Por Carlos Raimundi para Diagonales.com
La letra chica que falta establecer para su aprobación definitiva y la decisión de favorecer los intereses coloniales. La protección y competitividad de la industria nacional.
Pasado el primer impacto propagandístico que el macrismo pretendió imprimir al acuerdo, cabe hacer algunas consideraciones de tono absolutamente racional.
1. El punto de partida es el desconocimiento público de sus cláusulas. El propio ministro Sica dijo que la oposición criticaba algo que no se conoce, admitiendo su carácter secreto, lo cual es desde ya poco auspicioso para las partes involucradas. Lo único que se conoce proviene de un memorándum elaborado por la Comisión Europea, dando cuenta de las múltiples ventajas por ella obtenidas.
2. La Argentina arrastra una historia de decisiones de gobierno que, en línea con el pensamiento minoritario pero poderoso de nuestra oligarquía, resultaron mucho más favorables a los intereses coloniales que a los intereses nacionales. Carlos M. de Alvear, Pueyrredón, Rivadavia, fueron sus precursores. El pacto Roca-Runciman de 1935 es otra muestra en ese sentido. Rivadavia firmó en 1825 un Tratado Bilateral de Libre Navegación con el Reino Unido que se asemeja al tema que tratamos. Aquel documento garantizaba la misma libertad a los buques británicos para navegar las costas y ríos interiores de nuestro territorio, que a los buques argentinos que hicieran lo propio en costas y ríos interiores de Gran Bretaña. La nada sutil diferencia eran las herramientas con que contaba cada uno para cumplirlo. La armada real era la más poderosa del planeta, mientras las Provincias Unidas no tenían buques nacionales capaces de cruzar el Atlántico. En el caso actual, los índices de productividad y de desarrollo industrial y tecnológico de Europa, le otorgan la posibilidad de convertir un camino que es formalmente de dos vías, en una ruta de una sola dirección.
3. Cuando, en la última mitad del siglo XIX irrumpe la Segunda Revolución Industrial, en el mundo se estableció la llamada nueva división internacional del trabajo, entre países productores de materias primas y países productores de manufacturas industriales. El área anglosajona ocupaba el centro de éstos últimos. Y en la década de 1870, una guerra civil en los EE.UU. consolidó el modelo industrial impulsado por los estados del Norte, mientras dos guerras intestinas de América Latina arrojaron el resultado exactamente contrario: la guerra contra el Paraguay y la guerra del Pacífico que despojó a Perú y a Bolivia de territorio y salida al mar respectivamente, consolidaron la condición agroexportadora y latifundista de nuestra región.
Además, Europa ha fijado ante los organismos multilaterales como la OMC (Organización Mundial de Comercio) los estándares de producción y comercialización de productos agrícolas de acuerdo con sus propias necesidades y métodos productivos. Por lo tanto, aún contando con la libertad formal para exportar nuestros productos, su acceso al mercado europeo bien podría ser impedido con el argumento de que incumplen las normas de seguridad alimentaria, fitosanitarias, de bienestar animal, empaque, entre otras, por ellos establecidas.
4. En el presente también asistimos a una etapa de reconfiguración geopolítica del mundo. Y con el respaldo de los descendientes de aquellas mismas oligarquías, se pretende reafirmar el carácter de productores primarios de nuestros países, a expensas de los intereses del capital financiero globalizado comandado por el HSBC, el JP Morgan o el Deutsche Bank juntamente con los grandes laboratorios de medicamentos, alimentos (Funes de Rioja, UIA – Copal), semillas y agroquímicos (Grobocopatel Hnos), las grandes firmas multinacionales (Rattazzi, cámara automotriz) y el respaldo del Fondo Monetario Internacional. De ratificarse la filosofía del pre-acuerdo recientemente anunciado por el macrismo (y por Bolsonaro en Brasil), estaríamos ante la sentencia de muerte de industrias nacionales como la automotriz y autopartes, medicamentos, textil, calzado, de nuestros derechos de propiedad intelectual, nuestras economías regionales, pequeñas y medianas empresas, etc.
Esto es así por la combinación de al menos tres factores. El primero y ya mencionado, la brecha tecnológica. El segundo, la absoluta liberalización normativa que impide todo tipo de regulación de nuestra parte. El tercero, que nuestros Estados, a diferencia de la tradición del Estado de Bienestar europeo, no brinda herramientas de competitividad a las empresas, como podrían las tarifas subsidiadas de energía, bajas tasas de interés y fácil acceso al crédito, facilidades impositivas, precios des-dolarizados de los insumos importados, ventajas para los proveedores nativos y compre nacional, peajes baratos y bajos costos de logística, obras de infraestructura, conectividad, vías de transporte polimodal, etc. Todo eso, sí lo ofrecen los Estados europeos que deciden cuidar a sus productores y proteger sus industrias.
5. Con el pre-acuerdo, no sólo tendríamos déficit comercial con Europa, como lo demuestra la situación de todos los países que han celebrado tratados similares (Argelia, Chile, Egipto, Marruecos, México y Sudáfrica), sino que perderíamos el mercado brasileño, nuestro principal socio comercial, debido a que Brasil también preferirá comprar a Europa antes que a Argentina.
6. Según el pre-acuerdo, se impide a nuestros países cobrar derechos a nuestras exportaciones (retenciones), lo cual conspira contra el objetivo tan declamado de lograr superávit fiscal.
7. La escasa información también denota que se establece el trato nacional (es decir, equiparar para las empresas europeas las mismas condiciones establecidas para las empresas nacionales) en materia de compras públicas, de insumos y material tecnológico para los niveles municipal, provincial y nacional, con la consiguiente pérdida de soberanía sobre el funcionamiento de nuestro propio Estado. Algo similar ocurrirá con las concesiones de obra pública a grandes empresas europeas en detrimento de las empresas de capital nacional o regional.
8. De esa misma información oficial europea surge el establecimiento de tribunales privados o extranjeros como CIADI, Cámara de Comercio Internacional, Tribunal de Londres o de Hong Kong) para la solución de aquellas controversias que pudieran generarse. Es decir, se renuncia a la jurisdicción estatal y nacional.
9. Al liberarse el comercio de servicios financieros, la expansión de bancos europeos (que concentran el 50% del tráfico financiero a nivel mundial) sobre el Mercosur, causará la progresiva desaparición de los bancos nacionales, tanto privados como públicos.
10. Si bien se trata de un primer acuerdo de carácter muy general que requiere la redacción de las cláusulas más específicas, el visado de las Cancillerías, el depósito de los instrumentos en una oficina internacional y la ratificación parlamentaria, en caso de que el macrismo sea votado una vez más, además de la propaganda brutal del poder monopólico y la presión internacional, el parlamento argentino recibiría múltiples presiones para aceptarlo.
Constitucionalmente, nuestro Congreso no puede aprobar lo que considere pertinente e impugnar lo que considere negativo, sino que sólo tiene la opción de aprobar o rechazar un tratado en cuya confección no ha participado. Con un parlamento proclive al gobierno de Bolsonaro en Brasil y dos parlamentos como el de Paraguay y Uruguay que son países con muy escasa producción industrial, el nuestro sería el único parlamento con algún viso de rechazo, y sobre él se centrarían todas las presiones para obtener su aprobación.
Será, además, una instancia crucial para poner a prueba la solidez del frente electoral opositor que acaba de concretarse. No habrá espacio para legisladores que al otro día de ser votados formen un bloque diferente y se aparten del mandato popular que recibirán.
El macrismo dirá que de no hacerlo perderíamos una gran oportunidad de reinsertarnos en el mundo, y de nuestro lado debemos demostrar a la población que estamos ante una reedición de la seductora venta de espejitos de colores, pero que esta vez no estamos dispuestos a caer nuevamente en la trampa de comprarlos. A diferencia de esa aseveración de nuestro aislamiento que hace el macrismo, durante el kirchnerismo se establecieron acuerdos comerciales con más de 15 países, y se cuadruplicó el monto de nuestras exportaciones así como la composición industrial de las mismas. Además, logramos el apoyo de la comunidad latinoamericana y del Caribe, así como de todos los países africanos para la causa de Malvinas, y la aprobación en Naciones Unidas de la propuesta argentina sobre el pago de las deudas soberanas. Y a través de Brasil, la región se integró al grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que representa el 60 del PBI y de la población del mundo. Estábamos fuertemente integrados al mundo en el que nos interesa estar, no aquel que construye muros para los inmigrantes o deja morir a los refugiados que intentan cruzar el Mediterráneo.
En suma, Macri no se equivoca cuando dice que la Argentina empezó a decaer hace setenta años que es cuando llegó el peronismo. La Argentina en ese momento era un país opulento en términos de riqueza, porque acopiaba las divisas recibidas por las exportaciones agropecuarias, más la incipiente producción industrial que había comenzado a finales de los años 30, principios de los 40. El problema estaba en quién recibía los beneficios de aquella riqueza, y es ahí donde el peronismo incorpora los valores de distribución, inclusión, equidad social y justicia social, junto a instituciones como la organización sindical, el IAPI, la flota mercante propia y la aerolínea de bandera, la gratuidad de la enseñanza universitaria y la universidad obrera. Entonces, no se trata únicamente de la invasión de productos extranjeros en deterioro de nuestra industria y nuestro empleo que se va a desatar si este Tratado entrara en vigencia. De lo que también se trata, por añadidura, es de erradicar toda esa estructura de organización social que distingue a la Argentina de otros muchos países emergentes, y de la cual nos sentimos honrados.
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