Buenos Aires, 21 de agosto de 2008
Sr. Raimundi.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero manifestar que estoy conmovido por la tragedia del aeropuerto de Barajas, pero no desde un punto de vista melodramático, naif, sino vinculándolo -paradójicamente- al día que estamos viviendo hoy en la Argentina, para replantearnos un concepto de la seguridad aérea absolutamente ajeno y escindido de los criterios de mercado.
Considero que en esa idea central subyacen parte de las causas de ese accidente. Si hay alguna diferencia entre el criterio empleado por el grupo Marsans con la empresa aérea accidentada, de la cual hasta no hace mucho tiempo fue propietario, y el utilizado con nuestra aerolínea, esta diferencia la marca la calidad de su personal, que nunca adhirió a mezclar el criterio de seguridad aérea y los pasajeros con los criterios de mercado.
La segunda cuestión que quiero destacar es que no hay una sola oposición y una sola manera de ejercer la oposición. Creo pertenecer a una oposición a la que le parece que las cosas son un poco más complejas y menos demagógicas que el falso dilema entre volar y alimentar a los niños.
Creo pertenecer a una oposición que si plantea defender al Estado frente a un grupo privado, ni en el recinto ni en las comisiones tiene que ser la portadora de los argumentos de los grupos privados. Los grupos privados tienen sus abogados, sus argumentos y los lugares donde poder plantearlos, y no tenemos que ser los legisladores del Estado argentino quienes los planteemos.
Como esta intervención la considero una continuidad de lo que fuimos diciendo en las sucesivas reuniones de comisión -todo lo cual consta en las versiones taquigráficas-, antes de retomar estrictamente el tema de Aerolíneas preferiría hacer una pequeña digresión política, poniendo el ejemplo de Brasil y del Parlamento brasileño. El partido de gobierno en Brasil tiene sólo 83 de los 513 diputados y 11 senadores de los 81 que integran el cuerpo, es decir, cuenta con una contundente minoría parlamentaria.
El 99 por ciento de los proyectos que envía el Poder Ejecutivo al Parlamento son sancionadas con modificaciones importantes respecto de la versión original. En esas condiciones, ¿alguien puede decir que por esa razón Brasil tiene un gobierno débil?
Con esto quiero plantear que nosotros tenemos que inaugurar –creo que lo estamos haciendo de a poco, trabajosamente- una nueva etapa en el Parlamento que debe estar signada por esta cultura de la política de Estado, esta cultura de reivindicar la nobleza, el altruismo del concepto de negociación parlamentaria, para no seguir sujetos a esa cultura anterior, que creo que tenemos que enterrar, y que dice que si le cambiamos una coma al proyecto eso es un signo de debilidad.
Es una actitud martirológica, porque en Brasil no están pensando en la coma del proyecto sino en cómo se posiciona un país a partir de consolidar su frente interno, desde el consenso y desde la política de Estado.
Desde ese punto de vista vamos a fijar nuestra posición: la cultura de la política de Estado y la cultura de las convicciones.
Digo esto porque ya en el proceso anterior durante el conflicto agropecuario hubo focos que estuvieron apuntando directamente al Congreso, pero en verdad había un clima mucho más tenso y mucho más ligado a los lobbies, los aprietes, las presiones, las pasiones. Y en este momento con este proyecto hay presencia de la sociedad en el Parlamento pero me da la impresión de estar en un clima un poco más distendido, que nos permite avanzar en esta cuestión de la cultura de las convicciones.
Con lo que digo estoy señalando que nosotros no podemos estar pensando desde la lógica de con quién se queda pegado uno si se vota de una u otra manera. Debemos recuperar en el Parlamento, a partir de la pluralidad y de las diferencias, que cada uno vote no en función de presiones, de la prensa, no en función de operaciones de lobbies empresarios o periodísticos sino de lo que profundamente piensa.
Me parece que de esa manera ayudaremos a consolidar este salto de calidad del Parlamento. Por eso, fuimos muy fuertes en condenar cuestiones centrales del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, pero cuando vimos los avances y las modificaciones que se proponían, tendríamos que haber sido muy poco nobles para no reconocerlos y para no ver que en este nuevo proyecto estaban plasmados, no digo todos, pero sí algunos puntos centrales que fuimos marcando en cada una de las discusiones de comisión, desde la primera con la presencia del secretario de Transporte.
Porque de lo contrario –digámoslo con todas las letras y en términos figurativos- si uno asume la posición interior y espiritual de decir que hagan lo que hagan y pongan lo que pongan, no se va a acompañar el proyecto -en realidad todos tenemos oportunidad de que hasta la última coma diga lo que uno quiere-, terminamos sosteniendo que como no está escrito con la tinta de la lapicera que yo pedí, no es suficiente. No queremos ser esa oposición.
Si en el proyecto hubo avances que contemplaron aspectos centrales que nosotros habíamos marcado, en ese sentido lo vamos a acompañar y vamos a mantener con toda la firmeza de las convicciones todas las cosas que debamos decir, donde tengamos diferencias profundas no sólo con el proyecto sino con la política oficial.
Nosotros podremos acertar o equivocarnos. Nadie tiene comprada la infalibilidad. Pero no somos perversos ni actuamos de mala fe, y esa misma buena fe es la que pedimos al resto de los actores políticos con los que podemos entablar conversaciones, negociaciones y avances en los proyectos.
Paso ahora más específicamente a hablar del tema. ¿Qué quiere decir esto de la cultura de la política de Estado y de las convicciones? En primer lugar, que a pesar de las cosas que le pasaron a Aerolíneas Argentinas desde 1990 a la fecha y sobre las que no vamos a abundar, hay una memoria colectiva de orgullo, de respeto y de cariño por Aerolíneas Argentinas, que es mucho más poderosa como memoria histórica del pueblo argentino que los desfalcos que se cometieron en la empresa desde 1990 hasta ahora, incluidos los más recientes.
En segundo lugar, debemos tener en cuenta la idoneidad y el compromiso del personal de la empresa, independientemente de cualquier cuestión sindical que a mí no me compete.
En tercer lugar, los argentinos no debemos cargar en nuestras espaldas pasivos dolosos o fraudulentos. ¿Quién podría pensar que alguno de nosotros puede estar avalando o encubriendo el pago por parte de la sociedad argentina de pasivos dolosos o fraudulentos? Ahora bien, en un proceso de esta naturaleza, que lleva tantos años y que no es aislado de un modelo, hay una responsabilidad política central de la dirigencia, dentro de la cual estamos.
Pero no hay sociedad virtuosa; no hay sociedad ciento por ciento inocente. En parte, los argentinos estamos pagando el costo político, y por ende económico, de haber rifado durante la década de los noventa el patrimonio nacional. Y no lo digo con el ánimo de señalar responsables sino que me incluyo como sociedad. Ese es un costo que no nos podemos sacar de encima porque todos fuimos responsables. Eso lo hicieron gobiernos mayoritarios pero con la complicidad de las oposiciones parlamentarias, que me tocó presenciar cuando se planteó todo ese proceso de privatización en el país.
Hoy estamos sufriendo las consecuencias de ese proceso, y no sólo con el tema de Aerolíneas Argentinas. Por ejemplo, ¿cuánto estaría ganando la Argentina para la redistribución social si el Estado hubiera mantenido la renta del petróleo, con el precio internacional que hoy tiene el petróleo? Esta es otra de las cosas que nos diferencia de Brasil, que además de ser el primer productor de muchos productos agropecuarios tiene una de las reservas de petróleo más importantes del mundo, porque tuvo dinero para explorarlas.
Señora presidenta: con deuda espuria o sin ella estamos pagando el precio de que Ricardo Jaime sea el secretario de Transporte de la Argentina; y en esto sí coincido con la otra oposición: cuanto menos dure en su cargo, mejor será para el país. Perdónenme si alguien se siente ofendido por esto, pero creo que hay muchos legisladores y votantes oficialistas que piensan lo mismo que yo.
Señora presidenta: en orden a mejorar la calidad institucional, no sólo en términos abstractos o teóricos sino en términos de nuestras propias actitudes, el proyecto contempla la revisión del Congreso en el precio final y la información al Congreso acerca de todos los procesos a través de la comisión bicameral.
Hay dos formas de incluir eso en una cláusula dentro de un proyecto. Una de ellas es decir "pongámoslo, así los conformamos y conseguimos unos votos más de apoyo". Esta podría ser una mirada, y además la ha sido durante mucho tiempo, señora presidenta. Pero yo digo: ¿no sería mejor aprovechar estas oportunidades históricas para recuperar la dignidad de una institución de la democracia, como el Parlamento, y poner una cláusula en serio, controlar en serio y ser dignos en serio, y no aceptar ni un solo sobre, para controlar en serio y para saber cuál tiene que ser el precio definitivo de la empresa, para que los argentinos no nos hagamos cargo de pasivos fraudulentos contraídos por un grupo?
En ese sentido, reconocemos los avances y vamos a apoyar en general este proyecto, aun marcando las diferencias, en la medida en que tengamos la concreción de los acuerdos que nosotros planteamos ayer en la comisión y que fueron reconocidos por ese mismo proyecto.
Para ir terminando, señora presidenta, quiero decir que sería casi miserable de nuestra parte no reconocer que este proyecto, comparado con el anterior, tiene algunas diferencias. En primer lugar, desecha el acta acuerdo. En segundo lugar, consolida la reestatización. En tercer término, coloca una redacción igual a la nuestra, en cuanto señala que el Tribunal de Tasaciones de la Nación es el organismo encargado de la tasación.
No hay un sometimiento al arbitraje internacional ni una jerarquización del tasador de Marsans, porque no se podía poner al Estado, que rescata, al mismo nivel de la empresa, que vacía, para tasar los activos de Aerolíneas.
Se coloca como revisor final al Congreso de la Nación. Establece la autoridad de la Comisión Bicameral, que lamentablemente no integramos. Establece el papel de la Auditoría General de la Nación, y nosotros hemos agregado que ello debía ser así para que la tasación no sea pensada en términos de los flujos de caja futuros, sino del valor paupérrimo que tenía la empresa en el momento en que Marsans cayó en cesación de pagos.
Esa es la fecha en que hay que valuar la empresa, y no en función del futuro, porque con la puntualidad que está mostrando en este mes, la compañía vale más que al 15 de julio. Este es uno de los compromisos acordados para acompañar el proyecto.
Si el gobierno asume su rol y adopta una política de Estado, la empresa no debería reprivatizarse. No alcanzaba con eliminar la cláusula correspondiente, porque al tratarse de una sociedad anónima, aún siendo creada por ley y cotizar en bolsa, se pueden comprar y vender acciones sin que existan límites en cuanto a la tenencia de la mayoría o minoría del paquete accionario, salvo que esté expresamente prohibido por ley. Este era otro de los artículos cuyo compromiso necesitábamos para acompañar el proyecto.
Existe una tercera cuestión que no entiendo por qué el oficialismo no quiere introducir. Cuando se habla de las reasignaciones o adecuaciones presupuestarias, ¿cómo no va a poder poner que no se puede recurrir a partidas de gasto social, de educación, de salud o vivienda, estableciéndose sólo la posibilidad de utilizar excedentes presupuestarios? En verdad, no entiendo por qué no se quiere introducir este cambio.
¿Cuál era nuestra propuesta? A instancias del diputado Lozano encontramos la figura de la intervención del artículo 2° de la ley de abastecimiento, que permitiría al Estado seguir manejando la empresa, manteniendo el statu quo del rescate, sin necesidad de asumir ningún pasivo. Así se podrán discriminar las deudas normales de las fraudulentas. También creo que el Estado debería ir a fondo en las causas judiciales para determinar las responsabilidades penales y patrimoniales de cómo se contrajo la deuda.
Finalmente, me quiero referir al rol del acta acuerdo. En el caso de alguna laguna, una de las primeras fuentes de interpretación del derecho es lo que dijo el legislador al fundamentar el proyecto aprobado.
Nosotros lo planteamos en este sentido. En primer lugar, una ley aprobada por el Congreso tiene una jerarquía en la pirámide jurídica que es absoluta e incuestionablemente superior a un acta acuerdo firmada por un grupo privado y un secretario de gobierno.
Además, tanto en los considerandos como en el punto 4° del acta acuerdo, se requiere la aprobación estatal. Se lo dice indirectamente, pero es así, pues se hace referencia a los instrumentos legales y societarios necesarios para formalizar la compraventa a favor del Estado nacional.
Quiere decir que cuando la propia acta remite al Estado, y el Poder Ejecutivo eleva el proyecto al Poder Legislativo, entonces el perfeccionamiento del acta requiere la voluntad conjunta de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Como esa voluntad es de jerarquía superior, el acta cae desde el punto de vista de su jerarquía jurídica.
Voy a ir finalizando mi intervención, pero no porque no tenga más cosas para decir sino en honor al tiempo del que disponía para hacer uso de la palabra. Simplemente quiero concluir con lo que dije al comienzo de mi exposición: estamos ante el desafío de utilizar a este Congreso como instrumento de un acuerdo con un grupo que encubre a un funcionario, o de contar con él como un instrumento de política de Estado que fortalezca no a este Ejecutivo sino al que represente para siempre a la sociedad argentina con autonomía de los poderes económicos. Ojalá podamos honrar ese compromiso y mejorar la cultura institucional y democrática de nuestro país.