Todo lo ocurrido en Argentina en materia de terrorismo de Estado resultó tan aberrante, está tan deslegitimado, y trascurrió tanto tiempo antes de que la Justicia recayera sobre sus responsables que hasta no terminar de cerrarse en términos históricos el tramo de la represión ilegal se nos hace muy difícil como sociedad generar un discurso compartido acerca del papel que debe desempeñar la represión legal del Estado.

Los recientes episodios policiales-delictuales iniciados en Córdoba y extendidos a distintos puntos del país pueden abordarse desde diversos puntos de vista.

Si asumimos que las fuerzas de seguridad desempeñan un papel en la seguridad interna, la tarea de conjurar el delito debería estar entre las más respetadas y no entre las más sospechadas. Creo, a partir de mi experiencia, que un 85% de los y las agentes de policía son personas de bien. Pero hay una minoría tan contaminada con el delito y la corrupción, por la que justos pagan por pecadores el precio del desprestigio.

Un policía es un trabajador, una trabajadora y un jefe o jefa de familia. Y, como tal, tiene derecho a sentirse representado democráticamente a la hora de discutir salarios y condiciones de trabajo, infraestructura y equipa miento, así como el entrenamiento para cumplir eficazmente con su función. Y, del mismo modo que portar armas lo ubica en un lugar especial dentro del universo de los trabajado res, implica también otras obligaciones. No pueden ejercer el derecho de huelga en igualdad de condiciones. Me inclino por apoyar los derechos fundamentales que da la sindicalización, acompañados en este caso por el nivel de excepcionalidad de la función pública que se desempeña. Si los gobiernos provinciales han mantenido durante mucho tiempo el atraso salarial, se trata de una deuda democrática no sólo ante los trabajadores, sino ante la sociedad.

Esto nos lleva a discutir no sólo el monto salarial, sino los modos de financiarlo. Los gobiernos provinciales tienen que tener el coraje político de saber a quiénes cobrarles más impuestos. Muchos aceptan con toda laxitud postergar el inicio del ciclo escolar durante semanas, negando exiguos aumentos salariales a los docentes, pero no son capaces de soportar quince minutos de presión de las oligarquías terratenientes cuando insinúan elevar los impuestos rurales.

Una deuda pendiente es la formación democrática de las fuerzas de seguridad. En este sentido, no sólo en la Argentina sino en la región, se ha avanzado más en la democratización de las fuerzas milita res encargadas de la defensa exterior, que de las fuerzas de seguridad interior.

Otro plano de análisis es la nítida complicidad de sectores policiales con el delito, conjuntamente con nichos del poder judicial, el sistema penitenciario y la política. No cabe duda de que si en un área se decreta el acuartelamiento policial y cinco minu tos más tarde hay grupos que salen a delinquir, sinque esto guarde ninguna relación con el hambre u otras necesidades básicas insatisfechas, hay una relación estrecha entre una acción y otra. Menos discusión admite una vez demostrada la presencia de artículos robados en los domicilios de policías sumariados.

El tercer plano es el de la connotación política de los episodios. Como dirigente de la provincia de Buenos Aires fui testigo del pacto implícito entre el ex gobernador Duhalde y su ex jefe de policía Pedro Klodczyk, cuando Duhalde caracterizó a la bonaerense como "la mejor policía del mundo". Desarmaderos, juego y prostitución fueron durante mucho tiempo actividades 'toleradas', a cambio de que se conjurasen con eficiencia los delitos contra la seguridad callejera y la propiedad urbana y rural, de modo de sostener la 'paz social'. Por su propia naturaleza, esto no podía permanecer mucho tiempo sin hacer eclosión.

El crimen de José Luis Cabezas en enero de 1997 convulsionó a la sociedad bonaerense y transformó a la mejorpolicía del mundo en la 'maldita policía'. Pero en lugar de ser encarada una reforma de fondo, no pasó de la anécdota.

En los últimos años se agrega un agravante fundamental: la penetración de las bandas organizadas a partir del dinero del narcotráfico. Esto exige un replanteo y una política integral sobre el fenómeno que no es sólo argentino, sino que se replica en México, Colombia, Brasil y el propio Uruguay, que acaba de avanzar en la regulación del consumo de ciertos estupefacientes.

¿Estuvieron coordinados los movimientos de todas las piezas en juego como para llevar adelante un proceso golpista? Lo que es real es la convergencia de intereses de esos distintos actores. Líderes de fuerzas de seguridad comprometidos con dirigentes políticos de derecha, habitualmente más proclives a políticas favorables a los grupos económicos que a aquellas distributivas y democratizadoras, y el apoyo fundamental de los medios de comunicación que utilizan hechos como estos para extender el clima de zozobra y malestar. Una vez producido el chispazo, todos los grupos de intereses convergentes confluyen en avivar el conflicto y potenciar su efecto desestabilizador.

El último plano es el de las fisuras que aún subsisten en nuestra sociedad que mientras celebra treinta años de continuidad institucional cada tanto reaviva grietas entre sus distintos componentes. Sectores medios que piden a gritos que se dispare contra personas de grupos sociales más humildes por su sola condición de tales, por su vestimenta, porte personal o color de piel. O armándose de manera directa para repeler eventuales ataques, alentados por los grandes medios, ayudan -objetivamente- a debilitar lazos. Y este es un problema estructural de la Argentina, porque la alianza entre estos sectores es la única coalición social capaz de conformar y fortalecer un bloque de poder resistente al reflujo de las políticas neoliberales.

Ante un gobierno que ha favorecido con sus políticas públicas la movilidad social ascendente, los factores históricos de poder apoyados en la hegemonía mediática tienden a debilitar la formación de esa gran coalición social en términos históricos. El saldo favorable de lo que acaba de vivirse es que se termina de colocar definitivamente en la agenda pública un tema cuyo tratamiento no debía ser postergado, ni dejarse librado a estrategias provinciales autónomas, sino que debe ser objeto de grandes lineamientos de política nacional. ~

 *Diputado nacional de Nuevo Encuentro

 

Publicado en la revista !Ni Un Paso Atrás!, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo