La contrarreforma neoliberal ha montado en la región un sistema pseudo-institucional a partir de un núcleo de poder fáctico formado por grupos financieros, cadenas de medios y un brazo judicial, por lo cual el cuestionamiento a los actuales “sistemas democráticos” merece un profundo debate.

 

Por Carlos Raimundi*

(para La [email protected] Eñe)

 

A la luz de lo que está aconteciendo en América Latina, en el marco de una disputa global de poder, esto es, golpes blandos, desconocimiento de resultados electorales, persecución de los líderes, recrudecimiento del aparato represivo, quita estrepitosa de derechos como la reforma laboral de Brasil o el congelamiento de inversión social en su propia Constitución, mentiras sistemáticas de las grandes cadenas de medios, lo que está en juego es la propia legitimidad de la democracia tal como la conocemos. 

Si, aún con sus imperfecciones y contradicciones, la democracia es la voz del pueblo, quedan en pie en la región muy poquitos resortes democráticos. Mi hipótesis es que está en crisis pensar que la voz del pueblo se expresa a través de las instituciones liberales que estuvieron vigentes durante los dos últimos siglos y medio de capitalismo. Eso es lo que está en crisis.

 

En reiterados casos, el pueblo se ha expresado y posteriormente hubo golpes de Estado, como en Honduras en 2009, Paraguay en 2012 o Brasil en 2016. O apagones informáticos como en las recientes PASO en Argentina o en la última elección presidencial en Honduras. O giros dramáticos como el de Ecuador, pese al pronunciamiento electoral.

 

Para que los poderes fácticos no den golpes de Estado –ya sean duros o blandos- tiene que votarse por sus candidatos, como en Argentina 2015, porque el golpe se había dado antes a través de una descomunal campaña mediática de alcance no sólo nacional sino internacional, y de una sucesión de intentos de golpes de mercado.

 

De lo que se trata es recuperar la legitimidad popular de los gobiernos, que expresen efectivamente la voluntad y los intereses populares, mayoritarios. Y que no se avasallen los derechos esenciales de las minorías. Pero ese objetivo no se reduce al puro acto comicial. Al calor de lo acontecido, hay que analizar profundamente cómo se llega al acto comicial, y todo lo que sucede después.

 

Por ejemplo, se fuerza a los candidatos a un supuesto debate previo. Pero en el caso de la Argentina 2015, fue organizado por organismos que luego se demostró pertenecían a las fuerzas neoliberales. Además, el formato del debate impide expresar en profundidad las propuestas de cada uno. Y por último, no establece sanciones si en ese debate se miente descaradamente sobre lo que se propone, con relación a lo que efectivamente se realiza. Sumado a esto, si bien existe legalmente el financiamiento igualitario de la publicidad en radio y televisión, el desbalance de recursos se nota en la presencia en las redes –que no está regulada- y fundamentalmente en los programas políticos, poblados por los candidatos afines a los intereses de las empresas periodísticas. Es decir, una disparidad manifiesta.

 

Además, es necesario mantener la distinción entre la legitimidad de origen de un gobierno -esto es, la formalidad del comicio- y su legitimidad de ejercicio. Si durante el ejercicio se tergiversa lo expresado en campaña, se aniquilan derechos, se refuerza la represión al disconforme, se somete al dispositivo judicial, se encarcela sin condena ni causa, se solventan campañas difamatorias y persecutorias que digitan los mecanismos informativos, las maneras de titular, los climas sociales, ¿adónde queda la legitimidad democrática?

 

Es decir, lo que se ha montado en la región es un sistema pseudo-institucional a partir de un núcleo de poder fáctico formado por grupos financieros, cadenas de medios y un brazo judicial, en el que la representación política pasa a ser una cuestión de segundo orden, ejercida por piezas intercambiables, en tanto cumpla el cometido de subordinarse a ese núcleo de poder central.

 

¿Es correcto entonces hablar de sistemas democráticos? No, no lo son. Son sistemas en donde, para aplastar la voluntad de los pueblos, jugar con sus derechos y hacer que sus conquistas no entorpezcan la tasa de ganancia de los monopolios, el poder real hoy no recurre a los mismos resortes que hace un par de décadas, que eran fundamentalmente las fuerzas militares, sino que ha reemplazado esa fuerza de choque por otras más sofisticadas, por el momento menos crueles físicamente, pero de consecuencias no menos graves. La estructura de poder es la misma, el objetivo es el mismo, el modelo de saqueo económico y ajuste social es el mismo.

 

Lo que está en cuestión es la palabra misma democracia, no porque yo reniegue de ella, sino porque creo que estamos en una etapa en que las fuerzas populares tenemos que  resignificarla. La democracia, entendida como la voz del pueblo, no se puede sostener desde estas instituciones.

Debemos repensar los sistemas electorales. Los institutos electorales demo-liberales deben convivir con instituciones de poder popular más directas, que representen otros mecanismos de expresión y organización de los pueblos.

 

No es en vano que los dos modelos que más resisten en América Latina los embates del capital financiero globalizado, el de Venezuela y el de Bolivia, son los que actuaron con más profundidad sobre el sistema institucional, con la creación de instituciones de poder popular. Con el reconocimiento de formas de propiedad colectiva, cooperativa, solidaria, colaborativa, que complementan la pura propiedad privada liberal. Y con la jerarquización de sistemas jurídicos innovadores y con cambios en el modo de elegir a los jueces y tribunales, que enriquecen el sistema del liberalismo clásico.

 

Es decir, han construido un entramado ente política y pueblo, entre líderes populares y pueblo, que dificulta el embate de los poderes fácticos. Cada situación nacional tiene sus características. Honduras, Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador o México, del cual no debemos olvidarnos. Pero, en todos los casos, los poderes fácticos se encargan de adulterar la voluntad de los pueblos, de reducir sus derechos, de maximizar sus siderales ganancias, de manejar nuestros recursos estratégicos a como dé lugar, eso sí, escondidos siempre entre los pliegues que el sistema liberal, la llamada “institucionalidad” vigente les permite. Siempre bajo un ropaje supuestamente “democrático”.

 

Siempre calificando peyorativamente de populistas a los líderes populares, siempre asociándolos con el atraso, la incivilización y el anti-republicanismo. Aunque la civilización es limitar la fuerza con el derecho y ellos quitan derechos por la fuerza. Aunque la república sea administrar la “cosa pública”, y ellos lo privatizan todo y lo monopolizan todo.

 

Es por todo esto que estoy convencido de que tenemos que hacer un cuestionamiento muy profundo a la etapa institucional que está viviendo América Latina, y ofrecer ese debate a otras regiones del mundo.

 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017

 

 

*Ex diputado FpV, secretario general del Partido SI.