Sr. Presidente (Marconato).- Tiene la palabra el señor diputado Raimundi.
Sr. Raimundi.- Primero quiero destacar –para encuadrar un poco desde qué perspectiva estamos planteando este debate lo valioso que fue debatir este tema durante estos meses. Se empezó debatiendo entre posiciones extremas: el acta acuerdo de un lado y rechazar todo del otro.
Me parece que ahora estamos discutiendo cuál es la mejor modalidad de expropiación. Yo creo que todo eso se fue ganando a través de un debate que terminó poniendo este tema sobre dos grandes ejes. Primero la validez del rescate del Estado del servicio esencial y en segundo lugar, que la Argentina no debe pagar más de lo que corresponde.
Me parece que es un encuadre interesante que pone al debate en un mejor clima y en mejor calidad que otros debates que hemos tenido, tanto en esta comisión como en el recinto.
La segunda cuestión que quiero plantear es que nuestra posición la del bloque Solidaridad e Igualdad perfectamente podría ser deducida –sin que yo hablara en esta comisión por una línea conceptual que está marcada por todas las anteriores intervenciones, tanto en la comisión como en el recinto.
Recuerdo que cuando vino el secretario Jaime, tomamos distancia muy clara y muy explícita de la política de transporte del secretario. Después propusimos algunas mejoras al proyecto: una de ellas era desechar el acta acuerdo, cosa que terminó siendo la ley 26.412. Algunas de estas mejoras fueron tomadas en cuenta, otras no. Todo esto está en las versiones taquigráficas, o sea que no puedo excluirme de lo que ya dijimos.
Yo no quisiera cometer ninguna infidencia, pero algunas de estas mejoras que nosotros proponíamos iban dirigidas a una acción muy fuerte del Estado en el proceso de discriminación de pasivos, para discriminar los pasivos lícitos de los dolosos. Esto ya figuraba en el proyecto que después terminó siendo la ley.
Otra de las mejoras que nosotros proponíamos era explicitar en el proyecto que el Estado argentino iba a acudir a las sedes judiciales para reforzar la posición argentina. ¿Con qué argumentos? Con todos los que figuran en las dieciséis páginas de fundamentos que ponía el Poder Ejecutivo acompañando el proyecto original, es decir, el primer proyecto que tratamos hace dos meses. Esos fundamentos por el proceso de la empresa por parte del Grupo Marsans eran archisuficientes para fortalecer la posición argentina en las causas judiciales que se habían iniciado, tanto dentro como fuera del país.
¿Qué se nos respondió? Si nosotros estamos queriendo rescatar la empresa para terminar comprándola a un precio razonable, viendo la relación activos - pasivos, no podemos
ir después a los tribunales a descubrirles todos los chanchullos a nuestro socio. Digo esto porque durante el trayecto del rescate a la expropiación o a la compra, el grupo privado y el Estado argentino van a ser socios, porque de hecho están manejando conjuntamente la empresa, por lo menos en términos formales. Esta fue la respuesta.
Este es un concepto que, desde el bloque oficialista lo comprendo porque el proceso de Aerolíneas tuvo tres andariveles. Por un lado, el andarivel legislativo, que fue impecable o muy cercano a lo impecable, por el proceso de debate, por cómo se mejoró el proyecto, por lo que pasó en la Comisión Bicameral después y también por este debate. Por lo tanto, no hago ningún cuestionamiento al andarivel legislativo de este proceso.
Por otro lado, tiene un andarivel judicial. ¿Quién es el que va al andarivel judicial y quién maneja en términos prácticos el proceso? El Poder Ejecutivo. En su momento nos respondieron: “no nos hagan poner en la ley algo que perjudique la relación con quien va a ser nuestro socio hasta el momento en que nosotros le compremos la empresa”. Eso es entendible desde el punto de vista de la confianza política que tiene un bloque oficialista con su gobierno. Yo se los puedo decir porque también pertenecí alguna vez al bloque oficialista de un gobierno. Yo sé cómo se razona en estos casos. Lo que tengo que decir es que no nos pidan que tengamos la misma confianza en el gobierno que tiene su bloque. Nosotros no nos podemos hacer cargo. ¿Por qué? En esto hay una cuestión muy valiosa, que son las intervenciones de los diputados del oficialismo, porque repito constituyen una fuente indirecta de derecho; no directa, porque la directa es el texto de la ley.
Las fuentes indirectas son por ejemplo, cuando el diputado Basteiro dice: “Con el flujo de los negocios, con lo que entra por los negocios en una empresa en actividad, el Estado va a recuperar parte de la deuda”. Yo lo planteo en términos positivos y me acoplo a esto.
También cuando el diputado Rossi dice: “Esta no es sólo la mejor solución política sino que es la mejor solución económica”. O cuando el diputado Vargas Aignasse dice: “Quédense tranquilos que no se va a pagar nada que no corresponda.” Eso dicho desde el oficialismo lo comprendo. ¿Saben qué pasa? Creo que tanto el ministro De Vido como el secretario Jaime pagan cosas que no corresponden. Ahí está el eje de la diferencias de la posición, porque nosotros ya no entramos en un terreno donde la esencia de lo que se está discutiendo no es el texto jurídico sino que es la confianza política en quién va a llevar adelante esto. No es tanta la brecha de la diferencia que tenemos en cuanto al formato de la expropiación sino sinceramente que tengo dudas de cómo se va a manejar este proceso.
Por eso, adelanto la posición de nuestro bloque, nosotros no vamos a votar en contra del proyecto, porque votar en contra sería debilitar la posibilidad de que el Estado se haga cargo con la mayor limpieza posible de la empresa y del servicio.
Lo que sí vamos a hacer es presentar un dictamen en el que convirtamos en fuente directa de derecho las cosas que se dicen en las intervenciones.
Es decir, de la misma manera que están todas las demás obligaciones que el Poder Ejecutivo asume al expropiar –o mejor dicho el Estado argentino-, que también se comprometa a discriminar los pasivos legales de los dolosos; y que el Ejecutivo nacional se comprometa a intervenir en todas las causas judiciales que determinen responsabilidades civiles y penales del grupo económico que estuvo a cargo de la empresa.
Si esas cosas se convirtieran en fuente positiva de derecho, en fuente directa de derecho y acotaran el margen de dudas que tenemos de cómo los funcionarios que están a cargo van a manejar este proceso, no tendríamos problema en acompañar el proyecto. Si eso no es así, tendremos que discutir en nuestro bloque cuál es la posición a seguir, siempre con el límite de que no vamos a rechazar el proyecto.
A veces a uno los años lo ubican en algunas cuestiones prácticas. ¿Cómo fue este proceso desde el punto de vista práctico? Hace un par de años el Estado argentino recuperó el 5 por ciento de las acciones y ponía un director en la empresa a cambio de que aprobara los balances que se habían impugnado. Yo no puedo tener prueba jurídica del proceso –si bien nuestra lectura puede ser equivocada, es la nuestra y es legítima. Se trata de acuerdos políticos.
El gobierno español tiene muchos intereses en Argentina, tiene un stock y un flujo de inversiones muy grande. Comprendo perfectamente que haya negociaciones políticas de gobierno a gobierno. Parte de esa negociación de gobierno a gobierno hizo que se mejorara el acta acuerdo, que tenía muchísimos puntos cuestionables, y se hiciera el proyecto de ley en la confianza de que con él se iba a llegar a la solución. No se llegó porque no hubo una sola tasación, porque Marsans acudió a la consultora internacional -que tasó una cosa completamente insostenible para las negociaciones de la Argentina- y ahora hay que recurrir a un nuevo instrumento legal que reencauce el proceso dentro de lo que fue el acuerdo político original.
¿Qué decía ese acuerdo original? “Esta es una empresa quebrada. ¿Cuánto hay que poner? Tanto.” Y no digo esto de manera peyorativa, sino que quiero expresar cómo se arreglan en la práctica estas cosas.
Para poner un tiro para el otro lado: en la práctica si hay un tribunal internacional los que van por Marsans seguramente van a querer que gane él. Si va el Estado argentino y soy abogado de Marsans, lo primero que hago es revisar las versiones taquigráficas y decirle al juez: “En la Argentina misma dicen que van a perder. ¿Cómo no van a perder si en la Argentina misma hay diputados electos por el pueblo que dicen que la Argentina va a perder?” Si soy un juez e interpreto esto lo primero que hago es ponerme en el lugar de los argumentos surgidos de la propia Argentina para que ella pierda.
Para finalizar, vamos a presentar un dictamen en el que la figura es la expropiación. Inclusive ayer hablaba con el señor diputado West y en el primer proyecto de ley que presentamos poníamos la figura de la intervención; eso no existe, la figura es la expropiación.
Lo que necesitaríamos es que el proyecto establezca límites mucho más estrechos que encuadren de manera muy estricta la labor que van a llevar a cabo los funcionarios que estén a cargo.
¿Sabe por qué? Quiero hacer un comentario práctico. Anoche volvía de la sesión en el auto y escuché por la radio al señor De Vido decir que estaba garantizado el servicio eléctrico. Eso fue hasta que llegué a mi casa… (Risas.)
Dije: “Será un ratito”. Hoy me levanté, hace poco llamé a casa para ver si los chicos tenían luz y sigo sin tener el servicio eléctrico garantizado por el señor De Vido.
Sra. Presidenta (Ibarra).- Somos dos, diputado. (Risas.)
Sr. Raimundi.- Es decir, no tengo la confianza política que sí le asigno al bloque del oficialismo en los funcionarios que van a manejar este proceso. Por eso creo que hay que dar al proyecto de ley un encuadre mucho más estricto.
Seguramente me quedan cosas por decir, pero en líneas generales esta es la posición que quería manifestar.
Sra. Presidenta (Ibarra).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Raimundi.
Sr. Raimundi.- Me parece que también hay una cuestión práctica que es cuanto más segmentado esté el proceso de expropiación mayor grado de incertidumbre jurídica genera a futuro.
Hay una relación directamente proporcional entre el grado de segmentación en el proceso de un proyecto de expropiación y la incertidumbre jurídica.
Vamos a suponer que yo digo que para esto no necesito seis aviones, necesito tres. Es decir, los bienes estrictamente necesarios. Entonces digo, expropio estos tres y estos tres no a un mismo lessort, que me va a decir que tiene un contrato y una relación jurídica por seis, no por tres. Después puede suceder que uno ande o no, que tenga problemas en la gestión operativa de la empresa y no es mi responsabilidad. Esto puede llevar a la cancelación del servicio o al aumento del precio del servicio.
Por lo tanto, me parece que conceptualmente, a mayor segmentación del proceso expropiatorio, mayor nivel de incertidumbre para los intereses de la Argentina.