En agosto pasado tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación la trigésima reunión del Consejo Federal Legislativo de Salud (COFELESA), presidida por la diputada Andrea García, del Frente para la Victoria. Dicho Consejo congregó a legisladoras y legisladores nacionales y provinciales, miembros de sus respectivas comisiones de salud, así como profesionales e instituciones representativas de las distintas esferas vinculadas con la Salud. Se analizaron diversos proyectos de ley, como por ejemplo el fortalecimiento de la Ley de Medicamentos Genéricos, el de fragmentación de medicamentos, la creación de una agencia que agrupe los Laboratorios Públicos, el de Recetas Médicas Electrónicas y el que reglamenta la publicidad de los medicamentos. Todo lo cual marca un determinado perfil en la labor de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

En ese marco, presenté un proyecto de ley para la creación del Consejo Nacional de Regulación del Mercado de Medicamentos, el cual, como surgiera del propio debate, también debería extender la regulación a los insumos médicos.

La experiencia nos indica que en esta, y en muchas otras materias legislativas, el "texto" de los proyectos tiene la importancia de ser lo que luego devendrá en norma positiva, vinculante para la conducta de los actores alcanzados por ellos.

Pero, tal vez tan importante como eso, es el "contexto" de debate que se abre ante cada proyecto.

La creación de este Consejo regulador no está planteada desde la perspectiva de un experto en política sanitaria, sino, básicamente, desde la defensa del interés de los millones de personas que acuden al mismo. Quien compra un medicamento, la ciudadana y el ciudadano común, es, por su condición de trabajador, el eslabón más débil de la compleja cadena de elementos que conforman el sistema. Y, sobre todo, desde el momento en que la compra de un medicamento nunca se hace desde la alegría, sino desde una necesidad o un dolor.

La Argentina muestra avances muy importantes en materia de salud a lo largo de esta década, como la prescripción de medicamentos por nombre genérico (sobre todo en su primera etapa), el programa REMEDIAR, la construcción de hospitales públicos de excelencia, la drástica disminución del dengue y del mal de Chagas, el Plan Nacer, las leyes de educación sexual integral y de anticoncepción quirúrgica, el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, la disminución de la mortalidad infantil, la atención del VIH/Sida, la ampliación de los programas públicos de vacunación obligatoria, el tratamiento de las cardiopatías congénitas, la elevación del número de trasplantes, el programa nacional de hipoacusia.

Por su parte, si tomamos en cuenta el monto global destinado a la salud en el sistema argentino, sumando los sectores público y privado, y lo dividimos por la cantidad de habitantes, veremos que los resultados se corresponden con los de un país de desarrollo medio-alto. Sin embargo, cuando vamos a la práctica concreta, veremos que aún subsisten –no obstante los avances– diversas asignaturas pendientes para que podamos hablar de un cambio estructural en el sistema.

Una primera cuestión es desagregar esa enorme masa de recursos: los rubros medicamentos y aparatología y alta complejidad alcanzan casi el 50% de los mismos. Es decir que cuando la circulación del mayor volumen de dinero se concentra en la rentabilidad de los laboratorios y los proveedores de alta complejidad, significa que estamos ante un sistema de salud que –paradójicamente– continúa priorizando sus ingresos en la enfermedad, una vez que esta se ha consumado, por sobre la prevención y la atención primaria.

Una segunda cuestión se refiere a la brecha existente entre el deterioro por sobre-demanda de servicios de salud dirigida al sistema público, generalmente destinado a las familias más humildes, que en algunos casos se ven obligadas a largas esperas. A diferencia de ello, las personas con alto poder adquisitivo, beneficiarias de las obras sociales más caras y del sistema prepago, utilizan servicios de salud que se financian con poco uso –y por lo tanto están siempre disponibles– sumado a una mejor hotelería y administración digitalizada, debido a que se amortizan a través de cuotas habitualmente elevadas.

Aquí cabe arribar a una primera conclusión, y es la necesidad de integrar en un mismo sistema a la totalidad de los efectores del sistema de salud, poniéndolos al servicio de la totalidad de los usuarios, de manera de que su disponibilidad no dependa del poder adquisitivo de quien los requiere. La salud es un bien social, y no de mercado. Por ello, en algún momento, la Argentina deberá avanzar hacia la articulación de los diferentes actores, a pesar de la complejidad que supone la coexistencia del sistema hospitalario público –nacional, provincial y municipal–, el PAMI, las obras sociales sindicales y el universo de las prepagas. Por poner sólo un ejemplo, las casi 300 obras sociales sindicales suponen la existencia de un número similar de aparatos administrativos, que, de articular su funcionamiento, permitirían elevar los recursos disponibles.

Por último, la necesidad de incrementar la producción pública de medicamentos, de modo que el Estado despliegue su capacidad reguladora de un mercado cuyos agentes acumulan una tasa de ganancia muy superior a la media de la economía, afectando con esa desmesura, las posibilidades de los sectores medios-bajos y de los pacientes más humildes. Según los expertos, la diferencia en el precio final de las drogas de producción pública respecto de lo elevado de las marcas comerciales no se justifica por ninguna ley de técnica económica, sino por una estructura oligopólica dominada por los grandes laboratorios.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a través de su presidenta Andrea García y muchos de sus integrantes, se encamina hacia el debate de estos temas sensibles dentro de un área a su vez sensible como la salud.

Los factores de poder históricamente más influyentes tienen sobradas herramientas de presión sobre las instituciones políticas. La convicción y la necesidad de honrar el mandato recibido por los legisladores votados para representar los intereses de las mayorías deben contrabalancear dicha presión, y debatir y aprobar estos proyectos, como así todos aquellos que se orienten hacia un sistema más justo.

Publicado en Tiempo Argentino

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