos los aspectos que estaban pendientes".

Raimundi puso como ejemplo `Fútbol para Todos´, que "pudo suplir con calidad las transmisiones de Torneos y Competencias llegando a todos los rincones del país gratuitamente".


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El tipo de abordaje de los grandes medios sobre el tema de la denominada inseguridad ciudadana no es un fenómeno solamente argentino, sino que se trata de un discurso de las derechas que puede analizarse de manera similar –inclusive en el lenguaje utilizado- en todo nuestro subcontinente. Y forma parte de la estrategia de agitar la cuestión de la inseguridad como uno de los ejes para desgastar a los procesos populares de la región.

Desde luego que hay tareas urgentes para nuestros gobiernos. Debemos reconocerlas y dar respuesta, porque se trata de una preocupación real, efectiva, para muchísimas personas. Y es allí donde toman valor las políticas concretas sobre las áreas policial, judicial y del servicio penitenciario. La ineficacia y la corrupción en el servicio penitenciario de la Provincia de Buenos Aires es muy ostensible, desde el momento que alrededor del 80% de los delitos callejeros son cometidos por personas reincidentes. Esto significa que lejos de cumplir con su misión de reintegración a la sociedad, empeora la situación. Y hay ineficacia en todo el proceso que va desde la investigación, detención, juzgamiento y privación de libertad, es decir, estamos ante una verdadera crisis institucional de la inseguridad. Por ello debemos condenar aquellas respuestas que reducen el tema a una propuesta prácticamente milagrosa, porque se trata de un tema muy complejo, y multidimensional, que debe ser abordado seriamente, con políticas de largo plazo y de manera integral. Todos ingredientes que, tal vez en este tema más que en otros por su complejidad y por la demanda social, llevan a formular verdaderas políticas de Estado.