PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1–Apruébase el Convenio sobre terminación de la relación de trabajo, 1982 (número 158), adoptado con fecha 22 de junio de 1982, por la 68a Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en la ciudad de Ginebra, y cuyo texto corre agregado como anexo I de la presente.
Art. 2– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró, en el año 1982, el Convenio 158, cuya aprobación se propone, en el que se determinan normas de aplicación general relativas a la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.
Para ello tuvo en cuenta los anteriores documentos adoptados por esa organización, fundamentalmente la Recomendación 119, de 1963, primer instrumento internacional dedicado específicamente a la cuestión y en el que se recomendaban ciertas normas relativas a la justificación de la terminación de la relación de trabajo, el derecho de recurso, el derecho a percibir una indemnización y la protección de los ingresos del trabajador.
En el año 1974 la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones establecida por la Conferencia Internacional del Trabajo, al examinar el estudio general preparada por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones sobre las memorias relativas a la aplicación de la Recomendación 119, ya había reconocido el importante papel que la misma había desempeñado en la promoción de la protección contra la terminación injustificada de la relación del trabajo “fomentando de esta suerte la seguridad del empleo, que constituye un aspecto esencial del derecho al trabajo” (Conferencia Internacional del Trabajo, 59ª Reunión, 1974, actas, página 563). La misma Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones concluyó en dicha oportunidad que la conferencia debía abordar la cuestión con miras a elaborar un nuevo instrumento pertinente que tuviera en consideración la evolución desde la adopción de la Recomendación 119.
Por tal motivo en su 211ª reunión, el Consejo de Administración de la OIT decidió inscribir en el orden del día de la Conferencia un punto relativo a la terminación de la relación de trabajo, el que en definitiva fue tratado en el año 1982, en la 68ª Conferencia, y aprobado como Convenio 158, entrando en vigor en noviembre de 1985 y contando al año 1995 con 24 ratificaciones. (Australia, Brasil, España, Francia, Suecia, Venezuela, entre otras).
El dispositivo del convenio adoptado sienta el principio fundamental de la justificación de la terminación de la relación de trabajo, en virtud del cual no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa (conf. OIT, 82ª reunión, 1995. Informe III [Parte 4B], Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1995).
Además se enumeran varios motivos que no pueden constituir causa justificada para la terminación de la relación de trabajo, a saber la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales, ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad, presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamento, o percibir ante las autoridades administrativas competentes, la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social, la ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad, la ausencia temporal por motivo de enfermedad o una lesión (artículos 5º y 6º).
Se establecen también los procedimientos previos a la terminación o en ocasión de ésta, a efectos de que el trabajador tenga garantizado el derecho a defenderse de los cargos que se le formulen (artículo 7º) y la posibilidad de recurrir la decisión del empleador ante un organismo neutral (artículo 8º). Este organismo estará facultado para examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo y para pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada (artículo 9º).
Por su parte en los casos en que la terminación de la relación de trabajo sea por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, el empleador deberá proporcionar a los representantes de los trabajadores toda la información pertinente, entablar consultas con los mismos y efectuar la correspondiente notificación a la autoridad competente (artículos 13 y 14).
Yendo al plano del derecho interno, el precedentemente mencionado informe, presentado en la 82ª reunión de la CIT, efectúa un pormenorizado análisis de la forma en que aparecen receptados los principios fijados en el Convenio Nº 158 por parte de la legislación de los diferentes países.
Así tenemos oportunidad de observar que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la protección de los trabajadores contra la terminación injustificada de su relación de trabajo está dada en un determinado porcentaje por lo dispuesto en los convenios colectivos, y para los demás trabajadores por el derecho consuetudinario. Además, las disposiciones constitucionales o legislativas en materia de derechos humanos y de protección contra las prácticas desleales en el campo laboral han facilitado cierta protección frente a la terminación de la relación de trabajo por motivos que no se han considerado válidos, a través de la jurisprudencia que han ido desarrollando los tribunales (conf. informe cit., Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1995, páginas 13 y 41).
En Alemania, la ley sobre protección frente a la terminación de la relación, establece que el despido del trabajador se justifica socialmente tan sólo cuando está basado en motivos relacionados con la persona, la conducta del trabajador o las necesidades imperiosas de la empresa, debiendo el empleador probar dichos hechos.
En Francia, según el artículo L, 122-4-3 del Código de Trabajo, en caso de litigio sobre la justificación del acto rescisorio el juez apreciará el carácter real y grave de las causas invocadas.
En otros países la noción de abuso del derecho ha proporcionado protección adecuada. La misma ha sido aplicada sistemáticamente en Japón, país donde los Tribunales han decidido que toda terminación que no sea objetivamente razonable ni socialmente apropiada será considerada como un abuso del derecho de poner término a la relación de trabajo y, por ende, nula y sin efectos (conf. informe cit., página 40).
A esta altura corresponde dejar sentado que, según el artículo 10 del convenio, los organismos competentes deberán, en caso de llegar a la conclusión de que la terminación de la relación es injustificada, anular la terminación y eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador.
Es decir que el artículo 10, tal como está redactado da preferencia al procedimiento de anulación y readmisión como medio de reparación de la terminación injustificada pero, en vista de cierta flexibilidad, prevé otras vías de reparación para cuando dadas determinadas circunstancias no resulte posible la reincorporación.
Estas vías alternativas consisten en el pago de una indemnización “adecuada”. Pero esta indemnización se distingue de la posible indemnización compensatoria del plazo de preaviso que figura en el artículo 11, así como de la indemnización por fin de servicios prevista en el artículo 12. El informe que venimos citando ha expresado al respecto que si bien la indemnización financiera sirve para compensar la pérdida injustificada del empleo, la anulación y la readmisión garantizan la seguridad del mismo, ya que le permiten al trabajador su recuperación, sumado ello a que en períodos de desempleo la readmisión puede desempeñar un papel decisivo, especialmente respecto de los grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo, tales como las mujeres, los trabajadores en edad avanzada y los trabajadores minusválidos (conf. informe cit., página 91).
Además de la aludida indemnización, que eventualmente reemplazaría a la readmisión, el convenio establece que todo trabajador cuya relación de trabajo se haya dado por terminada, sin importar aquí su causa, tendrá derecho a una indemnización por fin de servicio o a otras prestaciones análogas, pagaderas directamente por el empleador o por un fondo constituido mediante cotizaciones de los empleadores, o a prestaciones del seguro de desempleo, o a una combinación de ambas (artículo 12).
La indemnización por fin de servicios desempeña un papel importante en la protección de los ingresos en los países en los que el sistema de seguridad social no prevé, o prevé de modo insuficiente esta protección (conf. informe cit., página 109).
En relación a las eventuales objeciones que pudiese suscitar el convenio cuya aprobación se procura, la misma Comisión de la OIT ha señalado que en la lógica de una cierta doctrina vinculada a la economía de mercado se han criticado las medidas que tiendan a restringir la libertad del empleador a dar por terminada la relación de trabajo por atentar contra la productividad y la movilidad de los trabajadores pero, al respecto según la comisión, debe tenerse en cuenta que: si bien se carece de bases empíricas para demostrar las relaciones de causalidad entre la protección de la seguridad del empleo, el nivel global y la estructura del empleo y el desempleo, existen sin embargo, buenas razones para pensar que la protección de la seguridad tiende a limitar la pérdida de empleos debida a las terminaciones injustificadas al tiempo que colabora en una incidencia positiva en la eficacia productiva y en la capacidad de innovación de los jóvenes. Estos efectos, a su vez, contribuirán a mejorar la competitividad y a aumentar las posibilidades de contratación. El análisis costobeneficio de la protección debe realizarse en el plano macroeconómico. Las terminaciones de las relaciones de trabajo tienen un costo social indiscutible para la comunidad, en el que se incluye la indemnización del desempleo, mientras que un nivel adecuado de protección contribuye, en cierta medida, a la estabilidad social (conf. informe cit. página 152).
Se destaca además que el propio convenio fija flexiblemente buena parte de sus disposiciones y prevé excepciones importantes como el período de prueba, las contrataciones por tiempo determinado o para realizar determinada tarea y las terminaciones por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos. Por tanto la comisión ha subrayado que la protección adecuada contra la terminación no está en contradicción, en principio, con las nuevas formas de relaciones de trabajo, que permiten a las empresas la adaptación de los recursos humanos a las transformaciones que se producen en el plano económico (informe cit., página 152).
Amén de las razones precedentes, emanadas de la OIT, fundamentalmente desde el informe reiteradamente citado, existen otras de carácter internacional que avalan la sanción de este proyecto de ley ratificatorio del Convenio 158. Una de esas razones es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), aprobado por nuestro país mediante la sanción de la ley 24.658, promulgada de hecho el 15 de julio de 1996, con directa e inmediata aplicación y efectos sobre el ordenamiento legal interno, en virtud de la reforma constitucional de 1994, que dio rango constitucional a determinados instrumentos internacionales –entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos– y dio al resto de los tratados jerarquía superior a las leyes internas.
Este instrumento internacional propicia, entre otras cosas, la estabilidad en el empleo y la protección contra el despido arbitrario, en relación al tema que nos ocupa.
Hay otras razones. Estas de carácter interno. En primer lugar, en el carácter de miembro de la OIT, tiene la Argentina la obligación de someter el convenio que la conferencia ha adoptado, en el término de un año, a la autoridad competente a efectos que se le dé forma de ley (artículo 19, inciso 5º ap. b), de la Constitución de la OIT). De tal suerte que la aprobación el Convenio 158 sería el cumplimiento de una obligación internacional asumida como Estado miembro de la OIT.
El convenio en cuestión vendría a satisfacer la imperatividad de la norma constitucional contenida en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, completando la regulación legal vigente en un sentido de mayor tutela o protección del trabajador lo que se adecua, a su vez, perfectamente con los postulados del artículo 75, incisos 19, 22 y 23 de nuestra Carta Magna.
Por otra parte, la circunstancia de que el Brasil haya ratificado el Convenio 158 lleva a la certidumbre de que, como una forma más de contribuir al afianzamiento del proceso de integración regional del Mercosur, homogeneizando las legislaciones laborales de ambos, la Argentina deba también proceder a su ratificación.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a la Honorable Cámara la aprobación del presente.
ANEXO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 2 de junio de 1982, en su sexagésima octava reunión;
Habiendo tomado nota de las normas internacionales que contiene la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963;
Habiendo tomado nota de que desde la adopción de la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963, se han registrado novedades importantes en la legislación y en la práctica de numerosos Estados Miembros relativas a las cuestiones abarcadas por dicha Recomendación;
Considerando que en razón de esas novedades es oportuno adoptar nuevas normas internacionales en la materia, habida cuenta en particular de los graves problemas que se plantean en esta esfera como consecuencia de las dificultades económicas y de los cambios tecnológicos sobrevenidos durante los últimos años en gran número de países;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio,
adopta, con fecha 22 de junio de mil novecientos ochenta y dos, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982:
Parte I. Métodos de aplicación, campo de aplicación y definiciones
Artículo 1
Deberá darse efecto a las disposiciones del presente Convenio por medio de la legislación nacional, excepto en la medida en que esas disposiciones se apliquen por vía de contratos colectivos, laudos arbitrales o sentencias judiciales, o de cualquier otra forma conforme a la práctica nacional.
Artículo 2
1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y a todas las personas empleadas.
2. Todo Miembro podrá excluir de la totalidad o de algunas de las disposiciones del presente Convenio a las siguientes categorías de personas empleadas:
a) los trabajadores con un contrato de trabajo de duración determinada o para realizar determinada tarea;
b) los trabajadores que efectúen un período de prueba o que no tengan el tiempo de servicios exigido, siempre que en uno u otro caso la duración se haya fijado de antemano y sea razonable;
c) los trabajadores contratados con carácter ocasional durante un período de corta duración.
3. Se deberán prever garantías adecuadas contra el recurso a contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto sea eludir la protección que prevé el presente Convenio.
4. En la medida en que sea necesario, y previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, la autoridad competente o el organismo apropiado de cada país podrá tomar medidas para excluir de la aplicación del presente Convenio o de algunas de sus disposiciones a ciertas categorías de personas empleadas cuyas condiciones de empleo se rijan por disposiciones especiales que en su conjunto confieran una protección por lo menos equivalente a la que prevé este Convenio.
5. En la medida en que sea necesario, y previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, la autoridad competente o el organismo apropiado de cada país podrá tomar medidas para excluir de la aplicación del presente Convenio o de algunas de sus disposiciones a otras categorías limitadas de personas empleadas respecto de las cuales se presenten problemas especiales que revistan cierta importancia habida cuenta de las condiciones de empleo particulares de los trabajadores interesados o de la dimensión o naturaleza de la empresa que los emplea.
6. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar, en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las categorías que hubieren sido excluidas en virtud de los párrafos 4 y 5 del presente artículo, explicando los motivos de dicha exclusión, y deberá indicar en las memorias subsiguientes el estado de su legislación y práctica respecto de las categorías excluidas y la medida en que aplica o se propone aplicar el Convenio a tales categorías.
Artículo 3
A los efectos del presente Convenio, las expresiones «terminación» y «terminación de la relación de trabajo» significan terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.
Parte II. Normas de aplicación General
Sección A. Justificación de la terminación
Artículo 4
No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.
Artículo 5
Entre los motivos que no constituirán causa justificada para la terminación de la relación de trabajo figuran los siguientes:
a)la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo;
b) ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad;
c) presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las autoridades administrativas competentes;
d) la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social;
e) la ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad.
Artículo 6
1. La ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo.
2. La definición de lo que constituye una ausencia temporal del trabajo, la medida en que se exigirá un certificado médico y las posibles limitaciones a la aplicación del párrafo 1 del presente artículo serán determinadas de conformidad con los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio.
Sección B. Procedimientos previos a la terminación o en ocasión de ésta
Artículo 7
No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad.
Sección C. Recurso contra la terminación
Artículo 8
1. El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro.
2. Si una autoridad competente ha autorizado la terminación, la aplicación del párrafo 1 del presente artículo podrá variar de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.
3. Podrá considerarse que el trabajador ha renunciado a su derecho de recurrir contra la terminación de su relación de trabajo si no hubiere ejercido tal derecho dentro de un plazo razonable después de la terminación.
Artículo 9
1. Los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo y todas las demás circunstancias relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada.
2. A fin de que el trabajador no esté obligado a asumir por su sola cuenta la carga de la prueba de que su terminación fue injustificada, los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio deberán prever una u otra de las siguientes posibilidades, o ambas:
a)incumbirá al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justificada para la terminación, tal como ha sido definida en el artículo 4 del presente Convenio;
b) los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para decidir acerca de las causas invocadas para justificar la terminación habida cuenta de las pruebas aportadas por las partes y de conformidad con los procedimientos establecidos por la legislación y la práctica nacionales.
3. En los casos en que se invoquen para la terminación de la relación de trabajo razones basadas en necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio, los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para verificar si la terminación se debió realmente a tales razones, pero la medida en que esos organismos estarán facultados también para decidir si esas razones son suficientes para justificar la terminación deberá determinarse por los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 de este Convenio.
Artículo 10
Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada y si en virtud de la legislación y la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada.
Sección D. Plazo de preaviso
Artículo 11
El trabajador cuya relación de trabajo vaya a darse por terminada tendrá derecho a un plazo de preaviso razonable o, en su lugar, a una indemnización, a menos que sea culpable de una falta grave de tal índole que sería irrazonable pedir al empleador que continuara empleándolo durante el plazo de preaviso.
Sección E. Indemnización por fin de servicios y otras medidas de protección de los ingresos
Artículo 12
1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, todo trabajador cuya relación de trabajo se haya dado por terminada tendrá derecho:
a)a una indemnización por fin de servicios o a otras prestaciones análogas, cuya cuantía se fijará en función, entre otras cosas, del tiempo de servicios y del monto del salario, pagaderas directamente por el empleador o por un fondo constituido mediante cotizaciones de los empleadores; o
b) a prestaciones del seguro de desempleo, de un régimen de asistencia a los desempleados o de otras formas de seguridad social, tales como las prestaciones de vejez o de invalidez, bajo las condiciones normales a que están sujetas dichas prestaciones; o
c) a una combinación de tales indemnizaciones o prestaciones.
2. Cuando el trabajador no reúna las condiciones de calificación para tener derecho a las prestaciones de un seguro de desempleo o de asistencia a los desempleados en virtud de un sistema de alcance general, no será exigible el pago de las indemnizaciones o prestaciones mencionadas en el párrafo 1, apartado a), del presente artículo por el solo hecho de que el trabajador no reciba prestaciones de desempleo en virtud del apartado b) de dicho párrafo.
3. En caso de terminación por falta grave podrá preverse la pérdida del derecho a percibir las indemnizaciones o prestaciones mencionadas en el párrafo 1, apartado a), del presente artículo por los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio.
Parte III. Disposiciones complementarias sobre la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos
Sección A. Consulta de los representantes de los trabajadores
Artículo 13
1. Cuando el empleador prevea terminaciones por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos:
a)proporcionará a los representantes de los trabajadores interesados, en tiempo oportuno, la información pertinente, incluidos los motivos de las terminaciones previstas, el número y categorías de los trabajadores que puedan ser afectados por ellas y el período durante el cual habrían de llevase a cabo dichas terminaciones;
b) de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, ofrecerá a los representantes de los trabajadores interesados, lo antes posible, una oportunidad para entablar consultas sobre las medidas que deban adoptarse para evitar o limitar las terminaciones y las medidas para atenuar las consecuencia adversas de todas las terminaciones para los trabajadores afectados, por ejemplo, encontrándoles otros empleos.
2. La aplicación del párrafo 1 del presente artículo se podrá limitar, mediante los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio, a los casos en que el número de trabajadores cuya relación de trabajo se prevea dar por terminada sea por lo menos igual a una cifra o a un porcentaje determinados del personal.
3. A los efectos del presente artículo, la expresión «representantes de los trabajadores interesados» se aplica a los representantes de los trabajadores reconocidos como tales por la legislación o la práctica nacionales, de conformidad con el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971.
Sección B. Notificación a la autoridad competente
Artículo 14
1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, el empleador que prevea terminaciones por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos las notificará lo antes posible a la autoridad competente, comunicándole la información pertinente, incluida una constancia por escrito de los motivos de las terminaciones previstas, el número y las categorías de los trabajadores que puedan verse afectados y el período durante el cual habrían de llevarse a cabo dichas terminaciones.
2. La legislación nacional podrá limitar la aplicabilidad del párrafo 1 del presente artículo a los casos en que el número de trabajadores cuya relación de trabajo se prevea dar por terminada sea por lo menos igual a un número o a un porcentaje determinados del personal.
3. El empleador notificará a las autoridades competentes las terminaciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo con un plazo mínimo de antelación a la fecha en que se procederá a las terminaciones, plazo que será especificado por la legislación nacional.
Parte IV. Disposiciones finales
Artículo 15
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 16
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 17
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 18
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 19
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 20
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
Artículo 21
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a)la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 17, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 22
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
Libros disponibles
