La inescrupulosa actitud de los grupos de poder frente al proceso económico tiene que ver con dos planos de cuestionamiento. En lo concreto, la pérdida de algunos negocios y privilegios. Y en lo general, con un histórico litigio entre modelos. Una disputa entre dos concepciones de la política, de la economía, del Estado y de la sociedad.
Mi pretensión no es opinar desde la perspectiva de un economista que no soy, sino reflexionar en términos políticos sobre algunos comportamientos económicos.
Entre sus objetivos, el proceso iniciado en 2003 procura recuperar el Estado. No sólo en términos patrimoniales, es decir, con las AFJP, Aerolíneas, YPF, sino en términos de autonomía: romper con la práctica de que en cada escritorio, cada armario, cada oficina del Estado, uno se encontraba con resoluciones tomadas a la medida de los grupos económicos que históricamente lo cooptaron, ya se trate de una exportadora, un laboratorio o una corporación mediática. Y esto da mucho trabajo, en la medida que arrastrábamos décadas de un Estado vaciado, falto de decisión política, de entrenamiento y de eficiencia.
Para esto, hacen falta recursos. El desendeudamiento, la autonomía financiera, el superávit comercial, son medidas esenciales a sostener y consolidar en el tiempo.
Para poner en números el peso de los servicios de la deuda, en 2001, el Gobierno pagó 10 mil millones de dólares sólo por intereses, mientras que en 2013, pagará menos de la mitad entre intereses y capital, y con una economía 100% más grande.
Otro punto saliente es el control de cambios. Es justo reconocer las razones que han tenido los ahorristas para refugiarse en el dólar como reserva de valor, en un país que en poco más de 20 años había devaluado su moneda en más de un millón de veces.
Pero reconocer las razones que lo justifican, no obsta sostener que el atesoramiento en dólares es perjudicial para el país. En este tema, como en otros, no hay que estar a la defensiva tratando de explicar por qué no es tan malo el control de cambios: hay que pasar a la ofensiva –no como ofensa, sino como iniciativa– y afirmar, enfáticamente, que es una decisión excelente y que llegó para quedarse.
¿Y cómo nos defenderemos de la pérdida de valor de nuestro peso?, preguntarán. Y aquí caben dos respuestas. Una primera, de carácter general, es que por primera vez en décadas, el Estado acumula un volumen de reservas tal, que le permite absorber sin riesgo cualquier corrida generada por un grupo económico. Esto, sumado a la actividad sostenida del mercado interno, preservan a nuestra economía de aquella histórica pérdida de valor.
La segunda es la búsqueda de posibilidades reales de ahorro cuyo rendimiento supere la depreciación del peso. Los bonos-YPF, la nueva regulación que deriva en una gran apertura del Mercado de Valores, la exigencia del BCRA a los bancos privados para que destinen a la inversión productiva el 5% de sus carteras prestables, la obligación de invertir en el sistema productivo para las Aseguradoras, y otras opciones que surgirán, seguramente, de la ampliación y diversificación de la estructura productiva, como la construcción de viviendas y ensanche de las vías ferroviarias, constituyen verdaderas opciones en detrimento del dólar, que tendrán que ir afianzándose, cambiando nuestra memoria, y desplazando a la moneda estadounidense como reserva de valor en nuestra cultura económico-financiera.
La regulación de divisas se extendió, también, a la compraventa de inmuebles usados y suntuarios a estrenar, mercado habituado a operar en dólares. Pese a las presiones de las cámaras inmobiliarias, la firmeza del gobierno hará que en no mucho tiempo la actividad se recupere, operando plenamente en moneda argentina. Aun así, la prioridad para la política oficial es la multiplicación de viviendas por vía de la construcción, de modo de atender simultáneamente a la demanda social de vivienda y de trabajo, así como a una producción industrial diversificada.
Otra vez en números redondos, nuestro país pasó de soportar una fuga de divisas cercana a los 22 mil millones de dólares en 2011, a menos de 4000 millones en el año siguiente. Esto, sumado al mayor control de las importaciones y el cambio de ciclo en la importación de combustibles debido a la recuperación de YPF, han contribuido a sostener la situación fiscal sin recurrir al endeudamiento externo, ni a desactivar el mercado interno ni disminuir la inversión pública, que son los objetivos de la oposición neoliberal.
El año 2012 ha sido fundamental en la toma de medidas de profundización del proyecto económico y social. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central le da a éste –entre otras– atribuciones para orientar el destino del crédito y la actividad bancaria en general, hacia los sectores productivos. Y los cambios recientes en el Mercado de Valores, lo sitúan como una posibilidad de ahorro para los sectores medios –ahorristas tradicionalmente no bursátiles– alternativa al plazo fijo bancario y el atesoramiento de dólares. Lo mismo cabe para la emisión de bonos de la empresa YPF.
Este conjunto de medidas tendientes a mantener e incrementar el nivel de actividad en un contexto de desaceleración internacional, ha ido acompañado de un incremento de precios superior al deseable. Pero, a diferencia de los recurrentes ciclos inflacionarios del pasado, este aumento de precios no corre el riesgo de desmadre de las variables macroeconómicas, precisamente, porque el Estado no depende de condicionalidades impuestas desde el exterior, es el principal tenedor de divisas, y mantiene un considerable superávit comercial.
En definitiva, las medidas adoptadas tienen una clara orientación en favor del empleo, el desarrollo industrial y la fortaleza del mercado interno. Si a eso se suma la decisión de no aceptar la extorsión de los llamados fondos-buitre, y el desarrollo de las instituciones regionales propuestas desde Unasur, acudimos a la consolidación de un proyecto nacional y popular, aún con todas las dificultades y pasos pendientes que podemos reconocerle.
Si el presente proceso no tuviera continuidad, eso implicaría la vuelta al FMI y a los ajustes estructurales. El poder necesita que el Estado fracase, pero no sólo desde el punto económico, sino cultural. Que la ciudadanía vuelva a descreer de él, para volver a dar paso a la apertura de los mercados, las privatizaciones, el endeudamiento externo.
Como en toda batalla cultural, adquiere relevancia la dimensión pedagógica de la política. No sólo la toma de medidas correctas, sino que los ciudadanos y ciudadanas las comprendan como medidas correctas y beneficiosas para sus propios intereses, al contrario de la prédica catastrofista. La presión que hace el poder financiero no tiene que ver con un supuesto respaldo a los pequeños ahorristas. Ellos utilizan a esos sectores medios, para hacer cundir un clima de malestar. Pero su verdadero objetivo es reabrir el mercado de divisas, y transferir libremente sus pingües ganancias a los paraísos fiscales. La disputa no es por la cotización del dólar, sino por quién fija los precios de la economía argentina, si ellos, o el gobierno popular.
Hay veces que la historia ofrece más de una alternativa donde ubicarnos. En otros momentos, como el presente, no hay más que una opción. Ser el puente de plata para el regreso del nefasto proyecto neoliberal, o –aún con sus imperfecciones y cuentas pendientes– profundizar un modelo autónomo, nacional y popular, en beneficio de aquellas mayorías sociales reiteradamente postergadas, y con el propósito de edificar, definitiva e irreversiblemente, una sociedad igualitaria.