1. INTRODUCCIÓN
En el Nº 186 de la revista Nueva Sociedad de julio-agosto de 2003, el profesor Luiz Moniz Bandeira publica un artículo-coincidente con lo que expresó en su visita a nuestro país durante el mismo año- acerca de las perspectivas de integración entre Argentina y Brasil, y su rol ante la iniciativa del Alca.


Si algo enseña la evolución del mundo operada en las últimas décadas, es la imposibilidad de diagramar estrategias nacionales al margen del contexto internacional.
La relación con el mundo deja de ser, pues, un problema ideológico, para convertirse en un simple dato de la realidad.
Consecuentemente, la disputa de valores nos remite a qué tipo de integración al mundo debemos proponernos como país, y esto se relaciona con la cosmovisión que prevalezca luego de un maduro debate nacional, acerca del devenir de la Humanidad en los próximos años.
La velocidad de las transformaciones operadas en el mundo en las dos décadas más recientes ha modificado ciertas connotaciones fundamentales de la política exterior de los diferentes Estados-Nación. Pero no llegó a conmover un concepto central, tal como que la política exterior es un instrumento de la política estatal orientado a favorecer los intereses nacionales.
El relacionamiento externo y, en particular, la integración regional, no dejan de expresarse en clave de política e interés "nacional". Aun en el caso de Europa, la experiencia integradora más avanzada, ni alemanes ni franceses, ni austríacos ni polacos, rehúsan diseñar sus propuestas de integración al margen del criterio más estricto de defensa de sus intereses a partir de su condición de Estados soberanos.
Pero es justamente en clave nacional que éstos procesan la integración, es decir, teniendo en cuenta en qué medida ésta mejora en concreto su calidad de vida cotidiana.
Y la vía para mejorar su calidad de vida es, para españoles, checos, griegos y portugueses, comprar y vender, viajar y recibir el turismo, depositar dinero y desplegar su experticia profesional, sintiéndose europeos. Por extensión, haciendo sentir a quienes no forman parte de los acuerdos Alcanzados su condición de "extra-comunitarios".
Ni el Brasil ni la Argentina tienen por qué escapar a esta matriz de pensamiento y acción. En política no caben la ingenuidad ni la filantropía. Menos aún tratándose de Brasil, un país que ha privilegiado con marcado pragmatismo su política exterior. Mi planteo de alianza estratégica (o "sociedad estratégica", como prefiere denominarlo Juan Ángel Tokatlian) no responde a ningún romanticismo de raíz bolivariana, sino más bien a un concienzudo análisis de cuáles son las mejores perspectivas de integración al mundo para nuestro país.
Ahora bien, los elementos sociales y culturales adquieren un valor primordial dentro de la dimensión estratégica; no habrá verdadera dimensión estratégica por fuera de una convicción del sentido profundo de la integración que penetre capilarmente en todos los intersticios de las sociedades nacionales participantes del proceso. La integración argentino-brasileña no estará consolidada hasta tanto se instale en el sentido común de nuestros pueblos. Y para ello debe producir efectos concretos sobre la vida cotidiana, así como la Unión Europea los produce en sus ciudadanos, y por eso progresa y se agranda.
El medioambiente histórico determinará en cada etapa si la cuestión comercial o financiera, o bien la ingeniería institucional, o la integración física o las obras de infraestructura productiva, ofician de locomotoras del proceso según el criterio acordado por los gobiernos. Pero la consolidación del mismo devendrá, necesariamente, de la comprensión profunda del proceso histórico por parte de los actores reales del universo social y productivo, esto es, de la reafirmación progresiva y permanente de la Identidad Regional. De su instalación en lo más profundo del sentido común de los respectivos pueblos.
Para que este proceso se desenvuelva en toda su intensidad se requieren dos componentes sustanciales e inescindibles: liderazgo cultural y ético por parte de la dirigencia, y alto nivel de eficiencia en el modo en que se administre la gestión del mismo "en el terreno", en la concreción práctica de cada uno de sus pasos.
Se agotaron los tiempos en que el solo enunciado generaba una suerte de "mística positiva" de la integración. La generación de los 70, formada y entrenada en la lógica romántica de la época, colisionó repetidamente con los cambios culturales y materiales acaecidos, y es la principal depositaria de sus consecuencias negativas en cuanto a la distancia entre los sueños y la realidad, los sucesivos temblores de la estructura productiva, su regresión en la pirámide social, etc.
Y los más jóvenes, moldeados en clave de materialismo pragmático, están habituados a medir su adhesión a un proyecto en la estricta medida en que vean plasmados sus resultados en términos concretos, inmediatos. Y, preminentemente, materiales. "Pellizcables", como decía una dirigente sandinista de los años 80.
La integración tiene que mostrar logros reales en la vida cotidiana de los ciudadanos para que éstos presten su adhesión a ella, cerrando filas frente al boicot de los EE.UU. y el proyecto del Alca. Boicot que históricamente desplegaron en base al criterio de "dividir para reinar" y que, en el presente, se manifiesta en sendos "acuerdos bilaterales" con que ya fuera tentado Chile y a los que resulta funcional el actual gobierno uruguayo presidido por Jorge Battle.
Volviendo al trabajo de Moniz Bandeira, en algunos de sus párrafos se subraya la persistencia de la política exterior brasilera en limitar su estrategia de integración a la América del Sur, tomando así distancia de quienes se refieren a América Latina.
América Latina incluye a México, Centroamérica y el Caribe hispanoparlante, como derivados de la colonización ibérica, en contraposición con los países que descienden de los colonizadores anglosajones, franceses y holandeses. Brasil los excluye en su proyecto de liderazgo regional.
Esta discusión no es menor, pero tampoco urgente. El debate sobre el papel de México y América Central en el proceso integratorio no debe impedir que avancemos raudamente-sí, raudamente, lo que no quiere decir sin inteligencia- en la proyección del eje argentino-brasileño a nivel sub-regional.
Argentina y Brasil comparten una vasta historia de encuentros y desavenencias. A lo largo de la misma, sus relaciones oscilaron entre privilegiar los proyectos individuales propios de la categoría de Estado-nación que procura su soberanía con prescindencia del entorno regional y, en otros casos, intentar el abordaje de estrategias comunes.
En un caso como en otro, todo el siglo XX –así como la mayor parte del siglo XIX- confirma la existencia de una frontera relativamente pacífica, aunque tensa, cuyos conflictos nunca llegaron a materializarse en acciones de violencia directa.
Bandeira no sólo señala el valor de la integración a partir del factor "contigüidad geográfica", como resultado del moderno "acortamiento de las distancias" que proviene de la revolución tecnológica en todos sus aspectos. Resalta, fundamentalmente, la importancia del "espacio económico ampliado" con eje Río de Janeiro-San Pablo-Córdoba-Rosario-Buenos Aires, que constituye la región de mayor desarrollo del continente.
El objetivo de la política exterior brasileña no está oculto en las palabras del autor, sino que lo explicita con toda claridad: "la perspectiva brasileña es que la unión aduanera, evolucionada en mercado común, permita a Brasil concretar su destino de potencia mundial, no aisladamente sino integrado con los demás países de América del Sur. Es un proyecto distinto del Alca, dentro del cual circularían solamente mercancías y capitales, no la fuerza de trabajo y, por consiguiente, se contrapone a los propósitos tanto económicos como políticos de EE.UU.".
A esta altura de nuestro desarrollo temático, está claro que me propongo el arduo desafío de afrontar la relación entre Argentina y Brasil como una necesidad histórica. Pero, al mismo tiempo, desde un examen profundo de las diferencias y semejanzas alojadas en el seno de nuestras dos sociedades nacionales. Esto es, desde la comparación exhaustiva de nuestras historias, formulada no en un sentido de mera crónica, sino desde la gestación de ambas formaciones sociales, políticas y económicas, desde las relaciones de poder de alcance fundacional, desde la interacción Estado-sociedad, y desde nuestros respectivos relacionamientos con el exterior.
Pretendo situar, pues, esta lectura comparada de la historia en una dimensión cultural y política a partir de la cual seamos capaces de deslindar los aspectos centrales de los secundarios, y superar así aquellas diferencias que obstaculicen la integración profunda que propicio.

2. ARGENTINA
1. La Argentina como formación política
Lejos de agotar todas las connotaciones que reúne el proceso de nuestra formación política, intentaré desarrollar, en este capítulo, dos ideas fundamentales. En la primera parte, compararé brevemente el proceso de gestación de las sociedades hispanoamericanas con el proceso de origen anglosajón, para arribar a la conclusión de que la América hispana se estructura alrededor de una relación Estado fuerte-sociedad civil débil, a diferencia de la sociedad norteamericana, que contó con un componente de mucha mayor fortaleza en su sociedad civil, que promovió un desarrollo institucional de mayor calidad y, por lo tanto, una más eficiente organización del Estado.
Anticipándome a toda suspicacia, siento orgullo, y no pesar, porque hayamos repelido las invasiones inglesas. Lo que sí me enoja es que no hayamos sido capaces, como argentinos, de superar los aspectos más negativos heredados de la etapa colonial, que continúan demorando nuestras posibilidades de conformar una sociedad con instituciones fuertes, apego a la ley y capacidad de delinear grandes políticas de Estado.
En el acápite de Mayo, señalaré que aquel primer conflicto político entre dos grandes visiones de lo que sería la Argentina no se dirimió mediante una dialéctica de consenso y síntesis, sino por la del antagonismo irreconciliable y el aniquilamiento del enemigo. Desde entonces, esa lógica rigió la definición de las dolorosas confrontaciones subsiguientes: unitarios y federales, civilización y barbarie, conservadores y radicales, peronismo y antiperonismo, azules y colorados, hasta concluir en la masacre genocida de la última dictadura (de allí en más no se la remplazó por el acuerdo público, sino por el "arreglo por debajo de la mesa").
Una sucesión de episodios analizados desde la perspectiva continuidad-ruptura-resignificación constituye el esquema lógico, que se reitera a lo largo del libro. En este capítulo, procuro en un principio rescatar la continuidad del sentido de pertenencia y del espíritu emancipador, y la ruptura con la lógica de resolución maniquea, carente de matices y de voluntad de síntesis, guiada por el espíritu de suma cero-en el que, para que uno gane otro tenga que ser derrotado—, en lugar de la suma positiva, que implica crecimiento colectivo.
Surge como conclusión la primera aparición pública del proyecto conservador popular en términos de poder: el polo que unió históricamente a los sectores monopolistas con las bases populares, y que relegó a la izquierda a un discurso progresista desde lo ideológico, pero sin suficiente base de sustentación social como para convertirse en mayoritario.
Aparece aquí el criterio de resignificación, en el sentido de que, si bien reivindico la conformación de sendos polos de centroderecha y centroizquierda, lo nuevo implica desterrar no sólo lo peor de las derechas sino también lo peor de las izquierdas. Me refiero, básicamente, a la necesaria democratización de ambas concepciones.
Otra conclusión es que el problema no fue España, sino nosotros mismos. A partir de Mayo, no sería el sojuzgamiento ejercido por la corona la traba para edificar una nación desarrollada, sino nuestras propias deficiencias para progresar como sociedad autónoma. Ya más cerca de nuestros días, ni el imperialismo ni el FMI alcanzan para explicar por sí solos el cúmulo de nuestros fracasos.

2. La relación sociedad civil – Estado. Marco teórico
Toda formación política resulta de la combinación entre cierto tipo de Estado y cierto tipo de sociedad civil en un determinado proceso histórico. Esto plantea una gama de situaciones diferenciadas entre los países, razón por la cual todo intento de generalizar pecaría de abstracción.
Los tres párrafos siguientes tienen la misión de desmentir la teoría del balancín aplicada a la relación Estado-sociedad, según la cual el ascenso de una de las partes exige un descenso correlativo de la otra.
La primacía de la sociedad civil no tendría por qué exigir un simultáneo retroceso del papel estatal. Antes bien, podrían coincidir en ambas mareas altas, tanto la privada como la pública. Esto sucede en los siglos de oro de diversos países, cuando el Estado y la sociedad civil se hallan en su mejor momento: o bien la sociedad civil trasmite al Estado su esplendor, o bien es el Estado el que lleva la iniciativa histórica y el apogeo institucional, asumiendo el papel de difusor de esos efectos por toda la sociedad civil.
Estado y sociedad civil pueden contagiarse, también, sus fracasos o sus incompetencias, provocándose, así, la decadencia de ambas partes. Las infracciones a la ley y las actividades especulativas afectan por igual a la clase empresarial y demás miembros de la sociedad civil como a la clase política y demás miembros del personal estatal.
De este modo, se nos abren cuatro distintas opciones, según cuál sea el grado de primacía relativa. Dos de ellas son juegos de suma cero o nula, donde la primacía del Estado se consigue a costa de la subordinación de la sociedad civil (burocratismo), o viceversa, donde es la sociedad civil la que prevalece a costa de la regresión del Estado a su mínima expresión (liberalismo). Otra de las opciones la constituye un juego de suma negativa (corrupción), donde ambas partes decaen entrando en entropía, desorden, anarquía, anomia y desintegración social. Pero finalmente, emerge entre todas el juego de suma positiva (civismo), donde ambas partes alcanzan primacía relativa. Así toma forma el ideal de la Democracia, en el cual imperan los valores republicanos y los intereses privados se identifican o coinciden con el interés público común.
Desde el momento en que entendemos la política como nexo articulador entre el Estado y la sociedad, detrás de la baja capacidad de gobierno está la debilidad de la crítica social profunda. La crisis del estilo de hacer política que le entrega al ciudadano la capacidad de elegir a sus gobernantes, pero le niega la de evaluarlos periódicamente. Cuando el sistema social relega los valores éticos y sufre un vacío ideológico, las mujeres y los hombres, sin la guía de objetivos superiores, buscan satisfacer individualmente sus necesidades más primarias.
En el mismo sentido, ciudadanía política y ciudadanía social son dos caras solidarias de una misma medalla. El progreso de una de las caras alimenta el de la otra, y al revés: la degradación del bienestar y las condiciones de vida significará, también, la degradación de la capacidad y la disposición de ejercer activamente los derechos políticos.

3. Apuntes sobre la evolución histórica
Tanto en Inglaterra cuanto en Francia o España, la unificación del espacio territorial y la aparición de un poder centralizado emergieron en las postrimerías del siglo XV y comienzos del XVI.
Francia accede más temprano al distanciamiento entre el rey y los diferentes estamentos de la sociedad medieval. En Inglaterra, el proceso de unificación y centralización con clara diferenciación de la figura del monarca comienza a delinearse con la derrota de Ricardo III. Enrique VII de Lancaster, al contraer matrimonio con Isabel de York, finaliza la guerra civil conocida como la Guerra de las Dos Rosas. La monarquía se consolida y no decae pese a los cambios dinásticos.
Samuel Huntington, como antes Trevelyan, coinciden en que Inglaterra pudo no haber sido una sociedad de clase media, pero la diferencia entre sus clases era escasa. La movilización individual, más que la lucha de clases, fue la nota distintiva de los años Tudor. La articulación entre los gentry-propietarios de las tierras confiscadas a la Iglesia en oportunidad del cisma con Roma—, que producían para el mercado, los comerciantes de Londres-que hacia 1700 contaba ya con 550.000 habitantes—, y la proyección marítima favorecida por el carácter insular del país, contribuyeron a fortalecer los vínculos de una sociedad civil urbana y abierta con una concepción que Fernand Braudel denominó la economía-mundo inglesa. En definitiva, una sociedad que superó tempranamente la estratificación medieval y se enfrentó a las pretensiones hegemónicas del absolutismo para transformarse en civilmente igualitaria, pasó a ser el presupuesto de un proceso económico expansivo que adquiriría dimensión planetaria. También estructuró, vale la pena decirlo, un ordenamiento jurídico fuerte, encargado de consolidar los derechos alcanzados.
El proceso español en cambio, sometido a sus propias circunstancias, no permitió ni el desarrollo de una sociedad civil ni el de un Estado propiamente dicho hasta bien entrado el siglo XVIII.
Su clase alta fue, durante la Edad Media, más tolerante que sus homólogas inglesa o francesa. No obstante esto, hacia el siglo XVII modela una concepción del mundo unitaria y común que abarcó a toda la sociedad. Cristianos, moros y judíos coexistían bajo un mismo ámbito, pero no convivían, en el sentido de las comunes vivencias. "La grosedad (fertilidad) de la tierra los face orgullosos y haraganes y no tanto engeniosos ni trabajadores", cuenta Castro. En 1541, el 13 % de las familias del reino de Castilla y León no pagaba impuestos ni realizaba trabajo alguno.
La derrota de los comuneros de Castilla-entre cuyos objetivos prevalecía la formación de un incipiente mercado interno- abortó la posibilidad de desarrollar mecanismos de participación democrática que, por su índole, preanunciaran la implantación de una sociedad civil fuerte. La persistencia de la disgregación y de un espacio geopolítico no totalmente unificado nos lleva a la conclusión de que no existió una burguesía en su significado más actual. Esto explica, en parte, la tardía incorporación de España al mundo moderno.
"Mientras los encajes de Lille y Arraz, las telas holandesas, los tapices de Bruselas y los brocados de Florencia, los cristales de Venecia, las armas de Milán y los vinos y lienzos de Francia inundaban el mercado español para satisfacer el ansia de ostentación y las exigencias de consumo de los ricos parásitos cada vez más numerosos y poderosos en un país cada vez más pobre, a mediados del siglo XVI se había llegado al colmo de prohibir, al mismo tiempo, toda exportación de paños castellanos que no fueran a América", ilustra Eduardo Galeano con sus "venas abiertas".
El aporte histórico nos ayuda a conocer cómo se produjeron aquellas combinaciones en los casos tratados, pero, a partir de él, se requiere el análisis comparado desde el punto de vista socio-político.
En Gran Bretaña, la gentry tenía, ya en tiempos de Enrique VIII, acceso relativamente fácil a la Cámara de los Comunes. La clase terrateniente era civil por su educación, comercial por su ocupación y plebeya por su rango, y su correlato era un Estado que tenía "una burocracia pequeña, una fiscalidad limitada y carecía de ejército permanente, dada su condición insular" . Paralelamente, la formación de un mercado nacional fue el punto de partida para competir internacionalmente.
Sobre estos fundamentos ingresó Inglaterra al concierto mundial en situación de privilegio, acentuada luego de su victoria sobre los Países Bajos por el dominio de ultramar. Plasmó así una estructura social liberal como alternativa modernista-de mayor libertad civil y política- al modelo de absolutismo continental europeo representado por España.
Esta modalidad del desarrollo británico se trasladó, en lo esencial, a las colonias del subcontinente norteamericano. En las trece colonias primero, y luego en los Estados Unidos, no hubo clase aristocrática. "En América hay pocos ricos, casi todos los americanos tienen, por tanto, que ejercer una profesión", analiza Alexis de Tocqueville en La democracia en América, en 1835. Los primeros colonos constituyeron grupos sociales homogéneos, con una misma concepción del mundo, fruto de su credo común. Los protestantes no veían con buenos ojos el beneficio comercial exagerado ni la tasa de interés elevada; el justo precio fue materia de especial tratamiento por parte de Lutero, y esta concepción se mantuvo luego en Calvino y en la iglesia anglicana. Las sectas disidentes inglesas valorizaban, principalmente, el trabajo personal: para los calvinistas, la obra era el medio de acceder a la gracia.
Los Estados Unidos, aunque dependientes en un principio del capital y la tecnología inglesas, levantaron altas barreras aduaneras para proteger sus nacientes industrias, que no reunían aún condiciones para competir. Ya en 1789, impusieron los primeros aranceles de importación, y los elevaron en 1816, para proteger el algodón, la lana y las manufacturas de hierro. En contraste, erigir barreras aduaneras era visto por el refinado liberalismo porteño que gobernaba por aquellos años rivadavianos como "opuesto a los más sanos principios de economía y lo que es más agravante, contrario al espíritu de todas las leyes e instituciones que nos han acreditado exteriormente".
Max Weber atribuye un papel fundamental a la ética protestante en el surgimiento del capitalismo moderno. En especial, la vertiente calvinista sostiene que la idea del progreso y la prosperidad forjan el ascetismo del trabajo, a diferencia del ascetismo "espiritual" que aparece en el catolicismo, sobre todo del lado de los jesuitas.
Los hombres armados, por su parte, habían combatido contra Inglaterra en nombre del pueblo, de ahí que el origen de su ejército haya sido digno del respeto masivo. Su misión primordial era vigilar que los productores no fuesen despojados de su parcela ni de los frutos de su trabajo; la alianza de clase del ejército norteamericano estaba sellada con la burguesía. En cambio, desde los primeros tiempos de la conquista, los ejércitos latinoamericanos refrendaron sus pactos con la aristocracia y la oligarquía.
El vasto y abierto espacio geográfico constituyó un diferencial de signo positivo para el desarrollo de los Estados Unidos. Como dije más arriba, traspasar la frontera fue otro de los pilares de su credo. Así, los estadounidenses se extendieron hacia el oeste y se vincularon en pequeñas ciudades; la sólida comunidad religiosa convirtió el recinto de las parroquias en verdaderas casas del pueblo. Por eso, José Luis Romero habla de "la instancia intermedia entre el campo y la ciudad, que es para mí el secreto de la civilización: la aldea". Al mismo tiempo, la vastedad estimuló tal grado de autonomía territorial y de peculiaridad social que hizo necesario el trazado de un complejo sistema de poderes balanceados, plasmado finalmente en la Constitución de 1787.
A diferencia de los Estados Unidos, donde una fácil navegación fluvial facilitaba el contacto entre ciudades costeras y del interior, las ciudades argentinas, salvo las del litoral, estaban unidas por caminos malos, lo que alentó sentimientos y lealtades locales. La geografía no era un incentivo para la unificación del territorio, tampoco lo era la economía ni la política ni, obviamente, la idea de un destino nacional. A falta de un poder central, los caudillos eran la única fuente de orden, dificultando el gobierno institucional. En el proceso latinoamericano, siguiendo a Romero, no se da la aldea. "En la Argentina no ha habido más que las ciudades con aspiraciones de grandes ciudades y el campo semidesierto" . De hecho, entre ambos no se creó una verdadera intersociabilidad.
En definitiva, la colonización británica de América del Norte dio por resultado una sociedad civil fuerte bajo el marco de un sólido sistema institucional.
En cambio, "los españoles no pudieron traer lo que no tenían ellos mismos en el suelo original: industria, comercio, agricultura", dice Juan Bautista Alberdi, citado por Roberto Hosne . Y según Nicolás Shumway, "las colonias españolas no buscaron en ningún momento desarrollar un sentimiento de nacionalidad propio e independiente, sino que fueron más bien extensiones de España, dóciles en lealtad política, fe religiosa y pago de impuestos".
Mientras tanto, la España borbónica desplegaba en sus colonias una cultura rentística fundada en la seguridad predeterminada de los rindes económicos sin riesgos para el capital. Los antiguos contratos de aparcería para la explotación de la tierra constan a modo de certificación.
El absolutismo continental europeo había mantenido fuertes lazos con la concepción católica de que el poder era expresión de una unidad político-religiosa, según la cual el rey era funcionario de Dios. Una junta de teólogos, reunida para asesorar a Felipe IV sobre la construcción de un canal entre los ríos Tajo y Manzanares, concluyó dictaminando que "si Dios hubiese querido que los ríos fuesen navegables, Él mismo los hubiera hecho así".
El ascenso político de la burguesía no terminó con esta noción de "derecho al cargo": junto con el poder del dinero no invocaba la prosperidad alcanzada a través del trabajo, sino el concepto de "dignidad" o "calidad de honor", como apelación de socorro hacia el Estado. El problema se solucionaba conciliando el concepto de "burguesía" con el de "funcionario", del mismo modo que el de "propietario terrateniente" coincidía con el de "señor", y la protección del orden jurídico era desempeñada por el "noble de toga". Todas ellas, formas precapitalistas diferentes de las que configuraron al Estado moderno en Inglaterra o en sus colonias del Norte de América. Librada a su suerte una sociedad civil débil y "gelatinosa", toda la energía política marchó en pos de acopiar fortaleza en torno del Estado .

Cultura rentística, apropiación de las tierras y endeudamiento externo
España trasportó a sus colonias problemas parecidos a los que se vivían en su propio espacio. A esto hay que añadir que los pueblos andinos recibieron el influjo de las civilizaciones precolombinas, caracterizadas por una fuerte estratificación, que dificultó la movilidad social y mantuvo un nivel de desigualdad muy difícil de superar. En los llanos rioplatenses, y sustentados en su mentalidad rentística, los dueños de la tierra se convirtieron en "señores" que explotaron sucesivamente la mano de obra del indio, el negro y el gaucho de manera servil; en las ciudades, los integrantes de una burguesía igualmente rentística realizaban una actividad meramente intermediadora entre aquellos señoríos y la metrópoli, que se apropiaba de los excedentes de producción, abriendo paso a la relación centro-periferia que se mantiene hasta nuestros días. Así, los primeros comerciantes porteños no tardaron en establecer contratos exclusivos con los monopolios mercantiles españoles, formando de este modo la base de algunas de las más sólidas fortunas privadas argentinas.
El siguiente párrafo de Nicolás Shumway es descriptivo de los cimientos que hicieron crónico nuestro endeudamiento: "La distribución de tierras bajo Rivadavia, aunque debía ser temporaria, concentró inmensas extensiones del mejor recurso natural de la Argentina en manos de unos pocos, negándole de ese modo a las futuras generaciones, acceso a cualquier poder económico y político real. Además, al usar el enorme potencial económico del país como hipoteca, los rivadavianos contrajeron la primera gran deuda externa del país, poniéndolo en el camino de la dependencia crónica del capital extranjero a despecho de las gigantescas fortunas personales amasadas por la oligarquía terrateniente. De hecho, la facilidad con la cual Bernardino Rivadavia y Manuel José García, su ministro de finanzas, obtuvieron préstamos externos para gastos de gobierno creó un precedente para que los argentinos ricos evitaran el pago de impuestos y gastaran sus fortunas en el extranjero y en lujos estériles, contribuyendo muy poco a la formación de capital dentro del país-un esquema que sigue tan vivo hoy como hace ciento cincuenta años—… En una transacción que se hizo notar especialmente, negociada a través de la firma Baring Brothers de Londres, el gobierno porteño recibía crédito apenas por 570.000 libras esterlinas, a cambio de la firma de un recibo por un millón de libras. Para empeorar las cosas, la mayor parte del dinero supuestamente prestado a la Argentina, en los hechos quedaba en Inglaterra en forma de créditos contra la compra de manufacturas inglesas y para pagar comisiones de corredores e intermediarios, con lo que el beneficio que recibía el país en términos de inversiones era mínimo. De acuerdo con algunos cálculos, el pago final contra este crédito no se hizo sino en 1906… La Argentina sigue siendo un país dependiente en materia de capitales, a la vez que, paradójicamente, es un gran exportador de capitales. Por último, permitiendo que Gran Bretaña tuviera acceso sin trabas a todos los aspectos de la economía argentina, del comercio y la inversión a las finanzas y la política monetaria, los rivadavianos crearon una alianza non sancta entre la burguesía terrateniente y comerciante porteña y sus socios ingleses. Aunque hoy Gran Bretaña ha sido remplazada por los Estados Unidos, la presencia no controlada de intereses económicos extranjeros en la Argentina sigue minando el autogobierno del país".
En ausencia de una sociedad civil fuerte, el Estado hizo las veces de unidad superior en un sistema que, por sus persistentes fracturas, se fue tornando cada vez más incompetente para viabilizar una efectiva democracia cotidiana.
"La América hispánica se fragmentó más y más, geográfica y socialmente. Algunas de esas divisiones se hicieron permanentes: el Uruguay y el Paraguay se separaron de la Argentina, y América Central, que en términos lógicos debería haber sido un solo país, se dividió en siete. Las rencillas intestinas y las amenazas de anarquía produjeron una situación en la que sólo parecían capaces de sobrevivir hombres fuertes al mando de ejércitos propios. Poco antes de morir, Bolívar se lamentaba: hemos arado en el mar", relata Shumway.
La problemática de la participación ciudadana es, pues, el intrincado producto de las interrelaciones que, muy resumidamente, acabamos de señalar. Sin embargo, el mundo contemporáneo ofrece un haz de posibilidades a las sociedades que deciden integrarse al desarrollo, desde un status de autonomía e identidad nacional. España, por ejemplo, fue hasta hace algunos lustros una sociedad periférica. La dictadura franquista la había aislado de los movimientos transformadores que operaban en Europa, de modo que la construcción de la sociedad civil seguía siendo una asignatura pendiente. No obstante, a partir de la transición democrática consiguió superar las cimas de los Pirineos y se incorporó decididamente al proyecto europeo.
Claro está que en esto medió, también, el interés de los otros países comunitarios, necesitados de conformar el estado continental que permitiera a Europa terciar en la discusión acerca del sistema de poder mundial. Pero la experiencia indica que las condiciones externas no bastan por sí mismas, si no media la decisión colectiva de una comunidad. Cuando el Plan Marshall, en los primeros años de posguerra, ayudó a levantar económicamente a Europa y a dejar atrás los regímenes autoritarios consolidando la democracia, España no demostró tener, como sociedad, la decisión suficiente. Desestimó la oportunidad hasta bien entrados los años 70 y principios de los 80.
Por su parte, la Argentina fue, junto con Uruguay, el país que más aprovechó la economía-mundo con centro en Inglaterra. Pese a las evidentes desigualdades en el interior de su sociedad, el modelo de desarrollo de la Generación del 80 incrementó su riqueza general y, por desborde de la misma, crecieron, también, los ingresos de sus habitantes. Esto permitió la absorción, hasta 1930, de una ingente masa migratoria de origen principalmente europeo.
Más adelante veremos que en Brasil tuvo lugar un proceso semejante, aunque de magnitudes diferentes. En nuestro país, la proporción entre la población de origen migrante europeo y la vieja hispano-criolla-autóctona era de 4 a 1 a favor de la primera. De ahí que prevaleciera una cosmovisión europea en la concepción y dirección de las políticas nacionales instrumentadas por una clase dirigente cuya fuente de ingresos descansaba en la renta agropecuaria.
Desde muy temprano, la tierra sin dueño y sin población residente se repartió entre quienes ostentaban mayor poder económico. Los militares custodiaron dicha conquista. Millones de hectáreas de la pampa húmeda pasaron de ser propiedad pública a ser propiedad privada. Doscientos noventa y tres propietarios ocuparon, entre 1836 y 1840, más de ocho millones de hectáreas en las mejores zonas de la provincia de Buenos Aires . Hago constar que, en este racconto, no incluyo a aquellas con las que se beneficiaron quienes hicieron la Campaña del Desierto, como el Gral. Julio A. Roca, que recibió de regalo de la Provincia de Buenos Aires las 250.000 ha que formaron la estancia "La Larga".
Por el contrario, el Presidente Abraham Lincoln sancionaba el 20 de mayo de 1862 la "Homestead Act", que confería a los colonos 160 acres de tierra pública, con la exigencia de residir cinco años en ellos de manera continuada, construir una vivienda, mejorar la tierra y realizar algún cultivo. Si al cabo de ese lapso y habiendo cumplido los requisitos, el colono optaba por continuar en el fundo, obtenía su propiedad definitiva. En 1918, más de 1.600.000 propietarios trabajaban la tierra al este del Mississippi. Entre los fundamentos de la ley, obraba el siguiente axioma: "el dominio público pertenece al pueblo".
En 1958, en la provincia de Buenos Aires, 15 familias y 126 sociedades, de las cuales 110 eran anónimas, eran propietarias de un total de 2.451.335 hectáreas.
Este diagrama distributivo de la propiedad condicionó, obviamente, el modelo de desarrollo nacional. A esta deformación se le sumó el desequilibrio poblacional y la cultura rentística-tanto en el manejo del excedente económico cuanto en la mentalidad de los inversores.
En los Estados Unidos, las familias eran propietarias de las tierras; también eran ellas quienes las trabajaban. En nuestro país, en cambio, los propietarios residían la mayor parte del tiempo alejados de sus latifundios, en la metrópoli. Aquí efectuaban sus transacciones financieras, desvinculándose, de este modo, de la fuente de producción de donde surgía efectivamente la riqueza. Bastaba con que una porción menor del territorio fuese cultivada para que el propietario obtuviese la renta suficiente para mantener un alto nivel de vida. Mientras tanto, el trabajador rural se iba desplomando sobre la base de la pirámide de ingresos. Cada vez que la coordenada de la buena cosecha se encontraba con la suba del precio internacional de los granos, la renta nacional trepaba, al mismo tiempo que la tasa de plusvalía y la brecha distributiva del ingreso, a favor del terrateniente. La vieja casta militar de los orígenes de nuestra vida independiente continuaba siendo su aliada. Pero ya no era la guardia pretoriana de la propiedad de la tierra, sino el brazo ejecutor de sucesivos proyectos económicos que, golpes de estado mediante, favorecieron sus intereses de clase mientras se robustecían los lazos de dependencia económica y financiera con el exterior.
A partir de los años 30, la Argentina inicia un persistente proceso de industrialización que duraría tres décadas. No obstante, al sustituir al empresario individual por la organización empresaria, adoptando ésta principalmente la forma de sociedad anónima, se llevó a cabo la interconexión de intereses agroganaderos e industriales, que reprodujo el modo de conducta empresarial rentística, concentradora y especulativa.
En medio de este esquema rentístico y distributivo concentrado, aun en las etapas expansivas de agro-exportación, la mano de obra campesina resultaba sobrante y era expulsada de las áreas rurales hacia las ciudades. Pero como en éstas también imperaba la mentalidad rentística dentro de la actividad industrial, la irrazonable migración de trabajadores se volcaba a la inflación artificial de la actividad terciaria. En el quinto país productor de alimentos del planeta, el 40 % de sus habitantes viven desde hace cincuenta años en un radio que no excede los 100 km. alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Más del 90% del 45 % restante, lo hace alrededor de las grandes ciudades. Es, en definitiva, una economía de base agropecuaria sobreurbanizada, en la que millones de hectáreas permanecen vacías, a merced de nuevos propietarios de origen extranjero. Cada uno de ellos se ha percatado anticipadamente del valor que, en el mundo actual, adquieren recursos escasos como el territorio fértil, los alimentos y el agua potable. Como corolario de nuestro absurdo, nadie los obliga a pagar impuesto alguno por la compra de dichos activos.
El cuadro descrito implicó la derivación de la mano de obra agrícola-industrial ociosa al área de los servicios, principalmente a los servicios públicos prestados por el Estado. La superpoblación en estas áreas no implicó mejores servicios. Contrariamente, acarreó mayor improductividad, más burocracia y clientelismo y, finalmente, la saturación del gasto público sin correlato de eficiencia. Todo eso sumado llevó, con los años, a crear en la población una especie de sentido común mayoritario: la necesidad de desmantelar aquel Estado megalómano y, a la vez, ineficaz.

4. La inmigración
La masividad de las corrientes migratorias produjo puntos de flexión en nuestro proceso histórico. Al sobrepasar con holgura el número de habitantes de origen hispano-criollo, el inmigrante y su familia modelaron, en base a la cultura del propio esfuerzo, el perfil del "argentino medio". Todo desarraigado va en busca de su endogrupo. El afán de autopreservación se fue multiplicando en forma de colectividades cerradas, las que, en algunos casos extremos, llegaron a la práctica de conductas para nada solidarias que, al cabo del tiempo, se plasmaron en el "no te metás", por un lado y, por el otro, en la viveza criolla.
El destino manifiesto que estaba implícito en el gran sueño americano del estadounidense tuvo aquí su correlato en la mirada de corto plazo inherente a la misión de "hacerse la América".
No en vano, el Manual del Inmigrante Italiano, publicado por el Real Comisariado de Emigración de Roma en 1913, advertía a aquellos que viajaban a la Argentina. Bajo el título "Truffa all’americana o el ‘cuento del tío’", les señalaban las prevenciones a tener en cuenta: "No escuche ni historias maravillosas ni casos piadosos y desconfíe muy especialmente de los que le digan ‘haber hecho el viaje con usted’, cosa que no se sabe nunca si es verdad. Sepa que existe un notable sistema para engañar al inmigrante que acaba de desembarcar; es el llamado ‘cuento del tío’".
El hijo del inmigrante comienza a pensar de otro modo. La escuela pública lo alfabetiza, rompe el endogrupo y accede a una ciudadanía que lo acoge por el hecho de haber nacido aquí, a la que Beatriz Sarlo hace referencia en varios pasajes que trascribo a lo largo de este trabajo.
El pasaje sin ruptura histórica del período agroexportador a la sustitución de importaciones de la primera etapa de Perón y el desarrollismo frondizista permitió a la Argentina alcanzar un elevado coeficiente de movilidad social ascendente. Pero la maduración de este proceso y su agotamiento a finales de los 70 empeoraron las condiciones distributivas para la mayoría de la población, y derivaron en la sociedad fracturada propia de nuestros días.
Por una parte, la cultura europea del inmigrante, fortalecida por un sistema educativo público de envidiable calidad, plasmó en nuestro país una formación sociocultural propia de una sociedad avanzada. Pero, por otra, la prevalencia del modo de producción con base en la actividad primaria, combinada con una modalidad rentística orientada hacia los grandes centros de poder externo, configuró una formación económica propia de los países periféricos. La intersección de ambas coordenadas brinda como resultado un país declinante que, como no sucede con ningún otro en el mundo, se encuentra en franca vía de sub-desarrollo.
La expectativa de riqueza que deriva de nuestra otrora portentosa tradición socio-cultural nada tiene que ver con el nivel de recursos que efectivamente nuestra sociedad genera en el presente. Nuestro progresivo endeudamiento responde, en parte, a esta percepción colectiva de que seguimos siendo ricos: cuando tomamos nota de la verdad nos estrellamos con la pobreza. Y dejamos de pagar.

5. Enseñanzas
Desde el punto de vista político, las décadas de apogeo del paradigma keynesiano marcan una etapa en la que el Estado nacional-popular y el régimen de acumulación sustitutivo de importaciones pudieron combinarse en una amalgama que incluía elementos de la cultura, tradiciones e imaginarios comunes tales como el caudillismo, el nacionalismo, el movilizacionismo y la estadolatría.
Ese Estado nacional-popular expresaba una alianza o compromiso de clases de tipo movimientista, que unía a élites enclavadas en sectores corporativos-fuerzas armadas, iglesia, cúpulas sindicales—, sectores intelectuales, pequeña y mediana burguesía, con los trabajadores industriales y demás sectores populares urbanos surgentes del proceso de migración interna del campo a la ciudad.
Este proceso adquirió connotaciones distintas de los modelos de democracia social y estados de bienestar propios de Europa occidental. En nuestro país se tendió a identificar lo nacional-popular con lo estatal, restándole más autonomía aún a nuestra ya débil sociedad civil y generando culturas políticas de tipo autoritario, tanto de derecha como de izquierda.
Lo nacional-popular y lo democrático han tenido una relación por momentos ambigua, muchas veces tensa y a menudo conflictiva a lo largo de nuestra historia; en muchos casos, la democracia no fue más que un momento transitorio de competencia en pos de monopolizar la representación del interés nacional.

6. La herencia de Mayo
El proceso revolucionario, que fue el germen de la Argentina como Estado independiente, constituye toda una muestra de incapacidad ciudadana para sintetizar las tendencias del pensamiento y la economía de la época. Tal síntesis era necesaria para forjar, como expresión de lo mejor de cada una de ellas, un proyecto común, en el que todos los actores principales se sintieran involucrados.
En su lugar, primaron la confrontación irreconciliable, el maniqueísmo, la ubicación de quien pensara diferente en el lugar del enemigo, la dialéctica del vencedor y el vencido, la justificación de la conspiración permanente y la violencia como método de construcción de poder.
Facundo o Civilización y Barbarie, amén de su alta calidad literaria, es el mayor exponente de esa importante faceta de la cultura argentina que ha sido históricamente la personalización del mal. Eso sí, nunca en uno mismo, siempre en el otro. En el siglo XX, la oligarquía situó en ese lugar a Juan Domingo Perón.
Siempre con un dejo (o mucho más que un dejo) de admiración: "grande, muy grande es". Los enemigos del caudillo Facundo Quiroga no le desconocen tal condición, sino que "quieren disputarle el título de Grande que le prodigan sus cortesanos", ya que se trataba de "el modo de ser de un pueblo encarnado en un hombre, que ha aspirado a tomar los aires de un genio".
"He creído explicar la revolución argentina-escribe Sarmiento- con la biografía de Juan Facundo Quiroga, porque creo que él explica suficientemente una de las tendencias, una de las dos fases diversas que luchan en el seno de aquella sociedad singular", […] "en Facundo Quiroga no veo un caudillo simplemente, sino una manifestación de la vida argentina", […] "una expresión fiel de una manera de ser de un pueblo, de sus preocupaciones e instintos". […] "Facundo, siendo lo que fue por antecedentes inevitables, no es más que el espejo en que se reflejan, en dimensiones colosales, las creencias, las necesidades, preocupaciones y hábitos de una nación".
"Toda Córdoba está instruida de los más mínimos detalles del crimen que el gobierno intenta, y la muerte de Quiroga es el asunto de todas las conversaciones". […] ‘No ha nacido todavía el hombre que ha de matar a Facundo Quiroga’, y a despecho de las reiteradas instancias de los gobernadores de Santiago y Tucumán, Quiroga llega a su destino".
Finalmente, "La galera de Facundo, ensangrentada y acribillada de balazos, estuvo largo tiempo expuesta por el gobierno de Buenos Aires, al examen del pueblo".
No en vano, el liberal Shumway cierra uno de sus capítulos diciendo: "Al otro lado de la falla, los obreros industriales y los inmigrantes remplazarían a los gauchos en los movimientos populistas. Líderes mesiánicos como Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte remplazarían a los caudillos personalistas. Fascistas y comunistas se volverían los nuevos paternalistas, pero en todos estos cambios hay una peculiar cualidad déjàvu tan pronunciado que parecería como si la Argentina no fuera un país sino dos, ambos llenos de suspicacia hacia el otro, pero destinados a compartir el mismo territorio".
Prisionera nuestra nacionalidad de estos valores, "Los terratenientes porteños fueron sucesivamente liberales y proteccionistas, cosmopolitas y nacionalistas, según cuál bando fuera mejor para sus negocios en un momento dado", sentencia Tulio Halperín Donghi . Vastos sectores sociales de nuestro país arrastraron ese espíritu hasta nuestros días.
Durante los días previos a Mayo, el Contrato Social de Rousseau no corría "de mano en mano", como sostiene Sarmiento, ni Robespierre era el modelo de los jóvenes revolucionarios. Pero la influencia de la Revolución Francesa era, pese a las prohibiciones, innegable.
Tampoco es absoluto el juicio de Levene, cuando afirma que la Revolución de Mayo sólo se nutre en fuentes ideológicas hispánicas e indianas: "se ha formado durante la dominación española y bajo su influencia, aunque va contra ella".
Es cierto que la Revolución de Mayo rompió con el monarca español, pero no con su pasado colonial y su herencia hispánica. También lo es que contiene ingredientes comunes con diversas corrientes liberales de Europa y que no se alimenta únicamente del liberalismo español.
En materia de doctrina económica sucede algo semejante. Desde finales del siglo XVIII, tuvieron lugar sucesivas Representaciones de hacendados y labradores que reclamaban la abolición de las trabas al comercio. Manuel Belgrano fue, desde 1794, uno de sus mentores. Pero con motivo de la victoria sobre los invasores ingleses, se produjo una fuerte reacción monopolizadora de los grupos realistas que defendían el proteccionismo.
En la Representación de los Hacendados, Mariano Moreno señaló con certeza los beneficios de la competencia sobre el monopolio y la postración de vastos sectores sociales como consecuencia de éste último, y propuso como solución un plan que se financiaría con las mayores rentas de aduana. Del otro lado, quienes se oponían a la apertura del puerto alertaban sobre la ruina en la que caerían muchas producciones locales.
Ambas partes tenían razón. Sin embargo, a partir de las medidas tomadas por la Primera Junta de Gobierno, ya sea en lo político como en lo económico, el conflicto se dirimió por vía de la eliminación del adversario, y no por la del consenso para articular los intereses diversos presentes en toda sociedad política.
Lo anterior no debe ser leído como una posición de neutralidad. Mariano Moreno fue el portador del verdadero espíritu innovador de la Revolución, y quien imaginó bajo qué formas debía estructurarse el Estado revolucionario. Lejos de una visión liberal que favoreciera los intereses británicos-por lo que fuera acusado en su momento—, Moreno propuso en su Plan de Operaciones "extender la insurrección a Uruguay y Brasil, confiscar los bienes de los realistas para proveer de fondos al Estado y fomentar las artes, agricultura y navegación, desechando así empréstitos externos, establecer el monopolio estatal de la minería y los seguros y el control del comercio y los créditos, vedar la salida de capitales y la importación de artículos suntuarios, especialmente de los productos que como un vicio corrompido, son de un lujo excesivo e inútil". El Plan revela la inclinación profunda de Moreno por la igualdad: "las fortunas agigantadas en pocos individuos no sólo son perniciosas sino que sirven de ruina a la sociedad civil".
Bajo la inspiración de Moreno, el Reglamento de la Junta de Mayo estableció los principios republicanos de representatividad y responsabilidad del gobernante por sus actos de gobierno, así como la publicidad de sus actos y la periodicidad de su mandato. También, y fundamentalmente, marcó una embrionaria división de poderes, que excluía a sus miembros ejecutivos de ejercer el poder judiciario –"equilíbrense los poderes y se mantendrá la pureza de la administración". Todo ello provenía de la Revolución Francesa.
Los principios de federación y confederación, en cambio, heredados de la Constitución de los Estados Unidos, recién aparecen con la Asamblea del año XIII, consignados en las Instrucciones de Artigas.
Mariano Moreno y Cornelio Saavedra-el presidente de la Junta- no habrían podido ser más distintos. La noche del 5 de diciembre de 1810, Moreno se entera de que en una cena ofrecida en el cuartel de Patricios-a la que se le había negado el ingreso- Saavedra es coronado rey y emperador. Enfurecido, escribe el célebre Decreto de supresión de honores al presidente: "si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad". El decreto marca un punto de inflexión en su tensa relación con Saavedra, culminando en la renuncia a su cargo de Secretario de la Junta que presentó trece días más tarde.
Para Shumway, "la división representada por el saavedrismo y el morenismo presagiaba el problema más difícil de la nacionalidad argentina: una continua ruptura en el cuerpo político que ni siquiera los líderes más imaginativos del país han podido curar. En cierto sentido, la sociedad argentina desde los primeros días de la Independencia pareció haber sido construida sobre una fisura sísmica. Ninguna institución argentina ha superado indemne los movimientos violentos e impredecibles de la falla, y su existencia subyace a gran parte de la perpetua inestabilidad del país".
La victoria política de Saavedra sobre Moreno, a seis meses de haber nacido la Patria, constituye el primer hecho de supremacía del poder conservador, conformado en alianza por los militares-Saavedra controlaba los regimientos de Arribeños, Artilleros, Granaderos, Húsares, Montañeses y Patricios—, la Iglesia y los monopolios económicos, sobre las ideas modernizadoras. Pero además, los artesanos, peones y gauchos de los arrabales-los orilleros- estaban con Saavedra. Así fue que, de allí en adelante, "los movimientos populistas organizaron a las masas bajo el liderazgo de élites antirrevolucionarias con escasa capacidad para crear estructuras institucionales sólidas". Basándose en Milcíades Peña, dice José Pablo Feinmann en La sangre derramada, que "la Revolución de Mayo removió del Gobierno a la burocracia española e instaló en él a la burocracia criolla. No hubo desplazamiento del poder económico. Moreno y los suyos tenían las ideas, tenían la pasión, pero no tenían en su base una clase social revolucionaria" .
En el pensamiento de Moreno anidan dos corrientes que recorren la historia de la izquierda argentina: una, iluminista; la otra, jacobina. Por eso, aquella disputa simboliza, además, con carácter premonitorio, el primer distanciamiento de quienes, expresando un pensamiento de vanguardia, terminaron alejándose de aquellos grupos sociales a los cuales aspiraban representar.

2. BRASIL
1. Los primeros tiempos de Brasil

Remontándonos a los inicios de la colonización del actual territorio del Brasil, podemos señalar que Portugal era, en el siglo XV, un país pequeño y alejado de los principales centros comerciales de Europa. No obstante, el bajo nivel de convulsión interna-si se lo compara con las restantes coronas europeas- le permitió erigirse en pionero en materia de expansión marítima y le dio, además, unidad estratégica durante las primeras etapas de la colonización del Brasil.
El período colonial brasileño guarda similitudes y diferencias respecto del proceso hispánico. Entre las primeras, se cuenta la explotación de materias primas en grandes extensiones de tierra y el comercio monopólico de las mismas hacia la metrópolis, a cambio de la importación de productos elaborados a precios elevados, reservada también monopólicamente a empresas ligadas a la corona. Nacía de este modo la clase social de los "fazendeiros", así como las grandes corporaciones del palo brasil, el azúcar, el café y el cacao sucesivamente, con una breve incursión de la explotación minera en el siglo XVIII. Otra semejanza relativa la constituye la ligazón entre el Estado y la Iglesia Católica: el catolicismo fue adoptado como religión oficial, y los jesuitas quedaron a cargo de la educación en todo el territorio del Brasil, pero las persecuciones religiosas no tuvieron la misma intensidad que en el Paraguay o en el noreste argentino.
El trabajo forzoso fue también un rasgo característico, tanto en la colonización argentina como en la brasilera, pero mientras aquí tomó la forma de persecución al indio y subordinación del gaucho, en el Brasil se configuró la esclavitud. Por su parte, distintas razones llevaron a que las mujeres adquirieran mayor independencia y protagonismo en la vida laboral en territorio brasileño de los que gozaron en nuestras tierras. En Ouro Preto, por ejemplo, de 203 unidades productivas familiares, sólo 93 estaban encabezadas por hombres.
En cuanto a la relación Estado-sociedad, se dirá que todo el proceso de colonización ibérica-a diferencia de lo acaecido con las colonias de origen anglosajón- está signado por el predominio de la autoridad estatal frente a una sociedad civil debilitada. Yo prefiero, en cambio, hablar de un tipo de Estado cooptado por un sector de la sociedad: los grandes propietarios de tierras. Son ellos quienes gobernaron, legislaron, impartieron justicia y persiguieron a los núcleos más débiles de la población. Según Boris Fausto, el resultado de todo ello es un gobierno que se ejerce según criterios de lealtad y no de impersonalidad y respeto a la ley. Una expresión acuñada en el saber popular desde los tiempos en que Brasil era colonia lusitana reza: "para los amigos todo;, para los enemigos, la ley".
Las invasiones holandesas a Brasil tuvieron inicio en 1604 y representan el mayor conflicto político-militar de la época colonial. Durante las mismas, aunque el sentimiento nacional no había calado hondo en las grandes formaciones socioeconómicas regionales , se hizo sentir la lealtad con el territorio: Domingos Fernández Calabar, nacido en Alagoas y gran conocedor del terreno de combate, osó pasarse a las filas enemigas; esto desató la ira de los combatientes brasileños, que no descansaron hasta aprehenderlo y ejecutarlo, lo que constituyó un hito en el camino de la reconquista.
Tanto Brasil como la Argentina gestaron su estructura federal desde la época colonial. En Brasil, la propia formación de su estructura productiva estuvo signada por un verdadero protagonismo de las regiones. Bahía-San Salvador fue la capital hasta 1763—, Pernambuco, Minas Gerais, Río de Janeiro y, posteriormente, San Pablo y Río Grande del Sur, fueron los centros principales, y de los acuerdos logrados entre ellos se arribó, al cabo de más de tres siglos, a la unificación del territorio nacional. Esta raíz profundamente federativa dejó una impronta indeleble, cuya influencia se prolonga hasta el poderoso Brasil de nuestros días.
El posicionamiento geopolítico juega en Brasil un rol indudablemente más intenso que en la Argentina. Ámsterdam, Londres, Hamburgo y Génova fueron los primeros grandes centros importadores de las materias primas brasileñas, lo que otorgó al país un temprano sentimiento de expansión internacional, que impregna de un modo fundamental al Brasil como formación política, económica y social, y se prolonga hasta nuestros días en todo el sistema nacional y los sistemas estaduales de poder.
A partir de la revolución industrial, los ingleses buscaron ampliar sus mercados y, al propio tiempo que protegían el suyo, exigían a las colonias de América que abandonaran los postulados del mercantilismo: con los crecientes acuerdos comerciales de carácter oficial firmados con las élites de poder, convivieron durante las primeras décadas del siglo XIX el contrabando y las alianzas espurias con los comerciantes locales. Tanto España como Portugal se habían convertido en países atrasados de Europa, y el despliegue industrial y comercial británico fue resquebrajando la tibia ascendencia que ambas coronas aún se esforzaban por mantener respecto de sus colonias de América del Sur.
Ser el cuarto país del mundo en superficie, su condición limítrofe con toda América del Sur, a excepción de Chile y Ecuador, su cercanía con África y la proximidad relativa con los grandes centros comerciales de de América del Norte y Europa, le brindan suficientes argumentos desde el punto de vista geopolítico para sostener sus objetivos de protagonismo a nivel de las relaciones internacionales. Para ello, incluso, concretó su extensión geográfica nacional mucho más allá de la línea de Tordesillas: las bandeiras paulistas y los ganaderos y militares gaúchos ensancharon vastamente y de hecho las fronteras del país hacia el oeste y sudoeste, respectivamente.

2. La monarquía: 1822 - 1879
Desde una perspectiva política, afirmo que la transición que hizo Brasil desde su condición colonial a la de país independiente fue hasta cierto punto más pacífica que la argentina, lo que marcó, además, el carácter negociado de las posteriores grandes transiciones brasileñas. La independencia de Brasil no llegó por un corte revolucionario con la metrópoli, sino a través de un proceso que exhibe más continuidades que rupturas.
El imperio de don Pedro I, instaurado en 1822, erige al Brasil en un caso único de monarquía entre repúblicas en la historia de América Latina. Pero lo cierto es que se trató de un régimen constitucional que siempre convivió con el Parlamento, los derechos políticos y un sistema electoral predeterminado.
En 1825, Portugal admite mediante un tratado –es decir, sin grandes alteraciones- la independencia brasileña, situación que Gran Bretaña ya venía reconociendo desde los años anteriores. Por estos tiempos, Brasil ya era el tercer mercado exterior de los británicos y firma con Londres su primer empréstito externo.
Crece, mientras tanto, la economía de Río Grande do Sul, basada en el ganado y dirigida centralmente al mercado interno. Y junto a ella, reverdece la estrategia de ejercer un fuerte control sobre Uruguay, lo que da lugar a la coalición gaúcha con las provincias argentinas de Corrientes y Entre Ríos, con el concurso de varias decenas de miles de combatientes que terminaron por derrotar a Rosas en 1852.
En el resto del territorio se van configurando las primeras señales de lo que serían las dos grandes formaciones políticas durante la etapa imperial: los grandes propietarios rurales y comerciantes de Río, Bahía y Pernambuco conformarían el futuro partido conservador, mientras que los productores de áreas menos tradicionales junto a la clase media urbana darían lugar al partido liberal. Sin embargo, la mayoría de los historiadores señala que las diferencias entre ambos eran menores y que los separaban fundamentalmente disputas personales. La no diferenciación nítida entre partidos parece ser una constante en Brasil, así como el paso frecuente de actores políticos de uno a otro partido.
En las dos formaciones políticas-conservadores y liberales- la práctica electoral se regía por métodos clientelares, de los que el patrón rural, denominado "coronel", era su principal operador: él debía arreglar con sus votantes por intermedio de los coroneles inferiores. Al mismo tiempo, debía conectarse con los gobiernos estadual y federal a fin de conseguir progresos locales para los primeros, de modo que este tipo de negociación se convirtió en más importante que los conflictos violentos. En general, las elecciones en Brasil fueron siempre de las menos violentas de América Latina.
Inclusive los períodos autoritarios se originaron bajo la ideología estatal y no del mercado, y de ese modo se organizaron partidos políticos y sindicatos vinculados orgánicamente al Estado.
Todo esto indica que, aun a pesar de siglos de violencia interpersonal causada por la esclavitud, los episodios de odio racial, religioso o político "fueron transitorios y localizados, y nunca dividieron al país".
Durante el siglo XIX, Brasil comienza a producir café para exportar y, si bien sus productores eran brasileños, el negocio de la exportación recayó en manos de grandes firmas inglesas y estadounidenses. Por otra parte, el complejo cafetalero desplazó hacia el centro-sur del país el centro de gravedad del desarrollo económico.
Hacia la segunda mitad del siglo, el gobierno federal dictó casi simultáneamente dos leyes: por una parte, la Ley del Fin del Tráfico, que prohibía el intercambio de esclavos como corolario de la intensa presión ejercida por Inglaterra. Sólo dos semanas después, la Ley de Tierras prohibía la donación de terrenos públicos. Esta simultaneidad obedece a una razón muy simple. Por un lado, el gobierno brasileño debía atender el reclamo de quien constituía su principal mercado, y la mano de obra barata que proveía la esclavitud debía ser sustituida por inmigrantes. Pero al mismo tiempo, su alianza con los grandes propietarios lo ponía ante la obligación de no entregar tierras en propiedad a aquellos inmigrantes, de modo que se vieran compelidos a trabajar en las fazendas bajo el dominio de la clase terrateniente.
En las fazendas -según la creencia dominante en esos momentos- la mano de obra esclava no debía ser sustituida por las masas pobres provenientes del nordeste del país, sino por inmigrantes europeos, a quienes el Estado ayudaba subvencionando los gastos del viaje y los primeros tiempos de estadía. El país que en mayor medida aportó a la inmigración fue Italia, a través de pequeños productores rurales, y el estado más receptor de Brasil resultó ser San Pablo.
A lo largo del siglo XIX, la Argentina constituyó una fuerte preocupación para Brasil, por la posibilidad de que acaparase el dominio del Río de la Plata y se convirtiera así en un país poderoso, capaz de poner en tela de juicio la preponderancia brasileña, y de que atrajese a los gaúchos de Río Grande do Sul. Uruguay, entretanto, era una competencia de estos últimos en la cría de ganado.
La guerra con el Paraguay constituyó, por su parte, uno de los episodios más traumáticos para la relación entre los países del sur de América del Sur. Y, en el caso específico de Brasil, significó la consolidación del Ejército como un factor importante de poder.
Fue justamente el Ejército, con el apoyo de un sector preponderante de la burguesía cafetalera, organizado en el Partido Republicano Paulista, sumado al debilitamiento político y a la enfermedad del emperador Pedro II, el que configuró el escenario propicio para la caída de la monarquía en 1889, de un modo menos conflictivo de lo que en general fueron los cambios de régimen en América Latina.

3. La República
Hay consenso en calificar el paso del Imperio a la República como un episodio tranquilo en la historia de Brasil.
El Ejército desplegó una influencia política importante durante los primeros tiempos de la República, desde el mariscal Deodoro da Fonseca hasta los oficiales que integraron el Congreso Constituyente. El papel preponderante de lo que se conoció como "la república de los coroneles" tuvo relación con la consolidación del espíritu nacional, con el fin de impedir la fragmentación que estuvo siempre latente en el esquema ultrafederalista.
En febrero de 1891 se promulgó la primera Constitución que, inspirada en el modelo de los EE.UU., consagró la república federal y liberal, así como el no reconocimiento del catolicismo como religión oficial.
En el campo internacional, el advenimiento de la República desplazó el eje de la diplomacia brasileña de Londres hacia Washington, de la mano del barón de Río Branco a su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores, en 1902.
Desde el punto de vista económico, la Primera República es conocida como la etapa del "café con leche", esto es, la unión de la oligarquías cafetera de San Pablo y lechera de Minas Gerais. San Pablo poseía condiciones que le permitieron un desarrollo autónomo, pero, en cambio, Minas no gozaba de las mismas y dependía de la Unión, lo que hizo que durante la primeras dos décadas del siglo XX, el 40 % del tendido de líneas ferroviarias federales se asentara en su territorio.
No obstante, con la presencia de tres presidentes paulistas entre 1894 y 1902, el predominio político fue para San Pablo, debido a la cohesión partidaria de su élite, más que a su importancia económica.
Más tarde, favorecido por el desencuentro entre San Pablo y Minas, el estado de Río Grande do Sul reingresa definitivamente en el escenario de la política nacional, a través de la victoria del mariscal Hermes da Fonseca como presidente, sobre Rui Barbosa, un intelectual paulista defensor de la clase media y de las más modernas ideas republicanas en contra del clientelismo predominante en las élites militares.
Entre 1887 y 1930, entraron a Brasil casi cuatro millones de inmigrantes, básicamente atraídos por la expansión del café. De todos ellos, más del 50 % se radicó en San Pablo. Allí eligió residir el 87 % de los japoneses y el 71 % de los italianos que ingresaron al país.
En el curso de algunos años, los agricultores extranjeros hicieron un gran aporte a la diversificación de los cultivos, expandiendo la producción de arroz, poroto negro, maíz, y finalmente de algodón, lo que estimuló rápidamente la industria textil y les permitió un rápido ascenso en la escala social. Este progreso corroboró, al igual que en la Argentina, la idea de "hacer la América" con que habían arribado al continente.
Siderurgia, cemento, indumentaria y bebidas, entre otras, fueron las actividades dominantes que impulsaron la fabricación nacional de máquinas y equipos, sin desconocer la importancia de los nuevos frigoríficos que se instalaron en Río Grande do Sul. Con epicentro en Belén y Manaus, la Amazonia, por su parte, incursionó tempranamente en la industria del caucho, aunque hasta la segunda guerra mundial sufrió las consecuencias de su escasa diversificación.
La rauda expansión de la industria brasileña no implicó, sin embargo, que ese predominio se extendiera a la actividad financiera, de servicios y trasportes, donde siguió teniendo preminencia el capital extranjero.
En marzo de 1922, al calor de la revolución bolchevique de 1917 nace, al igual que en la Argentina, el Partido Comunista, que estuvo al margen de la legalidad durante casi toda su historia. Al promediar la década de los años 30, hizo su aparición la Alianza Nacional Libertadora-ANL- la cual, a diferencia de su homónima argentina, se lanzó como una fuerza de izquierda aliada al PC brasileño. Pero también en esos años, una fuerte agrupación de extrema derecha acuñó el lema "Dios, Patria y Familia"; se trataba de la Acción Integralista Brasileña-AIB- liderada por Plinio Salgado, entre otros intelectuales paulistas.

4. La etapa sustitutiva. Getúlio Vargas
Mientras tanto, el proceso de industrialización favoreció el mayor protagonismo de los sectores medios urbanos, que terciaron entre las oligarquías militares y los trabajadores, dando origen a un fenómeno político que tuvo poder convocante sobre las generaciones jóvenes. Getúlio Vargas fue el emergente de esta etapa, en que, como resultado de la Gran Depresión de 1929, el Estado comenzó a jugar un rol determinante en el proceso de desarrollo. Jóvenes políticos, cuadros medios de las fuerzas armadas, burguesía industrial y sectores trabajadores urbanos constituyeron el núcleo de un bloque de poder cuyo rasgo definitorio fue su aproximación al Estado y, a partir de ello, la construcción de una estructura fuertemente centralizada en el gobierno federal.
La Iglesia Católica fue una importante base de apoyo, a cambio del cual un decreto de abril de 1931 autorizó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.
Vargas disolvió el Congreso Nacional e intervino todas las gobernaciones. Creó el Departamento Nacional del Café y los Ministerios de Educación y Salud, y de Trabajo, Industria y Comercio. A consecuencia de su alianza con sectores trabajadores, impulsó toda una legislación de protección a sus derechos, pero, al mismo tiempo, se encargó de reprimir toda manifestación sindical que se ubicara al margen del control gubernamental. Vacaciones y reconocimiento a estar en juicio ante las Juntas de Conciliación eran facultades de las que sólo gozaban los sindicatos reconocidos por el gobierno.
El 14 de julio de 1934 se promulgó la nueva Constitución, que tomó como referencia la de la República de Weimar en su aspecto social. Aunque en términos políticos se confirma la instalación del llamado "Estado Novo", una alianza cívico militar con componentes nítidamente autoritarios que construyó la figura de Vargas como protector de los trabajadores, en el marco de un modelo industrialista y populista.
Desde el punto de vista económico, este período se caracterizó por la creciente participación alemana en el comercio exterior. Alemania se tornó el primer comprador de algodón y el segundo mercado para el café brasileño, superando a los EE.UU. en 1938. A partir de que la guerra se fue definiendo a favor de los aliados, el acercamiento con Alemania fue determinante para el debilitamiento y posterior caída de Getúlio Vargas en 1945.
Los cimientos del Estado Novo se mantuvieron incólumes durante la presidencia de Eurico Dutra, así como el prestigio de Vargas entre los sectores populares. Con muchos puntos en común con el peronismo argentino y el gobierno de Ibáñez del Campo en Chile, una nueva presidencia de Vargas consolidó el modelo del populismo latinoamericano, predominante en el Cono Sur por aquellos tiempos. En 1952, fundó el Banco Nacional de Desarrollo Económico.
Un año más tarde, Vargas nominó como Ministro de Trabajo al joven gaúcho João Goulart y, en ese mismo año 1953, un docente paulista, Jânio Quadros, gana la intendencia de San Pablo. Se inicia así el ascenso político de quienes gobernarían Brasil a principios de la década de los 60, y sobre los cuales caería, en 1964, el peso de la dictadura más larga de la historia del país.

5. El desarrollismo. Juscelino Kubitschek
Entre medio, sin embargo, aparecerá en Brasil la trascendental figura de Juscelino Kubitschek, primero gobernador de Minas Gerais y luego presidente desarrollista, llegado al poder por la alianza entre las dos principales fuerzas de inspiración getulista, el PSD (Partido Socialdemócrata) y el PTB (Partido Trabalhista Brasileño), y fundador en 1960 de la emblemática Brasilia, la nueva capital del país.
Brasilia, ideada y construida respectivamente por Lucio Costa y Oscar Niemeyer e inaugurada el 21 de abril de dicho año, constituye el símbolo de una nueva etapa de Brasil, con una proyección geopolítica más amplia por una parte y, por otra, con el reforzamiento de un poder estatal más autónomo de las élites financieras de San Pablo y Río de Janeiro.
Con el gobierno de Juscelino Kubitschek se comprueba el paso no traumático del período sustitutivo de importaciones al desarrollismo. Este proceso, que si bien encontró su espejo en todos los países de la región como marco de condiciones que luego diera lugar al modelo de la Alianza para el Progreso, tuvo en Brasil a uno de sus principales exponentes en cuanto a los índices de crecimiento. Absolutamente abierto al ingreso de capitales extranjeros, el desarrollo de la industria automotriz generó la expansión del proletariado urbano más grande de la historia de Brasil.
A diferencia de su par argentino Arturo Frondizi, el presidente Kubitschek cultivó una buena relación con la corporación militar, la que entre otras cosas obtuvo el control de Petrobrás y del Consejo Nacional del Petróleo.
Sin embargo, un candidato independiente, crítico de la corrupción del gobierno, fue quien se impuso en las elecciones presidenciales: Jânio Quadros. Quadros gobernó por un período muy corto y de manera desconcertante. Combinando medidas atractivas para la izquierda con otras que eran del agrado de los conservadores, pero con un perfil anodino y superficial, terminó ganándose la desconfianza de ambos. En agosto de 1961, el Congreso tomó meramente conocimiento de su renuncia, desatándose una dura disputa de poder por la sucesión.
Leonel Brizola, gobernador de Río Grande do Sul, junto con algunos mandos militares, se erigieron en los principales soportes de la legalidad, dando su apoyo al vicepresidente João Goulart.
Rodeado de condiciones objetivas-internas y externas- que ensalzaron durante los años 60 a los sectores sociales hasta entonces olvidados, "Jango" promovió la sanción del Estatuto del Trabajador Rural, que limitó la jornada laboral y estableció el salario mínimo y las vacaciones. Asimismo, recuperó para el Estado una intervención más profusa en la vida económica.
En 1963, Goulart, que había asumido con poderes disminuidos ante el Parlamento, recuperó mediante un plebiscito la totalidad de las facultades presidenciales, promovió a figuras altamente reconocidas de la izquierda como Celso Furtado al frente del Ministerio de Planeamiento, y lanzó un plan de confiscación de las refinerías privadas de petróleo, así como la reforma urbana.
Contrariamente a lo sucedido hasta entonces y al calor de las corrientes de pensamiento de la época, los partidos políticos comienzan a tener mayores diferencias ideológicas que personales. Se produjo la legalización y luego la divisón del PC, así como la aparición de nuevos liderazgos, como el de Ulisses Guimarães en el PSD. Pero al mismo tiempo, en la Escuela Superior de Guerra, y bajo la inspiración del estratega militar Golbery do Couto e Silva, comienza a crecer entre los militares brasileños una tendencia claramente nacionalista y dispuesta a contener lo que entendían era el avance del comunismo.
Huelgas masivas que pedían profundizar las reformas sociales, muestras callejeras de apoyo al presidente que se empequeñecían a medida que éste y Leonel Brizola se distanciaban, y un desfile multitudinario de las asociaciones católicas de derecha por el centro de San Pablo, denominado Marcha de la Familia con Dios por la Libertad, crearon un clima que exasperó a los sectores medios y conservadores.

6. La dictadura
En marzo de 1964, un golpe militar instauró por primera vez en Brasil un período autoritario que, inicialmente, contó con un significativo apoyo en distintos sectores de la sociedad. El régimen no fue una dictadura personal, sino que uno de los jefes militares pertenecientes a la cúpula castrense era escogido para gobernar al país por un plazo limitado.
En el discurso, el movimiento del 31 de marzo de 1964 se proponía librar al país de la corrupción y del comunismo, y restaurar la democracia. Mantuvo la Constitución de 1946, mientras gobernaba mediante los llamados Actos Institucionales (AI), con un Congreso que funcionaba con atribuciones muy reducidas.
A partir de estas facultades excepcionales, se desataron persecuciones y torturas a los adversarios. Hubo purgas en el Poder Judicial, en el Congreso, en la burocracia civil y en las Fuerzas Armadas. Algunos gobernadores perdieron su mandato como Leonel Brizola, y se suspendieron los derechos políticos a otras figuras, como João Goulart, Jânio Quadros y Juscelino Kubitschek, que era senador por Goiás. Poco tiempo más tarde se crearía el Servicio Nacional de Informaciones (SNI), que tuvo como jefe e ideólogo al general Golbery do Couto e Silva. El 15 de abril se designó presidente el general Humberto de Alencar Castelo Branco, cuyo mandato concluiría el 31 de enero de 1966.
La política económica contó con la importante ayuda del FMI, en el marco de la Alianza para el Progreso, pero implicó un muy duro ajuste sobre los trabajadores, cuyas organizaciones no estaban en buenas condiciones de resistir debido a las medidas represivas.
En el plano internacional, el gobierno de Castelo Branco se alineó con los EE.UU., a tal punto que, en 1965, Brasil envió tropas junto con Honduras y Paraguay para intervenir en apoyo de los 42.000 marines estadounidenses en la guerra civil de la República Dominicana, bajo la cobertura de la Inter-American Peace Force.
Cuando en octubre de 1965 se realizaron elecciones directas en once Estados, los opositores a la revolución triunfaron en la mayoría de ellos. Entre otros Estados importantes, pueden contarse Guanabara y Minas Gerais.
Como muestra de la extrema preocupación que esto causó en los sectores militares más duros, el gobierno emitió de inmediato el AI-2, según el cual el presidente y vicepresidente debían elegirse por mayoría absoluta del Congreso Nacional, en sesión pública y con voto nominal. Se disolvieron los partidos políticos y se reforzaron aún más los poderes presidenciales, que a partir de ese momento tendrían la facultad de emitir decretos-leyes en materia de seguridad nacional.
La nueva legislación permitió la organización de sólo dos partidos: la Alianza Renovadora Nacional (Arena), que agrupaba a los partidarios del gobierno, y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que reunía a la oposición. La mayor parte de los adherentes a la Arena habían pertenecido a la UDN, y en casi igual número al PSD; por su parte, el MDB se formó con figuras del PTB, y del PSD en menor medida.
Llegado el momento del recambio, fue designado presidente el general Artur da Costa e Silva. Lejos del perfil intelectual de Castelo Branco, el "Tío Viejo", como solía llamarse al nuevo presidente, pertenecía a la línea dura de las Fuerzas Armadas y adscribía al nacionalismo más autoritario. De este modo, pese a haber transitado su carrera militar en los EE.UU., Costa e Silva morigeró la política de aproximación a ese país, así como las facilidades extremas que se habían concedido a los capitales extranjeros.
Pasado lo más fuerte de la represión inicial, la oposición empezó a rearticularse. La Iglesia jugó un papel importante en contra del autoritarismo, destacándose la actuación de Hélder Câmara, arzobispo de Olinda y Recife. Los estudiantes comenzaron a movilizarse en torno a la UNE. Llega 1968.

7. Lucha armada y represión
Grupos de lucha armada iniciaron sus acciones en ese año: proliferan las "expropiaciones", o sea, los asaltos para reunir fondos, y se coloca una bomba en el consulado estadounidense en San Pablo. En respuesta al clima de movilización social, el 13 de mayo de 1968 Costa e Silva emite el AI-5 y cierra el Congreso. Se reabre un período de pérdida de derechos políticos, represión estudiantil y purgas entre los funcionarios públicos, que incluyó a numerosos profesores universitarios. Se estableció la censura a los medios de comunicación y la tortura pasó a ser una metodología de gobierno.
En agosto de 1969, Costa e Silva sufrió un derrame que lo incapacitó para proseguir con su función, y los ministros militares decidieron sustituirlo, violando la norma que ubicaba al vicepresidente en el primer lugar de la línea sucesoria.
La Junta Militar creó la pena de expulsión del territorio nacional, aplicable a todo brasileño que "se vuelva inconveniente, nocivo o peligroso para la Seguridad Nacional". La pena de muerte nunca se aplicó formalmente, prefiriéndose las ejecuciones sumarias o como consecuencia de torturas, presentadas como resultado de enfrentamientos entre subversivos y fuerza del orden, o como desapariciones misteriosas .
Mientras el país vivía uno de sus períodos políticos más tenebrosos, el gobierno alcanzaba éxitos en el área económica. En 1968 y 1969, el país creció a un ritmo impresionante, registrando variaciones de 11,2% y 10% del PBI, lo que corresponde al 8,1% y al 6,8% en el cálculo per cápita. Despuntaba el denominado "milagro económico".
En octubre de 1969, el Alto Comando de las Fuerzas Armadas eligió para presidente al general Emilio Garrastazu Médici, y para vicepresidente al ministro de Marina, Augusto Rademaker.
Médici era un militar gaúcho al igual que Costa e Silva, bajo cuya presidencia fue jefe del SNI. Se trataba de un desconocido para la gente, que encabezó, no obstante, el ciclo de mayor represión social de la historia brasileña. Esto, sumado a las condiciones económicas favorables (la promoción de "Brasil gran potencia", que en pocos años igualaría al Japón, impactaba fuertemente en el imaginario de la población) hizo que la Arena-virtualmente el partido de gobierno- alcanzara una victoria aplastante en las elecciones legislativas de 1970, sobre una oposición que había llegado al nivel más bajo de todo el período dictatorial.
El período del llamado "milagro" se extendió de 1969 hasta 1973, combinando un extraordinario crecimiento con tasas relativamente bajas de inflación. El PBI creció a un promedio anual del 11,2%, y alcanzó su pico en 1973, con una variación del 13%. La inflación media anual no pasó del 18%. El "milagro" se vio favorecido por la situación de la economía internacional, caracterizada por la amplia disponibilidad de recursos, ya sea en forma de inversión como de préstamos. El país obtuvo una diversificación productiva considerable, pero pagaba por ello el precio de un ingente endeudamiento externo. El otro punto débil del sistema era, claramente, su política social, hasta que, finalmente, la crisis del petróleo puso freno al éxito brasileño: el país importaba más del 80% del total de su consumo.
Médici no designó a su sucesor, sino que, a mediados de 1973, las Fuerzas Armadas eligieron el nombre del general Ernesto Geisel, nacido en Río Grande do Sul, que había sido presidente de Petrobrás. Posteriormente, una enmienda a la Constitución de 1967 modificó la forma de elección del presidente, creando el Colegio Electoral. Geisel fue el primer presidente escogido por el colegiado y tomó posesión del cargo en marzo de 1974.
El gobierno de Geisel se asocia al comienzo de la apertura política, que el general definió como lenta, gradual y segura, promoviendo una igualmente lenta y ordenada "vuelta de los militares a los cuarteles". Un hecho muy importante aceleró el distanciamiento entre el gobierno y la línea dura militar: en octubre de 1975, el periodista Vladimir Herzog, director de TV Cultura de San Pablo, fue intimado a comparecer al DOI-CODI bajo sospecha de estar vinculado con el PCB, pero nunca salió vivo de allí. La tortura seguida de muerte fue presentada en sociedad como un suicidio por ahorcamiento. Unos meses más tarde, un obrero metalúrgico apareció muerto en circunstancias semejantes.
La presión de la Iglesia Católica así como de la Orden de los Abogados del Brasil, llevó al gobierno a derogar el AI-5 en 1979, restaurándose así los derechos individuales y la independencia del Congreso.
El MDB, que se había convertido en el canal de expresión política del descontento, logró buenos resultados en las elecciones legislativas de 1978: 83% de los votos en San Pablo, 63% en el Estado de Río de Janeiro y el 62% en Río Grande do Sul. De cualquier forma, el gobierno continuaba teniendo mayoría en el Congreso Nacional.
No obstante la represión, la dictadura no había desmantelado los sindicatos, lo que permitió un importante trabajo de las organizaciones rurales, la iglesia y los abogados laboralistas, que culminó con la emergencia de un activo movimiento social.
En agosto de 1977, el Sindicato de los Metalúrgicos de San Bernardo inició una campaña para la corrección de los salarios, que habían perdido más del 31% de su valor por la inflación. Esto dio paso a grandes huelgas, que en 1978 y 1979 reunieron a millones de trabajadores, empinando el liderazgo del presidente del sindicato, Luiz Inácio Lula da Silva.
Geisel sí pudo designar a su sucesor, el general João Batista Figueiredo, quien había sido jefe del Gabinete Militar en el período Médici y era jefe del SNI durante el gobierno de Geisel. Delfim Netto, el hombre del "milagro", asumió el Ministerio de Planeamiento, pero la realidad había cambiado, tanto en el plano interno como en el internacional. El segundo impacto del petróleo produjo aumentos de precios y agravó el problema de la balanza de pagos. Las tasas de interés internacional continuaron subiendo. No sólo era más difícil obtener nuevos empréstitos, sino que además se acortaban los plazos de pago. Entre 1981 y 1983, devino una recesión de graves consecuencias. Las industrias de bienes de capital y de consumo fueron las más afectadas, generando enormes índices de desempleo.
Una nueva ley de organización partidaria terminó con la Arena y el MDB, y obligó a que las nuevas agrupaciones utilizaran la expresión "partido", por lo que la primera se convirtió en el PDS (Partido Democrático Social) y el segundo en el PMDB. Leonel Brizola fundó el PDT (Partido Democrático Trabalhista). Del sindicalismo urbano y rural, de las comunidades de base de la Iglesia y de la clase media profesional, surgió el PT (Partido de los Trabajadores), en el que comenzó a destacarse la figura de Lula. Del seno de su partido se fundará, en 1983, la CUT (Central Única de Trabajadores), en contradicción con la (CGT) Central General de Trabajadores, de perfil moderado.
El objetivo de obtener elecciones directas de presidente alcanzó el apoyo casi unánime de la población. Pero dado que su concreción requería la enmienda de la Constitución por parte del Congreso, donde el PDS mantenía su mayoría, los comicios de 1984 para elegir por primera vez desde 1964 un presidente no militar por el voto poplar, se realizaron bajo el sistema de Colegio Electoral. En ellos triunfó la fórmula de Tancredo Neves y José Sarney, sobre el candidato del PDS, Pablo Maluff.

8. El retorno a la democracia
Tancredo Neves murió antes de la fecha prevista para asumir su cargo, el que recayó en el vicepresidente Sarney, de menor autoridad dentro de la Alianza triunfante. No obstante, el nuevo presidente derogó las leyes heredadas del régimen militar, restableció las elecciones directas para la Presidencia de la República, legalizó a todos los partidos políticos, aprobó el voto de los analfabetos y llamó a una Asamblea Constituyente que culminó con la Constitución de 1988.
En 1989 se realizaron las primeras elecciones directas para la Presidencia, en las que Fernando Collor de Mello se impuso a Luiz Inácio Lula da Silva en segunda vuelta.
La fenomenal corrupción gubernamental, a partir de las denuncias formuladas por el propio hermano del Presidente, llevaron a que la Cámara de Diputados separara de su cargo a Collor, hasta su renuncia en 1992. Asumió entonces la primera magistratura Itamar Franco, un antiguo opositor moderado del régimen militar y ex senador por el Estado de Minas Gerais. En los primeros meses de 1994, su ministro de hacienda, Fernando Henrique Cardoso, comenzó a tomar medidas preliminares para otro plan de estabilización económica, el exitoso Plan Real, que lo llevó luego a la Presidencia de la República.
Fernando Henrique Cardoso fue elegido presidente en la primera vuelta en las elecciones de octubre de 1994, obteniendo el 54% de los votos válidos. Lula obtuvo nuevamente el segundo lugar. El Plan Real desempeñó un papel decisivo en este resultado. Lanzado en un momento estratégico y facilitando la victoria de Cardoso, el plan no se reducía a un "engaño electoralista" como lo había llamado la oposición. No hubo recesión, y por varios años la mayoría de la población vio aumentar su poder adquisitivo gracias a la sensible caída de la inflación.
Cardoso asumió la presidencia del Brasil en condiciones favorables. Su prestigio interno como inspirador del plan de estabilización monetaria, denominado Plan Real, sumado al predicamento que había acumulado en el mundo intelectual como cientista político de nota en los años 70, daban a su gestión un importante aval interno. A esto hay que añadir las condiciones favorables venidas del exterior, esto es, un alto flujo de capitales en el marco de la baja de las tasas de interés que, en combinación con la estabilización de la economía interna, generó un clima atractivo para la inversión.
Si bien no pudo sustraerse al espíritu de época basado en el Consenso de Washington, el perfil de las medidas desregulatorias y privatizadoras aplicadas durante el gobierno de Cardoso no son asimilables a la ortodoxia descomedida del plan de ajuste aplicado por Menem en Argentina. No ancló su moneda al dólar, con lo cual buena parte del endeudamiento público interno se mantuvo en la moneda nacional, el real, y no aplicó un plan destructivo de la industria de capital doméstico.
Aquí se nota uno de los ejes descriptivos de la realidad brasileña que efectúa el asesor especial de Lula, Marco Aurelio García, cuando señala que en el Brasil hasta la dictadura militar fue desarrollista, a diferencia de la dictadura argentina, lo que permitió el mantenimiento de una burguesía industrial con un peso significativo y el desarrollo de un proletariado urbano sindicalmente organizado, que resultó en definitiva la base de sustentación política del PT y del liderazgo de Lula, actual Presidente del Brasil.
Otra de las características de la primera presidencia de Cardoso fue una tendencia a la reducción de la pobreza y la mortalidad infantil, un incremento de la matrícula escolar y de la alfabetización, aunque sin tocar los aspectos centrales del modelo distributivo que hizo del Brasil uno de los países con mayor desigualdad social del planeta.
El segundo período de Cardoso resultó mucho más complicado. La maraña de alianzas políticas y electorales que tuvo que tramar, tanto con partidos políticos nacionales como con jefes políticos estaduales, sometió a su gobierno a una serie de condicionamientos de los cuales le resultó muy difícil salir. El descenso de la liquidez internacional redujo el flujo de crédito, acarreando un período de recesión interna que concluyó con mayor endeudamiento y forzando la devaluación del real en 1999.
El gobierno de Fernando Henrique Cardoso no pudo escapar al desgaste de estas situaciones y en 2002 su candidato, el ex ministro José Serra, fue ampliamente derrotado por Lula en las elecciones presidenciales. No obstante su fortaleza y la adhesión electoral obtenida, el partido de Lula sólo gobierna tres de los veintisiete estados (Acre, Mato Grosso do Sul y Piaui) y cuenta con 91 diputados federales de un total de 513, y con 14 senadores sobre 81, lo cual le exige que todas sus políticas deban ser previamente consensuadas.
Pese a la fuerte oposición que ejerció frente a iniciativas similares impulsadas por su antecesor Fernando Henrique Cardoso, el gobierno de Lula promovió estas mismas medidas a partir de su llegada al poder: la reforma tributaria y la reforma del sistema de previsión, a las que el PT se había opuesto firmemente, constituyeron los ejes legislativos aun con más énfasis que el programa de hambre cero alrededor del cual Lula había hecho girar su campaña.
Además de la alianza con un sector empresario como el liderado por el vicepresidente José de Alencar, Lula conformó su gabinete de ministros en compensación a los apoyos electorales obtenidos, lo que dejó solamente una parte en manos de la estructura de su propio partido. En el área económico-financiera, los elegidos fueron Antonio Palocci, en Economía, y Henrique Meirelles al frente del Banco Central, personas surgidas del mundo financiero y no del aparato político-ideológico del PT.
Así se fueron configurando los ejes del discurso de Lula. Insistente en materia de políticas sociales, pero con pocas realizaciones; duro en el campo internacional a partir de una resistencia activa a los aspectos más negativos del ALCA y una fuerte iniciativa para ubicar al Brasil como potencia de segundo orden, junto con países del nivel de Sudáfrica y la India, la conformación del G-20 para afrontar las duras negociaciones con la Unión Europea, Estados Unidos y Japón en la OMC, en contra de las políticas proteccionistas; y centrado en la cuestión fiscal por encima de lo productivo, basándose en los principios de ortodoxia y disciplinamiento.
A raíz de esto, Brasil afronta hoy una profunda recesión de la que no tiene miras de salir a corto plazo, pero fundamentalmente un desmembramiento de la coalición política original de Lula.
Parte de la estructura política, sindical y parlamentaria de su partido resiste la tendencia marcada por el gobierno. Simultáneamente, líderes como José Serra (PSDB), Jorge Bornhausen (PFL), Marco Maciel (PFL), y Geraldo Alckmin (PSDB) sentados a la mesa en el domicilio del propio Fernando Henrique Cardoso, decidieron conformar un espacio de oposición más unificado. Y Lula, obligado a recostarse en figuras de la vieja política como Antonio Carlos Magalhaes (PFL) o José Sarney (PMDB), que además le reclaman el cumplimiento de ciertos acuerdos preelectorales para controlar áreas fundamentales de gobierno a cambio del apoyo parlamentario. Estas son las condiciones que observo al momento de terminar este trabajo.

3. LA SOBREDETERMINACIÓN POLÍTICA DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA

La evolución de la relación entre Argentina y Brasil constituye -tal vez- el dato más relevante del proceso de integración del MERCOSUR.
Las asimetrías entre estos dos países respecto de Paraguay y Uruguay son tan notables, que han impedido a estos últimos desempeñar un papel más relevante. Pero además, los dos socios mayores no han mostrado voluntad suficiente para modificar esa situación.
Esto es entendible en el caso de Brasil. Es lógico que por su mayor envergadura, pospusiera cualquier intento de institucionalización en pos de imprimir su propio ritmo al bloque regional. Pero Argentina, en función de sus propios intereses, debió haber buscado neutralizar esa hegemonía a partir de un vínculo más estrecho con los socios de menor dimensión. Aunque no alcanzara para balancear una relación tan dispar, hubiera servido para ganar mayor peso relativo en la negociación intrarregional.
Pese a que también se armó a partir de un eje bilateral –el eje franco-alemán-, el proceso europeo contó desde el vamos con una mirada política que lo llevó a reducir las asimetrías entre sus miembros, tendencia que se fue confirmando a medida que el bloque se ensanchaba.
El MERCOSUR, en cambio, no sólo no achicó sus diferencias, sino que el caso de Chile es un claro indicador de cómo fueron mermando las expectativas económicas y la intensidad política que habían precedido su incorporación al bloque con carácter de Estado asociado.

La impronta política de los orígenes
El tipo de acercamiento argentino-brasileño está influenciado por el clima de esperanza en la recuperación democrática que predominó en América Latina durante los años ochenta. Esto tiñó los primeros pasos de la integración de tanto sentido político, que en poco tiempo Argentina y Brasil pasaron de ser sendas hipótesis recíprocas de conflicto a ser notablemente amigos en el tratamiento de la agenda internacional e inminentes aliados estratégicos. Este cambio sustantivo no se da, por cierto, a través de políticas comerciales, sino de una co-decisión política de largo alcance. De ello deriva, no sólo la confección de los primeros protocolos de integración, sino la desactivación militar de las fronteras , la firma de los tratados nucleares y los albores de la integración física, energética y en infraestructura productiva.
La concepción profunda desde la cual la élites políticas de Argentina y Brasil abordaron esta primera etapa tuvo que ver, pues, con la enorme expectativa que despertaba la nueva democracia, el funcionamiento institucional, la vida parlamentaria. En los sectores progresistas de la época, se había afincado la idea de que el estancamiento económico encontraba su génesis en la inestabilidad política y que, consecuentemente, la perdurabilidad de esa nueva democracia era lo que afianzaría el progreso económico. Sólo con democracia política se llegaría a la democracia social, concepto que fragua todo su simbolismo en la recordada frase del Dr. Alfonsín: "con la democracia se come, se educa y se cura".
Brasil venía de 21 años de dictadura, dura, represiva, aunque distinta de la dictadura argentina en cuanto al esquema desarrollista que desplegó en lo económico. Nuestro país, arribaba a la nueva etapa democrática luego de más de medio siglo de discontinuidad institucional, a lo largo del cual ningún gobierno electo por el pueblo había permanecido en ejercicio de su mandato por más de nueve años. Me refiero a las dos primeras presidencias de Perón, entre 1946 y 1955, a las que luego sucedieron los casi cuatro años de Frondizi (1958-1962), otros tres de Illia (1963-1966) y el ciclo Cámpora-Lastiri-Perón-Isabel entre 1973 y 1976. Al cabo de tan marcada inestabilidad institucional seguida de pauperización y vaciamiento económico, resultaba comprensible la asociación entre progreso del proceso político y prosperidad. Esa percepción alcanzó su máxima legitimidad popular durante la etapa pre-electoral que trascurre entre mediados de 1982 y fines de 1983, y prosiguió durante los primeros tramos del gobierno de Alfonsín, hasta que el fracaso del plan Austral y la claudicación respecto a los crímenes militares lo pusieron irreversiblemente en el sendero de la pérdida de credibilidad popular, de lo que ya nunca más se recuperaría.
Alfonsín en la Argentina, Alan García en Perú, el propio Sarney-pese a ser más moderado que Tancredo Neves, que fue quien había resultado electo presidente y murió días antes de la fecha de asunción- representaban una modalidad de salida de las dictaduras que, en resumidas cuentas, podríamos tildar como algo parecido a lo "social-demócrata". Su convicción en cuanto a la injerencia del Estado en el proceso económico, su preocupación por la cuestión social, el respeto por el principio de no intervención en asuntos internos de otros países, la solidaridad con otras causas populares latinoamericanas y su cercanía, cuando no pertenencia, con el Movimiento de Países No Alineados, justifican esta afirmación.
De aquí que la nueva e intensa relación entre Argentina y Brasil estuviera imbuida de un alto contenido político e institucionalista, con vocación-cuanto menos teórica- de enaltecer el rol de los parlamentos desde una perspectiva intensamente republicana, donde lo comercial fuera un derivado de aquella solidez institucional.
Sin embargo, tanto Argentina como Brasil, y asimismo otros países de la región, caen en profundas crisis económicas marcadas por la recesión, el deterioro social, la pérdida de mercados exportadores y la hiperinflación, que llevaron a la CEPAL a llamar a los años ochenta "la década perdida para América Latina". La gravedad de las condiciones objetivas a nivel interno e internacional, por una parte, pero también-básicamente- la incompetencia de los gobiernos a la hora de definir políticas internas exitosas en lo económico y social, hundieron a los pueblos que tanto habían confiado en esos primeros gobiernos democráticos de la década de los ochenta en la más profunda frustración, e hicieron que esos mismos pueblos que años antes apostaron a la salida más "social-demócrata", legitimaran luego con su voto a los modelos neoliberales que se extendieron por el continente a lo largo de los años noventa.
Cabe destacar, además, que este contexto regional debe insertarse en un contexto más amplio signado por hechos como la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, que marcan el fin de la bipolaridad con la derrota del socialismo real, y consagran la libertad de mercados como nuevo paradigma económico. Se inicia, así, no sólo un nuevo tramo histórico de las democracias latinoamericanas sino, como no podía ser de otra manera, un nuevo sesgo de época en el proceso de integración.

El furor del comercio
Los nuevos gobiernos de Argentina y Brasil se abocan así, aunque con sesgos diferentes, a la tarea de des-regulación económica, retraimiento de la función estatal y aplicación de fuertes shocks de estabilización monetaria, como lo fueron el plan de convertibilidad y el plan real, respectivamente.
En una primera etapa, este modelo basado conceptualmente en el Consenso de Washington, consiguió superar la inflación que se había disparado en el continente. La estabilización monetaria, acompañada de desregulación, elevó los niveles de consumo e inversión directa, tanto interna como externa, y esto trajo aparejado un fuerte incremento de los flujos de intercambio comercial durante el primer quinquenio de los noventa.
Es así que, pese a que en sus orígenes la integración abrevó en la dimensión política que le imprimían sus inspiradores, la redacción del Tratado de Asunción que marca su comienzo formal en marzo de 1991 concluye por trasuntar el signo economicista-o mejor dicho comercial- de la etapa.
En términos de imagen política, no existen prácticamente puntos de contacto entre las presidencias de Brasil ejercidas por Collor de Mello y Fernando Henrique Cardozo. No obstante, desde la perspectiva del modelo económico encontramos más continuidades que rupturas. La salida de Collor del gobierno no resultó traumática, y deparó la sucesión en Itamar Franco, de quien Cardozo fue Ministro de Economía. Desde ese lugar, Fernando Henrique lanzó el plan real, cuyo éxito representó la principal razón de su candidatura presidencial primero, y de su triunfo electoral después.
La contemporaneidad entre la convertibilidad argentina y el plan real en Brasil estabilizó la región. No sólo como sendos shocks antiinflacionarios, sino desde el punto de vista del acuerdo entre actores económicos y poder político, en una suerte de pacto implícito que les garantizó a los primeros, a partir de ese momento, similares niveles de acumulación de renta a los que venían recibiendo, pero no ya vía inflación-en detrimento de los sectores de ingresos fijos- sino por vía de la desregulación económica y la privatización de diversas áreas de servicios hasta entonces prestados por el Estado.
En una primera instancia, esta política favoreció la capacidad de consumo de los sectores medios. Así como la esperanza en los partidos políticos había invadido el living de la familia común durante los ochenta, la recuperación del crédito bancario era ahora quien irrumpía en la vida cotidiana confiriendo vasta legitimidad social al modelo del Consenso de Washington en el cono sur durante la década de los noventa, y signando con esa impronta la nueva etapa del bloque regional.
En los albores de este clima se firma el Tratado de Asunción. Un tratado eminentemente comercial, no político. Pese a una declaración de principios de carácter político, su articulado es netamente económico, y si bien proclama la libre circulación de los factores productivos, tiende a concretar la integración comercial, pero no la integración social y cultural.
De todos modos, la jerarquización de lo económico por sobre lo político no implicó el establecimiento de un régimen público de instituciones económicas o financieras que proporcionasen al proceso previsibilidad a largo plazo. La priorización de lo económico se sustentó, en todo caso, en la apuesta de los decisores políticos a favor de las virtudes automáticas del mercado, desde una concepción profundamente neoliberal.
Tampoco se generó confianza entre esos mismos decisores políticos. Se trató, más bien, de un acuerdo tácito respecto de esa apuesta a la sabiduría de los mercados. Porque en la práctica, apenas una semana después de firmar el Tratado de Asunción que establece en su art. 1ero. la coordinación de políticas macroeconómicas, incluido el ámbito monetario y cambiario, la Argentina devalúa el austral en un ciento por ciento, restablece el peso como moneda nacional y pasa a un sistema cambiario de caja de conversión.
Pese a esta "descoordinación" macroeconómica totalmente contradictoria con el art. 1ero. del Tratado de Asunción, el bloque regional se estabiliza a raíz del shock antiinflacionario que contiene la escalada de precios y reactiva el crédito y el consumo, sostenido por sendos liderazgos políticos en Argentina y Brasil que estaban todavía lejos de ser cuestionados. Pese a limitarse a ser un acuerdo eminentemente comercial, el MERCOSUR logra estabilidad política.

La crisis del Tequila
Es en este período que sobrevienen en nuestros países, pero principalmente en la Argentina, los efectos de la crisis del Tequila. Crisis que, sin embargo, lejos de crear inestabilidad política, consolida el bloque menemista de poder.
Menem se presentó a la reelección en 1995. La UCR hizo el peor papel de su historia hasta esos días, y la sombra de un posible ballotage que agrietara la solidez del bloque de poder recayó en el Frepaso, una opción al bipartidismo que por primera vez aparecía como alternativa.
El riesgo de que la crisis del Tequila afectara más intensamente a nuestro país fue el elemento con el cual jugó el menemismo para instalar el temor en la sociedad hacia una posible derrota. ¿Quién sino el régimen que había disipado la hiperinflación e iniciado una etapa de gran crecimiento, estaría en mejores condiciones de sofocar la crisis que se avecinaba, esta vez originada en otro país emergente de la región?
Desde lo financiero, el retiro de depósitos bancarios (alrededor de U$S 7.000 millones en el primer cuatrimestre de 1995) es neutralizado con la formación de un fondo fiduciario con destino específico para tal fin, y con la fijación de reglas más rigurosas aún que las impuestas por el consenso internacional de Basilea sobre normas bancarias. Esto condujo a una mayor concentración y extranjerización del sistema financiero argentino, así como a su mayor participación en la siguiente fase de las privatizaciones, todo lo cual hizo que el FMI felicitara al gobierno por la impecable ortodoxia en la aplicación del modelo diseñado por el establishment financiero internacional. Ni aún los costados más neoliberales de la presidencia de Fernando Henrique Cardozo llegaron a rozar el salvajismo que tuvo el ajuste estructural en nuestro país.
Otra crisis política del gobierno de Menem fue el relevo del ministro de economía Domingo Cavallo en la segunda mitad de 1996. Hasta ese momento, la convertibilidad aparecía sostenida por la conjugación del liderazgo político de Menem y el prestigio de Cavallo en el universo del establishment económico. El autor intelectual de la convertibilidad fue remplazado por el hasta entonces presidente del Banco Central, Roque Fernández, quien profundizó el sesgo neoliberal de la política económica y prolongó la calma de los mercados. Consecuentemente, los intereses del bloque de poder resultaron más fuertes que la persona misma de Cavallo, aún cuando se tratara, precisamente, del mentor de esa política.

La ausencia de instituciones
¿Por qué no hubo mayor institucionalización? Por dos razones. Primero, por la esencia del modelo aplicado, que respondía a los intereses de inversores de corto plazo que demandaban una relación directa con los decisores y no un control de calidad institucional. Argentina, en este caso, emuló a nivel regional su propio proceso interno de degradación institucional.
Y en segundo lugar, porque al tratarse de un bloque muy asimétrico en cuanto al tamaño de sus miembros, el establecimiento de reglas jurídicas más precisas hubiera favorecido, como sucede en estos casos, a los socios menores, no a los mayores, lo que fundamentalmente Brasil no estaba-y aún no está- dispuesto a conceder. El socio mayor no necesita instituciones sino que imprime al proceso su propio ritmo. Cuando decide avanzar, avanza, cuando dispone aminorar la velocidad, lo hace.
Por otra parte, nuestro país no actuó con la convicción suficiente como para forzar a Brasil hacia un esquema de integración de mejor calidad institucional. Y lo que siempre subyació como justificación de esa falta de convicción fue la decisión argentina de alinearse políticamente con los EE.UU. No participar del esquema de poder regional de Brasil, sino limitarse a la ampliación de los acuerdos comerciales. Era "políticamente correcto" decir que se estaba integrado con Brasil, pero en realidad estábamos alineados con los EE.UU.
La desconfianza merodeó siempre alrededor de la relación entre Argentina y Brasil durante los años noventa. Dado que su sistema de intercambio es mucho menos dependiente de nuestro mercado que lo que es el mercado brasileño para los argentinos, Brasil otorgaba a la alianza con la Argentina mayor importancia política que comercial. En cambio, nuestro país miraba dicha alianza con ojos comerciales, debido a la importancia de pasar de un mercado interno de 35 millones de habitantes como el nuestro, hacia un mercado regional de aproximadamente 200 millones.
El auge comercial del MERCOSUR durante los noventa-que llegó a sextuplicar el intercambio intrazona entre 1991 y 1996- se correspondió, además, con sendas etapas de crecimiento económico interno de Argentina y Brasil. Ese ritmo decae a partir de 1997 debido al amesetamiento de la economía brasileña que culmina con la devaluación de enero de 1999, y luego se agudiza la fase recesiva al consolidarse la recesión argentina iniciada en 1998.
Es precisamente esta fuerte depresión económica de sus socios mayores, lo que devela el vacío de institucionalidad política del bloque, y pone en crisis al propio proceso en su conjunto. Al caer el comercio, cayó la integración, por falta de decisión política. O más bien, la decisión había sido ausentar la política.

El peso de la recesión
En 1998 se inicia la recesión en la Argentina. En 1999, el mercado obliga al gobierno brasileño a devaluar el real y el Partido Justicialista (PJ), mostrando claras señales de desgaste, pierde las elecciones en la Argentina. Paradójicamente, el candidato del PJ era quien proponía mayores reformas respecto de la etapa menemista, mientras el candidato opositor, Fernando De La Rúa, tranquilizaba a los mercados prometiendo reformas más que moderadas. Prevaleció la continuidad en lo económico por sobre la discontinuidad política, en otros momentos tan temida.
De todas maneras, el MERCOSUR ingresa en una etapa de incertezas. Sus dos socios principales no comparten ya una política cambiaria común, lo que agita las aguas entre las autoridades financieras y abre interrogantes entre los actores económicos más influyentes. Surgen serios problemas comerciales de tipo sectorial, que afectan la fabricación de automóviles, el intercambio de calzados, azúcar, autopartes, maquinaria agrícola, embutidos.
El presidente Menem, en su último tramo, tensa la relación con Paraguay al otorgarle asilo político al general Lino Oviedo, acusado del asesinato del ex vicepresidente Argaña.
Como todo proceso similar, la campaña presidencial en la Argentina generó una marcada desaceleración de la iniciativa política, hasta que, finalmente, el mapa electoral arrojó un triunfo nacional de la Alianza opositora, pero sin mayoría en el Congreso federal ni en las provincias, y con una heterogeneidad muy marcada entre los distintos sectores que componían el gabinete.

Los últimos tramos
En este clima asume Fernando De La Rúa la presidencia de la Nación en diciembre de 1999, y simultáneamente debe hacerse cargo de la presidencia pro-témpore del MERCOSUR, que se encuentra en plena crisis. El flamante presidente argentino propone el relanzamiento del bloque regional, y culmina su gestión semestral al frente del mismo en medio de una atmósfera política mucho más serena que la existente al momento de asumir.
En la cumbre de Buenos Aires de junio de 2000, se verifica una mejora sustancial en la relación con los gobiernos de Brasil y Paraguay, y asimismo se concreta la incorporación de Bolivia y Chile como miembros observadores, mediante la invitación a sus propios presidentes.
En dicha cumbre, tanto Fernando Enrique Cardozo como el presidente chileno Ricardo Lagos, coinciden en reconocer la tendencia internacional hacia la liberalización del comercio, y acuerdan que la estructura arancelaria de Chile da cuenta de una economía mucho más abierta que la de los miembros fundadores del MERCOSUR. Es este último quien debe ir adecuándose al esquema chileno, sostiene Cardozo. Y Lagos, por su parte, manifiesta la decisión irrevocable de su gobierno de aproximarse al bloque en términos políticos, más allá de las diferencias económicas.
En la siguiente cumbre, llevada a cabo en Florianópolis en diciembre de 2000, se establecen las metas macroeconómicas comunes en materia de inflación, deuda y déficit fiscal, contando también con la presencia de Chile y Bolivia. La presuntuosidad de esta iniciativa llegó al extremo de que procurase denominarse "el pequeño Maastricht" del MERCOSUR. Pero en lo cierto, terminó siendo nada más que una noticia para los diarios, un anuncio sin el menor correlato en la realidad.
A esto se suma que la alianza política interna de Cardozo comienza a resquebrajarse en vistas de la sucesión presidencial, se deteriora la imagen del presidente Battle de Uruguay, y crece irreversiblemente la debacle económica argentina. "Impuestazo" inicial con el ministro Machinea, rebaja salarial en el sector público, blindaje financiero internacional, crisis política con el nuevo ministro López Murphy, megacanje de deuda con la nueva venida de Cavallo, luego "déficit cero", desembocan en el colapso financiero de fines de 2001.
El país no tenía capacidad política interna para sostener la agenda de relanzamiento. No había ya fortaleza regional, desde la debilitad política interna de sus integrantes. El MERCOSUR, alicaído en lo comercial, sin soporte institucional, fracasado en el relanzamiento político, deja traslucir que se trata por entonces de un proceso de muy baja calidad, no creíble tanto para propios cuanto para extraños. Repite una crisis que genera el progresivo alejamiento de Chile, hasta que el país trasandino decide en 2002 la firma de su tratado bilateral de libre comercio con los EE.UU.
Es cierto que se nota una ostensible moderación ideológica en el gobierno de la Concertación chilena, pero esto no es sólo atribuible al pragmatismo de la gestión socialista, sino también a que el MERCOSUR no le ofreció a Chile ninguna alternativa de calidad suficiente que llevara a ese país a priorizar su alianza regional, por encima de las ventajas que suponía la firma del mencionado tratado.
La recesión continúa, y Brasil comienza a prepararse para las elecciones presidenciales de 2001. Este puñado de razones políticas hace que el MERCOSUR se paralice.

La etapa de Lula y Kirchner
Lula y Kirchner llegan casi simultáneamente a las presidencias de Brasil y Argentina. Con miradas parecidas, pero desde lugares muy diferentes en términos de la situación económica de cada país. La Argentina, sin ir más lejos, con un grado de endeudamiento superior con relación al producto y en default respecto de sus acreedores privados. Pese al voluntarismo de sus declaraciones, Lula reafirma la centralidad fiscal de su política económica durante la primera etapa de su gobierno, decisión que refuerza con el nombramiento de funcionarios provenientes del corazón mismo del sistema financiero, en el manejo de las funciones clave en materia de política económica.
Este es el MERCOSUR que tenemos hoy. Un esquema de integración congruente con el objetivo de política exterior de Brasil, de erigirse en potencia de segundo orden, juntamente con China, Rusia, India y Sudáfrica. En este sentido, Brasil necesita neutralizar cualquier riesgo de que la Argentina se convierta en un contrapeso a nivel regional y proclama su alianza estratégica con nuestro país, tal como lo certifica el discurso del presidente Lula en la 59na. Asamblea de la ONU, en setiembre de 2004.
La Argentina, por su parte, debe decidir si coparticipa de la estrategia de decisión regional conjuntamente con Brasil, o se convierte en contrapeso natural a partir de ejercer el veto de dicha estrategia. Pero lo cierto es que nuestro país no está en condiciones de ejercer una iniciativa autónoma, y menos aún un papel dominante en la región, como tal vez lo hubiera estado en la década de los setenta. Desde aquel momento en adelante, Brasil planificó un camino de desarrollo económico que trascendió su propia inestabilidad política, mientras que nuestro país se desindustrializó progresivamente como resultado de la haber aplicado las sucesivas fases del ajuste estructural con una ortodoxia que no tuvo parangón en el continente.
4. HACIA UN CAMBIO DE DOCTRINA PARA AMÉRICA LATINA Y EL MERCOSUR

Más allá del sueño bolivariano que tiñe profundamente la mirada de varias generaciones de latinoamericanos sobre nuestra integración, el MERCOSUR es una construcción ostensiblemente económica si se analiza estrictamente su normativa.
Diseñado desde la concepción intergubernamental y no supranacional, la toma de decisiones pasa eminentemente por el órgano ejecutivo, con una participación muy endeble del parlamento, así como de la sociedad. Por su parte, el órgano jurisdiccional encargado de la interpretación uniforme de las normas así como de otorgar seguridad jurídica a los actores del proceso, recién adquirió carácter permanente en agosto de 2004, es decir, trece años y medio después de haber sido creado el MERCOSUR.
No obstante, por tratarse de un esquema de regionalismo abierto, esa misma normativa lo hizo permeable a los sucesivos "contextos de época" que fueron predominando en la región. Así, el MERCOSUR fue precedido por un espíritu de integración profundamente política a partir de los acuerdos entre José Sarney y Raúl Alfonsín durante los años ochenta, y luego se redujo a un simple marco general de reglas comerciales que favorecieron el intercambio, sirviendo como entorno los postulados del Consenso de Washington vigentes durante la década de los noventa.
El auge comercial del MERCOSUR estuvo marcado por el nítido retiro del Estado como promotor de la actividad económica, pero-más que ello- del equilibrio social, a expensas de los conglomerados financieros. Estos asumieron el mayor protagonismo, no sólo desde la perspectiva de la acumulación de renta, sino desde su influencia directa en las principales decisiones políticas estatales.
En materia de política financiera, la región en general-pero muy en particular la Argentina- se abocó a liberalizar el ingreso y salida de capitales dentro de un proceso de marcada concentración y extranjerización bancaria a fin de convertir al sistema, paradójicamente, en "uno de los más seguros y confiables del mundo".
Por su parte, el perfil dominante de las inversiones efectuadas en la década de los noventa se caracterizó por una colosal tasa de retorno, totalmente disociada del proceso de deterioro del tejido social y productivo que comenzó a gestarse en la primera mitad de la década, pero que luego se profundiza y acelera vertiginosamente hasta desembocar en la crisis de 2001, que obligó a la abrupta y no planificada salida de la convertibilidad.
La realidad demostró que el modelo aplicado no se tradujo, salvo muy inicialmente, en mayores niveles de inversión y desarrollo, sino que por el contrario, dejó gravísimas secuelas de desigualdad social, pérdida de productividad económica y crisis sistémica, todo lo cual constituye un factor desalentador de la inversión, independiente del atractivo que pudieran mostrar ciertas cláusulas contractuales a primera vista muy seductoras para el inversor.
Si bien la historia del mundo no cabe hoy dentro de los límites clásicos del Estado-nación, lo cierto es que la desregulación y liberalización absoluta en materia de política económica y financiera, así como la transferencia a "los mercados" de un papel excluyente en la asignación de los recursos, concluyó, para América Latina, en el mayor de los fracasos.
Es así que Brasil, a instancias del ex presidente Cardozo, inició durante los últimos tramos de su mandato la revisión de aquellos Acuerdos de Protección y Promoción de Inversiones que aún no habían sido ratificados (ocho en total), entre los cuales se encuentran los Protocolos de Colonia y Buenos Aires.
La CAMEX-Cámara interministerial de Comercio Exterior- es el órgano encargado de dicho cometido, con el objeto de determinar la constitucionalidad o no de aquellos acuerdos, debido a la prohibición constitucional: a) de reembolsar utilidades en otra moneda que no fuera la moneda nacional, o bien en títulos de la deuda pública, y b) de someter al Estado brasileño a otra jurisdicción que no sea la de sus estrados nacionales.
Esta situación vale para otro tema prioritario: la necesidad de devolver al Estado su potestad para actuar frente a la libertad absoluta de movimiento de que gozó el capital financiero durante la década de los noventa, lo cual debe ser plasmado en la nueva normativa a proponerse.
En suma, durante estos años, el MERCOSUR fue un intento de integración a la sociedad internacional consumado al precio de la desintegración de las sociedades nacionales de la región. Y en esas condiciones no podía resultar exitoso a mediano y largo plazo. Es ello lo que justifica plenamente la reformulación de los aspectos primordiales de una política tan consustanciada con el modo de integrarse al mundo como es la política de inversiones.
Los más nuevos instrumentos confeccionados por el bloque regional, poco dicen en materia de inversiones. El "Programa para la consolidación del MERCOSUR Objetivo 2006" sólo dedica una línea que prescribe "promover instrumentos de promoción de inversiones dentro de la lógica de integración de las cadenas productivas". El "Programa de trabajo 2004-2006", resultante del anterior, expresa la necesidad de "definir disciplinas adicionales sobre incentivos a la inversión aplicables a todos los niveles de gobierno, que limiten de forma gradual el uso de incentivos que distorsionan la asignación de los recursos, las condiciones de competencia y el funcionamiento del mercado ampliado".
La amplitud del planteo efectuado en estos textos, indicativos del rumbo del MERCOSUR respecto de la política de inversiones, puede aparecer, en un primer momento, algo displicente. No obstante, desde una interpretación más positiva, tal amplitud conceptual deja abierto el camino para que el liderazgo y la voluntad política de los principales decisores del bloque regional, marquen un camino diferente al de los años noventa, tendiente a consolidar, esta vez definitivamente, un bloque pujante y autónomo.
Eso sí, la capacidad de presentarse en el contexto internacional como un interlocutor confiable y valorado, no dependerá ya de la redacción de cláusulas concesivas que recorten la soberanía estatal y aumenten nuestra vulnerabilidad externa, sino del afianzamiento de un modelo regional capaz de crear sentido, en términos de crecimiento económico, competitividad, previsibilidad jurídica a partir de un elevado nivel de calidad institucional, y desarrollo para los pueblos de la región.
Esto, y no otra cosa, hará del MERCOSUR un bloque atractivo para quienes deseen invertir genuinamente.

5. CONCLUSIONES
Argentina y Brasil fueron colonizados-respectivamente- por las coronas española y portuguesa, las cuales se incorporaron en forma tardía a la modernización industrial europea. A diferencia de Gran Bretaña, Holanda, Francia y Alemania, la península ibérica forjó en sus colonias formaciones políticas caracterizadas por una sociedad civil débilmente organizada frente a la centralidad de la figura estatal.
Tal centralidad del Estado no implicó, sin embargo, su autonomía respecto de las corporaciones económicas, mediante la aplicación de un orden jurídico fuerte. Por el contrario, sus autoridades fueron cooptadas por aquellas corporaciones, que terminaron por hacerse del control de la actividad productiva y comercial.
Ni en el virreinato del Río de la Plata ni en el de Brasil se logró articular una sociedad productiva, abierta y vinculada comercialmente al mundo, sino que se priorizó el mercado interno durante un extenso período.
En ambos casos, la Iglesia Católica jugó un rol preponderante en el proceso de colonización-especialmente los jesuitas- y en la configuración del sistema educativo. Ambas sociedades se estructuraron bajo el sistema federal, con presencia de grandes terratenientes ligados en muchos casos a los mandos militares.
Ambos sistemas forzaron el trabajo de indios, gauchos y esclavos, y se relacionaron fuertemente con Gran Bretaña durante el siglo XIX. Tal relación no se limitó al comercio. Se le otorgó el control de las finanzas y se contrajeron empréstitos que sometieron a los dos países a un creciente endeudamiento, como preanuncio de la dependencia que sobrevendría respecto de los centros financieros internacionales.
Aunque la proporción fue superior en nuestro país, en la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a llegar a la Argentina y al Brasil grandes corrientes inmigratorias con la intención de "hacer la América".
Ya en el siglo XX, la etapa de sustitución de importaciones así como su paso al momento desarrollista resultan contemporáneas y similares en su contenido. Perón y Vargas confirieron gran centralidad al Estado en el proceso productivo, organizaron un sindicalismo estatal y cultivaron fuertes relaciones con la Iglesia y con el régimen alemán. En cambio, existirá más adelante una diferencia importante en la política petrolera llevada adelante por Kubitscheck en Brasil, con tintes más nacionales que la de Arturo Frondizi en la Argentina. En ambos países, el apogeo del Estado de Bienestar se vería frenado por la crisis del petróleo.
Ya entrados los años 60, las dictaduras de Onganía y Castelo Branco se manejaron con decretos-leyes y disolvieron los partidos políticos, iniciando un período represivo que se expandiría por todo el cono sur del continente en el marco de la doctrina de la seguridad nacional.
Entre las diferencias que se detectan al comparar los procesos históricos de Argentina y Brasil, no es menor la tradición en el modo de resolver los conflictos: mientras la Argentina acumula una larga historia de antagonismos que intentaron superarse por eliminación del opuesto, las transiciones en Brasil siempre fueron más negociadas y, por lo tanto, menos traumáticas. Como uno de los contados países-continente del planeta, su proyección geopolítica alcanza una dimensión mucho más importante que en la Argentina, lo cual le ha dado, con el correr de los años, mucha más coherencia a su política exterior.
Hay también un aspecto consecuente con la continuidad de un proyecto de desarrollo estratégico en Brasil, del cual la Argentina ha carecido, que fue el traslado de la capital, de Río de Janeiro a Brasilia. Esto que en algún momento se trató de realizar en la Argentina, a través de una estrategia absolutamente insuficiente, permitió consolidar en Brasil una burocracia estatal en la nueva capital, más autónoma de los intereses económicos con eje en San Pablo y Río de Janeiro. El traslado trató de equilibrar la concentración económica en el litoral y sur de Brasil a través de una ciudad como Brasilia, con más proyección hacia el interior del país, la región amazónica y los estados más olvidados del norte y el nordeste.
En las últimas décadas se presentan dos diferencias importantes. La primera de ellas es que, en la Argentina, un ministro de la dictadura planteó que daba "lo mismo producir acero o caramelos", como símbolo de una política económica que puso a la industria nacional en manos del mercado. En los años 90, otro ministro planteó que la mejor política industrial es aquella que no se tiene, prolongando así el proceso de desindustrialización. En Brasil, en cambio, la dictadura que tuvo lugar entre 1964 y 1985 no desatendió la industrialización del país, sino que pese a su perfil autoritario mantuvo la marcha del proceso productivo basado en capitales de origen nacional.
Esta diferencia se profundizó luego en la década de los 90, cuando aún en el marco del Consenso de Washington, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso no aplicó las recetas privatizadoras en un grado tan extremo como lo hiciera la administración de Menem en la Argentina.
Todo esto ayudó a consolidar un perfil de mayor desarrollo industrial y menor cooptación estatal en Brasil que en la Argentina, dándole al primero un status más preponderante dentro de la región. Los indicadores marcan objetivamente eso, independientemente de aquello a lo que subjetivamente los argentinos aspiremos. Si retrotrajéramos la situación a 1970, es probable que en materia de producto per cápita y de desarrollo humano la Argentina todavía estuviera en una posición mejor que Brasil, pero de allí en adelante se sucedieron distintas circunstancias que hemos tratado de describir a lo largo del trabajo y que le dieron al Brasil una mayor continuidad en su desarrollo industrial, en detrimento de las posibilidades argentinas.
Esto de ninguna manera significa una posición de subordinación, pero sí de aceptación de las condiciones objetivas que nos impone la realidad y sobre las cuales debemos trabajar intensamente en pos de lograr su mejora.
La estrategia individual no tiene sentido en un mundo que se relaciona. El alineamiento con los Estados Unidos tampoco es la salida, por lo que señalan los resultados de haber aplicado esa política durante la última década.
Por lo tanto, me afirmo categóricamente en la necesidad de que Argentina y Brasil forjen un destino comunitario como eje de integración del conjunto del subcontinente sudamericano, siempre desde la perspectiva de que esa unión mejorará para todos nuestro desempeño, en términos de interés nacional.
Brasil, como señala su Vicecanciller Samuel Pinheiro Guimarães, forma parte con los EE.UU. y China de los diez países con mayor territorio, más población y mayor PBI del mundo, todo a la vez. Es decir, un país lo suficientemente grande que deja muy poco margen para que la Argentina desarrolle una política exterior con prescindencia de ello.
En el actual momento del mundo, Argentina está obligada a formar parte de un sistema decisorio que reconozca a Brasil como el Estado preponderante y fijar, al mismo tiempo, las condiciones para coparticipar de ese sistema de decisión, haciendo uso entre otras cosas de nuestra condición bioceánica. O bien, convertirnos en un instrumento de la política exterior de los EE.UU. en la región para boicotear al Brasil.
Brasil es grande como para ocupar un espacio de esta envergadura, pero no lo es tanto como para zafar en soledad de los desafíos estructurales en el plano macroeconómico. Si la administración de Lula creyó que por no haber entrado en default era conveniente no acompañar a la Argentina en un proceso de negociación común por la deuda, y en un posicionamiento común frente a los organismos multilaterales, y que de esa manera podría mejorar su desempeño frente a la crisis que lo afecta, la agudización de la crisis que está viviendo por estos días desmiente tal afirmación. El endeudamiento, el control del capital financiero, la marcha hacia una autoridad monetaria regional, el diseño de una matriz de integración en infraestructura productiva y energética, la unidad del MERCOSUR en la negociación con los bloques y organismos multilaterales, constituyen la clave para comprobar la dimensión estratégica del liderazgo de Lula.
Lula no debería optar entre ser un buen presidente del Brasil y un excelente estadista latinoamericano, sino comprender la inescindibilidad de ambas cualidades. Para sacar adelante al Brasil, deberá pensar en dimensión latinoamericana. Y algo similar ocurre con las autoridades argentinas.
A propósito, el citado Vicecanciller Pinheiro Guimarães se refiere a "la importancia crucial de Brasil y Argentina para la construcción de un centro de poder en América del Sur, contra la estrategia de los EE.UU. de estimular el sentimiento de rivalidad y provocar alianzas privilegiadas a uno y otro alternadamente para que no se unan en defensa y promoción de sus intereses".
"Como ejemplo de esto, podemos citar en la historia de las relaciones entre Brasil y Argentina, episodios como la política de Río Branco de aproximación con los EE.UU., principal cliente de las exportaciones brasileñas en especial de café y caucho, mientras que Argentina se mantenía en la esfera de influencia británica; la rivalidad entre Argentina y EE.UU. en el mercado brasileño de trigo, en relación al cual los EE.UU. obtuvieron en el Brasil preferencias comerciales; y, finalmente, la Segunda Guerra Mundial, en que el Brasil se tornó aliado de primera hora de los EE.UU., mientras que Argentina se mantuvo neutral, aunque con el objetivo de poder abastecer a Gran Bretaña, habiendo sufrido por esto una fortísima presión americana, estimularon la desconfianza entre las elites y los pueblos de Argentina y Brasil. O la aceleración del progreso industrial brasileño acompañado de políticas
de protección, con Getúlio Vargas y Juscelino Kubitscheck (1950 - 1960), en que Brasil superó ampliamente a la Argentina, cuyos regímenes militares a partir de 1955 vendrían, a través de programas neoliberales, a desarticular la industria en la tentativa de retornar a la época dorada de la agro-exportación y del libre comercio".
En la actualidad, la estrategia divisionista se manifiesta a través de la firma de tratados bilaterales de libre comercio entre los EE.UU. y Chile, o presuntamente con el Uruguay de José Battle, en preferencias que alternativamente ofrecen a uno u otro país para ingresar al ALCA, o en la disputa artificial por un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
"Para Brasil, el dilema es formar un polo sudamericano no hegemónico en estrecha alianza con Argentina, o incorporarse de forma subordinada al sistema económico y político americano".

 

 

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