Jánio Quadros renunció a la presidencia del Brasil en agosto de 1961. Consultado sobre ese hecho el Primer Ministro israel, David Ben Gurion, respondió: “cómo es posible que renuncie el presidente de un país que tiene tanta agua potable”.
Los denominados poderes permanentes -tanto internos cuanto externos- tienen in mente algunos lineamientos para la reinserción económica de la Argentina en el mundo.
Éstos se basan en la apropiación monopólica de la tierra, los recursos naturales y los escasos activos físicos y productivos que aún permanecen bajo la propiedad de capitales nacionales. Y en la utilización del salario en dólares equivalente a mano de obra esclava, como ventaja competitiva. Todo esto sostenido por el control de la producción, los servicios, la comercialización interna e internacional, las finanzas y las comunicaciones, que ya se encuentra en poder de los grupos financieros.
Esto implica la exclusión del mercado interno de cada vez mayor número de ciudadanos, cuyo único destino será elaborar commodities y ponerlas a punto para su colocación en el mercado internacional.
Este proyecto no sólo deja ausente al concepto de equidad. Igual suerte corre la educación, como factor de equilibrio social a mediano y largo plazo. Y finalmente, el modelo no cierra de otro modo que montando un monumental aparato represivo.
El hambre y la desinversión educativa como ampliadores de la brecha social, el clima de metástasis en materia de seguridad ciudadana como factor de justificación de un intenso aparato represivo, la degradación institucional hasta sus más bajas derivaciones, la inversión de fuertes recursos económicos para la instalación de medios de comunicación masiva con un mensaje monolíticamente pre-fascista, el proceso del ALCA como preanuncio de una nueva división hemisférica del trabajo, la sensación de contagio de la crisis a nivel regional, son todos caminos que conduc en al cierre integral de un nuevo régimen económico, político, social y cultural.
Dicho hoy, este planteo sobre nuestro futuro puede parecer extraño -y hasta irrisorio. Tan extraño e irrisorio como en su momento habrá parecido toda aseveración que anticipara la desaparición de decenas de miles de personas o la guerra contra la armada más poderosa del planeta. Sin embargo, aquello terminó siendo la más cruda realidad, así como la más cruda realidad terminará siendo este modelo si la sociedad argentina no se planta urgentemente en defensa de una alternativa.
No cabe la perplejidad. Lo que digo no es producto de una serie de situaciones azarosas, sino el resultado previsible de un proceso de muchas décadas que se intensifica a partir de marzo de 1976. Será sencillamente im-po-si-ble resolver uno por uno los problemas puntuales de corrupción, inseguridad, incredulidad, etc., que se diseminan como un s?ndrome gangrenoso en nuestro tejido social. Por ello, se torna un imperativo categórico sentar las bases de un profundo cambio de sistema., en lugar de poner parches a un sistema que multiplica sus agujeros sin solución de continuidad.
Tal capítulo económico no puede estar guiado por las mismas leyes de la economía tradicional que dieron forma al sistema denunciado.
Toda la teoría política marca que población, territorio y poder son los elementos esenciales del Estado moderno.
Erradicar la exclusión social e impedir la enajenación del territorio, con su composición de alimentos y recursos naturales estratégicos para la humanidad, son las dos vertientes principales que inspiran nuestra propuesta económica. La propiedad social del territorio y de los recursos naturales, el equilibrio poblacional, la preservación de la vivienda como v?nculo entre el ciudadano y el espacio físico, y la recuperación del Estado en su rol de articulador social y político constituyen lineamientos básicos en este sentido. Y por ello proponemos regular la adquisición de inmuebles rurales, a fin de evitar la apropiación de los mismos con carácter monopólico, y garantizar su explotación con fines productivos.
Quienes provenimos de una experiencia eminentemente política hemos ejercitado en los últimos años una necesaria aproximación a los temas de política económica. La importancia que los temas económicos ha adquirido en el mundo actual nos exige una formación más integral que la requerida varias décadas atrás. Por ello, sin arrogarme conocimientos propios de un profesional en la materia, pretendo formular aqu? algunas consideraciones de ?ndole económica.
Puesto que la base del problema argentino no es programática sino conceptual, propongo un cambio de mirada profundo sobre lo que significa una economía exitosa. Salir de la costumbre de creer que una economía exitosa es aquella que logra resultados macroeconómicos aceptables para las escuelas del pensamiento económico dominante. La economía, como ciencia social y no exacta, es exitosa cuando contribuye -y sólo en ese caso- al desarrollo humano.
Repito con Dirk Messner, “la reestructuración económica y la integración en la economía mundial sin estructuración social no pueden tener buenos resultados y desembocarán necesariamente en la desintegración social. La pobreza y la desocupación socavan a mediano plazo la legitimidad y, con ello, el proceso de reforma en general (…) La paz social representa una fuerza productiva económica, hecho que debería aprenderse a partir de la exitosa historia del período de posguerra en Europa Occidental.
El desbloqueo social para que los grupos clave de actores sociales sean capaces de trazar estrategias y formular políticas, es indispensable, así como lograr un consenso cada vez más generalizado sobre el rumbo del desarrollo”.
Remoción de los fundamentos del ajuste estructural
Redefinir la relación con el sistema financiero internacional y los organismos multilaterales
Los progresos científicos y de innovación tecnológica tienden a expandirse más allá de las fronteras nacionales, creando condiciones para la internacionalización, regionalización y mundialización del universo productivo. Al mismo tiempo, no podemos renegar del derecho de las comunidades nacionales y locales a mantener su cultura y a insertarse en ese mundo económicamente globalizado desde una perspectiva de autodeterminación. La mundialización de la economía no conlleva necesariamente resignar la defensa de los intereses nacionales. No hay integración a la sociedad mundial a partir de la des-integración de las sociedades nacionales.
La proximidad geográfica despliega intereses comunes entre los estados, lo que supone la ampliación de los espacios regionales. A su vez, ello implica una inserción en el nuevo sistema de poder mundial desde una perspectiva de mayor equilibrio. No desde una perspectiva de unipolaridad o dominación hegemonizante de parte de una superpotencia o de un grupo de poderes económicos privados. Éstos no harían otra cosa que forzar mayor humillación y resentimiento en los débiles y, por lo tanto, fomentar la idea de la confrontación.
Desde este punto de vista, considero que tanto las instituciones políticas -Naciones Unidas- cuanto las económicas surgidas de los acuerdos de Bretton Woods al finalizar la Segunda Guerra -Fondo Monetario y Banco Mundial- representan la etapa de una Guerra Fría que ya ha concluido definitivamente. Su creación respondió al objetivo de las potencias vencedoras de contribuir a la paz y la estabilidad mundial. En este marco, el FMI fue diseñado como instrumento de ayuda a aquellos países que presentaran desequilibrios en su balanza de pagos, de modo de evitar que dicha anomalía se convirtiese en estructural. Hoy, deben ser remplazadas, o cuanto menos modernizadas, respecto de su concepción de origen, para ponerse a tono con la etapa de la pos-guerra fría que estamos atravesando.
En la actualidad, las disponibilidades financieras ya no están mayoritariamente controladas por los bancos. Merced a las nuevas tecnologías, las transacciones se han convertido en instantáneas y privadas como nunca antes. Del mismo modo, los fondos sectoriales de pensión de un país desarrollado poseen recursos muy superiores al presupuesto de gastos o al sistema financiero regular de un país periférico como el nuestro. La propia cadena de supermercados Wall Mart concentra un capital tres veces superior al PBI de Chile.
Otro ejemplo de este cambio de contexto es que, entre nuestros acreedores, existen algunos grupos de individuos que invirtieron en bonos de la deuda argentina por intermedio de grupos financieros y fondos de inversión inescrupulosos que sólo están al acecho de ganancia rápida. El FMI, en contravención con su misión original, se ha convertido en representante de éstos últimos.
Nuestro país necesita más divisas de las que genera, lo que nos hace dependientes del sistema financiero en un grado proporcional a la necesidad de financiamiento. Y esto es una cuestión política de primordial importancia: no se trata sólo de cuánto debemos. A partir de nuestras crecientes dificultades de pago, son los acreedores quienes se sienten con derecho a señalarnos cómo debe ser nuestra política económica, de modo de asegurarse el cobro de la deuda. Nos marcan los lineamientos, y la dirigencia política y económica tradicional, en una clara señal de sometimiento, los acata. Este es el círculo vicioso al que nos empuja el FMI, con la anuencia de nuestros sucesivos gobiernos: incremento exponencial del capital e intereses adeudados- estancamiento-hambre.
Además, siguiendo los mismos criterios, y envalentonados por nuestra mayor debilidad relativa a partir del default, exigirán el ingreso argentino al Alca a cambio de ayuda financiera.
La meta de ellos es cobrar, la nuestra debe ser crecer. Si cumplimos la primera, no logramos la segunda; en cambio, si alcanzamos la segunda, podremos encarar la primera. Sólo con una reprogramación, que atienda nuestra necesidad de crecimiento productivo a partir de un patrón de desarrollo socialmente consensuado, es que, en un plazo cierto, estaremos en condiciones de afrontar nuestros compromisos financieros legítimos y de acceder a créditos nuevos y más razonables.
La relación no debe ceñirse a la opción “rendición incondicional o ruptura con el mundo”. No debe plantearse en términos de aislamiento u obediencia y adaptación a los dictados de una serie de organismos internacionales que ha evidenciado su incompetencia para resolver los problemas de nuestros pueblos, cuando no su complicidad con el origen mismo de esos problemas. La Argentina cumplió a rajatabla, como ningún otro país, las medidas ordenadas por el consenso de Washington, por lo que fuimos felicitados durante la segunda presidencia de Menem. Ningún país recibió un salvataje financiero tan sostenido como el que el Fondo Monetario nos brindó, directa o indirectamente. Se sucedieron operaciones tales como el blindaje y el megacanje -claros ejemplos de continuidad de gestión por parte de la presidencia de Fernando De la Rúa. No obstante, este aval político del Fondo Monetario, así como la sobredosis de ayuda financiera, no implicaron, por s? mismos, la transformación estructural y sostenida de nuestra economía en un sentido positivo. Atendieron el problema de liquidez, vale decir, el financiero. Pero contribuyeron al colapso de nuestro problema de solvencia, es decir, el económico.
Hechas estas observaciones, salta a la vista que la dicotomía “ruptura” o “rendición” es ineficaz. La relación debe entablarse a partir de un comportamiento autónomo, basado en un programa de desarrollo sostenido, acordado con los restantes países de nuestra región.
La ampliación del espacio regional resulta, pues, medular como puerta de acceso a un mundo tan complejo como el actual. Zona de paz, libre de amenazas nucleares, políticamente democrática, el MERCOSUR ampliado debe pasar a ser una región económicamente estable y jurídicamente segura. así será la plataforma única para el desarrollo de la competitividad regional. Atractivo de inversiones, plaza confiable, ya se trate de un mercado comprador como vendedor de producciones cada vez más variadas.
Este es el sentido positivo de un bloque que debe superar los actuales problemas de cuotas de comercio intrarregional para pasar, por vía de los acuerdos de complementación y especialización, a proyectar la marca MERCOSUR a terceros mercados. Debemos fijar, al mismo tiempo, parámetros comunes de negociación ante los organismos multilaterales y afrontar de manera conjunta el v?nculo con los restantes bloques regionales, entre los cuales no solamente cuentan los EE.UU. y la UE, sino también un área extremadamente conveniente como el Asia-Pacífico.
El neoliberalismo nos propone una visión fundamentalista de la globalización, según la cual un país periférico, como el nuestro, no tiene más alternativa que aceptar la imposibilidad de decidir sobre su destino. Para esta concepción, el poder radica irremediablemente en la esfera trasnacional . El éxito de este pensamiento neoliberal, devenido en pensamiento único, no reside en los argumentos utilizados en el debate, sino precisamente en que no haya debate. Se trata de una ponencia de clausura que nos muestra como lógico lo que en realidad es ideológico.
Para el Profesor Ajit Singh, de la Universidad de Cambridge, “la principal razón del fracaso es que no se puede igualar el libre comercio con el libre movimiento del capital. Los contratos financieros son diferentes a los contratos de bienes, productos y servicios. La liberalización y la globalización producen desequilibrios múltiples que requieren la intervención del gobierno o la coordinación, de lo contrario es imposible regular y disminuir el desempleo y las crisis económicas. La Argentina necesita un programa sostenible y no nuevos ajustes estructurales que ya han demostrado que no funcionan. De lo contrario, asistiremos a un nuevo consenso de Washington, en el cual los países en desarrollo serán nuevamente receptores de políticas ajenas a sus realidades. Es necesario reformular las reglas de juego, a través de la participación de los países desarrollados y subdesarrollados, y es necesario poner en estos últimos l?mites al libre movimiento de capitales, en la misma medida en que lo hacen los países desarrollados.”
Los mercados financiero y bursátil interactúan en forma negativa, produciendo una espiral que hace imposible detener una crisis una vez que ha comenzado. Los países menos desarrollados somos más propensos a las crisis por la debilidad de nuestras economías y la precariedad de nuestras exportaciones -la mayoría agrícolas-, y por carecer de los mecanismos institucionales adecuados para regular los movimientos de capital. Retirado el Estado del proceso económico y productivo, se multiplican graves problemas sociales que generan, a su vez, inestabilidad política.
Cuando se conjugan todos estos factores, los mercados financieros y bursátiles reaccionan negativamente retirando su capital de las economías de los países emergentes y acentuando la crisis. El efecto contagio, por su parte, es un resultado directo de la globalización.
No se puede abordar la crisis desde los s?ntomas, porque lleva a un análisis incorrecto.
Eso pasó en la Argentina. La política del déficit cero, tan aplaudida por el FMI, el Banco Mundial y los mercados financieros vio solamente los s?ntomas, y llevó a la deflación, a menor productividad, a menor recaudación fiscal, a nuevos recortes salariales y, por consiguiente, a la disminución de la demanda, conformando una profunda espiral recesiva, que por su duración se convirtió en depresión.
A modo de conclusión, podemos ver cómo la teoría neoliberal – ortodoxa aplicada por el FMI trató de asimilar erróneamente el exitoso modelo de desarrollo mediante el aumento del comercio con el flujo irrestricto de capitales. Con ello, no generó beneficios tangibles sobre la economía. En la mayoría de los casos, sus resultados son contraproducentes, en la medida en que sus políticas no incluyeron a la industria real, mediante un compromiso de mediano o largo plazo.
Corresponde, pues, que el primer paso hacia un profundo cambio cultural sea sustituir esta mirada por una nueva agenda positiva. Su planteo debe formularse en los foros internacionales en clave de bloque regional y no como países individuales.
Jean Paul Fitoussi afirma que con anterioridad a la globalización, pese a la pobreza y las difíciles condiciones de vida, el político cumplía su misión de mostrar el camino y escenificar el futuro, y la gente tenía un porvenir. Bajo formas diferentes, la democracia había sabido imponer las instituciones de solidaridad. En la globalización, en cambio, la búsqueda de la cohesión social es un obstáculo para la eficacia económica: la globalización crea ganadores y perdedores. Por eso, para superar el conflicto entre globalización y democracia, propone aplicar el principio de compensación, según el cual los gobiernos deberían implementar reglas o instituciones que aseguren que las ganancias de unos sean parcialmente utilizadas para compensar las pérdidas de otros. así, la globalización daría nacimiento a un excedente a ser distribuido por la democracia, de manera que nadie sufra la pérdida neta. .
El flujo de capital financiero es incre?blemente superior a las divisas que manejan los Estados. así, los mercados financieros sumamente volátiles y sin regulación han derribado en cuestión de minutos el esfuerzo de saneamiento estructural de muchas economías de las llamadas emergentes. A mayor deterioro de nuestras economías, menor poder de negociación; a menor poder, mayor deterioro.
La regulación del capital financiero y la reprogramación de la deuda son, pues, el camino inevitable para sortear la crisis que afrontan países como el nuestro, carente de una estructura económico-financiera capaz de resolverla en las actuales condiciones. El colapso financiero que padecemos -provocado, para ser honestos, por la convergencia entre ajuste estructural y malas políticas internas para enfrentarlo- inviabiliza objetivamente nuestra capacidad de pago.
No tendremos autoridad para reposicionarnos a menos que mejoremos la relación exportaciones-producto de nuestra macroeconomía y eliminemos el gasto improductivo. No caben dudas de que existe un amplio margen para reorientar gastos administrativos hacia funciones más vinculadas a la calidad de vida de los ciudadanos.
Es cierto que una buena administración exige no gastar más de lo que se recauda. Si los gastos superan los ingresos durante un período prolongado, en algún momento el Estado se verá obligado a quebrar sus compromisos: con el sector externo, si suspende los pagos, o con el sector interno de la economía, si modifica la ecuación tributaria en base a la cual los privados tomaron decisiones de inversión.
Hasta el momento, este problema siempre fue abordado desde la perspectiva de disminución del gasto, y siempre resultó contraproducente. En mi opinión, está claro que el Estado argentino debe ser mucho más eficiente en las esferas nacional, provincial y municipal, y que sus presupuestos deben ser equilibrados. Lo que no está para nada claro es que -frente a la escaldante crisis social- nuestro Estado deba ser más chico. De una vez por todas, el problema debe encararse desde la necesidad de proveer los servicios estatales esenciales generando los ingresos que se necesiten. Este objetivo implica la construcción de un poder político que sea capaz de cumplirlo.
Del mismo modo, el endeudamiento es un problema político, no económico; regional, no nacional. Una vez más, a riesgo de reiterarme, propugno la ampliación del MERCOSUR al conjunto de América Latina, a fin de que esta unión agrande nuestra fortaleza para obtener la reprogramación de pagos por un plazo que se adecue a nuestras metas de crecimiento.
Nuestras deudas públicas deben ser reestructuradas mediante una moratoria programada, cuyos vencimientos estén contemplados en un presupuesto plurianual. No descarto que la parte de ellas que aparezca viciada en cuanto a su legitimidad sea sometida a un procedimiento de arbitraje internacional.
La disponibilidad de los recursos asignados para afrontarlas estará condicionada a la materialización de un acuerdo político integral que contenga la reducción razonable de la tasa de interés, el establecimiento de controles sobre los flujos de capital financiero, un shock inicial de reactivación. Asimismo, nuevos requisitos de acceso a mercados para los productos en que nuestros países resultan más competitivos, de modo de mejorar la performance de nuestra balanza comercial.
La deuda argentina y latinoamericana constituyen una traba estructural para nuestro crecimiento. La relación deuda/estancamiento se ha convertido en un círculo vicioso: a menor crecimiento, caída de la recaudación; a menor recaudación, mayor déficit; a mayor déficit, más deuda; cuanto más deuda, menor crecimiento. Es por ello que ligar la reprogramación de los pagos con un quinquenio de crecimiento sostenido modificaría profundamente la relación deuda/PBI, lo cual nos calificaría para nuevos y mejores créditos para capital de trabajo, dando inicio a un prolongado círculo virtuoso.
Para ampliar la autoridad de este planteo, sería bueno que el Estado argentino recapturase el dinero de la evasión tributaria y la fuga de capitales. Más aún cuando el endeudamiento es funcional a la fuga. Consentido, cuando no impulsado precisamente por los organismos internacionales que hoy nos asfixian, aquel financiamiento masivo operó como el respaldo financiero imprescindible para garantizar dicha fuga.
Apertura económica
La teoría económica ha elaborado un patrón de comportamiento según el cual se determina, aproximadamente, el volumen óptimo de comercio para cada país. Esta clasificación se hace en función de ciertas características de cada uno de ellos. Se toma en cuenta la distancia que un centro comercial tenga respecto de otros, su población, idioma, relación costa-superficie, si es o no una isla, etc. Este indicador se denomina “grado de apertura natural” y, de acuerdo con él, el nivel de apertura que debería tener nuestro país se acerca al 47%, es decir, más del doble del actual.
Una de las trabas principales del comercio argentino está dada por las barreras impuestas por los países que han sido, tradicionalmente, nuestros principales compradores. Claro que en esto, la estructura arancelaria que aplicamos también opera como un factor importante. Otro -y de no menor significación-es el bajísimo valor agregado de lo que exportamos. En definitiva, nuestro alejamiento de los valores teóricos se explica por la subsistencia de políticas comerciales distorsivas, tanto propias como ajenas, que impiden una asignación eficiente de los recursos. Países como Corea o Nueva Zelandia -poseedores hasta hace poco tiempo de un desarrollo intermedio, semejante al que deberíamos tener nosotros- o Chile -apertura superior al 40% de su PBI, bajo arancel promedio y baja dispersión- son los que registran mejor nivel de apertura natural. Australia tiene 18 millones de habitantes y exporta por valor de u$s 80.000 millones; Nueva Zelandia, por su parte, con 3,5 millones de habitantes y una superficie equivalente a nuestra provincia de Santa Cruz, exporta anualmente un millón de toneladas de carne, contra algo más de 300.000 toneladas de nuestro país.
No obstante, el comercio internacional presentó, en 2001 y 2002, características menos alentadoras que las que tuvo durante la década anterior. La tendencia generalizada a la contracción del crecimiento de la producción arrojó indicadores negativos en los principales actores internacionales –EE.UU., Alemania y Japón. Sumado ésto a un escenario más conflictivo, desalienta los pronósticos -más optimistas- del Programa de Doha para el Desarrollo, aprobado en la última cumbre mundial de la OMC en noviembre de 2001. En dicho año, América del Norte fue la región que registró la mayor disminución en volumen de exportación e importación de mercancías -5% y 3,5%, respectivamente.
El neoliberalismo prescribió, durante sus años de esplendor, la apertura indiscriminada. Pese a ello, los ejemplos más exitosos son los que la han administrado en sucesivas etapas, de acuerdo con el patrón de especialización productiva definido por consenso en cada país. Es ese consenso el que determina cuáles son los sectores que se mantienen exentos de la liberalización comercial. así, Japón sólo permite un 5% de inversiones extranjeras, mientras la Unión Europea pone un tope de 14% a los automóviles de origen extra-europeo, y de un 49% a la presencia externa en los espacios audiovisuales. El 45% del PBI francés es estatal.
En materia de inversiones extranjeras, varios países de América Latina aplican claras restricciones en cuanto al registro de inversores, la aprobación de la inversión por parte de organismos oficiales, la repatriación de capitales, la reinversión de ganancias y la participación en determinados sectores de la economía. En cambio, nuestra Constitución Nacional garantiza el trato igualitario para inversores locales y extranjeros. La ley argentina de inversiones extranjeras -modificada en 1993- establece en forma expresa que tanto el capital como las ganancias pueden repatriarse en cualquier momento y sin formalidad alguna.
En Brasil, la participación de capital extranjero está vedada para la explotación de petróleo. Lo mismo sucede con la industria aeroespacial, las l?neas aéreas con concesión de vuelos domésticos, el cabotaje y embarque marítimo de mercadería, la industria pesquera, la propiedad y administración de publicaciones y redes de radio y televisión y el servicio de correos. El capital extranjero está limitado a una participación minoritaria en instituciones financieras y de seguros. Los equipos y máquinas importadas deben estar destinados a la producción y, en el caso de bienes usados, éstos no deben tener un similar nacional.
En Chile, la legislación exige que el 30% de los créditos externos sea colocado en una cuenta de reserva en el Banco Central por el período de un año (encaje), lo que se aplica tanto a inversiones extranjeras como locales. Impone, además, restricciones a la inversión extranjera en hidrocarburos, buques, pesca y telecomunicaciones. Un organismo oficial, el Comité de Inversiones Extranjeras, es el encargado de aceptar el ingreso de capitales externos y estipular los términos y condiciones del contrato correspondiente.
México y Brasil, que hoy se encuentran en mejores condiciones que la Argentina para formalizar acuerdos comerciales con diversos bloques y países, hicieron sendas reservas de mercado respecto de aquellos productos o sectores industriales a los que consideraron estratégicos para su desarrollo. En los últimos veinte años, mientras México acentuaba las medidas de liberalización y simplificaba su estructura arancelaria, Brasil mejoró el componente tecnológico de sus exportaciones de modo de diversificar los destinos de las mismas, obteniendo, comparativamente, mejores resultados.
Para el caso de la Argentina, parte de la teoría económica suele sugerir la liberalización comercial unilateral, sin tener en cuenta la incidencia negativa que posee la protección del comercio agrícola por parte de los principales actores del comercio mundial. Otra corriente se inclina por un acuerdo de libre comercio con los grandes bloques, lo que llevaría a corregir la distorsión de los precios domésticos y a expandir el intercambio.
La experiencia, en cambio, así como las teorías más ligadas al interés nacional y regional, contradicen estos pronósticos. Los mercados de destino de una eventual liberalización unilateral, así como los posibles socios de dichos acuerdos de libre comercio, representan economías más eficientes que la nuestra, tanto en la producción de los bienes que exportemos cuanto en nuestras importaciones.
En suma, la política de comercio exterior no está disociada del modelo de desarrollo adoptado, que incluye esfuerzos macroeconómicos juntamente con medidas sectoriales. Además, durante los años de esplendor de la convertibilidad, nuestro país cuadruplicó sus importaciones, mientras sólo duplicaba las exportaciones, lo que dio lugar a un saldo negativo que debió ser financiado por endeudamiento. Los precios de materiales y servicios críticos extravagantemente superiores a los internacionales y muy por arriba de sus costos de producción, constituyeron una distorsión tal, que deterioró estructuralmente la competitividad de la producción local frente a la extranjera.
Gasto público
En nuestro país, los niveles de gasto público y de déficit fiscal, medidos en términos de PBI, se corresponden con los de aquellos países de desarrollo intermedio, con economías aceptablemente estables. La Argentina se ubica dieciséis puntos por debajo del promedio de los países de altos ingresos, y un 13,5% por debajo de Brasil.
Nuestro desequilibrio fiscal responde, más bien, a razones estructurales, como la ineficacia del gasto primario y la proverbial elusión y evasión tributarias. Ambas variables se agudizaron a partir de la última dictadura por el crecimiento exponencial de la deuda pública y la asunción por parte del Estado -es decir de la ciudadanía- de las pérdidas privadas.
Entre 1980 y 2001, los servicios de la deuda ascendieron a 160.952 millones de dólares por lo que, deducida la deuda, el gasto aumentó en la última década menos de un 9%, sin tener en cuenta el aumento de la población. Si tomáramos en consideración el gasto consolidado por habitante, el mismo decreció un 8,4% entre 1980 y 2001.
Por su parte, los gobiernos latinoamericanos que asumieron a partir de la reanudación de la democracia durante los años 80, desaprovecharon la oportunidad histórica de formar un club de deudores que diera al tema dimensión regional. Una alternativa como esa hubiera tenido importantes consecuencias dentro del sistema de poder mundial que se gestaba por esos años, no sólo en términos económicos sino fundamentalmente políticos. En otras palabras, otro hubiera sido nuestro papel en el debate internacional si los ciudadanos de cada uno de nuestros países hubiesen percibido a sus democracias como más eficientes y autónomas.
Durante los 90, la reforma previsional quitó los aportes jubilatorios a los ingresos estatales. Otro tanto hizo con la desgravación de las cargas patronales. Estas restricciones impactaron severa y negativamente sobre el equilibrio fiscal, que ya venía siendo maltratado por la evaporación de los recursos obtenidos por privatizaciones y el incremento irracional del endeudamiento.
En 2001, de los casi 11 millones de aportantes, sólo 2 millones lo hicieron al sistema público, que debió abonar alrededor de 3,5 millones de jubilaciones. El sistema privado, en tanto, recibió aportes de 9 millones de personas y pagó menos de 20.000 jubilaciones . En consecuencia, de no haberse realizado la reforma previsional, las cuentas públicas hubieran arrojado un superávit acumulado de 3.385 millones de pesos durante el período 1994 – 2001.
Hagamos esta suma: altísima evasión tributaria y aduanera; cuantiosa fuga de capitales; un país carente de un patrón de especialización productiva; gasto primario sumamente deficiente y un endeudamiento desbordante tanto privado cuanto público -cuyos servicios ascendían previamente al derrumbe a más de 4 puntos del PBI. Esto ubica al problema fiscal de la Argentina del lado de los ingresos y la deuda, y no del gasto, como los economistas neoliberales más “serios” pretenden imponer.
Si la política económica del bloque regional no se plantea como pre-requisito este profundo cambio de mirada, no sólo no saldrá del círculo vicioso, sino que reforzará la trampa que ha convertido a la estructura económica argentina y latinoamericana en deuda-dependiente.
Aún después de la devaluación, que mejoró la posición relativa de ciertas exportaciones, la Argentina no genera los dólares necesarios para afrontar el stock de deuda pública. Las divisas genuinas que obtiene por comercio o inversiones no alcanzan a cubrir las demandas de funcionamiento de la economía, en general, ni las de políticas estatales cada vez más necesarias, en particular. Por lo tanto, con la actual estructura, el esquema sólo está en condiciones de sostenerse con mayor endeudamiento aún, reiterando hasta el infinito la dialéctica perversa del sistema.
Desde esta perspectiva, es patético insistir en que el principal problema económico argentino es el mero “desequilibrio fiscal”.
¿Por qué en países como Canadá, Bélgica o Italia, cuyo volumen de deuda con relación al producto es muy superior al de la Argentina, aquella no acarrea un colapso financiero? Se debe al elevado nivel de actividad económica en mercados internos con fuerte poder adquisitivo; a que cuentan con mercados externos diversificados y a que incorporan continua y generalizadamente el cambio tecnológico, a fin de mejorar la relación dólar-volumen de sus exportaciones. Todo esto les otorga una capacidad de pago suficiente, lo que los torna confiables pese al elevado endeudamiento. En estos casos, la deuda está asociada a la marcha de la producción. Peyrou señala que “las naciones más desarrolladas son altamente dependientes de importaciones por tener una industria integrada a la actividad mundial. En nuestro caso, la dependencia se explica por la desaparición de la producción y no por tener una industria capaz de competir en un mundo globalizado”. Mientras Corea del Sur, por ejemplo, con 100.000 km2, cuenta con tres millones de puestos industriales, la provincia de Buenos Aires, con una superficie tres veces superior, sólo tiene 350.000 puestos industriales.
Como vemos, el endeudamiento no constituye un fenómeno aislado de la estructura política, económica y social de nuestros países. América Latina se encuadra en un proceso de estrangulamiento estructural del crecimiento.
De aqu? que, en todos los foros internacionales, ante todos los interlocutores y, en especial, frente a nuestros acreedores institucionales, el bloque regional debe formular un planteo político integral, que incluya: la aplicación de una fuerte disciplina en los mercados de capital financiero, para estimular un perfil de inversión de capital de trabajo de largo plazo a tasas coherentes con el nivel de crecimiento; el control de cambios como factor de competitividad y la eliminación de barreras al comercio, en todas aquellas áreas clave para nuestras economías.
Jorge Gaggero lo sintetiza como un escudo regional eficaz, una redefinición de nuestras fronteras económicas (se refiere a su ampliación a escala regional) y un nuevo trato global. “El problema, sigue Gaggero, es que ésta era una alternativa más fácil de imaginar antes del cambio de administración de los EE.UU. y, en especial, antes del atentado. En el nuevo escenario global todo será más difícil para Argentina. Para defender nuestro derecho a la existencia como país, la sociedad civil debería cuidarse de que las autoridades repitan los grandes errores del pasado: la generación de nueva deuda pública; la socialización irrestricta de las pérdidas privadas; la negociación laxa y poco trasparente con las empresas concesionarias de servicios públicos y petroleras; y -por supuesto- el acatamiento al mismo recetario económico que nos ha conducido al desastre de hoy”.
Sistema tributario
La crisis fiscal no es otra cosa que el desenlace de una serie de facetas extra-fiscales. Entre ellas, la ausencia de regulaciones estatales, así como la evasión tributaria, son factores que alimentaron -y siguen alimentando- la fuga de capitales. Tanto la banca privada como la pública se han ocupado de canalizar esa doble evasión (de impuestos y de capitales) y de asegurar “el tranquilo disfrute de su renta” a sus clientes más destacados.
Así, los bonos públicos circulan entre los inversores globales, mientras el Estado argentino se desentiende hasta del mero registro informativo de sus movimientos. Entretanto, los mismos ejecutivos que impulsaron el plan económico de 1976 -que dio origen al más prolongado ciclo de ajuste estructural del que se tenga memoria- permanecen en el establishment. Detentan altos cargos en el campo privado. Y, como si hubieran demostrado ser ejemplos de eficiencia, se los premia nombrándolos funcionarios con gran poder de decisión.
Personajes como Daniel Marx o Mario Vicens, que ocuparon altos cargos en el Estado, también se desempeñaron y se desempeñan en el sector privado, defendiendo intereses incompatibles con el interés nacional en materia de deuda externa, por ejemplo. Esto explica por s? mismo el por qué la Argentina fue vaciada económica y financieramente: la trayectoria de estos personajes emblemáticos en materia de política económica muestra de manera inequ?voca que, cuando estuvieron a cargo de sus respectivas funciones estatales, lo que hicieron en realidad fue representar los intereses particulares de los sectores, en los que antes y después se desarrollaron profesionalmente.
No en vano, Daniel Marx fue miembro del directorio y del comité ejecutivo del Citicorp, uno de los principales grupos acreedores de nuestro país entre 1982 y 1986. A partir de allí, se desempeñó como director del BCRA, jefe de la Negociación de la Deuda Externa Argentina y Subsecretario de Privatizaciones. Mario Vicens, por su parte, fue Secretario de Hacienda de De La Rúa, y seis meses después de la catástrofe fue designado por unanimidad Presidente de la Asociación de Bancos de Argentina. Cabe preguntarse, pues, qué intereses defendió Mario Vicens en su gestión pública, durante la cual se engendró la más escandalosa fuga de capitales de nuestro país.
El sistema tributario argentino adolece de graves problemas:
a)insuficiente capacidad recaudadora, producto de la debilidad de la administración tributaria, lo que genera evasión y déficit;
b)estructura de alta iniquidad social, con un excesivo peso del IVA y los impuestos indirectos, al consumo y al trabajo, en deterioro de la imposición a las ganancias y a los patrimonios;
c)deficiente distribución de potestad tributaria entre nación, provincias y municipios;
d)señales contrarias a la producción;
e)círculo vicioso causado por la expansión de la economía informal: a mayor informalidad de la actividad económica, mayor evasión y, a mayor evasión, mayor informalización de la economía. Por el contrario, no habrá evasión cuando no haya economía invisible ni habrá economía invisible cuando no haya evasión.
El propio Vito Tanzi, ex Director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, 1980-2000, reconoce que “en Argentina se habla demasiado de evasión pero muy poco de que la estructura tributaria no es la adecuada. Donde hay una evasión muy grande es en el impuesto a las rentas, donde, además, se permite mucha elusión, porque las deducciones personales son muy altas en comparación al ingreso per cápita del país. Cuando hay problemas en la estructura de impuestos, esto permite a muchas personas no pagarlos sin que esto implique técnicamente evadir”. Para luego agregar que “ningún experto en temas impositivos apoya la privatización del control. S? existen ejemplos de intervención de los bancos privados en la recaudación, en recibir el dinero, pero no en determinar el cobro de impuestos. Los problemas impositivos no son de recaudación, sino de interpretación y aplicación de la ley y sus penalidades”.
Lo cierto es que, en materia de iniquidad, el quintil inferior de la pirámide de ingresos (20% de la población de menores recursos) paga impuestos equivalentes a casi el 40% de lo poco que ganan, mientras el quintil superior, sólo paga un 24%. En términos de macroeconomía, esta desproporción se pone en evidencia al comparar la tributación total a la renta y al consumo en porcentajes del PBI. En los países que se encuentran en la cima del desarrollo humano y PBI per cápita -como Suecia o Canadá- los impuestos a la renta contribuyen en un porcentaje de 22,2 y 16,2 al ingreso nacional. Respecto de los impuestos al consumo, esa contribución desciende al 11,2 y 9,1, respectivamente. En la Argentina, en cambio, los impuestos a la renta conforman el 3,2 de nuestro PBI, mientras los impuestos al consumo ascienden al 9,2% del mismo.
La evasión también favorece la desigualdad, ya que obliga a incluir el creciente porcentaje de evasión en las respectivas alícuotas de quienes tributan en regla. De acuerdo con Saúl Keifmann, el 80% de la recaudación de impuestos en nuestro país proviene, tan sólo, del 20% de los contribuyentes . Llevado al extremo del absurdo, este circuito terminaría mostrando a un solo pagador absorbiendo la totalidad de los impuestos, como consecuencia de la evasión de los restantes contribuyentes. Cuando ese pagador es el asalariado o el pequeño empresario, sujetos a un control más exhaustivo, el resultado es un pueblo que paga impuestos cada vez mayores respecto de sus ingresos, para financiar la evasión de los grandes contribuyentes y la fuga de grandes masas de capital.
En materia de administración tributaria, las sucesivas políticas oficiales han tendido, en las últimas décadas, a debilitar la estructura institucional y operativa de los organismos de recaudación. Lo que corresponde, por el contrario, es fortalecerla, mediante la capacitación de sus recursos humanos, la informatización, la eficacia de su poder sancionatorio, la ‘inteligencia fiscal’, etc.
Las deficiencias existen, es cierto. Pero no son pocos los expertos que sostienen que, a pesar de ellas, la principal dificultad para recaudar por parte del fisco argentino radica en su falta de voluntad política para detectar y disuadir a los evasores, así como en la lentitud de la justicia para aplicar sanciones a partir de las actuaciones administrativas. En definitiva, una muestra más de la complicidad entre poder político – económico – judicial, causante no sólo del deterioro económico de nuestro país, sino fundamentalmente del vaciamiento de legitimidad de nuestras instituciones, con su correlato en la grave pérdida de credibilidad social.
Asimismo, a principios de 2001 conformaban nuestro sistema tributario nacional 166 leyes, 380 decretos y más de 600 resoluciones administrativas, sin que existieran textos ordenados de dicha normativa. Por el contrario, el sistema tributario y su administración deben tender a una mayor claridad, simplificación, estabilidad y predictibilidad de las reglas de juego.
De todos modos, no sólo es responsable la ineficiencia recaudatoria. También lo es la caída del consumo acaecida como consecuencia de la profundización del ciclo recesivo. En 1993, la alícuota del IVA era del 16%; su recaudación representaba el 6,9% del PBI. En la actualidad, con una tasa de 21%, representa un volumen levemente superior al 7%.
Cuando un sistema impositivo sostiene en el tiempo grandes exenciones a las ganancias financieras y de capital, mientras persiste en aumentar la presión tributaria sobre las actividades productivas, está sentando claramente las bases de un capitalismo de renta y no de producción. Y dando señales más que negativas a los potenciales inversores de capital productivo, en favor de los negocios de alta rentabilidad a corto plazo, propios del capitalismo rapaz que se instaló en la Argentina y sigue luchando duramente por permanecer.
En definitiva, el peso de la recaudación debería recaer, en mayor medida, en las personas físicas y, en menor medida, en las sociedades de capital. La propuesta es generalizar la aplicación del IVA con alícuotas diferenciales para la canasta básica de alimentos y los servicios esenciales de salud y educación de las capas de menores recursos, rediseñar el sistema de aportes patronales, restablecer la imposición a las transferencias patrimoniales gratuitas y gravar las ganancias extraordinarias, los intereses de los depósitos, o bien la compraventa de títulos y acciones. Partiendo del principio de equidad social, opino como Gaggero y Gómez Sabaini, que “si la base del impuesto logra ser ampliada y generalizada, recién entonces será factible reducir sus alícuotas, que son las que inciden sobre las decisiones económicas. La recaudación se mantiene al bajarse las tasas debido a la extensión de la base imponible. Sin embargo, no se trata sólo del rediseño de la estructura tributaria, sino de su cumplimiento y la eficacia de su administración”.
En cuanto a la descompensación entre nación y provincias, y como consecuencia del modelo desplegado durante los años noventa, mientras el Estado nacional transfería a las provincias responsabilidades tales como la educación o los planes de vivienda, elevaba sus propias facultades recaudatarias. Hoy, la Nación recauda impuestos en un grado superior al de sus responsabilidades de gasto y, correlativamente, las provincias se ven forzadas a recibir una recaudación menor que la que requieren sus responsabilidades. Se intentó disminuir la brecha mediante acuerdos de coparticipación, basados en transacciones políticas antes que en criterios racionales, que tuvieron como resultado concreto la profundización de las desigualdades, ya no sólo entre las provincias y la nación, sino entre las propias provincias.
Cabe señalar, además, que esta relación centro-periferia se traslada a los municipios. Estos disponen, en general, de niveles muy bajos de recaudación respecto de sus gastos, hecho que acentúa su dependencia de los gobiernos provinciales. Se impone, pues, una nueva estructura de coparticipación, sustentada en un plan correctivo de las asimetrías regionales de diversos or?genes.
Las empresas privatizadas
El proceso de privatizaciones en la Argentina fue, desde el punto de vista de los modelos económicos, consecuente con los principios del consenso de Washington. Desde la perspectiva de los intereses concretos de los actores económico-políticos, se trató de la continuidad del ciclo de ajuste estructural iniciado en los setenta con la socialización de la deuda privada y el desmantelamiento del aparato productivo nacional, y su transferencia a los grupos concentrados. El extenso plan privatizador transfirió actividades de la industria manufacturera -producción de acero y petroqu?mica-, como así también la explotación de recursos naturales no renovables -petróleo y gas natural. Vinieron luego por el apoderamiento del sector público y el vaciamiento, inexorable dadas las circunstancias, del poder político estatal. Compraron la telefonía, el gas, la electricidad y el agua potable, los ferrocarriles, el transporte de carga y de pasajeros, los puertos y las vías navegables troncales.
Al no favorecer la competencia por ausencia de normas antimonopólicas, y en medio de una incre?ble precariedad regulatoria, el programa privatizador favoreció estrategias y prácticas abusivas, consolidó la posición dominante en el mercado de los grandes grupos y fue, por tanto, propulsor de la concentración y centralización del capital.
La inyección de competencia en el ámbito de los servicios públicos genera, desde luego, efectos beneficiosos sobre los consumidores y sobre las firmas usuarias que operan en el mercado interno. Pero además, constituye un factor esencial de aliento a la competitividad externa: ¿cuánto disminuye para una PyME el costo de una comunicación telefónica con un cliente suyo del exterior?
Los privilegios de las prestatarias de servicios públicos se vieron favorecidos por la aplicación de cláusulas de ajuste periódico de tarifas, indexadas según la evolución de precios en economías externas. Esto, además de operar como un verdadero seguro de cambio del que no gozó el resto de la economía, encareció, irracionalmente, los precios abonados por los consumidores y el sector productivo, elevando los márgenes de beneficio de aquellas a niveles extraordinarios, carentes de toda razonabilidad. La aplicación de las cláusulas indexatorias en dólares según la inflación estadounidense hizo que las tarifas crecieran formidablemente por sobre la evolución de los ?ndices de precios internos.
Entre 1995 y 1999, las empresas de servicios públicos privatizadas obtuvieron ganancias por un total de u$s 24.000 millones, lo que significa que sólo en un quinquenio superaron con creces el monto de las inversiones realizadas. Los informes financieros de Transportadora de Gas del Sur (TGS) -por ejemplo- por cuyos tres gasoductos circula el 60% del gas que se consume en el país, arrojan un margen de ganancia contra ventas de 39,5% para el ejercicio 1998. De acuerdo con el INDEC, las ganancias de las privatizadas superan en más de dos veces y media la utilidad obtenida por las quinientas mayores empresas de la Argentina que operan en régimen de competencia.
Además, los contratos de privatización autorizaron el pago, por parte de las empresas, de honorarios de administración (management fee) a sus operadores técnicos, que no son otros que las multinacionales que encabezan los consorcios. Estos honorarios equivalen, generalmente, al 6 –7% de las utilidades brutas y están exentos de impuestos, por lo que se trata en verdad de ganancias encubiertas. En 2000, Telefónica de Argentina abonó u$s 148 millones en concepto de management fee a su operador técnico, Telefónica de España, mientras Telecom hacía lo propio con France Telecom y Stet de Italia por un monto de u$s 130 millones. Gas Natural BAN (Buenos Aires Norte), por su parte, tributa a su operador técnico, Invergas, una suma equivalente a un tercio de toda la masa salarial de la compañía. Aguas Argentinas lo hizo, en 2000, con Suez Lyonnaise Des Eaux, por un monto de u$s 18 millones, en concepto de honorarios, por un contrato de control de gestión y transferencia de tecnología firmado en 1993.
Durante los años 90, las tasas de beneficio registradas por Aguas Argentinas fueron del orden del 23% sobre patrimonio neto, mientras que, en los EE.UU., las empresas de agua y saneamiento tuvieron una rentabilidad promedio del 8%, en el Reino Unido del 7% y en Francia del 6%. El margen de rentabilidad sobre ventas de Telefónica y Telecom fue casi tres veces superior al promedio de las diez operadoras de telecomunicaciones más importantes del mundo, incluyendo Telefónica de España, Telecom Italia y France Telecom. Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur registran una tasa media de retorno sobre ventas cercana al 40%, mientras la rentabilidad razonable en el plano internacional se ubica entre el 10 y el 20% de su facturación. En 2000, Repsol registró, en España, un margen de rentabilidad sobre ventas del 5,3%, mientras que en Argentina obtuvo un 14,2%.
De todas formas, las tarifas ya habían sido aumentadas con anterioridad a la transferencia de las empresas, debido a la necesidad de limitar, en lo formal, sus rentas extraordinarias. Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo señalan que en los diez meses previos a la entrega de ENTel, el valor del pulso telefónico se incrementó más de siete veces medido en dólares estadounidenses, mientras que el tipo de cambio había aumentado sólo dos veces. De resultas de ello -sostienen- el precio de partida de la actividad privada superaba con holgura a los establecidos en el momento del llamado a licitación.
Como queda claro, estas rentas no derivan de la excelencia de las prestaciones sino de las pésimas condiciones en las que se pactaron los contratos.
Sólo tomaré un par de casos a modo de ejemplo. La empresa Aguas Argentinas S.A. reconoció haber incumplido inversiones que, en el pliego de bases y condiciones, eran consideradas esenciales, aceptando pagar las multas correspondientes. Dichos incumplimientos debieron haber repercutido -además y principalmente- en la disminución de las tarifas, ya que los montos de las multas resultaron decididamente inferiores al beneficio real que recibieron desde el punto de vista financiero. En el mismo sentido, aplicó una forma sobre costo de agua similar al de los EE.UU., donde el proceso de potabilización es mucho más oneroso que en nuestro país. De este modo, amplió artificialmente su estructura de costos. Por último, la misma empresa efectuó obras por medio de terceros contratistas que, en realidad, fueron abonadas por los vecinos, sin que la concesionaria invirtiera un solo centavo.
Ejemplos similares pueden encontrarse en todos los servicios privatizados –la concesión de rutas por peaje es otro de los más evidentes y escandalosos, y todo bajo el infra-control de los organismos reguladores.
El incremento de tarifas fue paralelo a la caída de los ingresos reales de los sectores de menores recursos, sectores medios y PyME, así como a la reducción del personal ocupado y a la eliminación de proveedores locales. Todo esto contribuyó a elevar el porcentaje de gastos destinados al pago de tarifas por parte de los hogares y las empresas productivas, dejando a las privatizadas un margen de ganancia por encima del promedio de la economía. Esto se denomina, lisa y llanamente, transferencia de ingresos de los sectores populares y productivos a los grupos más concentrados. Fueron estos últimos los que sostuvieron el poder político de los gobernantes de turno a cambio de las concesiones contractuales que recibieron durante todo el período de negociación.
Otra falencia estructural del proceso privatizador la constituye la figura de la neutralidad tributaria o estabilidad impositiva. Según este concepto, toda variación de impuestos respecto de las condiciones vigentes al momento de la transferencia de la empresa, debía ser trasladada a los usuarios. En el marco de la galopante regresividad tributaria ocurrida durante la década de los noventa, diversas disposiciones llevaron a una sensible reducción de la carga fiscal de las privatizadas, como la reducción de los aportes patronales, el impuesto a los sellos y a la importación de bienes de capital. No obstante, ninguna de esas reducciones se tradujo en una disminución de las tarifas, aumentando la apropiación ilegal de ganancias extraordinarias. Una revisión integral de esos montos no transferidos e ilícitamente internalizados por las empresas debe concluir en un cronograma de reintegros a los usuarios y consumidores.
En consecuencia, tanto los contratos de concesión cuanto el papel, la estructura y el financiamiento de los institutos de regulación y control, deben ser redefinidos integralmente y bajo la presión de una nueva legitimidad política. Y no sólo desde los escritorios oficiales, donde todo se reduce a discutir tarifas, y donde los intereses del pueblo, si los negociadores estatales se aíslan de dicha presión, llevan todas las de perder. De lo contrario, se repetirán situaciones como la renegociación parcial del contrato de Aguas Argentinas. En él, se redujeron ostensiblemente el ritmo y volumen de inversión, para que la empresa siguiera obteniendo una gran economía financiera, en detrimento de la calidad del servicio brindado a los usuarios.
El perfil de endeudamiento de las empresas privatizadas es otra de las características que marca a fuego su relación con los grupos financieros internacionales y las calificadoras de riesgo que responden a esos mismos grupos. así, mientras degradaban rápidamente el status de riesgo del Estado nacional, exigiéndole condiciones de ajuste socialmente incumplibles, calificaban con nivel de investment grade a las concesionarias, autorizándolas a recibir créditos blandos, esto es, a tasas bajas, plazos largos y sin garantías, con la anuencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Financiera Internacional (CFI). Prueba de ello es el crédito por u$s 108 millones sin garantías obtenido por Aguas Argentina en 2001, a una tasa apenas dos puntos superior a la tasa Libor, calificada con triple B por Standard & Poor’s.
El contexto actual es totalmente diverso respecto del momento en el que tales deudas eran contraídas a voluntad, livianamente, y sin injerencia alguna de parte del Estado. La fuga de capitales precipitó la caída de reservas, lo que puso en crisis al sistema financiero del que estos grupos empresarios son parte. La devaluación, por su parte, modificó su ecuación financiera, la que estaba proyectada en base a una tarifa a valor dólar que fue pesificada. Finalmente, la crisis social empujó a millones de usuarios fuera del mercado y limitó la capacidad de pago de otros tantos millones a ra?z de la tremenda depreciación del salario.
En este marco, las mismas empresas que siempre rehuyeron de toda intervención estatal a la hora de pactar condiciones, eludir garantías y sacar divisas del país, ahora reclaman al Estado que asuma, como propia, la deuda privada -es decir, se la trasladan a la sociedad. O bien requieren un nuevo seguro de cambio, que es otra forma de socializar sus deudas. La realidad muestra que el pasivo de u$s 3.250 millones de Telecom argentina, por caso, es “una gota de agua en el mar de deudas de France Telecom, que se embarcó en una ola de adquisiciones de firmas europeas, endeudándose en más de u$s 50.000 millones” , y cuyo prestigio y trayectoria empresaria siempre fue exhibido por su participada argentina como respaldo de sus políticas.
Como corolario de lo expresado, se impone una renegociación integral desde una perspectiva totalmente diferente. Se debe comenzar por construir e instalar en el seno de la sociedad una nueva legitimidad cultural sobre la naturaleza del servicio público como concepto, tanto en el plano familiar como respecto del crecimiento económico y el desarrollo social. En ese mismo sentido, rediseñar un rol activo del Estado como representante último del interés comunitario, pasando por las asociaciones y entidades de defensa de usuarios y consumidores, entes reguladores y organismos de control. Todo ello en el marco de una nueva doctrina jurídico-administrativa que confiera, a inversores y consumidores, la necesaria seguridad jurídica a largo plazo. Una nueva doctrina que termine con la estructura de poder montada a expensas de los ex ministros menemistas Roberto Dromi y Rodolfo Barra, según la cual se consolidó la seguridad jurídica para el poder, y la desprotección, abandono e incertidumbre más nebulosa para los sectores productivos y medios y populares de nuestra sociedad. Una nueva doctrina que -como lo establece la cumbre mundial de Johanesburgo- autorice a demandar a las empresas que incumplan las condiciones contractuales en los países donde residen sus casas matrices. Si recurren a la presión de los gobiernos de sus países de origen para que defiendan sus intereses, es lógico que esos mismos países respondan cuando tales corporaciones incurren en prácticas ilegales.
Además de todo lo que ya propuse, el nuevo programa en materia de servicios públicos debe, entre otros rubros:
·establecer con carácter de emergencia la tarifa social.
·cumplir lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Nacional en materia de protección de los derechos de usuarios y consumidores de bienes y servicios.
·dotar a los entes de control y regulación de independencia respecto de las empresas y modificar la relación financiera entre ambos, a fin de disminuir el riesgo de captura del regulador por parte de aquellas.
·crear una Agencia Nacional de Energía.
·implementar programas de desarrollo de proveedores locales en el marco de la legislación vigente en materia de compre nacional y articular con las instituciones públicas dedicadas a la Investigación y el Desarrollo tecnológicos.
Superávit de balanza comercial
La devaluación del peso argentino ocasionó que un grupo de sectores vinculados a la exportación obtuviera ganancias extraordinarias.
Si bien sectores productivos pertenecientes a diversas economías regionales han mejorado su situación merced al nuevo tipo de cambio, las ganancias de nivel extraordinario se concentran en un puñado de no más de cien empresas a las que aquellas tributan, que concentran la actividad exportadora. Según un estudio de la Fundación FUNDES, desarrollado por Felipe Frydman, Director Nacional de Negociaciones y Cooperación Económica Internacional de la Cancillería argentina, las grandes firmas (668) explican el 79,5% de las exportaciones; las PyME (3.834), el 20%; y las microempresas (5.634), sólo un 0,5%. A esto, agrega Enrique Mart?nez, “cincuenta empresas concentran algo más del 50% del total de exportaciones y de ese grupo, 31 son multinacionales con sede en otro país. De las argentinas, sólo 9 exportan bienes con valor agregado; el resto vende commodities agropecuarios o petróleo. Entre el 35 y el 40% del comercio de importación se realiza entre filiales de una misma compañía multinacional”.
En cuanto a nichos de producción, se encuentra en primer término el área de commodities, sostenida por las materias primas de origen agrícola, aluminio, productos qu?micos y petróleo, todas ellas con un capital de trabajo relativamente amortizado y baja intensidad de mano de obra. En estos rubros, los insumos importados no exceden el 20% del costo, a lo que se suma su alta capacidad política para impedir la aplicación de retenciones elevadas y su baja disposición a liquidar divisas en plazos breves en el mercado local.
Para la industria del petróleo, sus costos en dólares representan no más del 10% del nivel de actividad en materia de refinación, por lo que han incrementado espectacularmente sus ganancias, sin un aumento correlativo en materia de ingresos para el Estado, a los fines de su redistribución social, o bien para el desarrollo de infraestructura productiva.
Paralelamente, la devaluación permitió a algunas actividades industriales recuperar, en forma parcial, su competitividad. A diferencia de los productores de materias primas, sectores como el calzado, textil e indumentaria, madera y papel, industria editorial, alimentos, autopartes y software, son altamente demandantes de empleo, en especial a nivel de Pequeñas y Medianas Empresas. Pero justamente, por no tratarse de firmas de gran envergadura, se ven impedidas de acceder a créditos para la compra de materias primas o para la obtención de capital de trabajo. El tipo de cambio es una variable importante, pero no resulta, en definitiva, condición suficiente para exportar, o bien para recomponer su capacidad de sustituir importaciones.
No obstante las dificultades señaladas, la caída dramática de las importaciones en consonancia con el acrecentamiento de las exportaciones, arrojó como resultado un saldo favorable de la balanza comercial muy superior a los 10.000 millones de u$s para el año 2002. Superávit que el Estado no capitalizó suficientemente, debido a:
·su falta de voluntad política para recaudar impuestos y forzar la liquidación de divisas en el mercado local,
·la relativa facilidad para continuar con el drenaje de divisas que caracterizó al país durante los últimos años,
·el insuficiente poder para aplicar retenciones acordes con el extraordinario nivel de ganancias alcanzado por los sectores descriptos.
Las retenciones no constituyen, necesariamente, el instrumento más adecuado si se las aplica con carácter permanente, debido a que en el mediano plazo pueden convertirse en un factor distorsivo. Con tipo de cambio alto, constituyen un elemento correctivo de asimetrías, así como la aplicación jprovisoria de cupos. Y resultan eficaces, también, como mecanismo para atenuar las ganancias extraordinarias que la devaluación otorgó a un grupo muy reducido de empresas y la brusca modificación de los precios relativos. También podría recurrirse a ellas para equilibrar las cuentas fiscales en momentos de absoluta crisis de financiamiento. Pero lo ocurrido en el caso argentino es que su valor fue ponderado tomando en cuenta un tipo de cambio que pocos días después trepó al doble, sin que las retenciones se modificaran, lo cual redujo el impacto positivo de las mismas.
La generalización de las retenciones a todo tipo de productos no constituye un buen indicador. Ciertamente, la Argentina debe defender aquellas exportaciones con mayor valor agregado. Son las retenciones a la exportación de petróleo crudo -por poner sólo un ejemplo- las que debieran ser muy superiores al promedio. Al contrario, y como una concesión más al poder económico, la administración del senador Eduardo Duhalde no sólo no impidió los ingentes aumentos de precio de los combustibles, sino que en junio de 2002 eliminó las restricciones a la exportación de crudo que pesaban sobre las empresas radicadas en el país.
Una vez más, y justamente en esta etapa de emergencia en que la presencia estatal activa en materia de políticas sociales es tan requerida, el Estado argentino no utiliza a fondo todos los instrumentos de política redistributiva que se encuentran a su alcance.
La retirada del Estado con el consecuente abandono del control de los grandes ejes de rentabilidad fue una de las medidas más funcionales al ajuste estructural durante los años en que éste se desplegó con toda su intensidad no sólo en la Argentina, sino sobre toda la región. Por consiguiente, la recuperación de la capacidad del Estado como agente de retención de parte de dicha rentabilidad extraordinaria, concentrada monopólica u oligopólicamente en un puñado de grupos económico-financieros, constituye una parte central de la nueva mirada que propicio.
En este sentido apunta la propuesta de crear sendas agencias nacionales -o regionales- para el aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como de las fuentes de energía con las que cuentan nuestros países. Sus objetivos deben centrarse en la preservación del interés nacional, la valorización de esos recursos en las plazas internacionales, la protección del medio ambiente, la garantía de la competencia en tanto ésta beneficie la calidad de los productos y los intereses del consumidor, la ampliación de los mercados de trabajo a partir de la articulación de cadenas de valor. Para ésto, debe fomentarse la producción de derivados de dichas materias primas con valor agregado que los convierta en productos terminados de elevada calidad y de alto precio en el mercado externo.
Simultáneamente, es necesario recobrar cierta injerencia estatal -o supranacional para el caso de MERCOSUR ampliado- en las actividades derivadas, como las obras de infraestructura productiva o el trasporte de la producción regional a través de sus diversas modalidades. Ésto, lejos de ser contrario a la globalización económica, resulta por demás imprescindible para insertarnos en ella desde una perspectiva inteligente en defensa de los intereses de los ciudadanos de la región.
La propuesta
Ahora, el corazón de la propuesta.
El presente pone a la Argentina en una situación de gran dificultad respecto de nuestras posibilidades de recibir financiamiento externo. Por otra parte, cuando contamos con él, significó someter a la población a condiciones de ajuste extremo, insoportable, sumiéndola en una pobreza nunca antes vista. Por eso, el relacionamiento con el mundo tiene que llegar de un proyecto mayoritariamente aceptado, uno de cuyos núcleos pasa, hoy día, por la reorientación en la distribución de los recursos. No solamente pongo el foco en la distribución social del ingreso, sino también en la apropiación de los excedentes económicos, concentrados en nichos de rentabilidad superiores a la media de la economía de los últimos años. Estos son, principalmente, el superávit de balanza comercial y los mecanismos de liquidación de divisas, el nivel de ganancias de empresas de servicios públicos privatizados, la tasa de ganancia de las administradoras de fondos de pensión y la renta por las actividades vinculadas a la extracción de petróleo.
El régimen económico de la Argentina posee, entre otras, las siguientes características:
·Regresividad distributiva de tal magnitud que ha derrumbado el mercado interno, dentro de la cual la desocupación opera como un fuerte disciplinador social.
·Una estructura de precios que determina ganancias en el sector financiero y de servicios públicos privatizados que no se corresponden con lo que sucede en el sector de la producción, y que les ha permitido independizarse del conjunto del ciclo de la economía interna.
·Baja natalidad de empresas debido a las cambiantes reglas de juego que obliga a las existentes a trazar estrategias, en el mejor de los casos, defensivas, cuando no de cierre y retiro de la inversión. Entre 1995 y 2000 se vendieron más de 1.000 empresas por 70.000 millones de dólares. En muchos casos se trató de plantas ya existentes, en vez de plantas nuevas. Esto permitió a las firmas inversoras adquirir rápidamente una posición en el mercado interno, sin asumir el riesgo propio de los procesos de aprendizaje de la idiosincrasia de los consumidores locales.
·Ausencia de un patrón de especialización productiva y de inserción en el mundo sostenible en el largo plazo.
·La ya mencionada estructura deuda-dependiente se configura de tal modo que, aún creciendo, ha contraido obligaciones en divisas por montos progresivamente superiores a los que genera.
No obstante la profundidad de la crisis desatada, la estructura de la economía argentina conserva algunos indicadores que la alejan de ser un país marginal. El aprovechamiento de los recursos naturales y, como ejemplo, la industria del turismo receptivo, son campos que podrían resultar propicios para la recuperación económica de corto plazo. Pero en términos de mediano y largo plazo, existe una plataforma de despegue productivo de mayor envergadura. Unas 500 empresas, que representan el 40% del producto bruto industrial, alcanzan niveles de eficiencia internacional. Se ubican, centralmente, en el sector de los recursos naturales y de insumos básicos, en menor medida en la industria automotriz y en algunos rubros de consumo masivo -consecuencia del boom de demanda de la primera parte de los años noventa.
En el área de los recursos naturales, como la agricultura y la energía, nuestro país no sólo se ha expandido, sino que genera prácticas productivas de primer nivel internacional. Lo mismo ocurre con insumos como la siderurgia, los muebles y el papel, dentro del cuadro más general de la producción minera y maderera. Si bien, en este caso, se trata de empresas beneficiadas por los sistemas de promoción y desgravación, suman una treintena de plantas grandes y medianas que tocan la frontera técnica internacional. Se han transformado, en casos como Acindar o Techint, o Arcor, Bagó y Roemmers , en grupos económicos de alto nivel exportador, que se favorecieron mientras caía proporcionalmente el consumo y la actividad económica doméstica. Inclusive, a partir de la devaluación, un alto porcentaje de sus componentes importados está siendo remplazado por productos nacionales, con su correlativo avance en materia de tecnologías de proceso, ensamble y generación de empleo.
El software merece una referencia especial. Es utilizado por las tres grandes esferas de la sociedad moderna: la administración pública, las empresas y el sector hogareño. El primero de ellos -sector estatal- presenta el creciente potencial que implica la difusión del e-government, es decir, la aplicación de la tecnología de la información a la organización del primero de los tres segmentos mencionados.
La industria del software es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años. Esta tendencia no parece revertirse: posee alta transabilidad internacional, como potencial fuente de divisas por exportaciones, y es ambientalmente amigable.
La capacidad de producirlo no es exclusiva de las grandes empresas multinacionales; tanto en nuestro país como en el mundo, existen numerosas pequeñas firmas cerebro-intensivas competitivas en el sector, el cual, en su conjunto, posibilita el desarrollo de PyME, con alta potencialidad innovativa y de integración con empresas líderes proveedoras de tecnología.
Esta rama de la actividad es intensiva en capital humano, lo cual suele, además, ir asociado a condiciones laborales de buena calidad: demanda empleo calificado. Actualmente, el 61% de la mano de obra corresponde a graduados, y el 28%, a técnicos y estudiantes.
En nuestro país, la producción de software y servicios informáticos, no obstante su heterogeneidad, presenta un potencial significativo de desarrollo. En la actualidad, se estima en 300 el número de empresas argentinas del sector, aunque constituye un escollo su muy escaso v?nculo con las instituciones públicas de Investigación y Desarrollo, como institutos y universidades.
Otras adversidades son el reducido tamaño del mercado interno, la insuficiente producción de bienes y servicios innovadores para mercados externos, así como una elevada carga impositiva.
Planteamos el desarrollo del software en su calidad de sector dinámico de la cadena productiva, cuya ventaja competitiva reside en su capacidad de innovación tecnológica, y no en un diferencial salarial. Esto significa que la industria local no debe insertarse internacionalmente por medio de empresas que vendan horas-hombre en base a salarios reducidos para posicionarse, tan sólo, en los eslabones más bajos de la cadena mundial. Por el contrario, a partir del debido involucramiento del Estado y los factores productivos, cuenta con el potencial suficiente como para convertir a la Argentina en un polo de atracción de inversiones de alta tecnología.
En fin, sumando a nuestros recursos naturales e insumos básicos, el aprendizaje acumulado nos coloca en una posición favorable tanto en materia de capital humano como de capacidad empresarial. La asignatura pendiente es la transición hacia la producción de bienes diferenciados: “pasar del cuero a la confección”, como sostiene Bernardo Kossakof. Para ello, es imperativo recomponer el tejido de Pequeñas y Medianas Empresas proveedoras de los servicios técnicos y de apoyo, así como de un mercado de trabajo calificado, de modo de centrar nuestro modelo de competitividad en la calificación de los productos y no en el descenso de los salarios.
El factor más dinámico para el crecimiento de cualquier sector particular deviene del desarrollo articulado del sistema productivo. Ni en el período de la sustitución de importaciones ni durante el desarrollismo, la industria creció más que en la etapa dorada del modelo agroexportador, cuando las exportaciones primarias generaron el mayor crecimiento de toda nuestra historia. Nunca la Argentina presentó un dinamismo mayor que en aquel momento económico, que sirve como un antecedente óptimo de la feliz convivencia entre desarrollo exportador y crecimiento de sectores no exportadores. La diferencia a favor del futuro es que hoy podemos aspirar a una política de exportaciones mucho más diversificada y de mayor grado de elaboración.
A su vez, la inyección de competencia en el mercado interno, además de traer beneficios para consumidores y empresarios, resulta un componente principal de la competitividad externa. El prolongado aislamiento del comercio internacional no benefició a la Argentina. Hoy, todos hemos comprendido que una estrategia de crecimiento genuino es, a la vez, una estrategia de integración al mundo.
Por ejemplo, si se ampliase el acceso de nuestro país a los mercados agroalimentarios, el llamado “riesgo país” sería mucho más bajo. Descendería la tasa de interés en pro de un mayor desarrollo industrial y aumentaría la rentabilidad de la inversión productiva por su menor costo financiero. En suma, en lugar del planteo convencional de acumulación de capital por vía de la desacumulación de salario, estaríamos ante una concepción virtuosa del crecimiento.
La política económica presenta una serie de temas que deben ser necesariamente materia de un profundo acuerdo político basado en las reglas del juego limpio, fiel cumplimiento de los compromisos asumidos y proyección de largo plazo. Y, básicamente, exige una vocación efectiva y verdadera de acordar, esto es, que ningún actor político, social o económico del acuerdo acuda al mismo creyéndose poseedor absoluto de la verdad. Todos debemos estar dispuestos a ceder una parte del óptimo de nuestros intereses en función del interés colectivo.
Algunos de los puntos fundamentales para un gran consenso político, económico y social son los siguientes:
1.Entorno de alta calidad institucional.
2.Prioridad en la inversión educativa.
3.Papel promotor del Estado.
4.Implicación rec?proca entre sector público y privado.
5.Armonización de las políticas macroeconómicas y homogeneización de las negociaciones internacionales a nivel del bloque regional.
6.Incremento de la productividad del trabajo e incentivo del empleo de calidad con propensión al aumento del salario real.
7.Competitividad sistémica tendiente a incorporar valor agregado a las exportaciones; añadir a nuestra producción de desarrollo intermedio en el paradigma del cambio tecnológico; producir bienes altamente diferenciados y aumentar el precio final del producto terminado; ganar confiabilidad y diversificación de los mercados compradores.
8.Responsabilidad fiscal desde el punto de vista de la equidad y buena administración tributaria; control de los mercados de divisas y de capitales y la austeridad, eficiencia y profesionalización de los recursos del Estado, con propensión a aumentar en calidad y cantidad los servicios sociales por éste prestados.
9.Equilibrio demográfico a través de la inversión pública en vivienda e infraestructura productiva, sustentada en diversas vías de financiamiento.
10.Sinergia positiva dada por la integración creativa entre los sectores primario, industrial, terciario y tecnológico de la economía.
Repito, la Argentina no es un país marginal.
Desde el punto de vista de su estructura productiva, cuenta con industrias de punta y alta capacidad exportable, y con otras de desarrollo tecnológico intermedio y elevada capacidad ociosa, a la espera de su optimización. Somos un país preparado para volver a generar expectativas económicas y financieras debido a la subsistencia de una infraestructura cultural y educativa que, pese al deterioro de las últimas décadas, todavía ofrece posibilidades de recuperación.
Asimismo, sectores de pensamiento económico, hasta ahora dispersos e insuficientes para desbaratar la centralidad del neoliberalismo, comienzan a encontrar puntos comunes de agenda de política económica. El Plan Fénix, la propuesta de “shock distributivo” de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y las Bases Programáticas del ARI son ejemplos de esto.
Bases conceptuales del consenso
Distribución del ingreso
La premisa ética es la inclusión social: ninguno de los habitantes de una nación ni ninguno de los seres humanos del planeta debe estar condenado a no acceder a un mínimo de dignidad y desarrollo humano y social, en el marco de los grandes progresos técnicos a los que ha llegado el saber en las últimas décadas. Todos los ciudadanos deben gozar de un importante estándar de ciudadanía en materia de salud, educación, vivienda y trabajo.
Además, la inclusión social dispara al sistema económico en su integralidad. Una sociedad que funciona desarrolla mejores instituciones. Éstas incitan al Estado para que controle mejor las injusticias y desequilibrios, y mejore la prestación de los servicios esenciales, lo cual redunda, a su vez, en un mayor nivel de ciudadanía. Es decir, se potencia el cuadrante de suma positiva de la teoría de Hammond, al cual ya me refer? en el Capítulo IV de este libro.
La inclusión social mejora la capacidad de compra de los ciudadanos, con el consiguiente est?mulo a la producción. La producción reanima el consumo y la exportación de excedentes. El desarrollo del mercado interno favorece la calidad y productividad de la mano de obra, así como la competitividad internacional. Se trata de un logro basado en recursos humanos aptos para la elaboración de valor añadido, que eleva el componente tecnológico de las exportaciones.
Al contar con un mayor universo de usuarios, las empresas de servicios mejorarían su performance económica y, consecuentemente, la previsibilidad de sus ecuaciones empresarias y la incorporación de nuevas tecnologías a partir de mayores inversiones.
El sistema financiero, por su parte, obtendría mayor grado de bancarización, lo cual también mejoraría su ecuación empresaria y gravitaría en una mayor confiabilidad social al ser eficiente y no usurario, tal como es percibido actualmente por el grueso de la población argentina.
El Estado
Una vez dilucidados los criterios de igualdad que la sociedad promueve, es necesario plantear la cuestión del Estado como director del largo plazo.
La nueva definición de la relación Estado-sociedad, y las esferas de acción propias y conjuntas de cada uno, requiere desmontar el andamiaje conceptual que llevó al achicamiento de aquel.
No existe ni ha existido expansión estatal espontánea, con independencia de la voluntad de quienes lo condujeron. La pasada expansión del Estado fue el resultado de sucesivas decisiones políticas. Su consecuencia fue un despliegue irracional de la actividad estatal, que aseguró privilegios diversos y transferencias de ingresos socialmente indeseables, que recortaron los grados de libertad de terceros.
Bajo el atendible argumento del equilibrio fiscal, el Estado argentino no sólo anuló su participación directa como empresario, sino que también se desentendió de todo est?mulo público al sector privado. Esto a pesar de que toda estrategia de acumulación requiere la responsabilidad estatal directa en dos campos fundamentales: la infraestructura física y el capital humano.
Los antes beneficiados por el estado comprador, contratista o subsidiador, lo acusaron luego de empresario e ineficiente. Por eso es que la reciente reducción estatal no condujo a su fortalecimiento, sino que es fruto de una voluntad política distinta, pero emanada de los mismos grupos de poder.
La reducción operada sólo acarreó incapacidad de gestión. Las nuevas políticas públicas dependerán de la apropiada combinación de:
·personal calificado;
·recursos tecnológicos;
·infraestructura física;
·financiamiento; y
·organización eficiente.
Se trata de una combinación de factores que ninguna privatización ni desregulación puede sustituir. No es una cuestión de tamaño, sino de calidad.
Si este criterio requiere que el Estado se desprenda de funciones, a medida que esto suceda deberá aumentar su accionar en la regulación de las actividades transferidas, especialmente cuando el sector privado se involucra en la formulación de políticas públicas. Por eso es que los países más avanzados no han renunciado a la intervención estatal, sino que ésta actúa como dique de contención de la desigualdad en el ingreso que provoca el capitalismo.
El meollo de la reforma estatal es la redefinición de las fronteras entre el dominio de lo público y lo privado. No debe reducirse a ser meramente administrativa, sino que debe encararse como un nuevo tratado de l?mites legitimado por el conjunto de la sociedad civil, cuya materia de análisis es:
·quién produce cada bien;
·el poder de cada esfera; y
·la distribución de los recursos.
Y cuyas áreas de gestión deben ser:
·autonomía relativa;
·calidad institucional;
·contrarrestar fluctuaciones macroeconómicas;
·promoción de la inversión;
·innovación tecnológica;
·calidad de los servicios públicos;
·promoción de la movilidad social ascendente.
Por su parte, el mercado, como productor fundamental de determinados bienes y servicios, debe ser objeto de un sistema de regulación que optimice sus posibilidades y limite sus debilidades, en las siguientes materias:
·protección del medio ambiente;
·protección de los consumidores;
·estándares de calidad;
·legislación antidúmping;
·legislación antimonopólica;
·entorno institucional empresario.
Propongo realizar un gran foro de actores de la descentralización y la desconcentración de las funciones del Estado.
La crucial disputa por la distribución del ingreso no atañe únicamente al salario de cada ciudadano, sino también, y fundamentalmente, al financiamiento del Estado.
La asignación de recursos por parte de éste guarda relación directa con el perfil de sociedad al que se aspira. De mediano plazo en adelante, la propuesta consiste en la reactivación del mercado interno mediante la disminución de los ?ndices de desocupación y pobreza. La condición que sigue a esto es la producción de valor agregado y el logro de mayor nivel tecnológico, tendientes ambos a diversificar el mercado exportador. Ello aparejará la mejora en la calidad de vida ciudadana.
Pero en el mientras tanto, debemos iniciar una marcha decidida hacia un Estado activo en aquellas áreas donde la población desguarnecida más lo necesita.
Inversión en educación pública y el porcentaje de PBI destinado a la investigación, ya sea básica, experimental o aplicada.
Giro conceptual de 180 grados en la orientación del presupuesto para la salud. En nuestro país, las principales tragedias en materia de salud pública no derivan de la insuficiencia de presupuesto, sino de que los recursos se destinan a paliar los efectos de la enfermedad en lugar de prevenirla. Paralelamente, la estructura misma del sistema social se dedica a fabricar cada día mayor cantidad de pobres y excluidos sin solución de continuidad. La Argentina gasta mucho dinero, pero no precisamente en salud, sino en enfermedad. La gestión deficiente de esos recursos y la ausencia de controles estatales aptos, han dejado un colosal espacio a la arbitrariedad de las corporaciones privadas, cuyos intereses creados habrá que atacar a través de una profunda toma de conciencia y movilización cultural de la sociedad.
Construcción de viviendas populares, siguiendo criterios de distribución demográfica equilibrada, coherentes con la estrategia productiva del país.
Para paliar la emergencia laboral, es necesario promover, a través de políticas activas de generación directa por parte del sector público, así como de incentivos al sector privado, actividades empleo-intensivas como la construcción de viviendas populares y las obras de infraestructura productiva.
Hay que suscitar otras oportunidades de empleo socialmente deseables, como, por ejemplo, la ampliación de los sistemas de cuidado de familia.
Mientras se implementan las políticas de más largo alcance, se convierte en un imperativo de urgencia extrema revertir la dramática realidad de la desocupación, garantizando el instituto del ingreso mínimo ciudadano y estableciendo el seguro de empleo y formación y la asignación universal por hijo.
El Poder Judicial requiere mayor presupuesto para su modernización estructural y funcional, de modo de, entre otros avances, eliminar las consecuencias sociales derivadas de los altos gastos de iniciación y de la lentitud de las causas -sobre todo cuando éstas revistan carácter alimentario. Debemos dinamizar también la justicia vecinal o de menor cuantía, así como la instancia de mediación.
Otra de nuestras grandes urgencias es la reforma profunda de la policía, partiendo del cambio cultural y educacional que supone resituar a la institución en un lugar de máximo respeto y consideración social. El plan de modernización debe contemplar la creación de policía judicial y científica eficientes, prevención especializada de la seguridad ordinaria así como de delitos complejos, formación de especialistas, mapeo virtual del delito, planificación de la intervención policial y racionalización de los recursos, control de legalidad y de resultado, descentralización y estrategia coordinada de participación comunitaria. Todo bajo la categórica reafirmación de que la policía es un organismo auxiliar de la justicia, y no la institución que la imparte.
La articulación de los factores productivos
La mirada alternativa de una política sociolaboral parte del ensamble de intereses entre los factores productivos, con prioridad en los sectores de menores recursos. La misma estará regida por el principios de estabilidad y calidad del empleo, y contemplará la reducción de la jornada laboral, de modo de compatibilizar la situación de los trabajadores en actividad y los desocupados, así como de las Pequeñas y Medianas Empresas.
A partir de la premisa de incrementar las fuentes de trabajo, un circuito productivo de alta calidad comprende la articulación de cuatro grandes eslabones: el trabajador y el sindicato como su representación genuina, la PyME, la gran empresa y el estado.
El trabajador
“La crisis social no sólo presenta un desafío ético, sino que también actúa como traba a la modernización y como problema económico. La pobreza y la desocupación socavan a mediano plazo la legitimidad, y con ello, la capacidad de acción del Estado y del proceso de reforma en general.
La erradicación de la pobreza es condición para la movilización de la creatividad de la población, y es, por esto, un componente para el aumento de la capacidad económica de los países. Además, la paz social representa una fuerza productiva económica.”
Dirk Messner
“Vencer la desocupación al precio de un aumento masivo de la pobreza no constituye una solución, sino que ésta proviene de la implicación rec?proca entre la sociedad y el individuo, a partir de un reconocimiento de su dignidad de ciudadano, como actor, y no como asistido.”
Pierre Rosanvallon
El trabajador es el factor primordial de la integración social, de la eficiencia y de la productividad.
Ninguna solución económica puede considerarse eficiente si no se tienen en cuenta los problemas que acarrea a las personas concretas. Las respuestas tecnocráticas eficientistas contribuyen más al deterioro que al crecimiento constructivo de la sociedad.
Un trabajador con la incertidumbre que causa la desocupación -o bien la precariedad de su trabajo- es un factor de ineficiencia, por cuanto no produce calidad para su empresa. Le resta competitividad y no se convierte en consumidor de lo que la fábrica produce. La certidumbre respecto del futuro personal, amén de ser un derecho humano fundamental, redunda en crecimiento del compromiso y de la identificación del trabajador con la producción. Si logra tener un empleo estable, tenderá a actuar con más eficiencia para la economía en dos ámbitos vitales: en su lugar de trabajo produce excelencia y se involucra en el proceso productivo; fuera de él, consume, dinamizando los circuitos de intercambio.
Antes que sobre el pesimismo, el fracaso y la frustración, la edificación moral de una sociedad debe hacerse sobre los valores del reconocimiento y la autoestima. El trabajo tiene, en esto, una profunda significación: estructura el equilibrio ps?quico y el proyecto familiar como creador de v?nculos y sostén de la armonía social.
En los grupos más indigentes, la desocupación crónica suele ir acompañada de promiscuidad. Cantidad de padres y abuelos sin ocupación estable implica miles de hijos y nietos sin registro en su memoria de lo que significa trabajar, esto es, pérdida de la llamada “cultura del trabajo”.
El proyecto laboral forma parte del plan de vida de la persona humana, configura su personalidad, le confiere satisfacción y reconocimiento de sus pares. Por el contrario, la sensación de desamparo y el consiguiente desaliento de un desocupado o de un subocupado, deterioran no sólo su universo personal, sino el económico-social que lo circunda. Un joven sin horizonte o un jefe o una jefa de familia sin trabajo, perjudican su relación familiar, genera violencia, debilita v?nculos y cultiva un abatimiento moral y un costo económico muy superior a aquel que implicaría posibilitarle trabajar.
Por ello, su estabilidad, lejos de ser un regreso al discurso anacrónico o una receta demagógica, constituye una precondición para reconstruir la competitividad económica buscada.
Es preferible el costo de crear y dar trabajo que el costo de no hacerlo. A partir de este cambio cultural, que propone como una condición central que el trabajador se implique en el proceso productivo y vea el éxito de su empresa como propio, a partir de los beneficios que percibirá de él, el empresario debe pensar en el empleado como un valor y evitar que se devalúe, invirtiendo constantemente en él.
De aqu? que la mera reducción del costo laboral estadístico resulte insuficiente para explicar por s? misma una determinada política de empleo.
Finalmente, cabe señalar que no entendemos el papel del sindicato como un ente distinto al eslabón “trabajo” de la cadena de crecimiento con empleo, sino como una representación genuina de los intereses del trabajador.
PyME
Es una realidad que muchas PyME han ingresado en el mercado informal de trabajo, ante la imposibilidad de mantener en regla a su personal por la presión impositiva, la ausencia de crédito y los ciclos recesivos.
De todos modos, la fortaleza de éstas democratiza la distribución del ingreso, diversifica el sistema productivo, acerca la producción al consumidor y genera mayores niveles de empleo. Su radicación indica un compromiso con el desarrollo, que aumenta en la medida en que sus utilidades sean reinvertidas en la economía nacional.
Sin caer en los demagógicos reg?menes de promoción del pasado, es fundamental contemplar la dificilísima situación por la que atraviesa la PyME.
El tamaño promedio de las empresas argentinas apenas llega a ser un décimo del promedio internacional. La diseminación espontánea de establecimientos pequeños y medianos con escaso know-how, desatendidos por el Estado y desarticulados de las firmas líderes, acarrea efectos negativos en su capacidad de invertir en Investigación y Desarrollo y de insertarse en los estándares de productividad de las economías desarrolladas. Por otra parte, nuestro comercio exterior se concentra en unas pocas grandes empresas.
Las PyMEs fueron abandonadas por las políticas públicas. De ah? que grandes conglomerados no sean aprovisionados por ellas y tengan que ensamblarse a partir de bienes intermedios importados. Es un indicador muy claro de la fractura del sistema productivo interno, con el consecuente deterioro global de la sociedad.
Cambiar este cuadro requiere medidas de adaptación al mercado mundial. A nivel económico, dominan hoy las redes empresariales o cluster industriales, cuya competitividad se basa cada vez más en el rendimiento de sus proveedores y en el entorno empresario-institucional. Dicho entorno institucional debe promover el sistema de asociación y cooperación entre PyME, y proveer a los gobiernos locales de recursos e instrumentos legales para que complementen lo anterior con la formación de redes de apoyo local y regional acordes con las necesidades concretas de cada región socio-productiva. En este rubro, existen señales positivas en Chile, cuyo número de empresas exportadoras aumentó de 200 a 5.620 en los últimos 20 años.
La consigna es pues, concertar políticas productivas entre las grandes industrias y las Pequeñas y Medianas Empresas. Instaurar una nueva modalidad según la cual el Estado exija a estas un compromiso de calidad, nivel tecnológico, precio y servicios, a cambio de preferencia en la compra por parte de los llamados grandes consumidores de insumos y el propio Estado en todos sus niveles.
La gran empresa
Es factor económico esencial del mundo moderno. Protagonista de la globalización, tracciona el sistema productivo. Pero debe pensar en el desarrollo humano como componente de su rentabilidad y formar parte inescindible de un acuerdo cuatripartito con los trabajadores, las PyME y el Estado.
La actual crisis organizativo-institucional no se limita bajo ningún punto de vista al Estado. Las federaciones empresariales, que durante mucho tiempo se orientaron según el modelo por demás ventajoso de la “industrialización protegida”, cuentan -precisamente por haberlo seguido- con un bajísimo nivel de desarrollo y de potencial técnico y conceptual para efectuar su aporte a la modernización.
Por su parte, los resultados de la apertura absoluta o indiscriminada demuestran, también, el fracaso de las recomendaciones políticas neoliberales. Especialmente durante la fase necesaria para alcanzar cierto nivel de competitividad en el mercado mundial, la industria nacional debe ser atendida por políticas estatales.
Países de economía mediana administraron durante un lapso la competencia exterior. Combinaron para ello medidas arancelarias con otras, ante todo, para-arancelarias. Alentaron así el ingreso de importaciones complementarias y muy poco competitivas.
En nuestro país, la reestructuración industrial debe desembocar, necesariamente, en estrategias de especialización.
Necesidad de un rol activo del Estado
No habrá crecimiento cuantitativo ni cualitativo de la fuerza laboral sin desarrollo, ni desarrollo sin políticas del Estado.
El control de la evasión y del contrabando, por ejemplo, genera un efecto tan visible en la formación del mercado de capitales y en la creación de puestos, que torna imprescindible una gran presencia del Estado, tanto en el diseño e instrumentación cuanto en el aval de un conjunto de iniciativas relativas al desarrollo industrial.
En economía se acostumbra estudiar el nivel “macro” como aquel que se ocupa de la evolución de las grandes variables económicas, y el nivel “micro”, como el que está referido a la empresa.
El concepto “nivel medio”, “meso” o “interfase” vincula los niveles macro y micro mediante elementos de teoría de la innovación, sociología industrial, gastos para Investigación y Desarrollo como indicador de inversión, etc., todo esto teniendo en cuenta la importancia del entorno institucional.
Esto implica una mayor orientación empresarial de los centros de investigación de las universidades, un gran consenso en el mejoramiento de las relaciones industriales y el comportamiento de las entidades financieras. Debe enfatizarse, además, en lograr complementariedad entre competencia y cooperación, todo lo cual requiere un entorno institucional con gran capacidad de mediación política.
Por su parte, la modalidad que adopte la interfase entre el trabajador y el Estado resultará de cómo se responde a la pregunta: los individuos que pueblan una sociedad, ¿deben o no ser sujetos plenos de derechos? Aqu?, hasta el momento, “en lugar de la centralidad de los derechos y de las políticas públicas, aparece el mercado como único protagonista posible.”
Ya hemos visto que, en el caso argentino, la mayoría de las empresas son pequeñas o medianas. Esto implica poca capacidad de invertir masivamente en Investigación y Desarrollo, o de insertarse en la economía mundial en forma autónoma, por lo que el papel del Estado se torna irremplazable.
Asimismo, es irremplazable en cuanto a la orientación del proceso productivo-exportador, es decir, avalar una tendencia a la concentración o a la diversificación del sector empresarial-exportador.
Reconocer el fracaso de la hipertrofia estatal no implica limitar el concepto de modernización del Estado a una reducción meramente cuantitativa. Resulta esencial la creación de una infraestructura física al servicio de la exportación: sistemas de trasporte y telecomunicaciones, políticas de radicación y soporte industrial.
El Estado debe cuidar que sus medidas de política comercial no rebasen la capacidad de adaptación de las empresas y dar tiempo a los procesos de aprendizaje necesarios -estrictamente a los necesarios- para desarrollar el capital humano y la infraestructura tecnológica.
Los requerimientos que tenga que hacerle -en representación de la sociedad- a la empresa, deben ir de la mano de los requerimientos que éstas le realicen en cuanto al diseño de su entorno productivo e institucional. Las empresas que compiten en el mercado mundial no deben hacerlo aisladamente sino en forma de “clusters industriales”, grupos organizados en redes de colaboración.
Deben tener contacto estrecho y permanente con universidades y otras instituciones educativas, centros de Investigación y Desarrollo, instituciones de información y extensión tecnológica -desarrollar en ellos criterios de competitividad-, instituciones financieras, agencias de información para la exportación, etc. En esto consiste la parte central de la estrategia estatal por lograr mayor competitividad e inserción mundial de la economía.
Sería de mucha utilidad la confección y facilitación de guías a la banca sobre la conveniencia en la concesión de créditos, y a las empresas, para que tomen decisiones sobre inversiones y asignen recursos a la investigación.
En definitiva, no son algunas unidades productivas aisladamente las que dan competitividad a una economía. S? lo es el funcionamiento de todo un sistema social competitivo, con capacidad de anticipación y respuesta, de organización y gestión, de desarrollo correcto de los procesos de toma de decisiones, de anticipación de los costos ambientales, de monitoreo.
La competitividad sistémica tiene como premisa la integración social. Exige no sólo reformas económicas sino también un proyecto de transformación, así como la formación de fuertes estructuras, además de las necesarias que se centren en el nivel económico.
La estructuración del “nivel meso” debe ser una tarea permanente del sector público y privado, promoviendo nuevos patrones para el diálogo.
La importancia de la interfase
El cambio cultural propuesto implica un proceso de aprendizaje colectivo de jerarquía superior a las políticas sectoriales. Más bien, el énfasis debe ponerse en la interfase, articulación, compatibilización o armonización entre los diferentes rubros de actores sociales y productivos involucrados, y en la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las cláusulas del nuevo Contrato Social.
En este sentido, el empresario deberá comprender que el costo de no dar trabajo supera al de darlo y actuar en consecuencia. El trabajador, por su parte, involucrarse en el éxito de su empresa. Y el Estado, comprometerse con la mejor distribución del ingreso.
La cooperación entre el sector privado y público para conseguir precios externos; los servicios de apoyo tendientes a la modernización organizacional de la empresa, en cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad; el est?mulo a la investigación industrial; la aplicación de tasas diferenciales para PyME; la prevención de los fracasos y las irreversibilidades por asignaciones ineficientes del mercado; el control de evasión aduanera y fiscal, todo ello contribuye a formar las decisiones de inversión.
En definitiva, el mejoramiento del entorno empresarial debe estar precedido por el progreso de los patrones políticos de consenso en la toma de decisiones. Las visiones esbozadas por los principales actores sociales dan una idea general del rumbo que debería asumir el desarrollo macroeconómico, un rumbo deseado y considerado por muchos como correcto.
Como dije anteriormente, la banca tendrá, de esta manera, guías para la concesión de créditos, y las empresas también las tendrán, para decidir sobre sus inversiones a largo plazo y sobre los recursos correspondientes a la investigación.
Con la organización de “conferencias regionales”, los actores sociales involucrados en un proyecto estratégico colectivo intentarán un consenso sobre las oportunidades de desarrollo y modernización de su región, anticipándose a los costos ambientales y sociales. Entre todos los actores, pero básicamente desde el Estado, deben transmitirse valores y pautas culturales que fomenten la cohesión y la integración social, la participación y el pensamiento estratégico. La estructuración de esta interfase entre estado y producción, debe ser una tarea permanente del sector público y privado, ya que es en este nivel intermedio de organización y gestión, donde se generan las ventajas competitivas.
Para ello hay que -frente a la fragmentación de fuerzas- promover nuevos patrones para el diálogo y la toma de decisiones, mejorar la capacidad estratégica de las partes intervinientes y aunar todo lo que se refiera a la organización de las instituciones del entorno empresarial, es decir, la ciencia, la tecnología y la producción.
La tecnología
Más que eliminar puestos de trabajo, la tecnología fuerza el desplazamiento de la mano de obra hacia tareas que exigen mayor responsabilidad, mayor calificación, mayor autonomía, trabajos en equipo, al mismo tiempo que ofrecen mejores salarios. La única garantía para que este proceso no resulte traumático es la inversión en capacitación, la cual constituye el eje de toda reforma laboral tendiente a romper el círculo vicioso desocupación/recesión, y exige reasignar la inversión tanto pública como privada por cada puesto de trabajo.
Hoy, el mundo laboral exige competencias y habilidades fundamentales: capacidad de comunicación, habilidad de resolver problemas, pensar en términos de calidad y eficiencia. Las nuevas aptitudes deben mostrarse en áreas como las de comunicación multimedia, ingeniería de procesos, organización, mantenimiento, seguridad e higiene, transportes, logística, distribución, servicios y entretenimientos, por mencionar algunos.
La competitividad
En el mundo actual, la competitividad no implica solamente bajos costos, sino que se la mide por la capacidad para adaptarse a demandas variadas. Los precios del producto pueden ser formidables, pero si no se satisfacen las normas culturales, las normas técnicas y los hábitos de los consumidores locales no se tendrá éxito en el mercado.
Entre los elementos no costo, tenemos: la capacidad para adaptarse a las normas técnicas; la de diferenciar los productos para orientarse hacia aquellos que son más demandados; el tiempo de entrega; el de puesta en el mercado; el direccionamiento hacia los mercados de demanda creciente; la eficacia de las redes y de las interfases, inclusive las políticas de compra; la especialización, etcétera.
En resumidas cuentas, podríamos enumerar algunos puntos importantes:
·Hay una manera de conducir el debate que no es aceptable y que consiste en decir: competitividad = competitividad costo, y acto seguido, competitividad costo = competitividad salarial. De esta manera, competitividad = disminución del costo de los salarios.
·Si esto fuera cierto, no se comprende en absoluto por qué Gabón o Chad no son los países más competitivos del mundo, siendo que son los campeones en mano de obra gratuita. Por lo tanto hay que pensar en tomar en consideración otros elementos.
·Tampoco debe caerse en el extremo de negar la importancia de la competitividad costo. En muchos casos, entre competidores, el costo importa.
·Tal vez, lo más importante es que no existe competencia entre competitividad costo y no costo; por el contrario, la mayoría de los elementos de competitividad no costo tienen efectos favorables sobre la competitividad costo. De ah?, la importancia de incrementar las sumas reservadas a los salarios y a la formación.
·La competitividad se debe medir en valor agregado y no en volumen. La magnitud volumen remite a la exportación de materias primas, y ningún país puede exhibirse como ejemplo de inserción inteligente en la economía mundial por ser proveedor de las mismas. Por el contrario, el modelo regional está basado en la producción de materias primas de baja tecnología, mientras se importan productos elaborados que demandan una tecnología mayor. así, la Argentina exporta a valor de u$s 300 la tonelada e importa por valor de u$s 1.200.
·Entre las ventajas competitivas se pueden distinguir dos grandes series: estáticas y dinámicas. Entre las primeras se encuentra la dotación de factores más productivos de una economía, en los que la misma debe especializarse. Por ejemplo, la Argentina debe producir carne y los lapones focas. Las ventajas competitivas dinámicas son aquellas construidas socialmente y se aprecian a partir del trabajo incorporado en el producto. Las de largo plazo no son las que dependen de la dotación relativa de factores, sino las que han sido socialmente construidas. Para ello es indispensable la noción de política industrial, esto es, la modificación de las asignaciones espontáneas del mercado con el objeto de construir las mencionadas ventajas de carácter dinámico: estabilidad y predictibilidad de las reglas, tarifas en función de las prioridades nacionales, política de ingresos, entorno favorable para las firmas.
La implicación negociada como modelo organizacional
“La Alemania de los años 80 tenía los costos en trabajo más elevados del mundo, la duración de trabajo más corta del mundo, pero con todo eso, se trataba del primer exportador del mundo. Hay un pequeño milagro en alguna parte.”
La explicación es que ese país invirtió fuertemente en la calidad del trabajo y en la organización. Este modelo supuso un sindicalismo también potente, capaz de arrancar a los empresarios la disminución del tiempo de trabajo semanal al cabo de huelgas muy duras.
Otra conclusión está referida al papel del Estado. Una gran parte de los cambios en curso están en manos de las empresas. En los países donde el sindicalismo es débil, existe una especial responsabilidad orientadora del Estado, así como facilitadora de la modernización técnica y organizacional, el otorgamiento de créditos para equipamiento, etc. La modernización organizacional pasa a ser fuente de productividad y, si se la encara correcta y eficientemente, es también el origen de una mejor calidad de vida.
Pero la esfera esencial del Estado en materia de competitividad es la modernización social. Si las capacidades exportadoras no alimentan el crecimiento interno no se puede decir que la economía sea competitiva.
Estrategias de Expansión de Exportaciones
La Argentina exporta un porcentaje muy reducido de su PBI y desperdicia, de esta forma, una de sus grandes potencialidades.
John Maynard Keynes asignaba gran efecto movilizador a la exportación como generadora de empleo, recaudación fiscal e inversión. Elevar nuestro coeficiente de exportaciones frente a deuda nos ubicaría en una posición más ventajosa desde el punto de vista de la obtención de divisas. Mejoraría, además, nuestra inserción en el mercado internacional de capitales desde su costado más sano, que es el de la producción.
Tomemos un párrafo saliente de un trabajo de dos economistas que, pese a su estrepitoso fracaso como integrantes del equipo económico de José Luis Machinea durante su gestión en la presidencia de Fernando De La Rúa, son claros en el aspecto que estamos tratando: “Tal vez sea este terreno, el de la conquista de mercados, el único en el que el Estado debe ser un auténtico empresario: sondeando mercados, recopilando información, trabajando en intimidad con los exportadores. Los esfuerzos en este sentido no pueden disgregarse en cientos de proyectos. Se trata, apenas, de conseguir tres o cuatro grandes conquistas por cada período presidencial (proveer de alimentos elaborados a una sola provincia de China, o conseguir que los vinos finos argentinos sean considerados los más prestigiosos del mundo, o aprovechar la crisis cárnica europea para una instalación masiva y definitiva en ese mercado), porque, en cada una de ellas, el margen para ampliarse es tal, que permitiría largos años de crecimiento.”
Actualmente, los importadores consideran a nuestro país como un proveedor marginal, cuyas características generales , son:
·carecer de una Propuesta Estratégica de Venta;
·carecer de una Imagen de Marca como país;
·no ofrecer la confiabilidad de una Provisión Estable. Un país moderno no puede modificar sus compromisos de exportación en atención a las fluctuaciones de diverso origen que pueda sufrir su mercado interno;
·tener dificultades de entrega conforme a los plazos comprometidos a causa de la distancia;
·ofrecer productos que bajan su calidad por ausencia de una estrategia de planeamiento de exportaciones y de un adecuado nivel de inversión pública en infraestructura productiva;
·no realizar los esfuerzos suficientes para ajustar los productos a las necesidades locales de cada mercado importador;
·contar con métodos primitivos de inspección del producto final, poco más que visuales o mediante instrumentos demasiado rudimentarios;
·no contar con una Estrecha Red de Ventas con la participación de empresarios de otros or?genes.
·no aceptar condiciones más competitivas como por ejemplo la devolución del producto en caso de calidad no satisfactoria, o la venta a crédito a plazos mayores que otros países;
·tener un acceso muy limitado a los recursos financieros;
·contar con una bajísima diversificación de mercados de exportación.
Sin perjuicio de estas desventajas, los buenos resultados en la participación de algunos productos argentinos en mercados externos demuestran que es posible expandirse si se toman las medidas apropiadas.
Esta evaluación de los proveedores y de nuestros artículos revela que la industria nacional debe lograr los siguientes objetivos para encaminarse hacia una estrategia de expansión de las exportaciones:
·mejorar la competitividad en calidad y precios;
·mejorar el apoyo integral a las PyME;
·desarrollar una Estrategia de Exportación como país;
·desarrollar la infraestructura, en especial de los sistemas de información y trasporte;
·desarrollar una Estrategia de Promoción de Inversiones Directas desde diversos lugares del mundo;
·fortalecer las actividades de Promoción de Ventas;
·aprovechar las ventajas de la economía de escala.
A su vez, los sectores “clave”, tanto para la exportación como para las inversiones directas son, por una parte, los productos basados en recursos naturales: acero (aunque el país no es productor de hierro), pulpa y papel, vino, lácteos, carne procesada, pesca, frutas y jugos, artículos de cuero, minería, energía (gas natural) y los recursos forestales. Por la otra, los productos ensamblados que mejoren su productividad como resultado del MERCOSUR: maquinarias para procesamiento de alimentos, autorrepuestos, etcétera.
En cuanto a las exportaciones de la industria de alimentos, Argentina goza de un buen potencial no sólo por sus condiciones climáticas y la extensión y calidad de sus tierras, sino también por su localización en el Hemisferio Sur, que le permite aprovechar las ventajas de la contraestación.
No obstante, no hemos desarrollado una estrategia para que tales posibilidades se deslicen hacia importadores no tradicionales.
El Este Asiático, por ejemplo, es un gran mercado que absorbe el 20% de las exportaciones mundiales. A pesar de ello, sólo el 8% de las exportaciones argentinas se dirige a esa región, una cifra mucho menor que las de Brasil o Chile.
Según el Informe Okita II, tres son las razones por las que el Este Asiático es un mercado sumamente atractivo para nosotros:
1.rápido crecimiento: su volumen de exportaciones se duplicó entre 1988 y 1994 y, en el año 2020, su PNB representará más del 30% del PNB del mundo, superando a la Unión Europea y a América del Norte;
2.abundancia de oportunidades de negocios;
3.complementariedad entre ambas estructuras de comercio exterior. La demanda de productos basados en recursos naturales en los que Argentina tiene competitividad internacional es particularmente grande.
Los dieciocho actuales miembros de la APEC, Organización de Cooperación Económica Asia Pacífico, suman un ingreso superior a los 13 trillones de dólares y representan el 46% del comercio mundial. Hace tres décadas, muy pocos imaginaron que la Cuenca del Pacífico se transformaría en uno de los principales polos de la economía internacional.
Sin embargo, nuestra relación con tales mercados ha sido débil, tanto en exportaciones cuanto en inversiones directas extranjeras. En cuanto a éstas, además de las exportaciones, Japón y Corea no están favorecidos con recursos naturales, por lo cual necesitan proveerse de ellos desde el exterior. Aunque Japón es el principal inversor entre las economías del Este Asiático, la Argentina no figura entre los diez primeros países de destino de dichas inversiones.
Aquel mercado creció un 87% en los últimos cinco años, período durante el cual se elevó un 50% la importación de carne vacuna. El ingreso de alimentos a esa región supera los u$s 100.000 millones, de los cuales nosotros participamos en menos del 2%, muy por detrás de los EE.UU. (75%), China (10%) y Australia (8%).
El mercado más numeroso es la República Popular China, con más de 1.200 millones de habitantes, pero su poder adquisitivo impide a la inmensa mayoría incorporar a su dieta un bife más por año. La demanda se reduce, pues, a productos de menor calidad como librillos y mondongos, que pueden ser provistos por Australia y por Nueva Zelandia con mucho menor flete. Si accediéramos al 20% de la demanda china en cortes baratos (menos de u$s 2.000 por t) y también para hoteles y restaurantes cinco estrellas, la exportación ascendería a 375.000 toneladas, lo cual requeriría un 20% más de cabezas de las actuales (de 50 a 60,5 millones).
La incorporación de China a la OMC preanuncia un crecimiento potencial de la demanda de carnes argentinas, pero al mismo tiempo el estricto cumplimiento de las reglas comerciales impartidas por dicha organización.
Algunas pautas para la industria agroalimentaria
La Argentina posee, entre otros campos, amplias ventajas competitivas para la exportación de carne bovina, deshuesada y otros productos derivados, frutas frescas y jugos, tomate procesado y productos basados en el calamar.
Somos, además, uno de los países del Hemisferio Sur con mayor factibilidad para las plantaciones orgánicas, en las cuales importantes mercados están cada día más interesados.
En 2001, nuestro país exportó productos orgánicos de origen agroganadero por valor de u$s 50 millones, principalmente a la comunidad europea, que no tiene condiciones para producirlos en escala. Solamente Alemania, Austria, Inglaterra, Suecia y Suiza importaron, ese mismo año, esta clase de productos por valor de u$s 3.000 millones. Japón, por su parte, compró por u$s 350 millones.
Se calcula que el comercio mundial de estos productos asciende a u$s 6.700 millones. La Argentina, siendo uno de los productores y exportadores de alimentos más importantes, no llega a cubrir el 1% de la demanda de un tipo de producto que llega a valer -en algunos casos- hasta cinco veces más que su ‘hermano’ no orgánico.
Desgraciadamente, el costo de producción argentino sigue siendo elevado, hecho atribuible principalmente a una cara y deficiente infraestructura de servicios, a una estructura tributaria desfavorable para el Pequeño y Mediano Productor y a grandes trabas de financiamiento, todo lo cual se resume en la falta de planificación estratégica a nivel gubernamental hacia el sector exportador y hacia las Empresas Pequeñas y Medianas. El rendimiento por hectárea es bajo, y la pequeña escala de explotación en las fincas dificulta la mecanización.
En el caso de las carnes, por ejemplo, la localización planificada de los frigoríficos a zonas de invernada de ganado lograría el objetivo de minimizar los costos del transporte.
Con ventajas potencialmente importantes para la comercialización del tomate procesado, no contamos con una producción especializada para su uso industrial: las semillas utilizadas, en la mayoría de los casos, son las mismas que para el producto fresco.
Para el aprovechamiento pleno de las ventajas citadas se requiere confeccionar Mapas de Cultivo, contar con plantas con diseños modernos y recursos de irrigación y, en todos los casos, prestar especial atención al “factor sabor”.
Fortalecer el área de información a los exportadores debe incluir una edición regular de recomendaciones sobre los modos de subsanar las deficiencias de calidad detectadas en los países compradores.
En materia de recursos pesqueros, reunimos condiciones de precio y calidad para ingresar en mercados poderosísimos del Este Asiático. Sin embargo, por carecer de suficiente cantidad de firmas, equipamientos, control de calidad y temperatura del agua, cámaras de frío, mantenimiento de la frescura del producto en los buques y duración del procesamiento, estamos muy por debajo de cubrir las cuotas de importación por ellos establecidas.
Impulsar empresas de riesgo compartido (joint venture), cooperación para transferencia de tecnología ictícola y capacitación de personas en el lugar de trabajo (on-the-job training), son algunas de las alternativas que tenemos para mejorar nuestra performance en una sustancial fuente de divisas como la industria pesquera.
Otra vez, el papel del Estado
En materia de Expansión de Exportaciones y Promoción de Inversiones, el Estado debe desempeñar una función preponderante. A partir de su convocatoria democrática, los sectores productivos deben debatir hasta llegar a un nuevo consenso productivo que establezca con claridad y durabilidad las reglas de acumulación y redistribución de las cuales el propio Estado operará como garante.
Definidos los objetivos comunes a través del consenso nacional entre las partes interesadas, es función estatal primordial difundir toda la información relativa a esta nueva visión estratégica del país y a los instrumentos de apoyo con que estos actores productivos cuentan para llevarla a cabo.
Esta información debe ser preparada con la activa participación del sector privado pero con apoyo del Estado, puesto que se requieren estadísticas y reglamentaciones manejadas directamente por él. Toda clara señal del Gobierno facilita la toma de decisiones del sector privado.
El rol estatal en el desarrollo económico varía según el tipo de empresa. La gran empresa puede promocionarse con sus propios recursos, por cuanto la acción gubernamental puede ser de muy bajo perfil. Pero en el caso de PyME, adquiere gran relevancia.
Entre las medidas a tomar en el diseño del consenso nacional estratégico para la Expansión de Exportaciones y Promoción de Inversiones, se cuentan:
a. Educación Pública
·Elevar la conciencia social y la educación pública en materia de exportaciones, dado que la expansión de éstas mejora el estándar social.
·Estimular, vía reducción impositiva, las actividades de Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías que no generen pérdidas de puestos de trabajo.
b.Infraestructura de trasporte
·Poner a tono con los objetivos la infraestructura de trasporte para desarrollo industrial y promoción comercial. Mejorar las actuales terminales de contenedores, modernizar los equipamientos e incrementar la eficiencia de manipuleo de los mismos. Desarrollar puertos alternativos y rutas troncales entre Brasil y Chile, a través del “Estudio sobre el Trasporte del MERCOSUR”, incluyendo a otros países vecinos. Acondicionar las instalaciones de trasbordo de carga de trenes de diferente trocha, el trasbordo ferrocarril-carretera y carretera-puerto.
·Acelerar y simplificar los procesos de construcción de los puentes Rosario-Victoria, Paraná de Las Palmas y Punta Lara-Colonia.
·Reglamentar el tránsito y trasporte fronterizos.
c. Estrategia comercial
·Crear un Sistema Integrado de Información para Exportadores e Inversores, que deberá contar con suma facilidad de acceso a la información sobre mercados, mecanismos de reunión, asociación y cooperación empresaria, listados, estadísticas y reglamentaciones. El carácter Integrado busca evitar la duplicación de actividades.
·Fortalecer la representación en el exterior, mediante la creación de Oficinas y Agregadurías Comerciales -incluso en conjunto con los países de la región-, el aprendizaje de idiomas para empresarios, etcétera.
·Crear la Imagen Argentina. Además de la calidad y precio de los productos, la credibilidad de los proveedores constituye un factor determinante en la decisión de los importadores. En el comercio actual, realzar la imagen de la Argentina mejoraría sustancialmente la percepción de aquellos respecto de nuestros bienes y servicios exportables. Por ende, resulta vital la creación de una Estrategia para elevar el reconocimiento y la buena reputación en el exterior, tanto de nuestro país como de nuestros productos.
·Analizar periódicamente los problemas y dificultades de las PyME -incluso los financieros- para reflejarlos a tiempo en las políticas gubernamentales.
·Solucionar con rapidez los problemas sanitarios y fitosanitarios.
·Sistematizar la incorporación de programas de mejoramiento de la calidad como los conceptos “5S”, mecanismos de análisis de problemas, sistema “poka-yoke” (”a toda prueba”) en las fábricas.
·Mejorar la industria procesadora, a través del orden y la limpieza en todas sus áreas: producción, l?neas de empaque, almacenamiento y oficinas administrativas.
·Adquirir técnicas y tecnologías de management de punta.
·Poner en práctica el concepto de “producto total”, que, a los requisitos tradicionales de calidad y precio, agrega la filosofía comercial del país de origen, su credibilidad, su continuidad, la capacidad de provisión estable, el desarrollo tecnológico y la importancia de entablar relaciones comerciales a largo plazo.
·Aplicar el “package deal” o “tratamiento en paquete”. En general, los asuntos comerciales entre países no se refieren a un solo sector sino a varios. Esta metodología procura la maximización del potencial de exportación, ya que mediante la negociación entre dos países por sectores separados, no se aprovecha la totalidad de las oportunidades de aumentar el volumen comercial. Aunque el estilo de negociación bajo el concepto de “tratamiento en paquete” no está libre de defectos, cada país asiste a las operaciones de manera más sólida y con un sentido compartido de “dar y tomar” una mayor gama de productos y condiciones de negociación.
La industria argentina es débil en planeamientos estratégicos no sólo para las exportaciones, sino también para su mercado interno. Durante la etapa de la economía cerrada e inflacionaria, los actores más importantes eran de carácter financiero. Aunque su importancia sigue siendo innegable, en una economía abierta y de precios estables la mayor importancia la adquieren los gerentes de producción.
Las estrategias modernas de marketing demandan la buena reputación del proveedor que, entre otras cosas, implica el compromiso de convertirse en un proveedor confiable y estable, con un portafolio de mercados y métodos de promoción de exportaciones previamente planificados.
Dado que, en la mayoría de los mercados, la Industria Argentina es un proveedor nuevo o marginal, se torna necesario proveer de un signo diferencial a sus productos. En la exportación de alimentos, el concepto de “sano, seguro y que no daña el Medio ambiente” constituye un útil elemento de diferenciación. En este rubro, debe incorporarse el concepto de agro-ingeniero, y con él, el de la gestión administrativa en fincas.
Otros elementos de diferenciación son el otorgamiento de un sello de garantía de la calidad del producto por parte de una institución mixta o gubernamental y la entrega de los pedidos en depósitos ubicados en las cercanías del cliente.
En definitiva, la Argentina debe tratar de vender sus productos como parte de una cultura propia. Por ejemplo, como señala el informe Okita, “puede vender la carne con otros alimentos como hortalizas y verduras, frutas, pastas y vino. Debe trabajarse en la expansión del mercado mediante el desarrollo de nuevos platos y formas de consumo alimentario. En otras palabras, no será la venta de un simple producto físico, sino de la cultura argentina asociada a la comida, o sea, de la cultura culinaria argentina”.
Recategorización
En nuestro país existen PyME que demuestran un excelente desempeño en costos, calidad y entrega, con capacidad en Investigación y Desarrollo y certificación ISO 9000 o su equivalente, y que, prácticamente, no requieren o requieren muy escaso apoyo del sector público.
Otras están razonablemente bien administradas, pero no suficientemente dotadas de capacidad para incorporar nuevos equipamientos, tecnologías y métodos de producción.
Finalmente, existen empresas familiares herméticas a los cambios y muy dependientes.
Es también función del Estado tender a que ninguna empresa pertenezca a esta última categoría, mediante su elevación al rango de las anteriores, de aquellas a las de primer nivel y así sucesivamente.
Financiación
El financiamiento de una estrategia exportadora tropieza con los siguientes obstáculos principales:
·Insuficiencia del mercado de capitales.
·Altas tasas de interés.
·Desconocimiento por falta de publicidad y promoción de los programas de financiamiento o “menú financiero” de los bancos públicos y privados.
·Complejidad y lentitud de los procedimientos de solicitud.
·Requisitos de hipotecas y garantías que tornan al crédito inaccesible.
En cuanto a las garantías, la creación de un nuevo Sistema Institucional debiera contemplar, por ejemplo, mecanismos como la limitación del propósito del préstamo a la adquisición de maquinaria o equipamiento, toma de personal, etc., y promover créditos cuyo monto esté basado en el flujo de caja de la empresa, y no en los bienes o garantías personales, además de contar con un riguroso sistema de control.
Argentina y su inserción en el área Asia-Pacífico
“¿Es posible que de los 780 mil millones de dólares que importa una región económicamente complementaria a la Argentina como el Asia Oriental (ASEAN más Japón y China), nuestro país provea menos de 2.000 millones, es decir alrededor de la cuarta parte del 1%? La Argentina le vende al Japón el 0,5% de sus importaciones de alimentos, menos de la tercera parte que Brasil o Chile.”
Gerchunoff – Llach
El objetivo principal de este acápite es ponderar los fundamentos de una mayor inserción de la Argentina en el área Asia-Pacífico, a partir de un nuevo enfoque de la política exterior.
Los aspectos prácticos de las relaciones internacionales deben basarse en una cabal imagen del mundo real, de las limitaciones que nos impone y de las oportunidades que nos brinda.
El fin de la bipolaridad que había signado la Guerra Fría, abrió paso a un mundo multipolar caracterizado por nuevos nucleamientos políticos y económicos.
El subcontinente latinoamericano, a cuyo futuro la Argentina está inexorablemente ligada, no puede escapar al impacto de este proceso. En la formulación e implementación de su política exterior, nuestro país habrá de poner particular atención en prevenir los efectos negativos de la globalización, tanto en sus aspectos económicos cuanto políticos. Debemos desarrollar tanto principios como prácticas de política exterior basadas en nuestras prioridades como país y como bloque regional, las que, a su vez, deben estar de acuerdo con los medios de que disponemos.
En este marco, las nuevas tecnologías han aumentado la interacción entre productores y mercados, mientras el descenso de los aranceles derriba muchos de los obstáculos que anteriormente afectaron el emplazamiento y desplazamiento de nuevas industrias.
Toda esta situación arroja, como uno de sus principales resultados, la formación de bloques regionales y una tendencia a la ampliación de las zonas de libre comercio.
En general, los bloques se establecen en función de intereses políticos y económicos mutuos. Los países latinoamericanos formamos el MERCOSUR, mientras los EE.UU., Canadá y México formaron el Nafta. La Unión Europea es en la actualidad el más antiguo y desarrollado bloque económico, seguido por el ASEAN, que agrupa a los países del Este Asiático.
Hasta el presente, la disminución de aranceles y barreras comerciales ha beneficiado únicamente al Norte con su base industrial fuerte y un mercado de consumidores ricos, y, en definitiva, no ha representado ventaja alguna para países de menor desarrollo. Consiguientemente, se ha ampliado la brecha Norte-Sur.
La globalización y la interdependencia económica operan como una fuerza poderosa para la liberalización de los flujos comerciales, las finanzas, la información y el cambio tecnológico, pero su impacto es absolutamente desparejo respecto de los países menos desarrollados, a causa de nuestras menores capacidades de producción y nuestro atraso tecnológico.
Por ello insisto en que América Latina está en la obligación de proponer un sistema de comercio multilateral mutuamente beneficioso, en interés de todos los países, a través de una verdadera asociación para el desarrollo. La cooperación sana con otros países del Sur y con clientes y proveedores en el Norte debería ser una parte integral de la política exterior y de la política económica regional.
Por qué Asia-Pacífico
En este sentido, propongo a los sectores productivos argentinos explorar una propuesta de crecimiento estratégico absolutamente compatible con nuestra “Prioridad la Región”, a la que podríamos denominar “Mirar Asia-Pacífico”.
Como países básicamente exportadores de materias primas, nuestra fortuna está supeditada a las oscilaciones de precio que éstas sufren, y sobre las que los Estados tienen poco control, por no decir ninguno.
Tampoco preanuncian un crecimiento duradero las inversiones sueltas, en un abanico que comprenda todo tipo de sectores. La pérdida de eficiencia global que sigue a la falta de planificación, la incerteza de las inversiones especulativas, la alta probabilidad de que los grandes capitales “levanten campamento” y se trasladen a países o regiones lanzados al estrellato por ellos mismos (los grandes capitales) como nuevos “emergentes”, indican que el mero “boom” de inversiones o el arribo de capitales fruto de una transitoria liquidez, resultan insuficientes -en realidad tendría que decir indiferentes- al desarrollo de una comunidad nacional.
El gran desafío es sentar las bases del consenso sobre cuáles serán nuestras principales orientaciones productivas. Bajo un gran liderazgo político, construir una capacidad productiva vertical, de calidad internacional, en una serie de sectores prioritarios.
La ventaja a largo plazo, teniendo en cuenta la presencia de países con salarios extremadamente bajos, no debe hurgarse en el habitual simplismo de los costos laborales reducidos, sino encontrársela en el dominio de la cadena de valor agregado de cada uno de los sectores en que participemos. No limitarnos al montaje, sino aprender a crear y fabricar productos y procesos nuevos.
La preocupación de los empresarios con capacidad para operar en el MERCOSUR respecto de la relación costo laboral/competitividad no debe basarse en la pérdida de derechos de los trabajadores vía precarización del empleo. Lo que hay que reducir son los denominados “impuestos al trabajo”, hasta tanto ello no genere un desfinanciamiento no deseado. Dicha reducción, además, debe ser compensada por otras vías, como la armonización de las políticas tributarias a nivel regional y el estricto control de la evasión, comenzando por el empleo no registrado.
El otro componente estructural de la relación mano de obra/competitividad es la calificación del trabajador. En este sentido, la no muy lejana crisis en el este asiático activó una alarma: dónde encontrar el punto de equilibrio entre la inversión en educación básica, por una parte, y la educación de excelencia y los centros de Investigación y Desarrollo, por la otra. La primera, opera como cohesionante social y la segunda, como aporte a la versatilidad requerida por las mutantes exigencias de los nuevos mercados.
Los argentinos tenemos pendiente definir cuáles son nuestros puntos fuertes y, a partir de ellos, delinear caminos innovadores de desarrollo sostenible. Con un pensamiento estratégico adecuado, el mundo entero debe ser una oportunidad para nosotros. El capital y la tecnología surgen a partir de la estrategia, no a la inversa. Si nuestra estrategia como país resulta correcta, la economía mundial se encargará de facilitar las condiciones de acceso a la tecnología y al capital.
Sin problemas de población en cuanto a su cantidad y composición, con tierras nobles y vastas, y suficientes recursos energéticos y alimentarios, nuestro país está ubicado en el centro del tercer bloque regional del mundo: MERCOSUR + Chile + América del Sur. El Océano Pacífico, a su vez, nos comunica con la región que acoge a cinco de las diez mayores economías del mundo.
Esto significa que, si encontramos el modo de combinar el valor agregado de nuestra producción con el de nuestro conocimiento, formaríamos parte de un sistema que se expande con suma rapidez. Una vez informados y familiarizados con la cultura, la economía y los estilos de gestión de aquellos países, podremos, incluso, acompañar a otros pueblos de la región a integrarse a ellos, a partir de la influencia que ejerce el conocimiento de otras áreas del mundo.
Asia-Pacífico debe recibir mucha atención porque:
1. Desde hace unas décadas, gran parte de la actividad económica ha tenido lugar en el Este Asiático, que ha pasado a ser uno de los polos de crecimiento más importantes del mundo. Aún con la crisis a cuestas, se estima que para esta primera década del siglo XXI, toda Asia puede aportar entre la mitad y las dos terceras partes del crecimiento económico universal.
2. Se está integrando económicamente. Una proporción creciente de su inversión y su comercio es de naturaleza intra-regional. Recibe, actualmente, la mayoría de las exportaciones japonesas, y sus empresarios lo tienen como uno de los destinos más comunes para sus inversiones directas. La integración creciente de la región sugirió, en cierto momento, que se formaría un bloque del Yen, teniendo como eje al Japón. En la cumbre anual de mayo de 2000 del Banco de Desarrollo de Asia se propuso la creación de una moneda única asiática. El PBI del Japón pasó de representar el 2,5% del total de los países de la OCDE a principios de 1950, a un 23% en 1995, para estacionarse en un 13% luego de varios años de recesión. Su economía es actualmente la segunda más grande del mundo, después de la de los Estados Unidos. Sobre estos datos, el Dr. Mahathir, primer ministro de Malasia, propuso formar una organización regional, el East Asian Economic Caucus (EAEC) con exclusión de países como Canadá y los Estados Unidos, resaltando su interés en la formación de un bloque comercial exclusivamente asiático.
3. El llamado “modelo asiático de desarrollo” muestra en los últimos años, además del crecimiento económico, una tendencia de aumento progresivo en la inversión pública y la distribución del ingreso.
Japón creció económicamente al aumentar sus exportaciones … y este ejemplo cundió. De ah? que los NICs (new-industrialized countries), como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, comenzaron a desarrollarse a comienzos de los años 60. A medida que los salarios japoneses subían y su calificada mano de obra se orientó hacia los productos de creciente valor agregado, los NICs se convirtieron en fuente de productos con mano de obra intensiva, tales como ropa y calzado. Luego fueron capaces de competir, incluso con el modelo que supieron imitar. Primero, lo hicieron en industrias como qu?micos, acero, astilleros. Luego, en electrónica y automotores. Tomados en conjunto, los cuatro NICs crecieron en promedio más de 8,5% al año entre 1960 y 1988, y casi 5% sostenido en los últimos seis años. Su participación en las importaciones mundiales subió de 2,2% en 1966 a 10,9% en la actualidad. Hong Kong y Singapur mantienen actualmente estándares de vida comparables a los de las naciones más desarrolladas.
4. Las cuatro economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia, representan un segundo grupo de países asiáticos industrializados. Comenzaron produciendo bienes primarios de origen agrícola, como asimismo estaño, petróleo y caucho, para pasar luego a los textiles y, finalmente, a la electrónica, todo ello en aprovechamiento de sus grandes poblaciones. Como Japón y los NICs, estas economías confían en una agresiva estrategia exportadora para lograr altas tasas de crecimiento. Pero asimismo, su participación en las importaciones mundiales aumentó de 1,7% en 1966 a 4.3% en 2000. El comercio exterior del ASEAN alcanzó en 2000 los 700 mil millones de dólares, convirtiéndose en la cuarta zona comercial del mundo.
5. En el siguiente grupo están las economías en desarrollo, Camboya, Laos y Vietnam, que recientemente se han abierto a la inversión extranjera. Como los salarios han crecido en Malasia y Tailandia, los productos que demandan mano de obra intensiva se han comenzado a desplazar hacia estos países. La economía de Vietnam creció 9% en 2000, y las compañías extranjeras invirtieron u$s 2,3 billones en ese país. Su ingreso al ASEAN y su entrada al APEC acelerará también el desarrollo de este país.
6. Otra razón para prestar atención al Asia-Pacífico es la integración de China a la economía mundial y su emergencia, dentro de ella, como una potencia. En los últimos diez años, se ha expandido a una tasa promedio de casi 10% anual. Algunos han sugerido que para el año 2020 podría ser la economía más grande del globo. Cuenta con 1.260 millones de habitantes, pero muchos todavía viven en la pobreza. No obstante, este número de personas, combinado con la extraordinaria tasa de crecimiento, significa que a mediano plazo se estaría formando una considerable clase media. Sus importaciones contabilizaron un 2,5% del total mundial en 2002.
En definitiva, entre los veinte principales importadores del mundo, ocho de ellos son economías del este asiático: Corea, China, Hong Kong, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán (u$s 1.400 billones en 2002).
La alta tasa de crecimiento económico en la región puede ser explicada por un conjunto de factores:
1.la gestión macroeconómica sólida que proveyó un ambiente estable para la inversión privada;
2.la inversión en educación y políticas de capacitación laboral;
3.las políticas de promoción de ciertas industrias, incluyendo medidas para promocionar las exportaciones;
4.la considerable inversión privada de capital doméstico;
5.las políticas que mantuvieron mínimas distorsiones de precios;
6.un crecimiento más lento de la población;
7.las políticas para aumentar la integridad del sistema bancario, alentando así el ahorro privado;
8.las políticas de incorporación de tecnología extranjera.
Recientemente, se produjo una pausa en la elevada tasa de crecimiento. Incluso Japón (2,4%), el caso más grande de éxito económico de la posguerra, ha entrado desde 1992 en receso económico. El crecimiento de los tres tigres asiáticos -Corea del Sur (8,8%), Hong Kong (10,5%) y Taiwán- decayó en 1996 y 1997 a un 5%; la economía de Singapur (9,9%) creció sólo un 4%. Aunque estas tasas serían muy deseables para la mayoría de los países desarrollados de occidente, los tigres asiáticos estaban acostumbrados a un ritmo de crecimiento de entre el 7 y el 10%. Corea del Sur, por ejemplo, ve su crecimiento del 6% como la antesala de la bancarrota.
Pero no ha finalizado el progreso de la región. La economía china, la segunda en el área, continúa expandiéndose a un 10% al año. Indonesia (4,8%), Malasia (8,9%) y Tailandia (4,9%) habían experimentado en 1996 un crecimiento del 8%.
Las economías del Este Asiático han mostrado con anterioridad una notable capacidad de aceptación social a los ajustes internos frente a las crisis. Las proyecciones señalan que experimentarán un crecimiento promedio del PBI per cápita del 6,8% anual hasta, por lo menos, el año 2005.
Pero lo más importante para nuestros exportadores es que sus importaciones aumentarán, según ese pronóstico, en un 10,7% promedio. Como comparación, las exportaciones e importaciones de las economías de la OCDE crecerán alrededor del 5%.
En definitiva, para la Argentina y el Cono Sur de América, las economías del Este de Asia ofrecen la más provechosa oportunidad de regionalismo abierto en materia de comercio e inversiones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe promover la participación del sector privado en aquella región, para potenciar nuestras oportunidades bilaterales y multilaterales. El objetivo debe ser superar rápidamente nuestra presente condición de proveedores marginales, mediante una política de Estado que, con creatividad, trasponga las actuales barreras culturales.
El futuro
Mirando hacia el futuro, nuestra economía tiene que remontar problemas más que serios para salir de la depresión. Uno de los más importantes es la caída de la inversión, que decreció un 43% entre el segundo trimestre de 2001 y similar período de 2002.
Las decisiones de inversión dependen, entre otros, de dos factores fundamentales, la seguridad jurídica y la disponibilidad de crédito. Éstos, a su vez, derivan de la recreación de una nueva legitimidad institucional tanto en su aspecto jurídico como en el financiero. El ahorro interno, calculado en un 26,3% del PBI, financia un pobre nivel de inversión de apenas el 10,6% y sostiene, al mismo tiempo, un fenomenal “des-ahorro” externo -fuga de capitales- que asciende a 15,8 puntos del producto.
Es por esto que, en las actuales circunstancias, el costo del capital seguirá siendo elevado y prolongará la recesión, en tanto no se produzca un profundo cambio del entorno institucional que re-estimule la confianza.
Por su lado, el notable aumento de la evasión y de la economía informal agudiza la caída de los ingresos públicos y -consecuentemente- del gasto. La única medida exitosa conocida, con la finalidad de detener los resultados pro-cíclicos del fiscalismo a ultranza aplicado durante las últimas décadas, es un shock distributivo capaz de reanimar el mercado interno. Y el mismo debe sustentarse en la reprogramación negociada de la deuda pública, así como en una fuerte injerencia estatal en la administración del superávit de balanza comercial.
Tamaños problemas demandan medidas proporcionalmente convincentes, lo que no se logrará fácilmente en tanto no alcancemos un clima de fuerte consenso político y social, y contemos con el necesario talento técnico para su instrumentación.
La Argentina es un país que tiene, en cantidad y calidad suficientes, aquellos factores considerados causales directos del crecimiento, como son el capital humano y físico, los recursos naturales y el conocimiento. De lo que se trata es de combinar apropiadamente su interacción. Y transformar esa combinación en un sistema de políticas de Estado, comúnmente llamado proyecto nacional.
A esta altura de las cosas no podemos pelearnos por la paternidad de una criatura tan necesaria. Un proyecto nacional no puede ser un programa partidario.
Debe constituir la base de un sólido acuerdo político, económico y social, capaz de superar la más profunda de las crisis de la existencia que pueda atravesar un individuo o un país: la ausencia de Destino.
Entre 1880 y 1930, la Argentina abrazó -con éxito- el paradigma agroexportador. El nivel de nuestras exportaciones, medido por habitante, constituía el más elevado del mundo. A partir de 1940, se aferró al modelo sustitutivo de importaciones, alentada por la óptima confluencia de factores foráneos e internos de carácter favorable: altos términos de intercambio externo, desarrollo industrial sustitutivo de importaciones, pleno empleo con niveles altos de salarios y gran capacidad de financiamiento estatal. No obstante, no nos fue beneficioso aislarnos del comercio internacional durante un período tan prolongado.
Los tramos de mayor suceso de cada uno de estos dos modelos se correspondieron con la lectura correcta de la realidad económica internacional. En tanto, su declinación coincidió con la falta de voluntad de los núcleos dirigenciales -fueran estatales o privados- para anticiparse a los nuevos tiempos, adecuar a ellos sus respectivos instrumentos de desarrollo y enfrentar los anacronismos paralizantes de todo ancien regime. Prefirieron, en cambio, asociarse a éste. Se convirtieron en cómplices de la decadencia, en lugar de seguir co-protagonizando el desarrollo colectivo del que habían sido responsables exitosos hasta ese momento.
No permitir que se repita esa secuencia es uno de nuestros principales desafíos, como sociedad política en particular y como sociedad civil en general.
Desde que se agotaron las diversas variantes de la industrialización sustitutiva, los sectores dirigentes no han logrado adoptar un modelo de desarrollo perdurable, arraigado en la sociedad, y dotado de la suficiente calidad y confiabilidad como para que nuestro país pudiera ser identificado, a través de él, en el mundo.
¿Es posible pensar en una utopía semejante? ¿Es además factible? ¿Tiene sentido hacerlo? SÍ. No sólo es posible debido a nuestras condiciones objetivas: lo veo, sinceramente, como un elemento aglutinante central en un contexto de extrema fragmentación como el que atravesamos, y que ya nos puso al borde de la desintegración.
Un destino de grandeza no está garantizado por ningún dispositivo automático: se construye. Y se lo hace tomando en consideración nuestras fortalezas y potencialidades -capital humano y físico, recursos naturales, conocimiento- y también nuestras debilidades y nuestros l?mites, como las grandes distancias que nos separan de los mercados más dinámicos, o el proteccionismo alimentario de los países desarrollados.
La nueva legitimidad social y la nueva autoridad política a las cuales me refiero a lo largo del libro, deben conjugarse con los nuevos paradigmas de desarrollo económico para completar la refundación de la Argentina. Como en nuestro nacimiento, nos encontramos ante el imperativo de incorporar ciudadanos, capitales, educación e instituciones.
Pablo Gerchunoff y Lucas Llach definen “tres componentes básicos de un modelo para las primeras décadas del siglo XXI: la salud financiera del Estado en todos sus niveles, el fomento de la productividad y la promoción de la equidad”. Éste último es, para mí, el primero, y prefiero hablar de igualdad que de equidad. En cuanto a la productividad, la misma resulta esencial para que nuestra inserción competitiva en los mercados externos se base en la calidad de nuestra mano de obra y no en el bajo nivel de los salarios.
Los tres elementos son interdependientes: sin cierta tranquilidad fiscal se reduce el margen para aplicar políticas públicas que promuevan la productividad y la igualdad; sin una economía competitiva se estanca la base tributaria y peligra el balance fiscal; sin desarrollo humano no hay chances para contar con mano de obra entrenada, y mucho menos con un Estado con cuentas equilibradas. Además, “a largo plazo la desigualdad tiene un costo fiscal mayor que la equidad. El esfuerzo para incorporar, cuanto antes, a la población marginada de los mercados de trabajo y de consumo, es un imperativo ético pero además una excelente inversión, que disminuirá en el futuro la necesidad del sistema de asistencia social estatal.”
Para poder alcanzar un porvenir promisorio, acorde con nuestras potencialidades, estamos compelidos a ser rigurosos en el presente, como sociedad, en los siguientes aspectos:
·Recuperar para la inversión productiva los capitales argentinos desviados hacia la especulación financiera y sancionar de manera indeclinable y ejemplarizadora a los responsables políticos, económicos y judiciales de las maniobras ilegales de evasión y fuga de capitales. Debemos Construir Un País con Justicia.
·Defender los recursos naturales de la Nación. Debemos Construir Un País con Integridad Territorial.
·Construir Un País con Instituciones Fuertes, Representativas y Confiables.
·Establecer instancias representativas a fin de encauzar exitosamente el debate sobre la relación entre invertir en educación general y en instrucción para la producción, en consonancia con los objetivos generales del proyecto de desarrollo. Debemos Construir Un País con Integridad Moral y Desarrollo Humano.
·Promover el crecimiento sostenido y sostenible del conjunto de la sociedad, en remplazo de la teoría del derrame a partir del enriquecimiento de sectores líderes que fracasó durante las últimas tres décadas. Debemos Construir Un País con Integridad Social.
·Mirar atentamente las perspectivas de la economía mundial. Debemos Construir Un País Integrado al Mundo.
·Alentar por vía de políticas públicas integrales concomitantes con el accionar del sector privado, la inversión en las áreas vitales del proyecto de Nación. Debeos Construir Un País con Integración Pública-Privada.
·Elevar la competitividad sistémica de nuestra economía como objetivo permanente. Debemos Construir Un País Competitivo.
·Limitar en sus montos y modalidades la capacidad de endeudamiento público, en función de profundas causas que lo justifican desde el punto de vista de la formación de capital productivo, consensuadas por los actores principales de la nueva democracia social y económica. Debemos Construir Un País Solvente.