La [email protected] Eñe convocó a diversas personalidades de la vida política, intelectual y jurídica, para analizar la más reciente aberración en materia de Derechos Humanos, impulsada por la Alianza Cambiemos: La consulta popular para decidir la libertad de Milagro Sala.

Texto y producción: Conrado Yasenza

Milagro Sala lleva once meses detenida en el penal del Alto Comedero. Milagro Sala es una presa política en la Argentina de la “revolución de la alegría”. Una presa personal del Leviatán Morales. El 16 de enero de 2016 su vivienda fue allanada por fuerzas policiales sin identificación, y Milagro, en una escena de dramatismo político no vista en 32 años de vida constitucional ininterrumpida, hizo pública, in situ, su detención a través de twitter. De allí en adelante, una tortuosa sucesión de hechos aberrantes buscaron quebrar física y psicológicamente a Milagro, uno de los símbolos de la organización popular.

El punto terrorífico fue el asesinato de Nelson Cardozo, detenido en penal de Gorriti. El joven era sobrino de Alberto Cardozo, uno de los presos políticos vinculados a la Tupac Amaru. El Servicio Penitenciario de Jujuy informó que se trataba de un suicidio pero según el informe oficial realizado por el médico forense del Poder Judicial jujeño, Guillermo Robles Ávalos, Cardozo falleció producto de golpes recibidos “en el cuerpo y la cabeza”. Segundo Soria, el abogado que defendió a Cardozo mientras estuvo preso, agregó que “los golpes que tiene en el cuello, que son marcas, fueron realizados post mortem, es decir que quisieron disimular el asesinato y hacerlo pasar como que se había ahorcado”. Es decir, fue asesinado y luego colgado en su celda para simular un suicidio. El asesinato de Nelson Cardozo habría sido el resultado de una dura sesión de tortura para que el joven militante inculpara a Milagro Sala en diversos delitos a cambio de la libertad. Cardozo se negó y fue golpeado hasta que murió.

Recordemos por qué fue detenida Milagro Sala, quien además posee fueros que impiden su arresto ya que es parlamentaria del Mercosur. La detención de la dirigente de la Tupac Amaru se produjo tras haber sido denunciada por el gobernador jujeño Gerardo Morales, quien la acusó de "instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real", por el acampe que la Red de Organizaciones Sociales realizó frente a la Gobernación, el 14 de diciembre de 2015 y que se prolongó por dos semanas. Esta detención fue el prólogo de una serie de causas que el radical Morales afirmó tener como ases bajo la manga para perpetuar el encierro de la militante social.

En el mes de octubre de 2016, el “Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria" de Naciones Unidas, comunicó que "la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria" y solicitó "al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato".

El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, se sumó al pedido de la ONU y solicitó a través de una carta pública, la “urgente liberación” de la líder de la Tupac Amaru.

El viernes 1° de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó por la inmediata liberación de Milagro Sala. En el comunicado difundido por la CIDH "urge al Estado de Argentina a dar pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que califica la detención preventiva de Milagro Sala como arbitraria llamando a su liberación inmediata"

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a través de su presidente Horacio Verbitsky, consideró que el informe emitido por el Grupo de Trabajo de la ONU puso en marcha “un mecanismo vinculante que debe cumplirse”, y remarcó que “el Estado argentino tiene que emitir una respuesta tras la resolución de este organismo de la ONU. No es una cuestión del gobierno de Jujuy, cuyo gobernador (Gerardo Morales) viene diciendo muchas cosas desde que Milagro (Sala) está detenida”.

Morales, aliado del gobierno Nacional, reaccionó ante la sugerencia de la ONU afirmando que "es bastante liviana la opinión porque afirmar que está presa por el acampe y desconocer que se robaron 29 millones de pesos, que hemos visto todos los argentinos, no se ajusta a la verdad". En una exhibición de misoginia explícita y de violación a la división de funciones que estipula el sistema republicano y democrático, el gobernador dijo "No voy a liberar a esa mujer". Por otra parte, la hipérbole de Morales sobre la visión de todos los argentinos, vuelve risible lo expresado. El gobernador es además un profundo ignorante, desconocedor de la lógica aristotélica.

La reacción del presidente de la Nación fue aún más desopilante. Al cerrar el “retiro espiritual” realizado en Chapadmalal, Mauricio Macri hizo gala de un esencialismo primitivo para defender la detención arbitraria de Milagro Sala: “Nos ha parecido que había una serie de delitos importantes que ameritaban que hubiese causas”. El operativo “linchamiento público” se puso en marcha.

¿Quiénes avalan ese parecer que el presidente recoge? Aquí se manifiesta la estrategia que define el ataque final contra la libertad de Sala. Trece diputados del gobierno de Jujuy, un número considerable para una legislatura pequeña, presentó un proyecto de ley para que se realice una consulta popular que determine por sí o no sobre la libertad de Milagro Sala, violando la normas constitucionales básicas del Estado de Derecho y del Estado Democrático de Derecho. El pueblo no puede deliberar sobre cuestiones que desconoce y que están sujetas a legislaciones específicas y a la esfera de la actividad parlamentaria. Tampoco puede ser consultado en un contexto político de miedo y presión sobre quienes tienen una valoración positiva de la obra social, política y militante, desarrollada en Jujuy por la organización Tupac Amaru. La fuerte campaña mediática contra la diputada del Parlasur, es otro hecho que invalida esa consulta; el resultado de ella podría ya estar contenido en el seno de la sociedad jujeña cooptada por la acción de los medios de comunicación. La iniciativa presentada es del jefe del Bloque Primero Jujuy, Marcelo Nasif, hombre del vicegobernador Carlos Haquim, del Frente Renovador, quien además vincula las acciones de la ONU y la OEA como consecuencia "de profundos lobbys que han llevado a cabo funcionarios, políticos y periodistas de la Administración anterior”. Otra vez la idea nefasta de la Campaña Anti-argentina. Grave y absurdo a la vez.

Un dato no menor que explica el visceral encono hacia la irrupción de la Tupac Amaru, es haber puesto en relieve la alternancia política entre el peronismo y radicalismo jujeños, cuyo resultado fue el abandono y desatención de los sectores más vulnerables de la provincia. Un tópico: Gobiernos para ricos. Adrián Berardi lo explica en profundidad en una muy buena nota publicada en la revista Anfibia (Por qué Jujuy, Por qué Milagro http://www.revistaanfibia.com/ensayo/porque-jujuy-porque-milagro/). Berardi sostiene que “la hegemonía electoral del PJ, su fragmentación interna y la debilidad de la UCR de trasladar su oposición a un resultado electoral amplio, permitió que primero el FGE (Frente de Gemios Estatales) y luego las organizaciones de desocupados se hicieran de la representación de los sectores populares. En cierto punto, fue el propio régimen político quien configuró la grieta por donde se comenzó a filtrar un nuevo tipo de militancia sindical y de base, separada de los partidos políticos, que se reforzaría en la década del noventa con el surgimiento de una nueva militancia social”.

Esta nota se propone indagar sobre el amenazante laboratorio jujeño donde se ensaya la instalación de un Estado de excepción que puede llegar a nacionalizarse, como lo demuestran las declaraciones del Presidente sobre el parecer de los argentinos y las del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien defendió la detención de Sala al considerar que es” discutible" el señalamiento sobre la falta de independencia de la justicia jujeña. "El sistema judicial y todos los jueces independientes no son un sistema instalado por el gobernador sino que viene de la administración anterior", argumento falaz ya que  Morales amplió el número de integrantes del Superior Tribunal provincial de cinco a nueve y designó entre sus nuevos miembros a dos de los diputados radicales que votaron la ley de ampliación, a saber, Pablo Baca y Beatriz Altamirano.

En los límites de la simulación y el cinismo que expone el gobierno de derecha de la Alianza Cambiemos, la república se encuentra asediada por el mundo plebeyo, negro, indio y popular; asedio que habilita la posibilidad de la prisión por motivos políticos, con el sólo argumento de los pareceres que suplantan todas las instancias nacionales e internacionales sobre la presunción de inocencia y la defensa a los Derechos Humanos. La salvación de esa republiqueta para blancos-puros es la cárcel al malón.

La discrecionalidad de la justicia jujeña – y no es una excepción provincial – se evidencia en el inicio del juicio a Milagro Sala, junto a dos dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales, Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra, por presuntas amenazas coactivas y daño agravado, con diferencias en cuanto al grado de participación que le cupo a cada uno de ellos en los hechos imputados. El daño agravado que se le imputa a Milagro es un “escrache” a Morales en el que se le arrojaron huevos. Sala no estuvo presente y la acusación proviene de dos testigos que fueron aportados por el gobernador Morales. Mientras el juicio por los huevazos comienza, el Tribunal Oral Federal conformado por los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Santiago Díaz, realiza una sola audiencia semanal en el juicio de la causa Tumbayá, en el que hay 15 imputados por crímenes de lesa humanidad por l o s cuales las víctimas esperan justicia desde hace más de 40 años, y es el mismo Tribunal que postergó cinco meses el inici o del juicio por la Noche del Apagón que debía comenzar el 6 de octubre. Así lo manifestó la defensa de Milagro Sala.

El corolario es la propuesta de consulta popular – que se asemeja a una suerte de linchamiento medieval - para decidir la libertad de Milagro Sala.

La [email protected] Eñe convocó a diversas personalidades de la vida política, intelectual y jurídica, para analizar la más reciente aberración en materia de Derechos Humanos, impulsada por la Alianza Cambiemos.

E. Raúl Zaffaroni. Ex juez de la Suprema Corte de Justicia. Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires.

En verdad, pocas veces se ha visto en la Argentina un despropósito jurídico semejante, y pensar que no han faltado. El primer despropósito lo dijo el Presidente de la República, cuando justificó la prisión preventiva de una persona porque mucha gente la considera culpable. Todos sabemos que estamos sometidos a un monopolio de medios audiovisuales, de modo que esos medios pueden difundir la imagen de cualquier ciudadano como delincuente y, como la gente lo cree, debe estar en prisión preventiva. En síntesis: la justicia funciona según "Clarín". 

Los considerandos del proyecto aberrante no pueden ser más lamentables: estigmatiza a todos los organismos internacionales, afirma injustificadamente que no hicieron nada con las 30.000 desapariciones de la Argentina. ¿No se acuerda el distraído legislador que hubo una visita de la Comisión Interamericana (la misma que ahora estigmatiza) en 1979, y que significó una divisoria de aguas importantísima? ¿Se acuerda que ante la Comisión declararon el Escribano Bittel y Herminio Iglesias? Sus despectivas palabras que importan acusarla ahora de "intromisión" en asuntos jujeños o argentinos, trae a la memoria las calcomanías que en ocasión de la visita de la Comisión en 1979 se pegaban en los taxis: "Los argentinos somos derechos y humanos". Triste memoria, por cierto, que renueva esta insólita iniciativa, donde el "nacionalismo" (o localismo) se despierta para decir "con los Derechos Humanos nos arreglamos nosotros, interpretándolos como queremos, los de afuera no se metan". Recuerdo también un ignoto juez de la Provincia de Buenos Aires que, ya ratificada la Convención Americana, dijo en una sentencia que no regía en la Provincia de Buenos Aires. Obviamente, los disparates siempre abundaron.

Desde la historia resuena el grito "Guillotina, guillotina" en tiempos de Robespierre, resucitado por esta iniciativa que redescubre la "justicia popular" de las mal llamadas "democracias plebiscitarias", que de "democracias" nunca tuvieron nada, porque la regla de oro de toda democracia es el respeto a la minoría, que implica respeto a la mayoría, pues le garantiza el derecho a cambiar de opinión. 

Leí recientemente, un mail del colega Dr. Julio Maier, en el que decía que sería bueno proponer otro plebiscito, pero de nivel nacional, preguntando a la opinión de todo el país si consideran que Morales debería seguir como gobernador de Jujuy. No deja de ser lamentable que debajo de algunas de las firmas del proyecto se leyese "U.C.R.". ¿Es el mismo partido de Alem, de Yrigoyen y de Alfonsín? ¿O es otra cosa?  

Aunque no vale la pena recordarlo, porque todos lo leímos en el secundario y porque a los protagonistas no les interesa saberlo, no sobra recomendar una relectura de la última parte del artículo 18º de la Constitución Nacional: "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice". Espero que los legisladores no argumenten que la Constitución se refiere a las "cárceles de la Nación" y no de la Provincia de Jujuy. Les recuerdo que este texto proviene de Manuel de Lardizabal, cuyo librito llevaba el Gral. San Martín en su mochila.  

Horacio González. Ex Director de la Biblioteca Nacional. Sociólogo y ensayista

En la edición de Página/12 de hoy (15 de diciembre) Horacio Verbitsky escribe una magnífica ironía sobre lo que ocurriría en un país donde cuestiones fundamentales de justicia o de vida cotidiana (gustos, formas de sociabilidad cotidiana, etc.) se decidieran por plebiscitos. Sería una justicia rápida cercana al linchamiento pero con papeletas puestas en una urna. Se pasaría totalmente por alto la institucionalidad, por más pobre que sea, de la justicia. Bien podría ser denominada como fascistioide esta modalidad, en el sentido de que el plebiscito, una instancia legítima cuando se trata de diferendos sobre los que no hay legislación previa e involucra a países o dentro de países, como la legalización de la marihuana o temas sobre los que hay querellas sin que exista previa armazón legal. También cuando la legislación que hay es restrictiva o anacrónica. No ocurre ninguna de estas situaciones en el caso de Milagro Sala, donde el encarcelamiento es una medida originada en una decisión política de un gobernante, que se adjudicó la potestad de encarcelar a sus opositores como una “lettre a caché” que emitían lo reyes antes de la Revolución Francesa. Es una “presa personal” de otra persona investida (por eso mismo) de poderes arbitrarios. De ahí que esta situación no pueda resolverse plebiscitariamente. Abriría la puerta a que un conjunto de temas –todos los que trata el parlamento y todos los que son motivos de las luchas políticas-, se resolvieran de un modo que supone la aleatoriedad de una mayoría circunstancial, que si la hubiera, intentaría ser cosificada y eternizada. El macrismo puede definirse como el intento de santificar como cosa inmutable una mayoría supuesta en la opinión general. Es posible que en Jujuy la haya, de ahí la propuesta fascistoide. De ahí las declaraciones de Macri en el mismo sentido, porque en el corazón mismo de la presidencia anida este pensamiento arrasador de instituciones legales civilizatorios. Queda el vasto y grave tema de cómo se ha forjado en el país una mayoría eventual en torno a temas y formas de vida, donde una pulsión oscura arrasa con la antigua noción de intereses sociales colectivos explicitados en un horizonte de autorreflexión. Los movimientos populares deben examinar entonces estas encrucijadas, este nudo gordiano de la vida popular. La evidencia dice que ella posee muchas estrías internas. Y una de ellas, sus napas más subterráneas, esbozan signos mudos de un acatamiento a formas de penalidad directa basadas en la venganza, orden secreto que subyace siempre, auto moderado por las propias poblaciones cuando hay gobiernos que ponen en primer plano una forma legítima de la justicia. Entonces: o justicia legítima o linchamiento súbito, o con urnas electorales que se convertirían en la escritura sangrienta del leviatán.

Carlos Raimundi. Secretario Gral. Partido SÍ (Solidaridad e Igualdad), ex Diputado Nacional FpV

La agobiantemente prolongada e inadmisible detención de Milagro Sala es, junto a la derogación de leyes por decreto y el acoso judicial a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una muestra cabal de que el denominado Poder Judicial no actúa como esa pretendida figura de la división republicana de poderes, sino como una corporación en defensa de determinados intereses políticos y económicos. 

Junto a la demora e inacción judicial en los procesos de lesa humanidad que comprometen a Carlos Blaquier, esta detención habla a las claras de cómo esos intereses colonizan la proclamada independencia del poder judicial. 

La estrategia del poder real es clara. En la figura de Milagro Sala se concentran varios de los símbolos centrales del proyecto nacional y popular, y por eso hay que atacarlos, desgastarlos y destruirlos definitivamente, como lección de la historia por parte de los poderes hegemónicos a todo intento de volver a luchar por los derechos y la dignidad del Pueblo. El poder real necesita volver a "poner las cosas en su lugar". Los pobres en la pobreza, y que ni se les ocurra pensar en su ascenso social. 

Para ello, reitero, hay que no sólo erosionar a las personas, objetivo fundamental, sino también lograr la des-legitimación pública de lo que ellas representan. En el caso de Milagro, la militancia, la organización popular y el rol del Estado juntamente con esa organización popular como alianza indestructible. 

Todos los mensajes implícitos del poder mediático, en su misión de construcción simbólica, están orientados a destruir la cercanía del Pueblo con la Política, del Pueblo con el Estado y de los sectores medios con los sectores más humildes. Tres alianzas que tornarían indestructible al proyecto nacional y popular. Y permitirían no sólo la concreción de un gobierno popular, sino algo más ambicioso aún, un cambio de hegemonía por parte de un nuevo bloque histórico de poder. Eso es lo que no pueden tolerar. 

En cuanto al llamado a una consulta popular en Jujuy, eso se enlaza con los dichos de Macri en cuanto a que la mayoría coincide con que Milagro ha cometido delitos. Además de su inconstitucionalidad jurídica, pone al país al borde de la figura del linchamiento. Es un retroceso civilizatorio hacia la justicia por mano propia, la venganza. Una muestra más del odio hacia los humildes, promovido por los grandes factores de poder a través de sus aparatos ideológicos. Frente a ello, nuestro deber es la toma de conciencia y la movilización masiva en todos los niveles. 

Nuestro retorno al gobierno como proyecto nacional y popular deberá estar signado para consolidarse, entre otras intervenciones al poder monopólico, por una profunda reforma al sistema judicial argentino.

Nora Merlin. Psicoanalista (UBA). Magister en Ciencias Políticas (IDAES)

El presidente Mauricio Macri, afirmó que “la mayoría de los argentinos” respaldan la detención de Milagro Sala. Luego de este guiño presidencial surgió la inédita propuesta legislativa, comandada por el diputado oficialista Marcelo Nasif, de la "consulta popular por la continuidad del proceso judicial en prisión preventiva de la señora Milagro Sala", firmado por 13 legisladores de los bloques oficialistas que apoyan la gestión del gobernador Gerardo Morales.

Desde el psicoanálisis decimos que  estamos en presencia de un síntoma, es decir, una anomalía, algo que no anda. Todo síntoma tiene dos caras, por un lado expresa un mensaje a ser descifrado y por otro, comporta una modalidad de satisfacción.

La interpretación del mensaje, su enunciación, es que la justicia actual no es independiente sino que está sometida al poder político y que se declara impotente para resolver este asunto y que  debe pasar a consideración del pueblo. Sabemos que si se plebiscitan los derechos humanos significa que no hay derechos humanos para todos, presentan el caso Milagro Sala como una excepción, por fuera de los derechos humanos lo que la convierte en presa política.

Respecto de la satisfacción del síntoma vemos ponerse en juego acá una modalidad sádica que intenta dominar, actividad específica de la pulsión de muerte, habiendo una satisfacción en el odio y la venganza, que pone en riesgo a toda la cultura. El odio es disolvente de los vínculos, por lo que debe estar atenuado, limitado por el Estado y las instituciones, de lo contrario se vuelve al estado primordial de la sociedad: la horda fraterna, el poder del “macho” más fuerte y  la guerra. 

La política, el Estado y la Justicia no deben ser un simulacro sino tienen que custodiar el contrato social, deben ser  el sostén simbólico que garantiza la paz social.

Rodolfo Yanzón. Abogado. DDHH

A través de su resolución, la ONU afirmó que la Argentina violó los DDHH en el caso de Milagro Sala, especialmente en lo que hace a la imposición de una detención arbitraria y porque no existen garantías para que tenga un juicio justo, debido a la falta de independencia de los jueces en Jujuy, que responden al gobierno de Morales.

En ese contexto, la Argentina sólo puede acatar el informe y acceder al reclamo de libertad. El máximo responsable es el Estado Nacional, que debe activar todos los mecanismos necesarios para que las autoridades jujeñas acepten el reclamo. De lo contrario, debería disponer la intervención del poder judicial de la provincia y luego acatar la medida. Pero hasta ahora todo lo que dijeron las autoridades nacionales y provinciales -salvo honrosas excepciones- es mantener la violación y no aceptar la recomendación. Entre esas acciones está la de llamar a un plebiscito que no hará mas que agravar la situación.  Y lo que es ilegal y viola DDHH seguirá siendo así, aunque haya una mayoría dispuesta a sostenerlo. 

Rubén Dri. Teólogo y filósofo.

Recurrir a un plebiscito para determinar si alguien es culpable o no de algún delito es echar por tierra la división de poderes. Es el poder judicial el que debe intervenir, haciendo una seria investigación y actuando de acuerdo a todas las normas constitucionales.

Recurrir a un plebiscito es abrir la puerta al linchamiento.

El procedimiento sería el siguiente: mediante los medios de comunicación se señala al culpable y nombra el delito o los delitos cometidos; el reo inmediatamente es encarcelado, porque representa un peligro para la ciudadanía; se realiza el plebiscito con preguntas direccionadas y es lógico que, de esa manera, el presunto culpable resulte efectivamente culpable.

Con ello el Estado de Derecho ha desaparecido. Cualquiera puede ser acusado de cualquier cosa si ello se hace desde el poder, y la acusación necesariamente resultará verdadera. ¿Es esto el medioevo? ¿O es directamente el fascismo?

Es absolutamente necesario frenar ya el intento de plebiscito para condenar a Milagro Sala. Si no se lo hace, se crea un precedente de peligrosísimas consecuencias.

Esteban Rodríguez Alzueta. Docente e investigador de la UNQ y la UNLP. Autor de Temor y control y La máquina de la inseguridad. Miembro del CIAJ e integrante de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

Cuando la justicia no alcanza, porque fue objetada por organismos internacionales y encuentra en las organizaciones populares movilizadas en su contra, el gobierno provincial a través de sus más obsecuentes voceros, recurre a la vecinocracia que, ya sabemos, habla a través de la voluble opinión pública. Especula que esa opinión pública puede clausurar los debates, porque sabe que ese particular actor de la política argentina, entrenado frente al televisor, no es la expresión de la voluntad general sino de la indignación local. Una indignación avivada a través de tratamientos mediáticos maniqueos, banales y mentirosos. Con el plebiscito no se busca reemplazar a la justicia sino completarla. Hace rato que la justicia dejó de ser un poder independiente, actúa a requerimiento del gobierno de turno. La opinión plebiscitada será la manifestación de un consenso químico que blinde la posición del gobierno, es decir, el encarcelamiento a Milagros Sala, es decir, la criminalización de la Tupac Amaru. Un consenso afectivo que se averigua en su indignación moral. Porque la opinión es un punto de vista moral que clausura la política. A través de este experimento antipolítico (y no solamente anticonstitucional) se propone el linchamiento social, otra práctica que los televidentes fueron aprendiendo mirando televisión, escuchando al periodismo argentino.  

Jorge Alemán. Profesor honorario de la UBA, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (España) y de la Escuela de Orientación Lacaniana (Argentina). 

Es absurdo pensar que Milagro pueda amenazar a alguien, forma parte de los procedimientos actuales del gobierno " víctimizarse " mientras reprime.

Alejandro Grimson. Doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia. Investigador del CONICET y docente del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM. 

El Estado de Derecho no se somete a votación. Una condena no se somete a votación. Los derechos de un ser humano no pueden depender de los humores de la sociedad. Quizás en 1976 se podría haber sometido a votación si existe o no un campo clandestino en la Esma. Y hubiera ganado la posición oficial: la Esma no existe. En cualquier caso, una acusación no puede plebicitarse.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016

Conrado Yasenza- Periodista (UNLZ) - Docente en UNDAV - Director de La [email protected] Eñe - Revista de Cultura y Política

Ver publicación original en http://www.lateclaene.com/conradoyasenza-c17co