Señor presidente: en primer lugar quiero ratificar la posición del bloque del ARI en el sentido de que las plantas no deben construirse, ya que se trata de construcciones que implican una altísima e irreparable contaminación integral del ambiente en la región.
Es justa la pretensión de lograr una medida cautelar que detenga en lo inmediato la construcción de las mismas. La República Oriental del Uruguay ha violado los aspectos que aquí fueron mencionados acerca del tratado suscripto con la Argentina. Además, la posición de nuestro país se enmarca en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que pone en un primer nivel el derecho humano fundamental de vivir en un ambiente sano, y es para todos los habitantes de la Nación; después voy a hacer hincapié en la palabra “todos”.
Si la construcción de las plantas no ha avanzado más y este conflicto llegó a tener el nivel de conocimiento público y de nacionalización que ha tenido, en términos positivos, ha sido fundamentalmente gracias a la sostenida movilización del pueblo de Gualeguaychú, del de la zona de Fray Bentos y de toda la provincia de Entre Ríos.
Esa es la base conceptual de nuestra posición. Pero me parece que la dimensión que ha tomado el conflicto nos obliga a tratar el tema, no el proyecto. Porque si fuera por el proyecto, debemos mencionar que la iniciativa simplemente dice que el gobierno debe hacer lo que por el artículo 60 del Tratado del Río Uruguay se comprometió a hacer. No era necesario montar un escenario de política de Estado para hacer lo que dispone este artículo de un tratado firmado hace treinta años.
Si la necesidad, si el camino correcto, es trazar una política de Estado, lo que hay que hacer es escuchar, es buscar consenso y tratar de abrir camino para la ampliación de un marco conceptual sobre el cual el gobierno ha encarado este problema y que a nosotros nos parece incorrecto.
Delinear una política de Estado no significa no querer correr una coma de donde se está parado y decir que si los demás quieren, firmen, y si no, traicionan la política de Estado y debilitan la posición argentina. Esa responsabilidad le corresponde al que gobierna, al que detenta la mayoría, al que tiene la iniciativa política y a quien en definitiva va a asumir la representación del interés nacional.
Por lo tanto, en función de fortalecer una política de Estado hemos presentado un proyecto alternativo que contempla la solicitud de una medida cautelar, la legitimación activa de la provincia de Entre Ríos y obviamente la interposición del recurso ante el Tribunal de La Haya, pero amplía mucho más el marco para sacar este conflicto del falso eje de la confrontación entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. El Tribunal de La Haya es la máxima instancia que otorga el derecho internacional, pero solamente legitima presentaciones entre Estados, y éstas son muy peligrosas porque se mueven en la lógica de la escalada, donde un país para defender el interés nacional debe llegar a un punto de intransigencia que resiente la relación estratégica. Allí es donde nosotros vemos una de las principales deficiencias conceptuales en la forma en que el gobierno está encarando este problema y por eso tratamos de fortalecerla y de llenar los vacíos dejados por estos flancos de debilidad.
La otra cuestión, que seguramente luego abordará la señora diputada Maffei con más profundidad, es que un Estado se debilita mucho al acudir a un tribunal internacional pidiendo un determinado estándar que todos compartimos en materia de política ambiental pero que no es respetado en la integralidad de sus políticas ambientales internas.
La señora diputada Maffei va a solicitar el tratamiento urgente de un proyecto de su autoría por el que se establece un plan integral de defensa del medio ambiente, que debe ser además trasladado a nivel regional en el marco del acuerdo de política ambiental del Mercosur.
Nuestra posición es absolutamente constructiva, pero al mismo tiempo tiene que ser responsable, porque el país ha tenido contradicciones jurídicas que no se van a conocer por lo que nosotros digamos aquí.
En las reuniones de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto -como lo señalaba su presidente, el señor diputado Argüello- estuvo presente el canciller y luego el gobernador de la provincia de Entre Ríos. Como básicamente me interesa centrarme en la política nacional, quiero señalar que el mensaje que se dio -no el contenido- fue que se hizo todo lo que había que hacer y en forma correcta.
Repito hasta el cansancio que rechazamos esa construcción, que pensamos que hay que detenerla con la medida cautelar porque las plantas contaminan, que es de aplicación el artículo 41 de la Constitución Nacional y que se debe sostener la movilización del pueblo de Entre Ríos. Esto se encuentra fuera de discusión. El problema es el contexto.
Es cierto lo que dijo el ex canciller, hoy diputado nacional, cuando negó la existencia de cualquier acuerdo escrito. Es público y notorio -no porque lo digamos acá, pues figura en los diarios del Uruguay desde hace mucho tiempo- que existe una respuesta por escrito del jefe de Gabinete en la que se hace alusión a la firma de un acuerdo. Esto fue negado y se atribuyó a un error. El ex canciller Bielsa niega ese capítulo que afirma el jefe de Gabinete, y yo sinceramente le creo al ex canciller, es decir, pienso que no existe un acuerdo escrito. Lo que menciona el ex canciller el 14 de abril de 2004 en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto es que hubo un contacto verbal con el canciller de Uruguay en ese momento. Esto hay que entenderlo en el marco de los hábitos de la diplomacia y de la ejecución concreta de la política exterior. Si no, alguien podría pensar que hubo un diálogo del siguiente tenor: “señores, a ver qué hacemos con esto, a ver si monitorean”. Digamos que no hay acuerdo escrito pero el acuerdo verbal tampoco es una conversación de amigos. Hay intercambio de notas, minutas, y hay lo que conceptualmente se denomina non papers, que son papeles no firmados, y que por lo tanto no adquieren la plenitud del valor jurídico para ser presentados como prueba, pero que indican la lógica de cómo se mueve la política exterior de un país. Y la lógica de esos acuerdos no firmados no es la lógica de “paralicemos hasta” sino la de “construyan pero”, porque está planteando etapas, mencionando expresamente el proceso de construcción.
Por eso, nosotros pensamos que lo que hizo el gobierno -que ahora está tratando de ordenar y fortalecer- no solamente no estuvo bien sino que se hizo de manera insuficiente, incorrecta y tardía. De aquí para adelante hay que tratar de llenar los flancos de debilidad que deja una eventual presentación argentina ante una instancia internacional.
La otra cuestión del entorno político es en qué etapa está el proceso de integración, porque esto hay que encuadrarlo en un tiempo y espacio históricos. En América latina nosotros venimos de tres décadas perdidas, y digo “décadas perdidas” porque es un concepto que acuñó la CEPAL en los años 80 para hablar de la cuestión económica. Pero los 80 se pierden como década desde el punto de vista económico porque los 70 se pierden como década desde el punto de vista político; y la consecuencia de las décadas perdidas de los 70 y de los 80 es la década perdida de los 90 en materia social, es decir, en lo relativo a la ampliación de la brecha social.
Hoy, en la década de 2000, tenemos un contexto de condiciones objetivas inmejorables. Tenemos dos décadas de continuidad de gobiernos elegidos. No me animo -esta es una cuestión opinable que deberá abordarse en otro contexto- a decir “gobiernos democráticos”, porque creo que una cosa es votar y otra, decidir. De todos modos, lo cierto es que tenemos continuidad de dos décadas de gobiernos electos. Asimismo, tenemos expansión monetaria y crediticia, liquidez, crecimiento de las principales economías mundiales y un entorno favorable en materia de precios de los productos que son preponderantes en nuestro comercio exterior. Y tenemos un desprestigio -espero que irreversible- del Consenso de Washington y de las recetas neoliberales.
Entonces, uno se pregunta: teniendo un contexto favorable en materia política, económica y de promedio cultural de nuestras sociedades, ¿qué es lo que pasa que hemos llevado la integración a este momento de crisis en el que se encuentra? Lo que sucede es que no se aprovechó ese contexto favorable de las condiciones objetivas desde un liderazgo intelectual, cultural y político para obtener como resultado un proceso de integración en expansión y no en crisis. Cuando no tenemos relación estratégica o existe un vacío de relación estratégica, la conflictividad de la región toma ella misma el nombre de la relación. Por eso la relación con Brasil por un lado está representada por los gasoductos, pero por otro por las heladeras; la relación con el Uruguay tiene que ver con la pasta de celulosa. A este contexto me quiero referir. No hemos hecho algo bien o a tiempo, y hemos llegado a este conflicto. No estoy hablando de la cuestión jurídica a la que recién se refirió el señor diputado Argüello, sino a un entorno político que nos impide resolver las contradicciones jurídicas.
Hasta hace muy poco estuvo en cartelera una película llamada Good bye Lenin, en la que se reflejaba la vida de una familia de la ex Unión Soviética. La protagonista principal era la jefa de un hogar, quien contrae una enfermedad y se ve sumida en un sueño profundo por varios meses. Lo interesante de la película es que ella se queda dormida con un sistema político imperante, y luego de varios meses despierta y se encuentra con otro sistema político, ideológico y económico. Lo que trata de resumir esa película es cómo afecta la conciencia de esa persona el desfase que se produjo en su país.
Me acordé de la película porque nuestro presidente actual tuvo actitudes que me llevan a compararlo con lo que ocurrió en la pantalla. Si uno se hubiera sumido en un sueño profundo unas semanas antes de las elecciones que consagraron a Tabaré como presidente uruguayo y hoy se despertara no lo podría creer. Salvando las diferencias de escala sería el mismo efecto que le produjo a la protagonista de la película.
Se elimina la frase: Les voy a pedir perdón por la informalidad y la liviandad con la que me voy a manifestar. Nuestro presidente, con razón, no se hablaba con el presidente uruguayo de aquel momento, que era Batlle. Si hay alguien que simboliza los años 90 entre nosotros, el consenso de Washington y una visión de alineamiento con los Estados Unidos, tenemos que hablar del ex presidente Batlle. En cambio, nuestro presidente recibía al candidato del Frente Amplio, que era Tabaré. Incluso, el doctor Kirchner tenía un claro mensaje: “Si yo fuera uruguayo votaría a Tabaré; voy a conceder asueto y voy a financiar el viaje de los miles de votantes uruguayos que viven en nuestro país para que tengan incidencia en el proceso eleccionario uruguayo votando a Tabaré.”
Alguien me podría decir: ¿qué culpa tiene la Argentina si esto hoy ocurre en Uruguay? Eso no es así. Debemos ser coherentes. Hace un año pensábamos que podíamos tener incidencia en la política uruguaya, porque contamos con un PBI de 140 mil millones de dólares. Sin duda que podíamos incidir en un país que cuenta con 13 mil millones de dólares de ingreso nacional.
Cuando nuestro presidente no se hablaba con Batlle pero recibía a Tabaré la campaña contra el Frente Amplio en Uruguay no era sucia. Era espeluznante. Por televisión la propaganda del Partido Blanco y del Partido Colorado estaba reflejada en una pregunta: “¿Usted dejaría en manos de un tupamaro el Ministerio de Defensa?” Luego aparecían en las imágenes muertos, armas, etcétera. Realmente era increíble que ocurriera eso después de haber tenido Uruguay cuatro presidentes democráticos. La razón de ser del Frente Amplio consistía en romper el cerco de la política tradicional uruguaya, a tal punto que el Frente Amplio ganó numéricamente la penúltima elección, pero la perdió en la segunda vuelta debido a que se armó un gobierno de coalición entre los blancos y colorados con tal de que no pudiera ganar el Frente Amplio.
Resulta que nuestra protagonista rioplatense de la película se acuesta con un entorno y se encuentra con que hoy no le contestamos al presidente uruguayo una carta, a pesar de que lo hubiéramos votado si hubiésemos sido uruguayos. Y el ex presidente Batlle piensa lo mismo y baja la misma línea política que Mario Benedetti. Algo se habrá hecho mal, no en el problema jurídico del Tratado del Río Uruguay, sino en el proceso político de integración.
¿Sabe, señora presidente, cómo está hoy la integración en este punto de la política ambiental? El ministro de Medio Ambiente de Paraguay inició una demanda formal ante la fiscalía de su Estado por la contaminación de la papelera argentina de Puerto Piraí en la provincia de Misiones.
Indudablemente la Argentina tiene una posición de alianza estratégica, pero en algunos puntos de recelo con Brasil por la preponderancia en el Mercosur y por el liderazgo regional. Por ello es la primera que tendría que haber adoptado una estrategia con los dos socios menores para tratar de reestablecer de algún modo el equilibrio perdido por la preeminencia que Brasil tiene en relación con la Argentina. Sin embargo, tenemos una demanda de Paraguay, no nos podemos hablar y hemos galvanizado a la opinión pública uruguaya. Me refiero a la opinión pública de quienes firmaron en su momento los acuerdos, los que hasta ayer nos estaban diciendo que el Primer Mundo exporta tecnología desechable y contaminante porque no permite aplicarla en sus propios países. Hoy la está aplicando un gobierno de centro izquierda en la República Oriental del Uruguay. Algo habrá hecho la República Argentina como socio mayor para resentir este proceso de integración.
Para decirlo sintéticamente, existen tres niveles en materia de integración económica: el inferior es el de la zona de libre comercio, la eliminación de las barreras internas; el segundo es la unión aduanera, que es la que establece el arancel externo común, y el tercero es el mercado común, es decir, la coordinación de políticas macroeconómicas, la instauración de una autoridad monetaria común en función de políticas financieras, una moneda única, etcétera. No sólo no estamos cerca del tercer nivel sino que nunca terminamos de cumplir con el segundo, y hoy estamos firmando un acuerdo para que ni siquiera exista perfeccionado el primero. Algo habremos hecho para poner a la integración regional en este contexto.
Algo habremos hecho para que Uruguay haya puesto en su agenda el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, en el sentido de no dar a Uruguay -como en su momento no dimos a Chile- un Mercosur de calidad.
Comparto lo expresado por el señor diputado Argüello respecto de que es muy discutible la competencia de los tribunales del Mercosur en esta materia, pero ahí está la prueba: el Mercosur ni siquiera ofrece una instancia judicial atendible para resolver estas controversias.
¿Qué es lo que se busca con esto? Se adoptó una posición correcta. Tal como lo sostuve en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, lo bueno hay que reconocerlo. La integración energética es buena; hay que continuarla y profundizarla. La posición en la cumbre latinoamericana respecto del ALCA fue buena, aunque hay que profundizarla, pero está amenazada. Porque como los Estados Unidos no puede conseguir un ALCA total firma pequeños ALCAs bilaterales con los países más débiles de la región de tal manera de cercarlos, y ya conocemos los efectos que tienen los tratados de libre comercio.
Otra discusión que queda pendiente es saber si realmente América latina tiene gobiernos que en nombre de la izquierda no están adoptando políticas de otro signo. Estamos viendo al gobierno socialista de Chile firmar el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, no para concederles preferencias comerciales porque arancelariamente son compatibles, sino directamente abrirles la cuenta de capital, cuando ellos tenían control de la entrada y salida de capitales financieros, liberar el régimen de propiedad intelectual y de patentes y poner en igualdad de condiciones a los Estados Unidos con Chile para las compras públicas del gobierno.
Estos son los contenidos profundos que debemos analizar y en los que algo habremos hecho para que en este contexto histórico favorable estemos en un proceso de crisis de la integración.
Carlos Raimundi:La Corte de La Haya contempla la legitimación jurídica de los Estados, es decir, lleva natural y racionalmente a la confrontación entre Estados, es decir, la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, cuando la verdadera línea divisoria -y lo decimos nosotros en nuestro proyecto que fue firmado por la totalidad de nuestro bloque, y después lo señalará la señora diputada Maffei- no es entre Estados que están amenazados. Lo que está en juego es que los conflictos hoy ya no son por el predominio político sobre el territorio ni el mayor poder regional en sí mismo; son por los recursos escasos del planeta. Por lo tanto, esta situación está modificando los paradigmas productivos del siglo XX y de la modernidad. Me refiero a las reservas de agua dulce, a los territorios con fuertes áreas cultivables y baja densidad de población y a las fuentes de energía renovable. En ese sentido, Argentina y Uruguay tienen que estar juntos para defender lo propio, de un lado y del otro del Río Uruguay.
Este conflicto es entre los intereses regionales, las poblaciones civiles y los derechos humanos fundamentales a vivir en un ambiente digno, por un lado, y por otro los intereses financieros del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y todos los conglomerados económicos que están aventando esta controversia entre naciones. Esa es la línea divisoria, y en ese sentido existen muchos mecanismos que este proyecto de declaración, que seguramente será aprobado por mayoría, no contempla.
Tampoco contempla esta iniciativa el hecho de que cuando un juez de La Haya analice una demanda en defensa de un estándar ambiental que compartimos y por el que luchamos -pediremos oportunamente el tratamiento perentorio de una iniciativa-, seguramente dirá que no puede fallar a favor del doble estándar. Como bien señaló el señor diputado Argüello, el artículo 41 de la Constitución Nacional habla de todos los habitantes de la Nación Argentina, a lo que yo agregaría de las dos márgenes del Río Uruguay. Hablemos de la Argentina pero hagámoslo todos, los de Rafael Calzada, en el conurbano; los que toman agua con uranio en Ezeiza; los que toman agua con nitrato en Lomas de Zamora; los que se contaminan con el cianuro para la explotación del oro en las minas de Esquel, y también de la política minera que permite la contaminación de las provincias cordilleranas de nuestro país.
Por lo tanto, hasta que la Argentina no presente un plan integral en materia de desarrollo ambiental, recurrirá a La Haya en condiciones de absoluta debilidad por el doble estándar en política ambiental, que sería inadmisible en cualquier tribunal internacional, y también por el doble estándar político; no por las contradicciones que podamos tener aquí, porque una cosa es lo que dice el gobernador de una provincia de la Mesopotamia y otra muy distinta las que dicen y hacen otros gobernadores del mismo signo político de otras provincias de la Argentina.
Quiero plantear una última reflexión. Más allá de las circunstancias jurídicas, debe mantenerse el único elemento que fortalece la posición argentina: la movilización de la sociedad civil de la provincia de Entre Ríos. Cuidado; esperemos que no pase, pero recurrir al máximo tribunal implica desechar las instancias intermedias, y cuidado a los que con toda buena intención representan esta movilización porque el día de mañana pueden decirles: “Llegamos hasta el último recurso, hicimos lo que nos pidieron; ahora, detengan los cortes”. Entonces, el motivo de todo este escenario no habrá sido una política de Estado en materia ambiental sino la desmovilización, que es lo que preocupa fuertemente a las autoridades argentinas.
Creemos que es una causa justa. No vamos a votar en contra del proyecto del gobierno, porque no se puede fisurar la posición argentina en el exterior bajo ningún punto de vista, pero no podemos estar a favor de los puntos vulnerables. Existen mecanismos que el gobierno podría adoptar y no lo hace, junto con un manejo insuficiente, incorrecto y tardío del contexto político que enmarca esta situación. (Aplausos.)
