En relación con el último tramo de la respuesta brindada al diputado Lozano, hace falta realizar un desagregado mayor y contar con mayor transparencia en la comunicación de estos ítems para poder saber de qué estamos hablando cuando mencionamos estos asuntos.
Luego de revisar la partida principal en la que figuran los créditos por incisos asignados a la Subsecretaría de Energía Eléctrica, hice una suma y detecté un total de 10.798 millones de pesos presupuestados, de los cuales 9.038 son transferencias al sector privado para gastos corrientes y de capital. Si uno de ustedes, en lugar de ser funcionario y relatar esas planillas, estuviera sentado en mi sitio, le aseguro que se sentiría con todo el derecho de querer conocer cómo se descomponen esos 9.038 millones de pesos sobre los 10.798 millones de transferencias al sector privado, para que no haya confusiones y que, cuando hablemos de subsidios al combustible, sepamos de qué estamos hablando.
En primer lugar, entonces, estoy diciendo que debe haber mucha mayor transparencia en la comunicación.
La otra cuestión que queda pendiente, dado que el resto de los asuntos ya fueron consultados, es hacer entrega al señor secretario de una copia de un recurso extraordinario que se elevó a la Corte Suprema de Justicia sobre un tema al cual hizo mención en su intervención: los buques regasificadores de Bahía Blanca. Ustedes deben saber muy bien que existe, como mínimo, un doble cuestionamiento a esto. Uno tiene que ver con el precio, dado que aparentemente el precio por millón de BTU, vinculado al promedio, es mucho más elevado.
El otro cuestionamiento se refiere a la seguridad. A mí me tocó estar en una audiencia pública que se hizo en la Municipalidad de Bahía Blanca, donde estuvo presente el ingeniero Etcheverry en representación de ENARSA, y los representantes de la policía naval, que dependen de la Prefectura. La verdad que los temores planteados por la población de Bahía Blanca sobre las condiciones de seguridad de las plantas regasificadores fueron muy grandes y no fueron evacuados. Tan es así que las preguntas formuladas no fueron satisfechas en esa audiencia pública.
Le solicité tres entrevistas al ministro de Seguridad porque es el que está a cargo de la Prefectura Naval, que a su vez es la que está a cargo de la seguridad en toda la zona portuaria donde están los buques, no de la parte técnica de la regasificación. Como ninguna de esas dudas fue evacuada, primero se presentó una medida cautelar a la Justicia y se hicieron los reclamos al organismo de Desarrollo Sustentable de la provincia de Buenos Aires. Y dado que tampoco obtuvimos respuestas a ello, se presentó un recurso extraordinario ante la Corte.
Este recurso no lo presentó una agrupación política sino el fiscal general, el doctor Cañón; el defensor oficial, el doctor Darío Jarque, y el fiscal federal de Bahía Blanca. Entre otros ítems figura una lista de 20 accidentes detectados en buques regasificadores de similares características a éstas en distintas partes del mundo para propósitos semejantes.
Lo que no puedo hacer es dejarlo pasar. Le pedí una entrevista al prefecto general Ricardo Faletto, de la Prefectura Naval, para hablar de esta problemática. Me concedió la entrevista con fecha y hora pero luego me llamó para decirme que la tenía que levantar porque el ministro no lo autorizaba, que yo tenía que hablar con el ministro. Al ministro le pedí tres entrevistas, pero no me concedió ninguna. Por lo tanto, si bien entiendo que el área de seguridad en materia energética no le corresponde a usted en forma estricta, no tengo más remedio que dirigirme a usted, ya que es el primer funcionario que tengo adelante para poder tratar esta temática.
Es por eso que le quiero hacer entrega de estas 26 carillas con un recurso extraordinario sobre toda la cuestión, tanto de precios como de condiciones de seguridad, de los buques regasificadores de Bahía Blanca, que es la provincia que yo represento.