Buenos Aires, 23 de septiembre (Télam)

El diputado nacional del FPV, Carlos Raimundi, destacó que el proyecto de ley que hoy tratará la Cámara de Diputados para proteger las acciones del Estado en empresas privadas "va en dirección del rol del Estado que desde 2003 dio respuestas y que es necesario cuidar y ampliar".

"Es necesario tener un Estado fuerte, que recaude mucho y que devuelva a la sociedad todo lo que genera", opinó el diputado del oficialismo al señalar que "profundizar el modelo de estos años es también plantearse continuar reconstruyendo el Estado para seguir avanzando en mejores políticas impositivas y de distribución".

El proyecto que buscará sancionar hoy la Cámara Baja plantea garantizar que las acciones que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que quedaron en manos de la Anses tras la estatización del régimen privado de jubilados, sólo pueden venderse con el voto favorable de los dos tercios de los diputados y senadores.

El legislador por la provincia de Buenos Aires manifestó que desde 2003, la Argentina "tuvo una actitud por parte del Estado que dio respuestas y que es necesario cuidar y ampliar" y destacó que "recuperó altos niveles de actividad, políticas públicas y autoridad", ya que antes el país tenía una misión del FMI con una oficina contigua a la del ministro de economía diciendo cuáles eran las reglas a seguir".

Raimundi recordó que "el poder concentrado y mediático busca desprestigiar la idea de Estado diciendo, por ejemplo, que manipula la plata de los jubilados cuando en realidad es al revés, ya que es excelente que el Estado invierta los fondos jubilatorios para favorecer al crecimiento económico del país".

"De esta manera, se pueden obtener mejores aumentos previsionales porque esos índices dependen del nivel de actividad económica", remarcó.
Para el diputado oficialista, es "curioso" que los sectores que se oponen a la ley "son los mismos que, cuando esa plata estaba depositada en las ruedas financieras del exterior del país y cobraban comisiones las empresas privadas, nunca se preocuparon por el dinero de los jubilados".

Agregó que la ley "abre otra discusión central que es cómo se distribuye la renta de los recursos de un país, por lo que cabe preguntarse a quién debe destinarse la mayor parte de la renta esas fuentes de recursos, si a la sociedad, al pueblo argentino, a la educación, a la salud o a la actividad empresaria".