Sr. Raimundi.- Señora presidenta: voy a tratar de ser muy breve. Quiero informar que compartiré mi tiempo con los otros firmantes de uno de los dictámenes de minoría.
En primer lugar, quiero rescatar el valor que el debate tuvo en todo este proceso, porque partimos de posiciones absolutamente encontradas.
La primera señal que llega al Parlamento es un pedido de aprobación de un acta acuerdo que hubiera sido insostenible para los sectores de la oposición, para el propio gobierno, para la negociación con la empresa y para el sostenimiento del servicio.
Ese acta acuerdo fue desechada, rechazada y reemplazada por un buen proyecto de ley elaborado en base al mayor consenso posible. En el otro extremo estaba el rechazo total.
Después de estos dos meses y de varias etapas de debate parlamentario se ha estrechado mucho el margen de disidencia; es menos significativo porque el Congreso asume el valor del rescate por parte del Estado de un servicio esencial, como es la aeronavegación, mientras que lo que estamos discutiendo son diferentes tipos de expropiación.
Otro punto en común planteado en el proyecto de ley y en todas las intervenciones que sostienen el espíritu de esta iniciativa es que la sociedad argentina no puede ni debe pagar deudas que no le correspondan.
Me parece que eso ha sido producto de un debate encarado desde el principio de la buena fe. Nosotros estamos trabajando en este proyecto y en todos los demás con coincidencias, disidencias y críticas. En algunos casos hemos estado de acuerdo; en otros no, y no lo vamos a estar, pero siempre partimos del principio de la buena fe.
El segundo aspecto que quiero rescatar, siendo coherentes desde la primera hasta la última letra que figura en las versiones taquigráficas de nuestras intervenciones en el recinto y en las comisiones, es que este proceso se ha venido desenvolviendo en tres andariveles. Uno es el legislativo, donde la tarea fue encomiable tanto en la discusión del proyecto anterior que derivó en la ley 26.412 como en la tarea realizada por la comisión bicameral.
Existe un andarivel judicial, porque hay causas abiertas tanto en la Argentina como en el exterior. Entiendo que deben adquirir una relevancia mucho mayor que las que han tenido hasta ahora. También está el andarivel eminentemente político, que lo desarrolla el Poder Ejecutivo.
En ese andarivel político es donde han existido, existen y seguirán existiendo negociaciones que a nosotros desde el Parlamento –máxime tratándose de un bloque opositor nos exceden.
Esas negociaciones políticas –voy a reafirmar algo que habíamos planteado entendemos que deberían gozar de la confianza del bloque oficialista.
A mí también me tocó en alguna oportunidad ser miembro del bloque oficialista de un gobierno. La verdad que más bien fue una etapa no digo olvidable, pero sí para recoger una serie de enseñanzas y no repetirla.
Es absolutamente entendible que el bloque parlamentario oficialista tenga confianza por la forma como negocie su gobierno. Vamos a ser sinceros: compartimos el rescate estatal, ayudamos a mejorar el proyecto anterior, pero no nos merece absolutamente ninguna confianza la negociación que puedan llevar adelante algunos funcionarios. Es decir que si a mí me dijeran que este proceso va a estar a cargo de Lisandro de la Torre, estaría tranquilo. Pero si está en manos del ministro De Vido y del secretario Jaime, que le tenga confianza el bloque oficialista. Nosotros no nos hacemos cargo de esa negociación.
Pero si a nivel parlamentario tenemos que acompañar algunas iniciativas por haber sido contempladas en el proyecto –como recién señalaba el señor diputado West no tienen que figurar sólo en los discursos, sino que deben figurar en el texto de la norma, para hacer bien estricto el margen de maniobra de los funcionarios que después van a continuar la negociación.
Siendo coherentes con lo que veníamos diciendo, nosotros no íbamos a rechazar el proyecto de expropiación del oficialismo. No lo íbamos a hacer por dos razones. En primer término, para no debilitar el papel del Estado y, en segundo lugar –debo ser absolutamente sincero , porque el proyecto primitivo de la oposición planteaba la quiebra con la continuidad de la empresa. A nosotros nos parecía inviable. Nos sigue pareciendo negativo. Y este otro proyecto de la minoría de plantear la expropiación de algunos activos y de otros no nos da la impresión de que segmenta de tal manera el proceso de expropiación que mayor incertidumbre jurídica genera en el proceso.
Por lo tanto, para no dejar duda alguna de que tenemos una distancia inconmensurable con esos proyectos de la oposición, no íbamos a votar en contra del proyecto oficial. En un principio íbamos a hacer una utilización política de la abstención. Es decir, rescatar el valor simbólico de la abstención, consistente en no apoyar los proyectos de la oposición, pero también plantear nuestras dudas en relación con el proyecto oficial.
Para eso presentamos un dictamen de minoría que contempla dos o tres puntos muy específicos. No voy a leer todo el dictamen, sino mencionar los conceptos: la formulación de un plan general de negocio; que el organismo que resulte de ello tenga representación federal y contemple la situación de las provincias más dependientes de la navegación aérea –a esto después se va a referir en particular el señor diputado Gorbacz, porque la provincia emblemática en este sentido es la de Tierra del Fuego; se trata de una situación que debe ser contemplada ; y también marcábamos la necesidad de que no se dijera solamente que la Argentina no iba a pagar lo que no corresponda, sino que se expresara en la norma. Para eso había que establecer de manera expresa que el Estado nacional se iba a ocupar de discriminar los pasivos que provenían de las operaciones habituales de la empresa, como pagar un repuesto, cualquiera de los servicios que implica el mantenimiento o el combustible de los aviones, pero que de ninguna manera se iban a asumir en nombre de la sociedad pasivos fraudulentos o dolosos, resultantes del mal manejo del anterior administrador.
Los argumentos serían los mismos que el Poder Ejecutivo utiliza en las primeras dieciséis páginas del proyecto que envió en julio de este año, donde describe todos los desfalcos cometidos por el actual administrador de la empresa durante su gestión.
Estos motivos son más que suficientes para que el Estado argentino, primero, discrimine pasivos y, segundo, intervenga en todas las causas judiciales, civiles, comerciales y penales, vigentes o a iniciarse en el país o en el exterior, a fin de establecer las responsabilidades que correspondan y para que la sociedad argentina no pague lo que no debe.
Si, como acaba de señalar el señor diputado West, estos principios estuviesen contemplados de manera explícita en el proyecto final, nosotros cambiaríamos nuestra posición de abstención por la de acompañamiento a este proceso, confiando en que la empresa va a tomar un nuevo destino histórico –que nunca debió haber perdido- en manos de un Estado presente, activo y transparente, el que no es otra cosa que la representación política de la sociedad.
Solicito que el resto de mi tiempo lo puedan utilizar los demás firmantes del dictamen.
En primer lugar, quiero rescatar el valor que el debate tuvo en todo este proceso, porque partimos de posiciones absolutamente encontradas.
La primera señal que llega al Parlamento es un pedido de aprobación de un acta acuerdo que hubiera sido insostenible para los sectores de la oposición, para el propio gobierno, para la negociación con la empresa y para el sostenimiento del servicio.
Ese acta acuerdo fue desechada, rechazada y reemplazada por un buen proyecto de ley elaborado en base al mayor consenso posible. En el otro extremo estaba el rechazo total.
Después de estos dos meses y de varias etapas de debate parlamentario se ha estrechado mucho el margen de disidencia; es menos significativo porque el Congreso asume el valor del rescate por parte del Estado de un servicio esencial, como es la aeronavegación, mientras que lo que estamos discutiendo son diferentes tipos de expropiación.
Otro punto en común planteado en el proyecto de ley y en todas las intervenciones que sostienen el espíritu de esta iniciativa es que la sociedad argentina no puede ni debe pagar deudas que no le correspondan.
Me parece que eso ha sido producto de un debate encarado desde el principio de la buena fe. Nosotros estamos trabajando en este proyecto y en todos los demás con coincidencias, disidencias y críticas. En algunos casos hemos estado de acuerdo; en otros no, y no lo vamos a estar, pero siempre partimos del principio de la buena fe.
El segundo aspecto que quiero rescatar, siendo coherentes desde la primera hasta la última letra que figura en las versiones taquigráficas de nuestras intervenciones en el recinto y en las comisiones, es que este proceso se ha venido desenvolviendo en tres andariveles. Uno es el legislativo, donde la tarea fue encomiable tanto en la discusión del proyecto anterior que derivó en la ley 26.412 como en la tarea realizada por la comisión bicameral.
Existe un andarivel judicial, porque hay causas abiertas tanto en la Argentina como en el exterior. Entiendo que deben adquirir una relevancia mucho mayor que las que han tenido hasta ahora. También está el andarivel eminentemente político, que lo desarrolla el Poder Ejecutivo.
En ese andarivel político es donde han existido, existen y seguirán existiendo negociaciones que a nosotros desde el Parlamento –máxime tratándose de un bloque opositor nos exceden.
Esas negociaciones políticas –voy a reafirmar algo que habíamos planteado entendemos que deberían gozar de la confianza del bloque oficialista.
A mí también me tocó en alguna oportunidad ser miembro del bloque oficialista de un gobierno. La verdad que más bien fue una etapa no digo olvidable, pero sí para recoger una serie de enseñanzas y no repetirla.
Es absolutamente entendible que el bloque parlamentario oficialista tenga confianza por la forma como negocie su gobierno. Vamos a ser sinceros: compartimos el rescate estatal, ayudamos a mejorar el proyecto anterior, pero no nos merece absolutamente ninguna confianza la negociación que puedan llevar adelante algunos funcionarios. Es decir que si a mí me dijeran que este proceso va a estar a cargo de Lisandro de la Torre, estaría tranquilo. Pero si está en manos del ministro De Vido y del secretario Jaime, que le tenga confianza el bloque oficialista. Nosotros no nos hacemos cargo de esa negociación.
Pero si a nivel parlamentario tenemos que acompañar algunas iniciativas por haber sido contempladas en el proyecto –como recién señalaba el señor diputado West no tienen que figurar sólo en los discursos, sino que deben figurar en el texto de la norma, para hacer bien estricto el margen de maniobra de los funcionarios que después van a continuar la negociación.
Siendo coherentes con lo que veníamos diciendo, nosotros no íbamos a rechazar el proyecto de expropiación del oficialismo. No lo íbamos a hacer por dos razones. En primer término, para no debilitar el papel del Estado y, en segundo lugar –debo ser absolutamente sincero , porque el proyecto primitivo de la oposición planteaba la quiebra con la continuidad de la empresa. A nosotros nos parecía inviable. Nos sigue pareciendo negativo. Y este otro proyecto de la minoría de plantear la expropiación de algunos activos y de otros no nos da la impresión de que segmenta de tal manera el proceso de expropiación que mayor incertidumbre jurídica genera en el proceso.
Por lo tanto, para no dejar duda alguna de que tenemos una distancia inconmensurable con esos proyectos de la oposición, no íbamos a votar en contra del proyecto oficial. En un principio íbamos a hacer una utilización política de la abstención. Es decir, rescatar el valor simbólico de la abstención, consistente en no apoyar los proyectos de la oposición, pero también plantear nuestras dudas en relación con el proyecto oficial.
Para eso presentamos un dictamen de minoría que contempla dos o tres puntos muy específicos. No voy a leer todo el dictamen, sino mencionar los conceptos: la formulación de un plan general de negocio; que el organismo que resulte de ello tenga representación federal y contemple la situación de las provincias más dependientes de la navegación aérea –a esto después se va a referir en particular el señor diputado Gorbacz, porque la provincia emblemática en este sentido es la de Tierra del Fuego; se trata de una situación que debe ser contemplada ; y también marcábamos la necesidad de que no se dijera solamente que la Argentina no iba a pagar lo que no corresponda, sino que se expresara en la norma. Para eso había que establecer de manera expresa que el Estado nacional se iba a ocupar de discriminar los pasivos que provenían de las operaciones habituales de la empresa, como pagar un repuesto, cualquiera de los servicios que implica el mantenimiento o el combustible de los aviones, pero que de ninguna manera se iban a asumir en nombre de la sociedad pasivos fraudulentos o dolosos, resultantes del mal manejo del anterior administrador.
Los argumentos serían los mismos que el Poder Ejecutivo utiliza en las primeras dieciséis páginas del proyecto que envió en julio de este año, donde describe todos los desfalcos cometidos por el actual administrador de la empresa durante su gestión.
Estos motivos son más que suficientes para que el Estado argentino, primero, discrimine pasivos y, segundo, intervenga en todas las causas judiciales, civiles, comerciales y penales, vigentes o a iniciarse en el país o en el exterior, a fin de establecer las responsabilidades que correspondan y para que la sociedad argentina no pague lo que no debe.
Si, como acaba de señalar el señor diputado West, estos principios estuviesen contemplados de manera explícita en el proyecto final, nosotros cambiaríamos nuestra posición de abstención por la de acompañamiento a este proceso, confiando en que la empresa va a tomar un nuevo destino histórico –que nunca debió haber perdido- en manos de un Estado presente, activo y transparente, el que no es otra cosa que la representación política de la sociedad.
Solicito que el resto de mi tiempo lo puedan utilizar los demás firmantes del dictamen.
