Carlos Raimundi sostiene que asistimos a un proceso acelerado de descomposición del gobierno nacional que se acentúa con la gravedad macroeconómica que vive el país, con el saqueo a los bolsillos de jubilados y trabajadores, y con la brutalidad de la represión directa que hace falta para contener el descontento social.

 

Por Carlos Raimundi*

(para La [email protected] Eñe)

 

Asistimos a un proceso acelerado de descomposición del gobierno, que uno no desea en el sentido de que lo mejor para un país es tener buenos gobiernos. Pero, lamentablemente, lo sabíamos desde un principio, en cuanto vimos su orientación general. Con las recientes experiencias vividas por la Argentina, era imposible no vaticinar lo que iba a suceder.

        

El jueves 14 de diciembre nos recordó mucho al año 2001. El vallado del Congreso, la represión, la violencia en la calle, nos refrescó aquellas jornadas desgraciadas. La diferencia, si es que se pudiera extraer un saldo favorable -da un poco de pudor pensar que de un día como ese se puede sacar un saldo favorable- es que en aquel momento la consigna que dominaba la escena era “que se vayan todos”. El Congreso estaba vallado porque el pueblo no se sentía representado por ningún espacio político, se trataba de un desencanto generalizado. Hoy, en cambio, vemos bancadas que después de tanta mala experiencia –con desertores, incluso, de las listas del FpV de 2015- hay muchos legisladores y legisladoras incuestionables. Especialmente en el universo de Unidad Ciudadana o Frente para la Victoria, pero también hay cierta coherencia en las bancadas de la izquierda. En ese sentido hay una diferencia a favor.

 

En lo que sí se nota una descomposición acelerada es que en 2001 De la Rúa obtuvo sólo el 11% de los votos en la provincia de Buenos Aires en la elección de octubre, y no mucho más en el país. A diferencia de eso, el macrismo fue el espacio nacional más votado. Pero se excedió en la euforia con que leyó ese resultado, y actuó con una brutalidad que el Pueblo, inclusive muchos de sus votantes, no está dispuesto a soportar. Este 14 de diciembre, la ferocidad de la represión fue una clara muestra del daño que infringe la ley a votar.

 

¿Cómo puede seguir levantando la bandera de la legitimidad, de la credibilidad, de la confianza, un gobierno que nada menos que para quitar derechos, trastoca los plazos parlamentarios, apresura sesiones intempestivamente, reconoce un quórum sospechoso, levanta de sorpresa la sesión a pedido de una sola legisladora, amaga sancionar un decreto y lo suspende por un tweet que le sugiere volver atrás. Todo esto lo pone en un lugar sumamente incómodo respecto de la confiabilidad. Queda claro que no hay estrategia. Y, no obstante el macrismo actúa a pedir de los mercados, estos vaivenes, más la brutal represión, no operan favorablemente entre las consultoras y posibles inversores.

        

El gobierno ha situado a la economía en un problema gravísimo: colosal endeudamiento combinado con colosal fuga de capitales. Necesita llenar ese agujero fiscal y recurre a los sectores más vulnerables. A esto se suma el fracaso de la reunión de la OMC y la demora del acuerdo con la Unión Europea. Porque el capitalismo vocifera en favor del libre comercio, pero la recesión mundial obliga al proteccionismo y la retracción de las inversiones.

¿Se dirá que tienen legitimidad de origen? Sí. Pero la condición de ser un gobierno democrático no la da el solo hecho de haber sido votado. Una vez votado, un gobierno mantiene su legitimidad en tanto y en cuanto sostenga un modelo de inclusión, de dignidad, de respeto por los derechos civiles, políticos y económicos. En tanto y en cuanto no mienta ni manipule la voluntad popular expresada en las urnas.

        

Un breve balance a dos años de haber asumido, nos permite ver con toda claridad que todo esto se ha violado. Macri planteó tres grandes ejes: combatir el narcotráfico, eliminar la pobreza y unir a los argentinos. Y respecto de cada uno de ellos tomó el camino inverso al que demanda su cumplimiento. Para “combatir el narcotráfico”, toma el camino inverso geopolítica y socialmente. En lo geopolítico, porque se asocia a la DEA, que precisamente proviene del país donde se multiplica exponencialmente el valor las sustancias, lo cual incentiva el negocio, el enriquecimiento ilegal y el lavado de dinero, que toman como rehenes a los países periféricos. Y en lo social, porque cuanto más se precarizan las condiciones de vida, mejor caldo de cultivo se forma para la penetración del crimen organizado. Para “eliminar la pobreza”, disminuye la inversión social y abre las importaciones para destruir la industria y el empleo, quita derechos a trabajadores activos y pasivos y establece tarifazos descomunales. Y para “unir a los argentinos”, recurre a una escalada represiva que creíamos históricamente superada y amordaza a la prensa que discrepa, además de actuar con el cinismo descarado de proclamar que lo hace en nombre de la paz social y el consenso.

 

¿Tiene margen todavía el gobierno para seguir actuando en el sentido que lo hace? Sí, pero no por el modelo que aplica. Sino gracias a su mayor mérito, que fue actuar profesional, inteligente y capilarmente sobre el campo de interpretación simbólica de una parte significativa de la sociedad, permeable al slogan de “la pesada herencia” recibida. Cuando, en realidad, es precisamente gracias al país que recibió, gracias a los sueldos y jubilaciones más altos de la región, y a uno de los menores niveles de endeudamiento del mundo, que no se arribó aún al límite de la sangría social. Pero llega un momento en que los estragos sociales del modelo son tan ostensibles, que no hay blindaje mediático que los soslaye.  

 

¿Todo esto se define ya? No, pero el camino está iniciado: la gravedad macroeconómica está convergiendo cada vez más con el saqueo a los bolsillos de jubilados, trabajadores, sectores medios, y la brutalidad del ajuste está convergiendo cada vez más con la brutalidad de la represión directa que hace falta para contener el descontento. Más allá de cuánto tarde, son elementos que van indicando la degradación progresiva.

        

El gobierno macrista apelará a recursos cada vez más extremos, y por tanto cada vez menos creíbles. Como desacreditar la reivindicación de los jubilados asociándola con la violencia de grupos organizados. Por eso, aunque sabemos que el campo popular es por naturaleza pacífico, debemos mantener la movilización activa, pero en paz, sin provocar ni responder provocaciones.

        

Como sostuvimos en más de una oportunidad, esa bomba de tiempo iba a hacer eclosión cuando se encontraran las coordenadas de lo macroeconómico con lo cotidiano. En ese punto de bifurcación cambia el clima social. Nadie puede anticiparse a este tipo de procesos y experiencias que sólo el pueblo puede protagonizar, salvo haber advertido, haber sido coherentes en oponernos, y en haber sentado las bases para que la movilización se encauce pacíficamente hacia el retorno del modelo inclusivo.

 

Por último, estos excesos del gobierno van delineando nuestra unidad. Ellos mismos se encargan de configurar la nueva mayoría social y política, que, cuanto más sólida sea, mejor podrá respaldar las fuertes políticas de reparación inmediata que requiere el desastre y el saqueo generalizado que la oligarquía le está perpetrando, una vez más, al país.

 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017

 

 

*Ex diputado FpV, secretario general del Partido SI.