Luego de dos décadas sin gobiernos militares, lo que debiéramos discutir es la esencia misma y el destino de la Democracia, y no algo tan poco creativo como la ausencia de autoritarismo. Si el pasado autoritario está fresco, es porque faltó la Justicia.
Alfonsín confesó, años después de las leyes de impunidad, que se había visto obligado a limitar la Justicia para defender la democracia. Eso es, precisamente, lo que hizo que el capítulo del autoritarismo quedara abierto. Si la Justicia lo hubiese cerrado -y es ella y sólo ella quien podía hacerlo- la impunidad hubiera quedado definitivamente atrás y no hubiera demorado el debate sobre lo que necesitamos discutir, es decir, si hay Democracia cuando el pueblo vota, aunque no decida.
Aquella historia donde unos pocos se apropiaron del derecho de interpretar y decidir el destino de todos, ha trocado el uniforme militar de West Point por la corbata y los gemelos de Wall Street, pero no se modificó en su naturaleza.
La creencia de que existe Democracia porque se recuperó el derecho de votar, no se comprueba en la práctica. La igualdad en la esfera política no logró compensar los efectos de las desigualdades en la economía.
Sin perjuicio de que podamos coincidir en algunos temas de la agenda política -más en su enunciado que en su resolución- la distancia del ARI con la administración de Kirchner es profunda, porque se da en el plano cultural, por sobre la coyuntura política. Tiene que ver con el proceso de construcción de la Nación.
¿De qué hablamos al referirnos a la construcción de la Nación? ¿De la defensa de la identidad cultural? ¿De mayor autonomía estatal? ¿Del fortalecimiento de la sociedad civil y de la calidad de sus instituciones? ¿De la preservación de los recursos naturales? ¿De igualdad de oportunidad en la construcción del destino comunitario? ¿Cuál de estas categorías de la Nación está recuperando sentido desde un cambio de concepción profundo?
Está claro que la Argentina no saldrá rápidamente de una crisis tan honda como la que atraviesa, pero está también claro que no es desde la cultura hegemónica del PJ -precisamente una de las causas de la crisis- como se construye el camino para superarla.
Participar de las elecciones constituye un requisito de ciudadanía. Pero no es suficiente, ya que mientras tanto, entre elección y elección, vemos cómo se deterioran los componentes económicos, sociolaborales y culturales de la ciudadanía y la inclusividad, que van limitando y reduciendo la autonomía de la voluntad para elegir y decidir.
El sistema legal, constitutivo de la Democracia y la Ciudadanía y por lo tanto fuente fundamental de nuestra concepción política, si está precedido por tan profunda desigualdad de oportunidades, termina convalidando una educación para ricos y otra para pobres, una seguridad para ricos y otra para pobres, un sistema de salud para ricos y otro para pobres, una justicia para ricos y otra para pobres.
La recuperación del Estado para la reconstrucción de la República
En este sentido, el retroceso de la autonomía estatal como promotora de ciudadanía aparejó, a su vez, la merma de ésta, y de la autonomía de la voluntad de los individuos para elegir. Aún cuando tal deterioro del Estado de bienestar como constructor de ciudadanía constituye un fenómeno global, sus efectos sobre la autonomía de la voluntad ciudadana son ostensiblemente mayores en nuestro país y en toda la región.
Si como señala O’ Donnell, “el Estado es el asentamiento histórico y social de la democracia”, la pregunta es ¿si no hay Estado, hay Democracia?
Y esto no está planteado en términos de los que, en estas últimas semanas y diagnosticando una situación de anarquía, han reclamado la presencia del Estado para reprimir manifestaciones piqueteras producto de años de desempleo y exclusión. Pero que son los mismos que disfrutaron y se enriquecieron con la deserción del Estado de sus responsabilidades primordiales como representante de la sociedad.
Está planteado, en cambio, como denuncia de la deserción del Estado en la resignación de poder frente al mercado, en la no-formulación de políticas redistributivas, en el des-control del capital financiero, en la no-regulación de los servicios privatizados, en el des-financiamiento de la educación pública.
No existe Estado neutral. El Estado asume la representación de la sociedad civil ante los poderes financieros o es cooptado por éstos. Y no hay Democracia donde el Estado no defiende los derechos básicos de ciudadanía, especialmente una protección justa y equitativa en las relaciones económicas.
No hay Democracia cuando causas suficientes determinan la ausencia de autonomía en la voluntad para decidir.
¿Poseen las libertades personales el valor que idealmente les atribuimos, cuando el grueso de una sociedad no participa de los beneficios del progreso? ¿Puede juzgarse enteramente autónomo el comportamiento de millones de personas que, en la plenitud de sus aptitudes psico-físicas, se sienten definitivamente marginadas del mundo del trabajo? ¿Qué valor tiene la libre elección de los consumos para las capas de más bajos ingresos que sólo pueden acceder a bienes inferiores, o la libertad de empleo para quienes no han recibido educación técnica, artesanal o superior? ¿Se puede hablar de autonomía de la voluntad de millones de jóvenes que no guardan en su memoria registro de un papá con trabajo, de una mesa tendida o de la comunidad escolar, y que en su lugar se han topado con violencia doméstica, vida callejera, drogas y alcoholismo?
Una persona no es libre si el Estado autoritario confisca sus derechos individuales, pero tampoco lo es si es privado de esos mismos derechos como consecuencia del modelo económico que tuvo lugar en toda nuestra región. Y lo que es más grave, aplicado en nombre de gobiernos democráticos.
La Democracia precisa ampliarse hacia los derechos socioeconómicos, implica ir más allá de la atribución universal de los derechos de ciudadanía política, lleva a preguntarnos sobre las condiciones que pueden permitir o no el ejercicio efectivo de estos derechos. Si no hay derechos políticos, no hay Democracia. Si no se materializa el ejercicio de los derechos sociales, tampoco la hay.
