La Economía Social, Popular y Solidaria, como sujeto productivo y eje ordenador de un nuevo modelo económico es uno de esos temas que deben, necesariamente, refrescar la agenda internacional, plagada de guerras, muertes e injusticia. Para ello, la región cuenta con un entorno de condiciones que, sin ser óptimas, se presentan mucho más favorables que en otros momentos históricos, como lo son los actuales grados de inclusión social, estabilidad macroeconómica y legitimidad política. Cuenta, a su vez, con cierta sintonía de criterios y con una relación considerablemente armoniosa entre la mayoría de sus líderes, lo que les permite coordinar algunas políticas. Y cuenta con una armazón de instituciones como la moneda regional y el Banco del Sur, que deben llevar a la práctica sus objetivos, ser llenadas de contenido. Y de recursos, obviamente.
La Economía Social, Popular y Solidaria es, además, un camino más que propicio para la superación de los límites estructurales con que se encuentran los actuales procesos democráticos de la región. A lo largo de este primer tramo del siglo XXI, y cada uno con sus lógicas particularidades, nuestros gobiernos populares se hicieron cargo de la estructura del Estado luego de un largo período de desacumulación de fuerza en los sectores populares, debilitamiento estatal y desarticulación de las políticas comunes a nivel regional. A partir de su asunción, iniciaron un proceso de reconstitución de los tejidos político y social mediante la presencia preponderante del Estado, el comienzo de la reparación de la pobreza más extrema, con el empleo como ordenador de la sociedad. Pero no en todos los casos se avanzó de manera profunda y pareja en la imprescindible faena de desmontar las tradicionales estructuras de poder económico concentrado, y altamente dependiente de las decisiones de las matrices radicadas en el exterior. Además, el haber tomado el camino de la democracia electoral, nos impone límites procesales y temporales que estrechan aún más el margen de movilidad de nuestros gobiernos para tomar medidas revolucionarias respecto de las estructuras vigentes.
Todo esto pone a nuestros gobiernos y a nuestros pueblos de cara a los límites estructurales del proceso histórico-político. Límites que, para ser sorteados, exigen una mayor acumulación política y social que permita profundizar las principales batallas pendientes, como lo son la diversificación de la matriz monopólica y oligopólica de inversiones, productiva y de comercialización, el acceso a la tierra y a la vivienda de millones de excluidos y la diversificación del mensaje hegemónico de las grandes cadenas de medios. Asumir, en definitiva, el desafío de ampliar la base social de estos procesos, incrementar la fuerza popular organizada, al mismo tiempo que el poder internacional se encarga de recalentar los niveles de tensión política y social en toda la región. Y es aquí, en este punto, donde se torna insuficiente la sola aplicación de políticas pos-neoliberales, como las llama Emir Sader, si al mismo tiempo no se remueven los obstáculos impuestos por las propias estructuras de ese poder neoliberal. Y donde resulta un imperativo apelar a una idea fuerza de aplicación improrrogable: la ingeniería de todas aquellas interfases que conduzcan a la transición entre el sistema de poder vigente y el futuro.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERFASE, SUS DESAFÍOS. Insisto en partir de la premisa de que la Economía Social es un concepto integral, una escala de valores, un modo de organizar la sociedad. Y hay que edificarla con vocación y esperanza, a la vez que con inteligencia y realismo político. No se llega a ella de la noche a la mañana, especialmente en sociedades donde el capitalismo rentístico tradicional y sus agravantes financieras de las últimas décadas se encuentran tan arraigados en lo institucional como en sus creencias y tradiciones. De allí la necesidad de las interfases. Si por un lado desconfiamos (más aún, estamos convencidos de su negatividad a largo plazo) de la tendencia al monocultivo de la soja, de sus consecuencias sociales y ambientales, pero, al mismo tiempo, nuestros gobiernos solventan poderosas políticas sociales a partir de capturar parte de la renta de aquel cultivo, esto implica la necesidad de ir instrumentando medidas concretas hacia la diversificación y democratización de ese modelo. No se trata de 'arrasar' con la soja, pero sí de estimular fiscalmente cultivos y explotaciones alternativas, el uso más racional de extensiones cada vez mayores de nuestro suelo, la aplicación de nuevas tecnologías y procesos, la radicación de nuevas poblaciones rurales, y una nueva cultura de la propiedad de la tierra y del intercambio, donde el comercio responsable y el precio justo suplanten a la acumulación irrefrenable de renta cualesquiera sean sus consecuencias humanas y sociales. Y lo mismo podríamos decir respecto de la actividad minera, de nuestra regresiva estructura tributaria, y de tantas rémoras de nuestro distorsionado modelo de economía.
Para todo esto existe una vasta normativa vigente y habrá que echar mano a nuevas herramientas legales, por parte de un Estado facilitador de las transferencias tecnológicas, el desarrollo de proveedores locales, el estímulo a la innovación y el despliegue de tecnologías intermedias (aquellas que no son absolutamente maduras ni totalmente de punta). En esa misma línea –por ejemplo–, si aceptamos que es poco factible salir en el corto plazo de la propiedad privada de los puertos de embarque, eso no significa renunciar a una mayor regulación estatal. Y todo esto, mediante la creciente articulación de las Universidades Nacionales y los Institutos Tecnológicos con el sistema productivo.
MENSAJE FINAL ESPERANZADOR. Por último, si bien no va a ser sencillo encarar con profundidad y sostener en el tiempo estas transformaciones tan necesarias, cabe señalar que en los últimos años se han producido cambios muy importantes y saludables en el seno de nuestros pueblos, fundamentalmente en el corazón mismo de los sectores más humildes y sus organizaciones populares. Cambios que constituyen un verdadero caldo de cultivo para establecer y perfeccionar los objetivos planteados. Entre tantos ejemplos, al bendecirse semanas atrás las primeras viviendas de un complejo habitacional construido por autogestión popular en el barrio de la Boca, Ciudad de Buenos Aires, asistieron al evento numerosas organizaciones comunitarias. Algunas adherían al Programa de Terminabilidad de Educación Primaria para Adultos, en el marco del concepto de Pedagogía Emancipadora. Otras estaban vinculadas con la Comunicación Popular, otro concepto inherente a las nuevas modalidades de organización social que propiciamos. Y así podrían sumarse los talleres barriales de una multiplicidad de actividades productivas y culturales, que delinean una sociedad más profundamente democrática, una sociedad de empoderamiento.
En su pasaje de destinatario pasivo del asistencialismo estatal a protagonista del proceso social y productivo, el sujeto de la Economía Social, Popular y Solidaria está llamado a desempeñar un papel fundamental contra el individualismo extremo, contra el egoísmo, en el diseño de una Argentina, una América Latina y un mundo mejores. En el diseño de una economía ecosistémica, no al margen de la naturaleza sino dentro de la naturaleza. Que en vez de de hablar sólo de eficiencia hable de sustentabilidad. Que en vez de sólo productividad garantice la regeneratividad.
Quienes hoy conducen nuestros Estados con la marcada sensibilidad social, el coraje y la vocación transformadora que han demostrado, tienen ante sí el desafío de utilizar las herramientas políticas de que disponen, no con un sentido de disciplinamiento y control social, como lo hicieran los "partidos del orden", sino como poder de transferencia, para que cada niña, niño y adolescente, cada mujer y cada hombre, logren ser dueños cada día de un nuevo derecho y de una nueva libertad. Para que sean dueños de un motivo más para sentirse reconocidos por sus pares, de una posibilidad más de ser felices, de un instrumento mejor para transitar su propio camino decidiendo con mayor autonomía. Para que sean dueñas y dueños de una nueva esperanza. Así como la política ha sido responsable de tanta desigualdad, también puede serlo de trazar un camino hacia una sociedad diferente, mejor, más igualitaria. No hay una finalidad superior que pueda encontrarse para nuestra vocación militante.
