Señora presidenta: no es causal que en esta sesión se estén tratando casi simultáneamente algunos proyectos. Por lo menos tres de ellos –el del sistema ferroviario, el de la prevención de la siniestralidad en las rutas y la iniciativa en tratamiento forman parte de un mismo modelo político.
Primero, tuvimos un comportamiento distinto. Hemos acompañado el convenio, que seguramente la próxima semana será seguido por la ley vial. Pero es consecuencia de un modelo que ha decidido privilegiar en algunos rubros la inversión a industrias de consumo. Por ejemplo, a sectores de la industria automotriz. Ello ha derivado en que el 80 por ciento o más de los pasajeros y mercaderías en nuestro país sean trasladadas por el trasporte automotor, aunque sin la inversión suficiente en materia de infraestructura como para que ese sistema de transporte vial tenga la seguridad que debería tener.
Además, eso lleva a un proceso de concentración política, porque los sectores tanto empresarios como sindicales vinculados a ese modelo son favorecidos con cargos políticos y beneficios sindicales muy importantes en un sistema de alianzas concentrado, que es lo que nosotros cuestionamos.
Este proyecto tiene un texto; para justificarlo hay un discurso, pero tanto el texto como el discurso se torna abstracto si no consideramos cuáles son los actores y cuál es el sentido político para aplicar el proyecto. Es decir, no se puede escindir un modelo de beneficio fiscal para determinadas inversiones de los actores concretos de carne y hueso que son los beneficiarios de un proyecto , y del modelo de concentración económica al que están tributando.
Por eso, si bien voy a cuestionar brevemente el proyecto desde el punto de vista de los efectos económicos, el eje de dicho cuestionamiento está dirigido a la política. Un gobierno legítimo tiene absoluta autoridad no es lo que discutimos para determinar qué tipo de beneficio fiscal quiere aplicar.
El proyecto establece un régimen de excepciones, modalidades, plazos, cupos fiscales determinados, un sistema de garantías, mecanismos de incumplimiento, etcétera. Esto está fuera de cuestión pues el gobierno tiene autoridad para hacerlo; el problema es a qué matriz de inversión está sirviendo. Allí es donde uno empieza a observar, por ejemplo en los fundamentos del proyecto, que se propone alcanzar un desarrollo que equilibre las asimetrías interregionales e intersectoriales.
Como este proyecto prorroga un sistema anterior, es posible y necesario anticipar ciertos efectos de esta iniciativa ponderando los efectos que tuvo durante el período anterior.
No voy a reiterar algo que señaló la señora diputada Sesma sobre la concentración geográfica. Tres provincias explican el 96 por ciento de los montos beneficiados durante el período 2004/2007. La más importante de ellas es la provincia de Chubut, y eso se justifica por las exportaciones de Aluar. Ahora bien, cuando uno mira el ejercicio cerrado en junio de 2007 de las ventas al exterior de Aluar, advierte que 112.4 miles de toneladas corresponden a aluminio primario; 46.6 miles a productos semielaborados y 1.6 miles toneladas contra 112 miles de producto en bruto a productos elaborados.
Es decir que uno de los efectos de esta ley es eximir impositivamente, además de la política de subsidios que ya fue reiteradamente descripta, y beneficiar fiscalmente a un grupo económico que exporta mineral en bruto en lugar de elaborarlo para generar empleo genuino, uno de los requisitos enunciados en sus fundamentos. Por eso digo que una cosa es el texto leído por el señor miembro informante y otra, a qué política está aplicado ese proyecto en términos concretos y cuáles son los actores que se benefician.
Otro de los objetivos perseguidos es el cupo para las pequeñas y medianas empresas. Si el proyecto establece un cupo total de mil millones de pesos al año y 200 mil pesos destinados a Pymes es decir una quinta parte , los efectos reales de la ley vigente en el período anterior demuestran que solamente fueron direccionados a las Pymes 2.58 % del total de los montos asignados. Entre las empresas beneficiadas podemos mencionar, por ejemplo, Cargill, Molinos, Dreyfus –todas empresas que exportan commodities, es decir, productos primarios no elaborados que se benefician con los precios internacionales y el tipo de cambio y no con una matriz de inversión alternativo , Toyota, Volkswagen, es decir, industrias automotrices que hay que desarrollar pero que tienen que ver con el modelo de inseguridad vial por ausencia de verdaderas inversiones en infraestructura que mencionábamos al principio.
Entre aquellas favorecidas empresas también se encuentra Aceitera Deheza. Ya se mencionó aquí la concentración del poder fuerte en Roberto Urquía, senador de la Nación por una de las provincias más importantes del país, precisamente la suya, señora presidenta, que no solamente concentra uno de los consorcios exportadores de productos no elaborados más importantes sino también a Ferrovías como mecanismo de transporte y además tiene asignado el ciento por ciento de la explotación del consorcio Gecor, que forma parte de los fideicomisos gasíferos sospechados por el caso Skanska y que también están beneficiados por este proyecto.
En resumen, señora presidenta, no voy a negar las consecuencias de la primera etapa de este modelo. Sería necio de mi parte y sería desleal conmigo mismo si no admitiera los síntomas de recuperación económica que tuvieron lugar durante los últimos años. Sin duda alguna, aquí se detuvo la caída libre, el ritmo vertiginoso de exclusión. Por lo menos yo personalmente debo reconocerlo.
Indudablemente hubo un proceso de recuperación industrial; más recuperación que crecimiento porque no responde estrictamente a este “modelo de transformación” que algunos colegas del oficialismo plantean. Sino que tiene mucho que ver con el efecto rebote por la utilización de la capacidad ociosa a partir de la recesión sostenida que vivió la Argentina durante los años anteriores.
También hubo un aumento de la cantidad de puestos de trabajo, aunque indudablemente eso tiene un techo en términos de cantidad y además está signado por la precariedad, por el trabajo informal y en negro y por todos los factores negativos que conocemos.
El problema es que si después de este ciclo de recuperación se persiste en un modelo de alta concentración, no hay forma de modificar la brecha distributiva.
Es cierto que ha habido algunos aumentos exiguos en materia de jubilaciones, que si bien no terminan de permitir una mayor recuperación adquisitiva a la jubilación, indudablemente son aumentos. También es verdad que ha habido paritarias que plantearon determinados aumentos salariales. Pero si uno compara esto con las mega ganancias de estos grupos concentrados que se benefician con la política de subsidios y de beneficio fiscal de este gobierno, la brecha distributiva en lugar de achicarse se agranda. Recibe algunas migajas el sector de abajo pero aumenta la distancia entre los deciles más altos de ingreso y el más bajo, porque estos reciben migajas y aquellos aumentan la mega ganancia. Esa brecha social se interrumpe con una reforma tributaria y con una ley de coparticipación federal, que la presidenta y el castigado ministro de economía ya dijeron que no va a haber. También se interrumpe con un modelo de inversión alternativo que rompa este esquema de concentración y de negociados de grupos económicos que persiste en este segundo ciclo del gobierno. Este es el cuestionamiento político que hago.
Entonces, hay cuestionamientos al texto y a los efectos económicos, pero básicamente al modelo de concentración económica y política al cual se aplica este proyecto de exenciones impositivas.
El modelo que cuestionamos –por eso los temas que tratamos en la sesión de hoy están relacionados tiene que ver con el trípode Ricardo Jaime, Julio De Vido y Hugo Moyano. Cuando las cargas se trasladan por las rutas a través del transporte de pasajeros y de camiones y no por la vía del ferrocarril que no se quiere arreglar porque detrás hay un proyecto político , ello implica poder económico. También constituyen poder económico los aportes que van al sector sindical que ese dirigente representa, a cambio de que le ponga límites a la pauta salarial a discutir en paritarias después de su visita con la presidenta. En el mismo sentido, la acumulación de cargos políticos en la jefatura de la CGT y del partido Justicialista en detrimento de la personería gremial por ejemplo de la CTA que fue justamente reclamada y rechazada por la presidenta de la Nación.
Es a este trípode de negociados económicos altamente concentrados que nosotros nos oponemos liminarmente con este proyecto que se está tratando.
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