Tema: Prórroga de Ley de Emergencia Económica
Sr. Raimundi.- Señora presidenta: en primer lugar, manifiesto que voy a efectuar una reflexión política sobre la emergencia económica.
¿Qué estamos poniendo en debate parlamentario? Estamos sometiendo a debate un proyecto de dos artículos: en uno se dispone la prórroga de la emergencia económica, y en el otro se determina que la ley va a tener vigencia a partir del 1° de enero de 2009. Un calco absoluto de los episodios vividos en los últimos años cada vez que hubo que prorrogar esta ley, además de una señal muy clara de falta de contenidos.
No quiero insistir en que se trata de contextos completamente distintos a los que justificaron la emergencia en períodos anteriores.
Fíjense que cuando hace unos meses se discutía la ley de presupuesto, la justificación tenía que ver con cuadros comparativos que colocaban la relación deuda-producto, la relación deuda-exportaciones y otras variables macroeconómicas en condiciones mucho más favorables a las que se registraban en el inicio de la crisis. O sea que la situación actual es completamente distinta.
Entonces, la primera contradicción radica en aplicar un calco del remedio por un gobierno que es el primero en reconocer que la situación interna de la economía es completamente distinta a la que existía en el momento de fundamentar la necesidad de esta ley de emergencia.
A eso se agrega la crisis que se da a nivel internacional. Aquí también nos encontramos con indicadores –tanto internos como externos completamente diferentes. Digo esto porque aquella crisis se desató a partir de una situación de falta de reservas y déficit interno, en un contexto internacional de altísima liquidez financiera; hoy nos encontramos en un contexto de crecimiento de las reservas y superávit interno frente a un descenso estrepitoso de liquidez a nivel internacional. Esta es otra señal de que sólo se intenta replicar una misma solución a problemas que son sustancial y objetivamente diferentes.
Todo esto le resta credibilidad al proyecto en análisis. Sólo se busca manejar la crisis a partir de determinadas herramientas económicas que maneja el Estado y replicar un modelo de control discrecional del poder.
Aclaro que valoro mucho las posiciones asumidas por el gobierno argentino en los foros internacionales cada vez que se considera la crisis mundial que estamos viviendo. Rescato los argumentos sobre el papel básico del Estado presentes en los discursos de la señora presidenta y en los planteos del canciller. Este es el hilo conductor presente en todo este proceso.
Como ya sabemos, se ha producido un colapso del sistema financiero por ausencia de regulación. Además, ha habido una disociación absoluta del circuito artificial del dinero del mundo productivo. También se ha registrado una caída importantísimo en el precio de las commodities.
Esto último me obliga a responder un argumento que se esbozó recientemente, en el sentido de que la crisis en la Argentina –salvo en el sector automotriz está totalmente independizada de la crisis internacional. No es así. Si la Argentina se benefició desde el punto de vista de su superávit comercial por ende, fiscal por el incremento de los precios de las commodities que nosotros exportamos, si esos precios ahora caen estrepitosamente, no caben dudas de que va a incidir de manera directa sobre el sector externo de nuestra economía. Por lo tanto, sí existe una vinculación entre la crisis internacional y la interna, que va mucho más allá del nivel de desempleo del sector automotriz.
Desde esta perspectiva fundamento mi planteo sobre el papel del Estado. Tampoco se puede hablar de la intervención del Estado a secas. Los 700.000 millones de dólares que se colocaron primero, los 800.000 millones que se pusieron después, hasta llegar al trillón de millones de dólares en concepto de salvataje de los grandes grupos financieros también, constituyen una forma de intervención estatal por parte de los Estados de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Intervinieron para salvar a los grandes grupos y no la dignidad de la vida de las sociedades.
Por eso yo valoro mucho en lo discursivo el rescate que hace el oficialismo del Estado en sus discursos internos y en los que hace en los foros internacionales, porque eso sencillamente responde a revalorizar la política frente a los mercados, lo cual conceptualmente es muy importante.
¿Dónde está nuestro cuestionamiento? En que no se responden, por lo menos a nuestro criterio, adecuadamente algunas preguntas fundamentales a partir de ese concepto que compartimos de intervención del Estado.
En primer lugar, qué herramientas. En esta sesión ya tratamos la cuestión del impuesto al cheque. Nosotros no cuestionábamos la prórroga porque estamos con el agua al cuello, sabiendo que es un impuesto que no tendría que existir y que existe porque no hubo capacidad para hacer una reforma profunda y que el Estado cobrara impuestos normales. Una medida anticíclica para mejorar la demanda interna, la actividad económica interna, sería regularizar y formalizar la economía, alcanzar niveles de economía cada vez más registrados a través de la bancarización de la población económica. Pero resulta que el impuesto al cheque no es un incentivo a bancarizar sino que es un incentivo a utilizar el dinero por fuera, e informalmente, del circuito regular a efectos de poder evadir el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Por lo tanto, respecto de la pregunta de con qué herramientas, disentimos.
La segunda pregunta es con qué objetivos. Uno de los objetivos que yo tendría si tuviera posibilidades de incidir en el manejo de la política es tratar de evitar la salida de los depósitos. ¿Por qué digo esto? Cuando el año próximo haya que hacer frente a la salida de depósitos y a la curva de vencimientos de la deuda –en esto coincido con algunos argumentos de la oposición aunque desde posiciones ideológicas distintas-, va a ser muy importante la credibilidad que brinde el sistema, a efectos de evitar la fuga de dinero.
No me voy a referir a los escándalos de corrupción, porque éstos pueden existir con este gobierno y con otros. Me voy a referir a los lineamientos sistémicos de este modelo que llevan a la pérdida de credibilidad. Cuando una economía no tiene indicadores creíbles se genera falta de confianza en la actividad económica interna y en la posibilidad de financiamiento externo de nuestra economía para conseguir mejores créditos para modificar la curva de vencimientos futuros.
Estoy de acuerdo con tener un plan de obra pública que genere empleo, pero eso no necesariamente tiene que llevar a la cartelización de la obra pública para que haya cuatro grupos amigos del gobierno que sean los que se lleven el conjunto de las concesiones de las obras para después financiar las campañas y reproducir el circuito del financiamiento irregular de la política.
Otros temas son los subsidios oscuros y el manejo discrecional y centralizado de los fideicomisos. No estoy hablando de escándalos puntuales de corrupción sino de cuestiones sistémicas de este modelo que llevan a la pérdida de credibilidad.
El tercer punto en el cual diferimos es cómo se llega al objetivo de que el Estado genere políticas que protejan a la Argentina de la crisis externa. Se podría llegar perfectamente generando un clima de política de Estado.
¿Y cómo se llega? Se llega con un gobierno que gana una votación parlamentaria. Son dos contextos completamente distintos. Se podría llegar creando un entorno institucional de credibilidad y no confundiendo eficiencia con discrecionalidad en el manejo de las herramientas económicas.
Y no estoy planteando que el Estado no tenga fondos, que no tenga herramientas para decidir el destino de los fondos, porque para eso tiene la legitimidad electoral. Pero fíjense qué distinto, si un Estado con estos fundamentos económicos mejores que en otras épocas, no consintiera la pobreza intelectual de un debate sobre las facultades del Poder Ejecutivo, que de un extremo dice: "No me ate las manos" y del otro le contestan diciendo: "Pena de infames traidores a la Patria por otorgar la suma del poder público que prohíbe la Constitución en su artículo 29". Una discusión lamentable.
Un gobierno debe tener herramientas para decidir el destino de los fondos que maneja pero también debe tener límites cuantitativos, porcentajes, límites cualitativos esas facultades se pueden consentir para algunas áreas , y tiene que tener límites temporales que definan con precisión cuál es el alcance de la emergencia.
¿Por qué digo esto? Porque creo que también es muy pobre el argumento que dice: "A este gobierno, a este Poder Ejecutivo no hay que dejarlo que maneje estos instrumentos". Si eso llevara a que linealmente la conclusión es que tiene que controlar el Parlamento, eso tampoco garantiza nada por sí mismo. El control parlamentario no garantizó que el Congreso tuviera mayor legitimidad social con los mecanismos con que contó en otros años. Y si eso llevara a pensar "Esto se soluciona dándole ese dinero a las provincias", contestaría que hoy el Ejecutivo maneja el 72 por ciento de la masa de recursos contra el 28 por ciento de las provincias, cuando en los finales de la ley de coparticipación vigente manejaba un 45 por ciento contra el 55 por ciento de aquellas. Eso por sí mismo tampoco evitó que hubiera provincias con un altísimo nivel de ineficiencia en la administración de los fondos coparticipables y gobernadores destituidos por la manera en que los manejaban.
Por lo tanto, estamos diciendo que este es un momento en que hay que rescatar la calidad del Estado, pero no un Estado que maneje solamente un conjunto de herramientas económicas, porque si éstas no van acompañadas de un entorno institucional que le dé credibilidad pública, en lugar de constituir un instrumento favorable a la superación de la crisis, se convierte en un obstáculo.
En definitiva, esa brecha entre un discurso correcto que es el del rescate del Estado frente al mundo financiero para poder generar políticas activas internas y las herramientas incorrectas confundir discrecionalidad con eficiencia, no generar un clima para una reforma tributaria profunda y para una coparticipación profunda con el aval del conjunto de los gobernadores y los representantes provinciales es lo que nos lleva a decir que miramos las cosas desde un lugar parecido pero creemos que hay que llegar por caminos políticos e institucionales completamente diferentes.
Por estos motivos no vamos a acompañar esta prórroga de la ley de emergencia.
